Nota

Histórico: condenaron a 10 años al policía que torturó a Luciano Arruga

Se conoció la sentencia por unanimidad a 10 años de prisión contra el policía Julio Diego Torales, acusado de haber torturado a Luciano Arruga, detenido durante varias horas en el destacamento de Lomas del Mirador.

Publicada

hace 9 años

15/05/2015

“Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga”.
En esa frase pronunciada por el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Matanza se sintetizó la condena en el caso de torturas sufridas por Luciano Arruga, provocando una indisimulable emoción entre quienes asistían a la lectura de la sentencia. Luciano tenía 16 años cuando ocurrió el hecho.

Histórico: condenaron a 10 años al policía que torturó a Luciano Arruga

Familiares de Luciano Arruga. Foto: Daniel Davobe/Télam

El TOC n° 3, presidido por la jueza Diana Nora Volpicina, con Liliana Logroño y Gustavo Navarrine como vocales votó en forma unánime tras escuchar durante las audiencias los testimonios de los familiares de Luciano, principalmente su mamá, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta.
En un tramo de los fundamentos los jueces plantearon: “Mientras el Oficial de Servicio (Torales) ejerciendo un poder real y de hecho sobre la custodia (de la víctima), tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño (…) le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo, mientras otro funcionario policial lo retenía”,
Desde el comienzo
Cuando el juez Gustavo Navarrine llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza, en la calle sonaba “Ya no sos igual”, de la banda punk 2 Minutos. “Ya no sos igual / ya no sos igual / sos un vigilante de la Federal. / Sos buchón, sos buchón”, cantaban, agitando las manos hacia la policía que custodiaba detrás de las vallas el Tribunal, cuando el juez pasó adelante de una mano fervorosa. Miró, se rió y luego entró al Tribunal donde en una hora daría a conocer junto a Diana Volpicina y Liliana Logroño la sentencia del juicio por torturas a Luciano Arruga.
De a poco fueron llegaron los periodistas, las cámaras, las organizaciones políticas y sociales y cientos de personas que se acercaron a escuchar el fallo, reproducido por la transmisión en vivo que comenzó a armar la Red de Medios Alternativos en Mendoza y Almafuerte, pleno San Justo. Mónica Alegre, mamá de Luciano, en un momento tomó el micrófono. Primero agradeció a todas y todos por acercarse, y luego dijo: “Les pido por favor que no hagan lío, que hagamos un buen nombre de Familiares y Amigos, como en cada marcha”.
Era casi el mediodía cuando la que habló fue Vanesa Orieta. La prensa, del otro lado de la valla, comenzaba a acreditarse para ingresar al Tribunal.
-Gracias -dijo Vanesa-. Es muy importante que estén afuera. Es fundamental que se respete el fallo. No queremos que sea un punto de disturbio, no queremos darle el gusto a la Justicia. Hoy lo que queremos escuchar es una condena. Quedó bien plasmado lo que dijimos los testigos. Todos sufrimos nuevamente recordar todo lo que Luciano vivió, el sufrimiento, el verdugueo. Luciano estuvo detenido 10 horas, eso no se puede negar. Espero que la justicia entienda que eso no es una normalidad. Si la condena es justa, solamente por respeto a otras causas, nos vamos a levantar e ir. Acá no hay nada que agradecer, porque es la justicia que merecemos. Esto no se trata de una manzana podrida, es una institución que está destinada a controlar a los más jóvenes.
A las 12 estaba prevista la lectura del fallo.
Eran las 12:01.

El ex policía Julio Diego Torales, condenado a 10 años de prisión. Foto: Daniel Davobe/Télam

