Nota
La deuda ecológica
Deuda externa, recursos naturales y humanos, “objetivos estratégicos” y disputas de las potencias. Lo ecológico y la pregunta:  ¿por dónde se sale del laberinto? Lo que dicen las comunidades sobre el presente. Por Sergio Ciancaglini
El laberinto está construido con materiales inflamables:
-Crisis, militares, tarifazos, grieta, seguridad interior, FMI, pobreza, objetivos estratégicos, recesión, protesta social, soja, deuda externa, planes sociales, agua, inflación, recursos naturales, desempleo crónico.
-Todo lo anterior se consume regado con aportes electorales truchos, lavado de dinero, papers offshore, obras no públicas, círculos de poder cash, choferes con birome y justicia sinuosa.
Las horas mediáticas dedicadas a no decir mucho sobre estos temas son lisérgicas, para que estemos aparentemente hiperinformados sin entender nada. En el laberinto miramos las pantallas, pero parece que nadie detecta la salida.
Semejantes incertidumbres no se van a solucionar en estas dos páginas, pero reunir voces, miradas y argumentos poco mediatizados tal vez funcione, como mínimo, para descubrir otros lugares desde los cuales pensar y/o sentir el presente inflamable.
El combo
Se pueden relacionar seriamente crisis económica, endeudamiento externo, sangría de recursos naturales y la intención oficial de hacer intervenir de algún modo a las fuerzas armadas en seguridad interior?
“La hipoteca del endeudamiento obliga a la Argentina a tener permanentes saldos en dólares para pagar a los acreedores y al FMI” explica el ex diputado Claudio Lozano, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Eso significa una especie de extorsión y presión sobre lo que permite obtener los dólares de forma más inmediata: los recursos naturales, soja, minería, hidrocarburos”. Allí pueden estar señalados algunos de los posibles “objetivos estratégicos” que menciona el decreto oficial 683 sobre la intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior.
Hay a la vista un choque social tal vez inevitable, según Lozano: “El bloque dominante (el poder real, más allá de funcionarios y políticos) está objetivamente decidido a confrontar con la sociedad en nombre de sus intereses. Así se entiende la decisión combinada de ajuste con el FMI, la incorporación de los militares en el conflicto interno y la novedad de las bases militares norteamericanas proyectadas en áreas de recursos naturales como Misiones, Neuquén y Tierra del Fuego”.
La trama endeudada que provoca la situación: “Se destruyen los mecanismos de regulación estatal, de garantía de derechos, y se establece un Estado cuyo rol es el de garante de pago. Los recursos quedan bajo una lógica de exportación, no para la construcción de condiciones para el desarrollo local”, sostiene Lozano. La actualidad tiene un antecedente: “La gestión anterior no tuvo voluntad de plasmar una estrategia productiva diferente, y consolidó el modelo extractivo, la sojización, la minería a cielo abierto y los hidrocarburos no convencionales. Se buscó, con las retenciones, tener una política de inclusión con planes sociales, pero no se replanteó la lógica de organización de la economía y la sociedad en condiciones de mayor igualdad. Si precisás políticas de inclusión es porque el modelo que estás aplicando es excluyente. Y el gobierno actual profundiza ese problema”.
Los ricos & el crecimiento
Hace falta crecer económicamente para solucionar la pobreza? Claudio Lozano rompe el lugar común: “Con el nivel de riqueza actual, la pobreza no tendría por qué existir. Lo que los pobres necesitan para dejar de serlo equivale a 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) e implicaría una inversión del 6% del gasto público total. Es nada. Si hay pobres no es porque falten los recursos, sino por una política que incrementa la desigualdad”.
El problema, por lo tanto, no son los pobres sino los ricos: “Los millonarios amasan fortunas a expensas del Estado, fugan capitales, no invierten, no aportan impositivamente y ese es el núcleo del capitalismo que hay que controlar para organizar una estrategia económica diferente”. No habla solo de redistribuir sino de “reorganizar el aparato productivo e incorporar progreso técnico con participación popular y priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.
Dato geopolítico: “Otra clave es China: cambiamos soja por producción manufacturera, con un déficit comercial de 11 mil millones de dólares. China consolida el extractivismo y destruye relaciones entre los países de la región. Si hay algo que fracasó en los últimos años fue la integración continental, un banco común, coordinación de estrategias productivas. Para colmo, como fruto de los desaguisados internos, estamos en medio de disputas comerciales y políticas entre China (con su estación espacial y de comunicaciones en Neuquén, por ejemplo) y Estados Unidos (con sus bases militares). En lugar de discutir nuestros problemas quedamos atados a conflictos entre países dominantes”.
