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Histórico: condenaron a 10 años al policía que torturó a Luciano Arruga

Se conoció la sentencia por unanimidad a 10 años de prisión contra el policía Julio Diego Torales, acusado de haber torturado a Luciano Arruga, detenido durante varias horas en el destacamento de Lomas del Mirador.

Publicada

hace 10 años

15/05/2015

“Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga”.
En esa frase pronunciada por el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Matanza se sintetizó la condena en el caso de torturas sufridas por Luciano Arruga, provocando una indisimulable emoción entre quienes asistían a la lectura de la sentencia. Luciano tenía 16 años cuando ocurrió el hecho.

Histórico: condenaron a 10 años al policía que torturó a Luciano Arruga

Familiares de Luciano Arruga. Foto: Daniel Davobe/Télam

El TOC n° 3, presidido por la jueza Diana Nora Volpicina, con Liliana Logroño y Gustavo Navarrine como vocales votó en forma unánime tras escuchar durante las audiencias los testimonios de los familiares de Luciano, principalmente su mamá, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta.
En un tramo de los fundamentos los jueces plantearon: «Mientras el Oficial de Servicio (Torales) ejerciendo un poder real y de hecho sobre la custodia (de la víctima), tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño (…) le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo, mientras otro funcionario policial lo retenía»,
Desde el comienzo
Cuando el juez Gustavo Navarrine llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza, en la calle sonaba “Ya no sos igual”, de la banda punk 2 Minutos. “Ya no sos igual / ya no sos igual / sos un vigilante de la Federal. / Sos buchón, sos buchón”, cantaban, agitando las manos hacia la policía que custodiaba detrás de las vallas el Tribunal, cuando el juez pasó adelante de una mano fervorosa. Miró, se rió y luego entró al Tribunal donde en una hora daría a conocer junto a Diana Volpicina y Liliana Logroño la sentencia del juicio por torturas a Luciano Arruga.
De a poco fueron llegaron los periodistas, las cámaras, las organizaciones políticas y sociales y cientos de personas que se acercaron a escuchar el fallo, reproducido por la transmisión en vivo que comenzó a armar la Red de Medios Alternativos en Mendoza y Almafuerte, pleno San Justo. Mónica Alegre, mamá de Luciano, en un momento tomó el micrófono. Primero agradeció a todas y todos por acercarse, y luego dijo: “Les pido por favor que no hagan lío, que hagamos un buen nombre de Familiares y Amigos, como en cada marcha”.
Era casi el mediodía cuando la que habló fue Vanesa Orieta. La prensa, del otro lado de la valla, comenzaba a acreditarse para ingresar al Tribunal.
-Gracias -dijo Vanesa-. Es muy importante que estén afuera. Es fundamental que se respete el fallo. No queremos que sea un punto de disturbio, no queremos darle el gusto a la Justicia. Hoy lo que queremos escuchar es una condena. Quedó bien plasmado lo que dijimos los testigos. Todos sufrimos nuevamente recordar todo lo que Luciano vivió, el sufrimiento, el verdugueo. Luciano estuvo detenido 10 horas, eso no se puede negar. Espero que la justicia entienda que eso no es una normalidad. Si la condena es justa, solamente por respeto a otras causas, nos vamos a levantar e ir. Acá no hay nada que agradecer, porque es la justicia que merecemos. Esto no se trata de una manzana podrida, es una institución que está destinada a controlar a los más jóvenes.
A las 12 estaba prevista la lectura del fallo.
Eran las 12:01.

El ex policía Julio Diego Torales, condenado a 10 años de prisión. Foto: Daniel Davobe/Télam