Adentro
La sala era chica, la expectativa enorme. Dentro del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza había aproximadamente 100 personas entre público, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, familias, abogados, fiscal, una diputada, un bebé, secretarios y gendarmes en una audiencia del tamaño de un monoambiente. Tres ventiladores (el del medio tambaleaba) hacían lo posible para hacer circular el aire, mientras algunos ojos voraces miraban con entusiasmo los 10 vasos con agua (3 para los jueces, 4 para la fiscalía y los abogados, 2 para la defensa, 1 para el secretario del Tribunal) que estuvieron un largo rato quietísimos e inmóviles hasta que las partes se sentaron.
Los minutos parecían años. Mónica Alegre entró al Tribunal a las 12:20. Cuatro minutos después lo hizo su hija, Vanesa. Los gendarmes la requisaron. Vanesa se reía. La inspección, en general, fue exhaustiva, incentivando comentarios que incluían desde apertura de cosméticos hasta palpar las calzas.
A las 12:42 seguían entrando personas. Afuera había una multitud. La bandera “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”, con el rostro de Luciano, colgaba del toldo de una verdulería. Los policías que regulaban la entrada del Tribunal hablaban con los secretarios. “Hay mucha gente”, dijo alguien. El secretario observó el panorama en la sala: los fotógrafos estaban por delante del público. “Los fotógrafos hacen la toma y después se corren”, respondió el secretario. “Ese es el compromiso”.
Todos asintieron.
A la izquierda del público ya estaban ubicados el fiscal José Luis Longobardi y los abogados Maximiliano Medina y María Dinard (del CELS), y Juan Manuel Combi (APDH-La Matanza). Enfrente, la defensa: Juan Grimberg e hijos, y Gastón Jordanes.
Del lado de la defensa había 14 personas entre familiares del acusado y abogados. Pero faltaba alguien. “¿Vendrá?”, era la pregunta que circulaba en la sala. La presencia de la familia indicaba que sí, aunque todavía no había señales del policía Julio Diego Torales, y cuando a las 13:02 cerraron las puertas del Tribunal, el silencio comenzó a correr.
Torales finalmente entró. Eran las 13:15. Los agentes del servicio penitenciario bonaerense le sacaron las esposas como en cada una de las audiencias del juicios. Las fotos lo acribillaron. Torales se sentó, se estiró las mangas y recibió el saludo de su abogado Juan Grimberg, que le palmeó la espalda y le dio un beso. Gastón Jordanes, más sobrio, le extendió la mano.
Sólo faltaban los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño.
El tiempo de espera real no fue mucho: tan sólo seis minutos. Pero la sensación en el pecho era otra, de inquietud, de nerviosismo, y las puertas cerradas, y los tres ventiladores derrotados en esa sala colmada, cerrada, mientras los 10 vasos de agua seguían allí, y las partes en su lugar, y los familiares, y el acusado.
Los jueces entraron a las 13:21. Diana Volpicina, con el cabello rojo furioso, pidió silencio. Le dio paso al secretario del Tribunal para que leyera el fallo.

La condena. Foto: Daniel Davobe/Télam

La sentencia
-¿Se escucha bien? -probó, y se acercó al micrófono-. En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, a los 15 días del mes de mayo del año 2015, reunidos los integrantes del Tribunal (los nombra), para dictar veredicto en la causa 550/14 registro interno 3277, que por el delito de torturas se le sigue a Julio Diego Torales.
El secretario hizo un silencio enorme. Nadie hablaba. Sonaba alguna foto.
“Un poco más alto, por favor”, dijo alguien de prensa.
El silencio siguió unos segundos más.
-En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el Tribunal pronuncia veredicto condenatorio respecto de Julio Diego Torales…
Cuando la audiencia escuchó la palabra “condenatorio” hubo un suspiro generalizado. Miradas cruzadas. “¿Lo van a condenar?”, parecían decir, como si hablaran. Algunos ojos empezaron a encogerse, los oídos a agudizarse, las manos a temblar. Torales se cubrió el rostro.
El secretario habló sobre la calificación legal del delito, sobre el cambio de tipificación, sobre lo que el Código Penal entendía por torturas, sobre lo que entendía la Constitución Nacional, sobre lo que entendía la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre lo que entendía la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los fallos internacionales que los abogados citaron en sus alegatos, sobre que “cabe agregar que Luciano Arruga era un niño de 16 años”, sobre que “tantos las lesiones infringidas al niño Arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de torturas”, sobre que los tres jueces adherían a esa lectura, y así durante casi 8 minutos.
Luego, se calló. Iba a leer la pena. Todas y todos lo sabían.
-En consecuencia -arrancó-, por unanimidad, el Tribunal resuelve.
Murmullos.
Primero rechazó un planteo de nulidad que había pedido la fiscalía.
Luego rechazó los pedido de imputación solicitados por la defensa de Torales sobre Vanesa Orieta y Juan Gabriel Apud por falso testimonio.
-Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga.
Algunos suspiros se transformaron en sollozos.
10 años a un policía por torturar a física y psicológicamente a un niño de 16 años en un destacamento.
En democracia.
En La Matanza.
Desde afuera, en la calle, donde verdaderamente se construyó justicia, llegaban los gritos.
Los fundamentos
El fallo del Tribunal no deja margen de dudas. Dio por ciertos cada uno de los testimonios que desfilaron a lo largo de las audiencias y pudo establecer la cronología de los hechos. Los jueces, en varios momentos, fueron lapidarios con la defensa de Torales, que como remarcó lavaca en cada una de las audiencias, sólo buscaron embarrar, confundir, golpear bajo.
De la lectura de la sentencia, se desprende:

Luciano Arruga fue detenido promediando las 11 de la mañana del 22 de septiembre de 2008.
Fue trasladado y alojado en la cocina del destacamento policial de Lomas del Mirador (“impidiéndole todo contacto con su progenitora y su hermana”) en la franja comprendida entre las 11 y las 19 horas.
Estuvo detenido “mientras el oficial de servicio ejerciendo funcionalmente un poder real y de hecho sobre la custodia del menor, tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, vulnerando la eficacia de todos los derechos que le asistían, le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo de superficie lisa, mientras otro funcionario policial lo retenía sujetándolo del brazo y actuando ambos mancomunadamente, le ocasionaron un traumatismo en la región facial, en la frente y pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad y le ocasionaron una angustia moral de tal magnitud, que se prolongó durante el lapso temporal que estuvo demorado”.
El Tribunal acreditó todas las frases dichas por Luciano, y que su mamá, su hermana y su amigo Juan Gabriel Apud reprodujeron. “Vane, sacame de aca que me están matando a palos”, “fue él quien me agarró y él quien me pegó (señalando a Torales)”, “negro rastrero”, las amenazas con llevarlo al “pabellón rosa” y a la “comisaría 8va donde estaban los violines”.

El fallo señala que Luciano se volvió “cuidadoso” tras esa detención, que “cambió mucho”, que “ya no quería salir”, que tenía “miedo”. Recordó las palabras de Mónica, resaltándolas en negrita: “Lo amenazaban, le pusieron una escopeta en el pecho. No podía ir a trabajar, su hermano lo había tenido que ir a buscar a la comisaria algunas veces”. Y, en este sentido, resaltó como “significativas” las palabras de Rocío Gallegos, la joven que vivía con Vanesa al momento de los hechos juzgados. “No sé qué hacer porque la policía no me deja circular por la cuadra de mi casa”, le dijo Luciano tras la detención.
Se dejó constancia de otra frase de Mónica: “Todo se inició cuando él se negó a robar (para la policía) y ahí empezó la persecusión” y se citó el informe de Margarita Fontela, la médica del Cuerpo Médico Forense, quien especificó que Luciano no tenía “lesiones traumáticas” al momento de la detención. Es decir, antes de ingresar al destacamento.
A su vez, citó el informe de Gabriel González, el médico que lo atendió a las 23 horas del 22 de septiembre en el Policlínico de San Justo. Allí especificó que el joven tenía “traumatismo facial en la frente y pómulo izquierdo”, que no era un simple cachetazo (“por la hinchazón”), y que el tiempo transcurrido desde el traumatismo para que persista tiene un máximo de 12 o 13 horas.
Al Tribunal también le consta, expresa en el fallo, que Vanesa Orieta habló con Torales y le recriminó por las amenazas de violación, por los golpes, por el sándwich escupido y por los 20 pesos que Luciano tenía al ingresar. “Lo que le hicieron a Luciano fue quebrarle la vida”, remarcaron la frase de Orieta los jueces. Y, en medio de citas a los testimonios de la hermana del joven, remarcan: “El menosprecio y humillacion hirientes de la dignidad de ese menor- de ese niño-que estaba demorado son relevantes y notorias”.
Y consta también a los jueces, lo que Luciano les dijo de Torales a sus familiares: “Era un hijo de puta, un gil, un forro”.
Sobre Miguel Angel Olmos y Mónica Viviana Chapero (el primero, el policía que lo detuvo y lo llevó al destacamento; la segunda, la oficial que reconoció haber estado con él en la cocina ese día), acreditaron que ambos señalaron que Luciano Arruga estuvo detenido en la cocina del destacamento y que apuntaban a Torales como el oficial a cargo.
“Si estas conductas del menor no se refieren a una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica; ¿cuáles son las que revisten esa entidad? (la pregunta está en negrita). El elemento orientador para afirmar que hubo torturas está dado por la intensidad de las mortificaciones y la causación del dolor físico, ¿cómo sostener que la víctima no fue torturada, como lo arguyó la defensa? No más comentarios desde que afirmar tal tesis roza con la falta de respeto a la jurisdicción ante la contundente evidencia contraria”.