¿Cómo se sale de la encerrona? “La sociedad argentina le está diciendo que no a este proyecto, y le ha puesto límites. Habrá que ver la capacidad política de la sociedad, y si aparece una conducción política del descontento. A partir de eso uno puede pensar que hay otras formas de hacer minería, de explotar petróleo, o de agricultura. Por ejemplo, como país no puedo hacer desaparecer la soja de hoy para mañana si es lo que me permite sobrevivir, pero se pueden empezar procesos de transición con la producción agroecológica. Lo seguro es que no vas a resolver el problema asociándote con el extractivismo, como hizo la anterior gestión, y así estamos. Sirve si te asociás, pero con la estrategia de rearmar el aparato productivo para cambiar el modelo, no para mantenerlo”.
San Garabato
El mundo actual se devora a sí mismo, consumiendo sus propios recursos en proporciones que lo hacen biofísicamente insustentable, generando una fábrica de pobres, y frente a eso la economía tiene una ceguera absoluta. Ese es el razonamiento de Walter Pengue, ingeniero agrónomo y doctor en Agroecología, profesor de Economía Ecológica en la Universidad de General Sarmiento e integrante del Diplomado en Comunicación Ambiental Andrés Carrasco. Entre muchas otras cosas, Pengue ha sido el único miembro científico argentino del Panel Internacional de los Recursos de la ONU y actualmente de TEEB: The Economy of Ecosystem and Biodiversity (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), equipo científico de la ONU para el Medio Ambiente. Dice: “La crisis que nos hace caer otra vez en el FMI nos lleva a una sobreexplotación mayor de los recursos naturales y producción de materias primas para pagar apenas parte de una deuda impagable”.
La extracción y exportación de recursos y cosechas aparece siempre como la promesa de salvavidas nacional: “Pero de plomo -aclara Pengue- porque en lugar de permitir un desarrollo sustentable convirtió al territorio en polo de atracción de países desarrollados y corporaciones que buscan suelo, agua, energía, biodiversidad y trabajo precario”.
Pengue recuerda una frase que explica el intercambio entre países industrializados y productores de materias primas: “Es la regla de San Garabato: comprar caro y vender barato. Pagás mucho y cobrás poco por lo tuyo. Hace 200 años Belgrano decía que no hay que vender cuero, hay que vender zapatos, pero todavía no se entendió. Cantidad de sociedades industriales se enriquecieron y nutrieron en detrimento de otras con ese tipo de relación. Es la Colonia actualizada al siglo 21”.
Para poder funcionar, el modelo destruye sistemáticamente los recursos naturales y humanos sin considerar el costo socioambiental. “Es una economía marrón, que por un lado promueve el consumismo y el crecimiento, pero en realidad está atada a la degradación ambiental y humana. Hablan de la necesidad de crecer. Pero entre 1950 y 2010 el PBI mundial pasó de 10 a 80 trillones de dólares y la población humana de 3.000 a 7000 millones: pero toda esa riqueza sobrante que se creó no le llega a las sociedades ni genera desarrollo, sino más desigualdad y destrucción de recursos. Por lo tanto, el problema no es económico sino social, ambiental y político”.
La brecha se produce porque el planeta no puede crecer y proveer materiales al ritmo que demandan los procesos financieros y especulativos de enriquecimiento. “El consumismo de materiales, energía, agua y recursos naturales crece mucho más que la propia posibilidad de renovación de la naturaleza”.
La deuda ecológica
l modelo de crecimiento fracasó, argumenta Pengue, y Argentina, en esta dinámica, repite errores de plomo en un ambiente cada vez más saqueado y degradado: “Se hipoteca lo vivo en beneficio de la circulación de dinero físico o electrónico, con una transferencia brutal de riquezas a los sectores de más poder a costa de la destrucción socioambiental sistemática”.
Aparece el concepto de deuda ecológica, entendida como la deuda de los países industrializados con el resto del planeta “por el saqueo y usufructo de bienes naturales y biodiversidad a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y sus fuentes de sustento”, define Pengue.