Adentro
La sala era chica, la expectativa enorme. Dentro del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza había aproximadamente 100 personas entre público, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, familias, abogados, fiscal, una diputada, un bebé, secretarios y gendarmes en una audiencia del tamaño de un monoambiente. Tres ventiladores (el del medio tambaleaba) hacían lo posible para hacer circular el aire, mientras algunos ojos voraces miraban con entusiasmo los 10 vasos con agua (3 para los jueces, 4 para la fiscalía y los abogados, 2 para la defensa, 1 para el secretario del Tribunal) que estuvieron un largo rato quietísimos e inmóviles hasta que las partes se sentaron.
Los minutos parecían años. Mónica Alegre entró al Tribunal a las 12:20. Cuatro minutos después lo hizo su hija, Vanesa. Los gendarmes la requisaron. Vanesa se reía. La inspección, en general, fue exhaustiva, incentivando comentarios que incluían desde apertura de cosméticos hasta palpar las calzas.
A las 12:42 seguían entrando personas. Afuera había una multitud. La bandera “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”, con el rostro de Luciano, colgaba del toldo de una verdulería. Los policías que regulaban la entrada del Tribunal hablaban con los secretarios. “Hay mucha gente”, dijo alguien. El secretario observó el panorama en la sala: los fotógrafos estaban por delante del público. “Los fotógrafos hacen la toma y después se corren”, respondió el secretario. “Ese es el compromiso”.
Todos asintieron.
A la izquierda del público ya estaban ubicados el fiscal José Luis Longobardi y los abogados Maximiliano Medina y María Dinard (del CELS), y Juan Manuel Combi (APDH-La Matanza). Enfrente, la defensa: Juan Grimberg e hijos, y Gastón Jordanes.
Del lado de la defensa había 14 personas entre familiares del acusado y abogados. Pero faltaba alguien. “¿Vendrá?”, era la pregunta que circulaba en la sala. La presencia de la familia indicaba que sí, aunque todavía no había señales del policía Julio Diego Torales, y cuando a las 13:02 cerraron las puertas del Tribunal, el silencio comenzó a correr.
Torales finalmente entró. Eran las 13:15. Los agentes del servicio penitenciario bonaerense le sacaron las esposas como en cada una de las audiencias del juicios. Las fotos lo acribillaron. Torales se sentó, se estiró las mangas y recibió el saludo de su abogado Juan Grimberg, que le palmeó la espalda y le dio un beso. Gastón Jordanes, más sobrio, le extendió la mano.
Sólo faltaban los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño.
El tiempo de espera real no fue mucho: tan sólo seis minutos. Pero la sensación en el pecho era otra, de inquietud, de nerviosismo, y las puertas cerradas, y los tres ventiladores derrotados en esa sala colmada, cerrada, mientras los 10 vasos de agua seguían allí, y las partes en su lugar, y los familiares, y el acusado.
Los jueces entraron a las 13:21. Diana Volpicina, con el cabello rojo furioso, pidió silencio. Le dio paso al secretario del Tribunal para que leyera el fallo.

La condena. Foto: Daniel Davobe/Télam

La sentencia
-¿Se escucha bien? -probó, y se acercó al micrófono-. En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, a los 15 días del mes de mayo del año 2015, reunidos los integrantes del Tribunal (los nombra), para dictar veredicto en la causa 550/14 registro interno 3277, que por el delito de torturas se le sigue a Julio Diego Torales.
El secretario hizo un silencio enorme. Nadie hablaba. Sonaba alguna foto.
“Un poco más alto, por favor”, dijo alguien de prensa.
El silencio siguió unos segundos más.
-En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el Tribunal pronuncia veredicto condenatorio respecto de Julio Diego Torales…
Cuando la audiencia escuchó la palabra “condenatorio” hubo un suspiro generalizado. Miradas cruzadas. “¿Lo van a condenar?”, parecían decir, como si hablaran. Algunos ojos empezaron a encogerse, los oídos a agudizarse, las manos a temblar. Torales se cubrió el rostro.
El secretario habló sobre la calificación legal del delito, sobre el cambio de tipificación, sobre lo que el Código Penal entendía por torturas, sobre lo que entendía la Constitución Nacional, sobre lo que entendía la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre lo que entendía la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los fallos internacionales que los abogados citaron en sus alegatos, sobre que “cabe agregar que Luciano Arruga era un niño de 16 años”, sobre que “tantos las lesiones infringidas al niño Arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de torturas”, sobre que los tres jueces adherían a esa lectura, y así durante casi 8 minutos.
Luego, se calló. Iba a leer la pena. Todas y todos lo sabían.
-En consecuencia -arrancó-, por unanimidad, el Tribunal resuelve.
Murmullos.
Primero rechazó un planteo de nulidad que había pedido la fiscalía.
Luego rechazó los pedido de imputación solicitados por la defensa de Torales sobre Vanesa Orieta y Juan Gabriel Apud por falso testimonio.
-Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga.
Algunos suspiros se transformaron en sollozos.
10 años a un policía por torturar a física y psicológicamente a un niño de 16 años en un destacamento.
En democracia.
En La Matanza.
Desde afuera, en la calle, donde verdaderamente se construyó justicia, llegaban los gritos.
Los fundamentos
El fallo del Tribunal no deja margen de dudas. Dio por ciertos cada uno de los testimonios que desfilaron a lo largo de las audiencias y pudo establecer la cronología de los hechos. Los jueces, en varios momentos, fueron lapidarios con la defensa de Torales, que como remarcó lavaca en cada una de las audiencias, sólo buscaron embarrar, confundir, golpear bajo.
De la lectura de la sentencia, se desprende:

Luciano Arruga fue detenido promediando las 11 de la mañana del 22 de septiembre de 2008.
Fue trasladado y alojado en la cocina del destacamento policial de Lomas del Mirador (“impidiéndole todo contacto con su progenitora y su hermana”) en la franja comprendida entre las 11 y las 19 horas.
Estuvo detenido “mientras el oficial de servicio ejerciendo funcionalmente un poder real y de hecho sobre la custodia del menor, tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, vulnerando la eficacia de todos los derechos que le asistían, le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo de superficie lisa, mientras otro funcionario policial lo retenía sujetándolo del brazo y actuando ambos mancomunadamente, le ocasionaron un traumatismo en la región facial, en la frente y pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad y le ocasionaron una angustia moral de tal magnitud, que se prolongó durante el lapso temporal que estuvo demorado”.
El Tribunal acreditó todas las frases dichas por Luciano, y que su mamá, su hermana y su amigo Juan Gabriel Apud reprodujeron. “Vane, sacame de aca que me están matando a palos”, “fue él quien me agarró y él quien me pegó (señalando a Torales)”, “negro rastrero”, las amenazas con llevarlo al “pabellón rosa” y a la “comisaría 8va donde estaban los violines”.

El fallo señala que Luciano se volvió “cuidadoso” tras esa detención, que “cambió mucho”, que “ya no quería salir”, que tenía “miedo”. Recordó las palabras de Mónica, resaltándolas en negrita: “Lo amenazaban, le pusieron una escopeta en el pecho. No podía ir a trabajar, su hermano lo había tenido que ir a buscar a la comisaria algunas veces”. Y, en este sentido, resaltó como “significativas” las palabras de Rocío Gallegos, la joven que vivía con Vanesa al momento de los hechos juzgados. “No sé qué hacer porque la policía no me deja circular por la cuadra de mi casa”, le dijo Luciano tras la detención.
Se dejó constancia de otra frase de Mónica: “Todo se inició cuando él se negó a robar (para la policía) y ahí empezó la persecusión” y se citó el informe de Margarita Fontela, la médica del Cuerpo Médico Forense, quien especificó que Luciano no tenía “lesiones traumáticas” al momento de la detención. Es decir, antes de ingresar al destacamento.
A su vez, citó el informe de Gabriel González, el médico que lo atendió a las 23 horas del 22 de septiembre en el Policlínico de San Justo. Allí especificó que el joven tenía “traumatismo facial en la frente y pómulo izquierdo”, que no era un simple cachetazo (“por la hinchazón”), y que el tiempo transcurrido desde el traumatismo para que persista tiene un máximo de 12 o 13 horas.
Al Tribunal también le consta, expresa en el fallo, que Vanesa Orieta habló con Torales y le recriminó por las amenazas de violación, por los golpes, por el sándwich escupido y por los 20 pesos que Luciano tenía al ingresar. “Lo que le hicieron a Luciano fue quebrarle la vida”, remarcaron la frase de Orieta los jueces. Y, en medio de citas a los testimonios de la hermana del joven, remarcan: “El menosprecio y humillacion hirientes de la dignidad de ese menor- de ese niño-que estaba demorado son relevantes y notorias”.
Y consta también a los jueces, lo que Luciano les dijo de Torales a sus familiares: “Era un hijo de puta, un gil, un forro”.
Sobre Miguel Angel Olmos y Mónica Viviana Chapero (el primero, el policía que lo detuvo y lo llevó al destacamento; la segunda, la oficial que reconoció haber estado con él en la cocina ese día), acreditaron que ambos señalaron que Luciano Arruga estuvo detenido en la cocina del destacamento y que apuntaban a Torales como el oficial a cargo.
“Si estas conductas del menor no se refieren a una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica; ¿cuáles son las que revisten esa entidad? (la pregunta está en negrita). El elemento orientador para afirmar que hubo torturas está dado por la intensidad de las mortificaciones y la causación del dolor físico, ¿cómo sostener que la víctima no fue torturada, como lo arguyó la defensa? No más comentarios desde que afirmar tal tesis roza con la falta de respeto a la jurisdicción ante la contundente evidencia contraria”.
Expresa el fallo: “Luciano se encontraba sumergido en un notable estado de nerviosismo, angustia y miedo, su percepción cuando estaba dentro del destacamento y escuchaba la voz de su hermana, la única persona que lo contenía, la desprotección que sintió al no poder contactarse con la misma resulta fundamental, ese sentimiento de extremo temor que padeció en el cual claramente el contexto en el que los padecimientos fueron infligidos: este es el lugar de alojamiento, la edad que tenía, la calidad del Funcionario a cargo, contribuyeron a la sensación de mortificación que experimentó”.
“No es dato menor, la falta de responsabilidad con la que manejaba Torales el destacamento que se vio reflejada en la primer secuencia cuando desconoció que la persona demorada era un niño, los derechos que le asistían (…) Deshonró el mandato con el cual lo insitituyó el Estado para ejercer el cargo que ostentaba”.
Sobre la defensa: “No encuentro razones valederas para compartir las dudas que pretendió introducir y que en dirección opuesta, no alcanzan hacer mella para conmover el abundante material incriminante rendido en el debate o arrimado al mismo por via de lectura”.
Los jueces desacreditaron lo que Torales había declarado en sede fiscal: “(Luciano) Estaba medio puesto, como drogado, balbuceaba”. Lo comparó con el informe de la médica legista: “Se encontraba lucido, orientado en tiempo y espacio, con funciones psíquicas conservadas”.
En medio de los casos de la CIDH citados (fueron los mismos que Maximiliano Medina, del CELS, expuso en los alegatos), concluyó que “la coacción psicológica” al impedir que Mónica y Vanesa vieran a Luciano “no tiene calificativo”, y puso de manifiesto la “inhumanidad” y lo “inescrupuloso” del “despliegue conductual ilícito”.
Sobre Mónica Viviana Chapero, la oficial que reconoció haber estado con Luciano Arruga en la cocina del destacamento, la fiscalía y los abogados habían pedido su desestimación como testigo porque debía considerarse como sospechosa: mientras ella estuvo allí ocurrieron las torturas.
El Tribunal confirmó ese hecho: estuvo en el lugar. ¿Qué significa? De la causa por torturas se desprendió otra actuación cuya pesquisa debe determinar quiénes acompañaron a Torales como coautores de la tortura de Luciano. Es el juez de esa causa quien deberá -ahora- valorar la prueba de Chapero ubicada en la cocina del destacamento donde se probó que Luciano Arruga fue torturado.
De hecho, el Tribunal comunicó el fallo a la Fiscalía General Departamental en base a esa causa. También lo comunicó al Juzgado de Morón donde radica la causa por la desaparición de Luciano, al Registro de Condenas por casos de Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y al Comité contra la Tortura.
Teoría política
Los secretarios, policías y gendarmes empezaron a aconsejar al público y la prensa a dejar la sala. Vanesa Orieta y Mónica Alegre se abrazaban entre sí y abrazaban a otros familiares que estuvieron presentes, como Angélica Urquiza (mamá de Jonathan Kiki Lezcano, asesinado por un policía federal en 2009) y Leonardo Santillán (hermano de Darío, militante piquetero asesinado en 2002).
Minutos más tarde, en la puerta del Tribunal, Vanesa Orieta habló en rueda de prensa.
“Dejamos expuesto las torturas psicológicas que sufrió Luciano. Esperábamos esta condena. Es un fallo ejemplificador, se ha condenado al teniente primero (Torales) por torturas a 10 años de prisión. Podemos estar en diferencia con los años penalizados (habían pedido 16), pero es importante el fallo. Como sociedad tomemos conciencia que es terrible: estamos condenando a un policía por torturas que sufrió un joven de 16 años estando detenido, y esto ojalá obligue a todas las instituciones del Estado a plantearse seriamente sobre este sector social, que existe la violencia institucional, que la sufren nuestros jóvenes en los barrios humildes, y que para poder terminar con esto necesitamos fallos ejemplificadores como este, pero además una acción concreta por parte de los funcionarios del Estado”.
Vanesa respiró y siguió.
“Vamos por los responsables políticos -remarcó-. Acá tienen nombre y apellido: el gobernador Daniel Scioli, el Ministro de Justicia Ricardo Casal, el exministro (Carlos) Stornelli. Esos son los responsables del sufrimiento que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008 y también sobre lo que le ocurrió a Luciano el 31 de enero de 2009 cuando fue desaparecido. Estas personas, que hoy no hablan de esta causa, que prefieren estar bailando un show de televisión, son los responsables de la muerte de los pibes de los barrios. Hay que llevar estos micrófonos a esos lugares, a preguntarle al gobernador Daniel Scioli por qué la policía controla los barrios, por qué discrimina y criminaliza a los pobres. El caso de Luciano es un ejemplo, pero hay muchos más”.
Luego Vanesa se dirigió hacia la calle.
Como los nazis
La calle explotó. “Como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban. La que agarró el micrófono primero fue Mónica, que agradeció a cada una de las personas que se habían acercado. Entre el público ya se hablaba del “fallo Arruga”, y los abogados también señalaban la importancia de una sentencia que marcará un precedente en los procesos por violaciones a los derechos humanos, sin olvidar de remarcar que aún hay otra causa para determinar la coautoría de las torturas físicas y psicológicas que sufrió Luciano, además de la causa madre por la desaparición del joven.
Luego volvió a hablar Vanesa Orieta, de cara a la multitud:
“No es fácil hablar de este tema. No ganamos nada. Lo que acá se condenó es una situación muy cruel, muy dura que vivió Luciano. Tengámoslo siempre en la cabeza. Luciano no está. El 31 de enero lo detuvieron, lo desaparecieron. Este fallo es importante para avanzar en esa otra causa que todavía sigue investigándose, que espero también tenga un castigo, porque durante 5 años y 8 meses estuvo desaparecido y fue encontrado como NN en el Cementerio de la Chacarita”.
Hizo un silencio. Siguió.
“Para mi familia es importante porque demostramos que lo que decíamos era verdad -subrayó-. Cuando empezamos a denunciar, Luciano era el lider de una mafia, era un pibe vinculado con drogas, era lo peor. Estábamos solos, visibilizando, queriendo lograr justicia, y hoy avanzamos, pero siempre tengamos en cuenta que empezamos solos, que nos costó muchísimo llegar hasta acá, y que fue el esfuerzo que fuimos aunando entre todos que esta causa se hiciera visible, que no la pudieran ocultar, que no pudieran hablar de un pibe de 16 años como si fuera el responsable de su propia desaparición. Pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos, judiciales, que lo único que hicieron fue mancharle la figura a Luciano. Pudimos ganarle al discurso de los grandes medios de incomunicación.
Vanesa recordó cada uno de los otros chicos asesinados y desaparecidos por la policía.
“Es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Es la misma cara de Lu, la misma ropa, la misma forma de hablar, el mismo sufrimiento, la misma discriminación, la misma criminalización. Cuando desapareció prometí que no iba a dejar de visibilizar la causa, después limpiar su imagen, y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir. Y ahora vamos por más. Que sea el ejemplo que existe una problemática, que se llama violencia institucional, que tiene que ver con la policía que mata y desaparece a nuestros pibes. Se ha condenado una tortura. Marca un precedente para que todas esas causas tomen como ejemplo ésta”.
Vanesa agradeció a todos los familiares de víctimas de la violencia policial y estatal que la acompañaron. Agradeció a cada uno de sus abogados (Dinard, Combi y Medina). Agradeció a los medios comunitarios, populares e independientes.
Y cerró:
“Ahora vamos por el resto, porque otros policías ya se ubicaron en la cena. Hablaron que estuvieron ahí, dieron cuenta de los gritos de la familia. Vamos por ellos, ahora. Todos tienen que estar condenados”.

Temas:derechos humanos Luciano Arruga

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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hace 2 días

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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hace 4 días

26/02/2025

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

“Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
“Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
“En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

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hace 4 días

26/02/2025

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Viaje al corazón mapuche

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.

Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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