Expresa el fallo: “Luciano se encontraba sumergido en un notable estado de nerviosismo, angustia y miedo, su percepción cuando estaba dentro del destacamento y escuchaba la voz de su hermana, la única persona que lo contenía, la desprotección que sintió al no poder contactarse con la misma resulta fundamental, ese sentimiento de extremo temor que padeció en el cual claramente el contexto en el que los padecimientos fueron infligidos: este es el lugar de alojamiento, la edad que tenía, la calidad del Funcionario a cargo, contribuyeron a la sensación de mortificación que experimentó”.
“No es dato menor, la falta de responsabilidad con la que manejaba Torales el destacamento que se vio reflejada en la primer secuencia cuando desconoció que la persona demorada era un niño, los derechos que le asistían (…) Deshonró el mandato con el cual lo insitituyó el Estado para ejercer el cargo que ostentaba”.
Sobre la defensa: “No encuentro razones valederas para compartir las dudas que pretendió introducir y que en dirección opuesta, no alcanzan hacer mella para conmover el abundante material incriminante rendido en el debate o arrimado al mismo por via de lectura”.
Los jueces desacreditaron lo que Torales había declarado en sede fiscal: “(Luciano) Estaba medio puesto, como drogado, balbuceaba”. Lo comparó con el informe de la médica legista: “Se encontraba lucido, orientado en tiempo y espacio, con funciones psíquicas conservadas”.
En medio de los casos de la CIDH citados (fueron los mismos que Maximiliano Medina, del CELS, expuso en los alegatos), concluyó que “la coacción psicológica” al impedir que Mónica y Vanesa vieran a Luciano “no tiene calificativo”, y puso de manifiesto la “inhumanidad” y lo “inescrupuloso” del “despliegue conductual ilícito”.
Sobre Mónica Viviana Chapero, la oficial que reconoció haber estado con Luciano Arruga en la cocina del destacamento, la fiscalía y los abogados habían pedido su desestimación como testigo porque debía considerarse como sospechosa: mientras ella estuvo allí ocurrieron las torturas.
El Tribunal confirmó ese hecho: estuvo en el lugar. ¿Qué significa? De la causa por torturas se desprendió otra actuación cuya pesquisa debe determinar quiénes acompañaron a Torales como coautores de la tortura de Luciano. Es el juez de esa causa quien deberá -ahora- valorar la prueba de Chapero ubicada en la cocina del destacamento donde se probó que Luciano Arruga fue torturado.
De hecho, el Tribunal comunicó el fallo a la Fiscalía General Departamental en base a esa causa. También lo comunicó al Juzgado de Morón donde radica la causa por la desaparición de Luciano, al Registro de Condenas por casos de Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y al Comité contra la Tortura.
Teoría política
Los secretarios, policías y gendarmes empezaron a aconsejar al público y la prensa a dejar la sala. Vanesa Orieta y Mónica Alegre se abrazaban entre sí y abrazaban a otros familiares que estuvieron presentes, como Angélica Urquiza (mamá de Jonathan Kiki Lezcano, asesinado por un policía federal en 2009) y Leonardo Santillán (hermano de Darío, militante piquetero asesinado en 2002).
Minutos más tarde, en la puerta del Tribunal, Vanesa Orieta habló en rueda de prensa.
“Dejamos expuesto las torturas psicológicas que sufrió Luciano. Esperábamos esta condena. Es un fallo ejemplificador, se ha condenado al teniente primero (Torales) por torturas a 10 años de prisión. Podemos estar en diferencia con los años penalizados (habían pedido 16), pero es importante el fallo. Como sociedad tomemos conciencia que es terrible: estamos condenando a un policía por torturas que sufrió un joven de 16 años estando detenido, y esto ojalá obligue a todas las instituciones del Estado a plantearse seriamente sobre este sector social, que existe la violencia institucional, que la sufren nuestros jóvenes en los barrios humildes, y que para poder terminar con esto necesitamos fallos ejemplificadores como este, pero además una acción concreta por parte de los funcionarios del Estado”.