Esa deuda ecológica refleja los costos generados por la sobreexplotación de recursos renovables exportados, los daños a la vida humana el uso de agrotóxicos y fertilizantes (Monsanto acaba de ser condenada en Estados Unidos por actuar con malicia y causar cáncer con el glifosato a Dewayne Johnson, 46 años, a quien deberá pagarle 289 millones de dólares en compensación). También debe contabilizarse las contaminación con metales pesados, la licuación de montañas, la apropiación del agua, el uso de espacios con fines meramente monetarios por encima de la vida misma, enumera Pengue, sin olvidar la desertificación masiva, inundaciones, servicios ambientales no reconocidos: “O sea, no hay un número posible. ¿A cuánto valorar millones de vidas humanas afectadas y sobreexplotadas? ¿Cuánto vale la pérdida de un territorio, o de una especie? ¿O las comunidades y culturas desplazadas? El concepto no nació como un reclamo para que se pague, sino para que se comprenda el desastre y exista un cambio de paradigma, de conciencia”.
Otro rubro que sí resulta mensurable económicamente es el de las retenciones ambientales: “Si tomamos solamente la pérdida anual de los nutrientes del suelo como el nitrógeno y el fósforo que se exportan con los granos, a cada cosecha de soja habría que retenerle el 25% de su valor, sin contar otros nutrientes, oligoelementos, ni el uso del agua para la soja, ni la degradación. Cálculos similares pueden aplicarse a la megaminería a cielo abierto y otras actividades. Son costos ocultos, pero concretos, y ¿quién paga eso?”. Para Pengue el extractivismo es exitoso económicamente solo para los corporaciones que lo ejercen, porque no pagan los costos ambientales y sociales que generan. La retención ambiental es pensada como una herramienta para cobrarle a las corporaciones mineras y agroexportadoras, pero no para que sigan explotando (y pagando) sino para financiar nuevos procesos productivos sustentables.
La fábrica de pobres
n la gestión anterior el precio de la soja provocó el celebrado viento de cola. Pengue: “Se cobraron retenciones, pero no se usaron para favorecer el aparato productivo o la agricultura familiar, ni para reparar un sistema degradado, sino para lograr gobernabilidad a través de planes asistenciales, sin perspectivas de mejora social real. El gobierno actual bajó los impuestos al sector rural y quitó retenciones a la minería, transfiriendo recursos a los sectores más ricos. Entre ambas gestiones se alejaron del desarrollo sostenible y promovieron una industria permanente: la fábrica de pobres. La gente vista como conejitos que dependen de un plan: ese plan es un derecho, pero nunca se acompañó con políticas de formación, educación y trabajo para cambiar la situación de esos sectores”.
En los nuevos acuerdos de ajuste con el FMI se sigue garantizando el asistencialismo que Pengue considera que condena a los pobres a un “subdesarrollo sostenible” para garantizar la gobernabilidad de un modelo insostenible. “La deuda ecológica y la deuda externa son las dos caras de una misma moneda y tienen dentro al enemigo que nadie quiere ver: la imparable deuda interna”.
¿Se puede salir de esta encrucijada? “No por los caminos que nos vienen planteando. La derecha quiere explotar la montaña y quedarse con la plata. La izquierda quiere explotar la montaña y distribuir. Ambos quieren comerse la montaña. Es tremendamente equivocado porque esa montaña es una fábrica de agua, de biodiversidad, de recursos estratégicos y de trabajo, si se cambia el paradigma de pensamiento. Para eso falta un proceso innovador que hoy no tenemos en la política argentina que piensa todo a dos o a lo sumo cuatro años. Ahora están todos asustados con el cambio climático. ¿No se lo dijeron los científicos hace 20 años? No importó. Ahora entienden porque hay incendios, inundaciones, como si fuera que Dios nos está castigando. Dos noticias: no es Dios; y va a ser peor”.
¿Por donde se sale?
A nivel global Pengue es de los tantos que proponen un crecimiento estacionario (paralelo al crecimiento poblacional) para cambiar el paradigma del consumismo insustentable y desigualdad por formas viables de producción y de distribución de los recursos. El objetivo es interesante: que el planeta siga vivo.
A nivel local, propone desmonopolizar y diversificar la economía, con recuperación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y economía social: “Un proceso de industrialización mediano, con más trama productiva real y sin creerte que porque vienen cuatro corporaciones te vas a salvar, porque es al revés. La gran escala da trabajo cada vez a menos gente. Pero el Estado tiene que entender eso. Y sigo pensando en un campo que podría recuperar no menos de un millón de personas trabajando agroecológicamente, sin venenos, generando crecimiento social y económico en los pueblos y ocupación territorial, desconcentrando las periferias urbanas. Un país como el nuestro, con los recursos que tiene, si no se plantea ocupar esos territorios con su gente, no tiene futuro. ¿Cómo puede ser que haya millones de jóvenes en la puerta de sus casas esperando nada? El asunto del narcotráfico está haciendo pelota a generaciones enteras pero somos nosotros, este país, estos políticos, estas empresas, los que están destruyendo todo, matando en la gente el amor por progresar, quitándoles oportunidades”.
Otra pista de salida –cree Pengue- está en las experiencias que solas, sin apoyos, impulsan un incipiente y creciente movimiento por la soberanía alimentaria y por la producción agroecológica en todo el país.
Objetivos estratégicos
Dicen que de los laberintos se sale por arriba, pero tal vez haya que pensar que se puede salir por abajo, por donde las personas y comunidades defienden derechos, territorios y crean espacios de vida. Pero entonces, ¿qué ocurre abajo? ¿Cómo se ve la situación desde algunos de esos lugares a los que el avance del modelo extractivo llama ahora “objetivos estratégicos”?
Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén: “Vaca Muerta es parte del proceso de militarización y criminalización en esta época, contra comunidades que tenemos derechos reconocidos constitucionalmente. Pero nunca vimos tal grado de sumisión a potencias como Estados Unidos y China que hasta están queriendo instalar bases en la región. Los norteamericanos hablan de razones humanitarias, pero siempre se instalan para defender a sus corporaciones. Es un doble colonialismo: como indígenas con un Estado que te niega, y con un poder que está por encima del Estado al que solo le interesa la explotación de los recursos naturales. Nadie habla del impacto ambiental del fracking, prohibido en muchos países (Francia, Alemania, Inglaterra España, Italia, Nueva Zelanda, varios estados norteamericanos, entre otros). Las fuerzas de seguridad aquí lo que menos hacen es defender la soberanía, sino que las corporaciones hagan sus negocios. Lo único que creció en la zona de Añelo es la prostitución, los casinos, y el cierre de pequeños negocios no ligados a la industria petrolera. No vamos a avalar que hagan esta explotación, porque perdemos los pueblos indígenas, pero pierde toda la sociedad. No está en juego solo la vida del pueblo Mapuche”.
Silvina Reguera, de la asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, que logró detener el proyecto Agua Rica con un fallo de la Corte Suprema de Justicia: “Me parece que se vienen tiempos durísimos. Hay toda una bajada de línea del FMI por los recursos, combinada con esto de los militares, sumado a que el gobierno no soporta que la gente haga valer sus derechos. La minería es un fracaso, como te lo demuestra Catamarca. En septiembre estamos organizando la Cumbre por el Agua con los Pueblos Catamarqueños Reunidos en Autodeterminación (PUCARÁ) que reúne a todas las asambleas de la provincia frente al tema más vital para nosotros. La novedad es que no hacen el cierre de Bajo Alumbrera y dicen que van a hacer explotación subterránea. En realidad hacen tiempo para ver si pueden seguir con Agua Rica. Quieren cansarnos. Pero eso no va a pasar. No lo digo de bravucona, sino porque cuando un pueblo aprende sus derechos humanos y naturales, no vuelve para atrás. Yo ya aprendí a no creer en los políticos. Creo en las personas simples, que no me vienen a vender discursos”.
Corina Milan, asambleísta de Esquel y Chubut: “Escuchar las noticias últimamente es una tragedia, una sensación de asedio. Todo te lo anuncian desde Buenos Aires por decreto, y eso te deja una sensación muy antidemocrática y muy unitaria. Sabemos que quieren avanzar sobre estos territorios, los políticos van y vienen, pero las comunidades somos las que vamos a estar siempre.  En toda la costa, empezando por Rawson, hay movilizaciones enormes, y la gente común sabe de memoria que los gobiernos nos aprietan económicamente para justificar la instalación de las mineras. Pero no hay caso: desde el plebiscito que rechazó la minería en Esquel con el 82% de los votos hace 15 años, ya son tres generaciones que defienden lo que no defienden los políticos ni las empresas: la libertad y el derecho a decidir sobre nuestra propia vida”.
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
 
  Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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