Vanesa respiró y siguió.
“Vamos por los responsables políticos -remarcó-. Acá tienen nombre y apellido: el gobernador Daniel Scioli, el Ministro de Justicia Ricardo Casal, el exministro (Carlos) Stornelli. Esos son los responsables del sufrimiento que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008 y también sobre lo que le ocurrió a Luciano el 31 de enero de 2009 cuando fue desaparecido. Estas personas, que hoy no hablan de esta causa, que prefieren estar bailando un show de televisión, son los responsables de la muerte de los pibes de los barrios. Hay que llevar estos micrófonos a esos lugares, a preguntarle al gobernador Daniel Scioli por qué la policía controla los barrios, por qué discrimina y criminaliza a los pobres. El caso de Luciano es un ejemplo, pero hay muchos más”.
Luego Vanesa se dirigió hacia la calle.
Como los nazis
La calle explotó. “Como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban. La que agarró el micrófono primero fue Mónica, que agradeció a cada una de las personas que se habían acercado. Entre el público ya se hablaba del “fallo Arruga”, y los abogados también señalaban la importancia de una sentencia que marcará un precedente en los procesos por violaciones a los derechos humanos, sin olvidar de remarcar que aún hay otra causa para determinar la coautoría de las torturas físicas y psicológicas que sufrió Luciano, además de la causa madre por la desaparición del joven.
Luego volvió a hablar Vanesa Orieta, de cara a la multitud:
“No es fácil hablar de este tema. No ganamos nada. Lo que acá se condenó es una situación muy cruel, muy dura que vivió Luciano. Tengámoslo siempre en la cabeza. Luciano no está. El 31 de enero lo detuvieron, lo desaparecieron. Este fallo es importante para avanzar en esa otra causa que todavía sigue investigándose, que espero también tenga un castigo, porque durante 5 años y 8 meses estuvo desaparecido y fue encontrado como NN en el Cementerio de la Chacarita”.
Hizo un silencio. Siguió.
“Para mi familia es importante porque demostramos que lo que decíamos era verdad -subrayó-. Cuando empezamos a denunciar, Luciano era el lider de una mafia, era un pibe vinculado con drogas, era lo peor. Estábamos solos, visibilizando, queriendo lograr justicia, y hoy avanzamos, pero siempre tengamos en cuenta que empezamos solos, que nos costó muchísimo llegar hasta acá, y que fue el esfuerzo que fuimos aunando entre todos que esta causa se hiciera visible, que no la pudieran ocultar, que no pudieran hablar de un pibe de 16 años como si fuera el responsable de su propia desaparición. Pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos, judiciales, que lo único que hicieron fue mancharle la figura a Luciano. Pudimos ganarle al discurso de los grandes medios de incomunicación.
Vanesa recordó cada uno de los otros chicos asesinados y desaparecidos por la policía.
“Es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Es la misma cara de Lu, la misma ropa, la misma forma de hablar, el mismo sufrimiento, la misma discriminación, la misma criminalización. Cuando desapareció prometí que no iba a dejar de visibilizar la causa, después limpiar su imagen, y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir. Y ahora vamos por más. Que sea el ejemplo que existe una problemática, que se llama violencia institucional, que tiene que ver con la policía que mata y desaparece a nuestros pibes. Se ha condenado una tortura. Marca un precedente para que todas esas causas tomen como ejemplo ésta”.
Vanesa agradeció a todos los familiares de víctimas de la violencia policial y estatal que la acompañaron. Agradeció a cada uno de sus abogados (Dinard, Combi y Medina). Agradeció a los medios comunitarios, populares e independientes.
Y cerró:
“Ahora vamos por el resto, porque otros policías ya se ubicaron en la cena. Hablaron que estuvieron ahí, dieron cuenta de los gritos de la familia. Vamos por ellos, ahora. Todos tienen que estar condenados”.

Temas:derechos humanos Luciano Arruga

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: