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La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones

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¿La dictadura fue sólo militar? ¿O cívico-militar? ¿Qué rol cumplieron los civiles para que el genocidio pudiese ser llevado a cabo? ¿Y los medios? Algo de eso estará en debate este 18 de marzo cuando declare ante la Cámara Federal de Bahía Blanca Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
Massot concurrirá como testigo – y no como imputado- a un juicio en el que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani buscan acusarlo por el rol que cumplió el diario en el esquema represivo ilegal aplicado por los militares, y en particular por el asesinato de dos obreros gráficos del diario: Enrique Heinrich y Miguel Loyola. La historia de sus muertes y el papel del diario en la dictadura fueron contadas en la MU N° 66: https://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/

La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani


Un “valioso auxiliar”
La investigación de la fiscalía se desprende de la condena a represores bahienses en 2012: el Tribunal Oral ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. Entre los fundamentos de esta orden se planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Las maniobras que elaboraron la operación, define el Tribunal, fueron la “desinformación” y la llamada “propaganda negra”, es decir, la mentira como estrategia de la propaganda.
Un ejemplo que vale para graficar las conexiones de LNP con el terrorismo de estado es la declaración del general Adel Vilas en 1987 frente a la Cámara Federal de La Plata – quien encabezara la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía- en la que define al diario como “un valioso auxiliar de la conducción”.
Los responsables de la publicación eran por entonces Diana Julio de Massot, sus hijos Federico y Vicente, y el jefe de redacción Mario Gabrielli. Sólo ha sobrevivido Vicente Masot de ese grupo. El diario tenía además fotógrafos (como Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia.
Las imputaciones
Massot está imputado por formar parte de lo que el fiscal José Nebbia llama el “núcleo decisional” de LNP en aquellos años oscuros. Según la presentación que realizó junto a Miguel Palazzani, los grados de responsabilidad, explica a lavaca, son tres:

  • “Primero, haber sido parte de un plan criminal y haber cumplido un rol que está reglamentado en los estatutos del Ejército y la Armada, que tiene que ver con la función de los medios y la propaganda”.
  • “Y cómo se manifiesta eso en el segundo plano: por ejemplo los encubrimientos de los operativos de la dictadura, que los hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”.
  • “Por último los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola”.

La imputación define a Massot como coautor del homicidio de los dos obreros gráficos (“instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”) y por haber realizado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Qué hizo la justicia
Sin embargo, el juez federal subrogante Santiago Martínez descartó de plano el pedido de indagatoria ante estas imputaciones, considerando que las pruebas no eran suficientes. Por eso es que la Cámara lo cita en carácter de testigo (haciendo uso de la opción de “presentación espontánea” como colaborador de la justicia) y quien deberá tomarle declaración será otro magistrado, Álvaro Sebastián Coleffi, aunque se aclara que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigna forma de indagatoria”. Es decir que el desenlace de la jornada es incierto: Massot puede abstenerse de declarar, desarrollar un monólogo de su versión, o el joven juez subrogante Álvaro Sebastián Coleffi (“del cual no tenemos muchas referencias”, dice el periodista Mauro Llaneza) habilitar la interpelación de los fiscales y hasta llevarlo detenido. “Es muy difícil pensar hoy ver a Massot tras las rejas”, interpreta Llaneza, quien cubrió los juicios a los genocidas bahienses a través de FM De la Calle, radio comunitaria que este año cumple 25. “La Nueva Provincia sigue siendo un engranaje más de toda esta red de complicidades”. Por esto, sin dejar de resaltar lo histórico de ver a un civil respondiendo por crímenes de estado, define su escepticismo de la siguiente manera: “Ver para creer”.
La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones
El comienzo del fin
La lupa sobre Massot busca ser el primer paso hacia la búsqueda y determinación de otros responsables civiles. “Arrancamos con el dueño, pero también hay periodistas, fotógrafos y otra gente que colaboró”, dice Nebbia. Mauro Llaneza amplía el panorama: “Es importante también para sentar antecedentes como en el caso de Blaquier, Papel Prensa y otros juicios que se investigan responsabilidades civiles”.
Desde el martes, FM De la calle transmitirá en vivo desde la puerta del juzgado. “Es una jornada de valor histórico sobre todo para legitimar y acompañar el reclamo de los sobrevivientes”, dice Llaneza.
Se podrá seguir la transmisión en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com/ o la página www.enesoestamos.com.ar.
A continuación reproducimos la nota completa de MU:
El dictadiario
Dos fiscales pidieron el procesamiento de los directivos de La Nueva Provincia, acusado de promover el asesinato de dos obreros gráficos. Se lo considera parte del plan criminal que azotó a esa ciudad durante la dictadura, y herramienta de acción psicológica para sembrar el terror. Las delaciones, la “propaganda negra”, las persecuciones, las mentiras, y cómo actuaron en la práctica los que tantas veces dicen defender la “libertad de expresión”.
“Cagones” era la palabra que Federico Massot usaba para definir a parte de la cúpula militar en plena dictadura. Tras la muerte de Jorge Videla, se sospecha en Bahía Blanca que el diagnóstico fue visionario. Federico y su hermano Vicente eran asistentes de su madre, Diana Julio de Massot, en la dirección de La Nueva Provincia, el primer multimedio del país (el diario, LU2 y Canal 9) que ejerció durante décadas un virtual monopolio informativo en Bahía Blanca. La empresa no sólo alentó el golpismo y el exterminio motorizados por los militares, sino que exigió el abandono castrense de la “mentalidad legalista”, marcó los blancos que requerían ser atacados en el ámbito gremial, educativo, religioso y social, falsificó noticias sobre enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, glorificó a los represores más eficientes, y promovió la delación masiva.
Hoy Bahía Blanca, 300.000 habitantes,intentaemerger del agujero negrode su propia historia con movilización social, juicios asombrosos, y acciones judiciales que buscan determinar en qué medida un medio como La Nueva Provinciano sólo acompañó, sino que fue parte del plan criminal que provocó al menos 240 muertes y desapariciones mientras el diario titulaba algo que no se refería a desechos sino a personas: “Limpiar la Ciudad: Consigna Para la Ciudadanía Responsable”.
La sorpresa
“Nadie se la esperaba” reconoce Mauro Llaneza, de la radio comunitaria FM De la Calle. El año pasado se produjo en Bahía la primerasentencia de los juicios a militares del Ejército, con 17 condenas, 14 de ellas a prisión perpetua: la mayor cantidad en una sola causa, hasta ahora.
Lo que nadie esperaba era que el Tribunal Oral formado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, ordenase además continuar investigando la posible responsabilidad de sectores civiles. Por ejemplo:

  • El capellán de Ejército Aldo Vara, visto en el centro de detención y torturas La Escuelita y en el Batallón 181 del V Cuerpo de Ejército quien confesó en 1999 en los Juicios por la Verdad que visitaba el lugar y que incluso vio las marcas de torturas que le mostraron algunos de los secuestrados.
  • Integrantes del poder judicial como el juez Guillermo Madueño (ya fallecido) y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti, a quienes se denunció porque visitaban los centros clandestinos y tomaban declaraciones a personas secuestradas por los militares.
  • La Nueva Provincia.

El juicio en el que declararon 400 testigos duró casi un año y medio, y el tribunal fue integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos debieron ser recusados por sus relaciones con el clan militar. A eso se refirió el fiscal Abel Córdoba durante su alegato al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo”.
Mauro Llaneza y Gabriel Cena forman parte de otro entramado: son los dos periodistas que más cercana y cotidianamente cubrieron el juicio a través de FM De la Calle, radio comunitaria nacida en 1989 con la consigna “hartos ya de tanto monopolio”. Hoy explican: “La propia lógica de la sentencia fue llevando a los jueces a plantear que había cuestiones que quedaban abiertas más allá de las condenas a militares, y que había que seguir investigando”.
La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones
Propaganda negra
Para fundamentar la orden de que los jueces de primera instancia investiguen a La Nueva Provincia el Tribunal Oral planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo se logró eso? Degradando seriamente a la verdad, dicen los jueces, a través de dos mecanismos: la desinformación y la llamada “propaganda negra”. La propaganda negra, según el Reglamento reservado de Acción Sicológica RC-5-1 del Ejército,presentado como prueba en el juicio, es “la que pretende aparecer como originada en una fuente que no es verdadera”.
O sea: la mentira como estrategia de la propaganda, que es definida por el RC-5-1 del siguiente modo: “Principal procedimiento de Acción Sicológica. Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores”.
Esto se hace a través de “comunicadores llave” y medios de comunicación que tienen un público. Al público, los militares lo definían como el “blanco de la acción psicológica”. El RC-5-1 es un manual reservado de 200 páginas impreso en 1968 en el Instituto Geográfico Militar. Se conoció en 2005, presentado en diversos juicios por abogados de militares para liberar a sus defendidos de culpa, planteando que obedecían órdenes. No lo lograron: los manuales secretos militares no justifican crímenes ni están por encima de la Constitución.
Franchising
La Nueva Provincia fue “un valioso auxiliar de la conducción” había reconocido Acdel Vilas, el general que encabezó la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía Blanca. Había llegado a Bahía con el franchising de sus carnicerías previas en el Operativo Independencia de Tucumán, donde había instalado entre otras cosas el primer centro clandestino de detención y torturas del país, en Famaillá, bautizado también La Escuelita.
La declaración de Vilas sobre Bahía Blanca–incorporada al juicio- había sido efectuada en 1987, antes de la Ley de Obediencia Debida, frente a la Cámara Federal bahiense y el fiscal Hugo Cañón. Habló durante 13 jornadas seguidas, pidió ser relevado del secreto militar, presentó documentos como el Plan del Ejército, otro manual de represión y acción sicológica que planteaba como blancos específicos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles universitarias y secundarias, y al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, responsables del caos, según el texto.
En aquella declaración Vilas reconoció que se falsificaban enfrentamientos a través del diario, planteando que se hacía para “confundir al enemigo”. Se llegó a teatralizar situaciones haciendo pasar por muertos a soldados y sacándolos tapados en camillas para las fotos o plantando cadáveres en lugares como La Cueva de los Leones, que La Nueva Provincia reproducía luego como “combates”.
El diario tenía además fotógrafos (Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia. La relación de la empresa con los militares fue floridamente comentada por el marino Adolfo Scilingo (quien confesó su participación en los vuelos de la muerte) en su libro Por siempre nunca más. Allí se narra la opinión del señor Massot sobre ciertos militares, y que señora de Massot tenia reuniones nocturnas con el vicealmierante Luis María Mendía para coordinar ideas y acciones.
Delátelo usted mismo
¿Cuál puede ser el efecto de vivir bajo un monopolio informativo? La Nueva Provincia despertaba cada día a Bahía Blanca con un mensaje de apocalipsis: disolución, guerra, mártires militares, asesinos subversivos, dios, patria, tradición, sangre, amenazas, propaganda de las dictaduras: “El Centinela De Occidente no ha Muerto” (sobre la muerte de Francisco Franco”; “Caudillo y Estadista” (sobre Augusto Pinochet).
Pero la esencia de las cosas se percibe mejor en los detalles que en la sobredosis de editoriales. Un aviso permanente en las páginas del diario advertía:
“COLABORE-ESTE ALERTA
Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada
LLAME AL TEL. 31627. Contribuya a la lucha contra la subversión.
Comando V Cuerpo de Ejército”
La misma incitación a la delación se escuchaba por la radio, y se emitía como un menaje perpetuo en la pantalla del canal de La Nueva Provincia.
Otro mensaje: “Todos los ciudadanos tienen la obligación de armarse en defensa de las Patria. Sus armas son los ojos, los oídos y la intuición. La lucha no es sólo militar; es de todos los que desean una Patria próspera y con futuro”.
Y otro: “¡Ciudadano! Asuma sus obligaciones de soldado reservista; ¡ciudadana! Defienda desde su hogar la Paz que usted y su familia merece, colaborando con las fuerzas que combaten a la delincuencia apátrida y venal”.
Siempre se acompañaban los teléfonos a los cuales llamar.
El efecto fue un aluvión de denuncias falsas, paranoicas o malintencionadas: patrones que querían sacarse empleados de encima, cornudos rencorosos, patriotas con delirium tremens, venganzas personales, etc. El propio general Vilas confesó que tuvo que crear un comité de evaluación para no seguirle el ritmo a ese sistema de delación infinita, que no se sabe cuántas víctimas habrá provocado.
Lo hizo para evitar perder eficiencia represiva, y no por moderación: testigos como Rubén Bustos revelaron en el juicio de 2012 que vieron a Vilas en La Escuelita bahiense, gritando nervioso cuando percibía cierta inoperancia de sus subalternos: “¡Quiero cadáveres!”.
Entre los casos más notorios durante su gestión en el V Cuerpo se encuentra el secuestro del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y del diputado Abel Amaya, ambos defensores de presos políticos (los asesinados en Trelew, por ejemplo) y sindicalistas. Solari vivió para denunciarlo. Amaya murió en 1976 como consecuencia de las torturas.
Tercer sexo

Vilas fue desplazado de Bahía Blanca a fines de 1976. Visitó el diario, como siempre. “Una Despedida que no Quiso Ser un Adiós” tituló La Nueva Provincia con su tradicional desparramo de mayúsculas. Cuestionaba sutilmente la salida de Vilas, que era parte de las internas y roscas militares de la época, y terminaba con un “hasta pronto soldado…”.

Vilas zafó de ser condenado por sus crímenes en los 80 por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. En los 90 fue indultado por Carlos Menem. El secretario de Asuntos Militares de Menem era un viejo conocido de Vilas, uno de los que motivó su visita al diario al irse de Bahía Blanca, y probable autor del artículo: Vicente Massot.
Massot era uno de los directivos del diario, pero además ejercía como secretario de redacción de Cabildo, revista ultraderechista, aunque tal vez el adjetivo le quede corto. En el blog Bahía Gris, se rescata uno de los editoriales escritos por Massot en Cabildo, sobre el diario francés Le Monde: “Blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas (…). Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas”.
Lo que sigue en debate es hasta dónde llegó la preferencia de Massot por las botas. Durante el menemismo, justificó el uso de la tortura y planteó el ascenso de los integrantes de los Grupos de Tareas de la ESMA Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías (Menem terminó desplazando a Massot; solía desconfiar de los que eran más menemistas que él mismo).
Massot declaró en 2012 al diario zonal La Nación, acerca de la violencia: “Todos la reivindicábamos”. Otra definición: “El ser humano es peligroso”.
Pedido de detención
La sentencia del Tribunal Oral planteando investigar las responsabilidades civiles fue asumida en mayo de este año por dos fiscales, Miguel Ángel Palazzini y José Nebbia. Tras la lectura acaso estoica de más de 500 editoriales y notas del diario, solicitaron al juez Santiago Ulpiano Martìnez la detención e indagatoria del actual director, Vicente Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli.
Rodeados de expedientes, los fiscales contaron a Mu el saldo de su trabajo entre arqueológico y detectivesco. Tres definiciones:

  • “El diario fue la usina ideológica del terrorismo de Estado en la ciudad. Cumplió un rol fundamental de acción psicológica en términos de los reglamentos militares. Los editoriales y artículos reflejan exactamente toda la estrategia militar de exterminio, y hasta marcan hacia dónde apuntar los operativos de represión. Acusamos a Massot y Gabrielli de haber participado en la organización, dirección y control de la asociación ilícita y de haber participado de forma directa y personal en la ejecución de los operativos de acción psicológica”.
  • “No es una discusión sobre libertad de expresión sino sobre una actividad concreta en la comisión de los peores delitos, los de lesa humanidad. La libertad de expresión fue brutalmente vulnerada por el diario”.
  • “La dictadura no fue solo militar. El plan fue diseñado por civiles y ejecutado por militares. La idea era imponer una reorganización de las relaciones sociales y un modelo que tenía como base un plan económico que necesitaba instalar el terror para lograr el control y el silencio de la sociedad. La acción psicológica se usó para formatear la subjetividad a medida del plan criminal”.

Los fiscales agregan algo más: “Consideramos que los máximos exponentes del diario tuvieron una participación en la instigación, la concreción material y el encubrimiento de los homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola”.
Dos obreros
El caso de los trabajadores de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Àngel Loyola está incluido en la llamada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a 9 integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano.
Heinrich y Loyola eran directivos del Sindicato de Artes Gráficas y delegados del diario junto a Jorge Molina. Jorge me cuenta: “Hubo conflicto durante 1975 porque descubrimos que estábamos a años luz de los sueldos de otros diarios de tirada similar como Los Andes de Mendoza o La Capital de Rosario. Pero no estábamos en una militancia política, lo nuestro era el reclamo salarial”. Ya en septiembre de 1975, recuerdan los fiscales, la directora del diario denunció la “acción disociadora” de Heinrich y Loyola, “cuyos fueros pareciera hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. En cartas al Ministerio de Trabajo la empresa denunciaba “fines inconfesos”, “perturbación tendenciosa” y varios etcéteras, dedicados especialmente a Heinrich y Loyola.
Molina: “En 1976 fue el golpe y Diana Julio con Vicente Massot recorrieron el diario con una bandera argentina diciendo: ‘a ver si hacen paro ahora’ y ‘vayan a reclamarle al sindicato’. En realidad el conflicto ya se había diluido a fines del 75. A Federico Massot yo le preguntaba: ‘¿Decidieron algo de los aumentos?’ Y me contestaba: ‘Lo tengo que consultar con mamá’”.
Pero paralelamente la Prefectura realizó un trabajo de inteligencia (Memorándum 8687, del 22 de marzo de 1976) considerando a la empresa el “único medio real de difusión” de Bahía Blanca”. Se denuncia allí la infiltración marxista, peronista y tercermundista, explica que el diario notificó a los comandos militares quiénes eran los responsables del “sabotaje” y establece cuál es el “personal A SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL”. Los principales nombres de la lista eran Heinrich y Loyola. Molina era el tercero.
El 30 de junio ocurrió el secuestro. Molina me cuenta que Heinrich tenía cinco hijos: “Él, la mujer y los chicos dormían en la misma habitación. Era un gremialista que no sacaba nada de su cargo, gente muy humilde”. Cuando aparecieron los militares, lo único que pidió Heinrich fue que no le pegaran delante de los hijos. Se lo llevaron.
La mujer de Loyola estaba embarazada. “Era mucama de un hotel” informa Molina. Los militares esperaron a Miguel Ángel en su pequeña casa. Cuando llegó, inyectaron somníferos a los siete familiares que estaban allí, y lo secuestraron.
Los cuerpos de Heinrich y Loyola fueron tirados en el paraje La cueva de los Leones, atados, golpeados, torturados y perforados por 54 balazos en total. El caso mereció 25 líneas el 6 de julio: “Son Investigados Dos Homicidios”. Y un dato: “Ambos se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Ese mismo día el título del editorial fue: “La Moderación con el Enemigo No es un Síntoma de Cordura”. Texto: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’”, para intervenir en “la más sucia de las guerras, artera, asesina y no convencional” que “sólo se cortará de raíz cuando se resuelva combatirla en sus causas de manera frontal, tajante y sin concesiones, en todos los niveles, andariveles, estamentos y reductos”.
Trilogía: aquel mismo 6 de julio, se publicó el aviso fúnebre participando del “fallecimiento” de Heinrich. Molina recuerda algo que acaso defina a La Nueva Provincia tanto como sus editoriales: “El avisito en el diario lo fue a poner el hermano de Heinrich. Se lo tomaron, y se lo cobraron”.
Otro aporte: el blog Bahía Gris, Diego Martínez reveló lo relatado por dos periodistas locales que oyeron al general Acdel Vilas decir sobre el caso: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. Dato sobre Vilas: no pudo ser acusado de modo personal porque al derogarse las leyes de impunidad sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapaz y demente, en términos médicos. Murió en 2010. Cuatro camaradas fueron a su entierro.
Muerte en la universidad
También está pendiente la investigación por los homicidios cometidos por la Triple A, cuando aún gobernaba Isabel Perón. David “Watu” Cilleruelo (cursaba ingeniería) es el único caso argentino de un asesinato cometido en la propia universidad. El rector en la Universidad Nacional del Sur era un rumano fascista, Remus Tetu. Alberto Rodríguez, compañero de Cilleruelo: “Él iba a asumir como presidente de la Federación Universitaria. Estábamos volanteando, entró una patota, quisieron agarrarlo, él corrió hacia nosotros pero le dispararon por la espalda, en la cabeza. Se fueron en un auto del Rectorado”. Días antes La Nueva Provincia había elogiado la designación de Tetu con una propuesta higiénico-ideológica. Título: “Claustros Limpios por Dentro Y por Fuera”. Texto: “Si hay factores nocivos en la UNS que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
Curiosidades
Los fiscales presentaron el pedido de detención e indagatoria de Massot y Gabrielli, pero el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido “por el momento”, considerando que faltan elementos para poder concretarlo. Los fiscales ya apelaron. Martínez no es juez, sino secretario a cargo del juzgado, o sea “subrogante”. Lo mismo pasa con los fiscales.
Tres curiosidades:
1) El intendente oficialista que dejó su cargo para convertirse en ministro de Daniel Scioli, Cristian Breitenstein, reconoció su relación con Massot y dijo que lo ocurrido durante la dictadura fue en el marco de una “guerra (falacia militar con la que se justifican los crímenes).
2) La concejal radical Aloma Santor insinuó que el pedido de detención a Massot es “caza de brujas” y reveló que no recuerda lo que pasó en Bahía Blanca porque “era chica”. Esta señora tenía la misma edad de las víctimas que no recuerda (y hoy tiene 56). Alguien de su partido debería contarle lo que pasó con el diputado Abel Amaya, el que murió por las torturas.
3) En sentido diferente al de estos políticos se pronunció un militar. El secretario de la Armada, contralmirante Luis González Day, ratificó el apoyo a todo requerimiento judicial y destacó la “decisiva participación institucional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Blanca Bahía
Esta historia parece un agujero negro. Vidas reventadas por un poder del cual Vilas puede ser símbolo: hemorragias cerebrales más que ideas, incapacidad para lo social, demencia de la racionalidad, soledad. Videla y su imagen póstuma en el baño, aportan lo suyo. Al entierro de la señora de Massot fueron todos los popes de las empresas prensa argentinas. Pero tampoco La Nueva Provincia es lo que era. Cambiaron los actores. El canal de aire se lo quedó Telefé, y el Grupo Clarín el de cable. Ningún joven lee el diario, y todo esto huele mucho a pasado, y poco a futuro.
Pero Bahía Blanca cambió la propaganda negra. Ejemplos: los reclamos de justicia de víctimas y familiares garantizaron la realización del juicio; los hartos y hartas de tanto monopolio a través de FM De la Calle organizaron la cobertura de las audiencias y crearon un blog imprescindible: juiciobahiablanca.wordpress.com.
Pero además late en Bahía un universo de experiencias de los que esa radio es voz, oreja, aliada, causa, efecto y amiga: los corredores productivos y autogestivos; los trabajos de vivienda de Cáritas y la granja biodinámica con la que brindan trabajo a chicos y chicas de barrios marginales para que la vida sea otra cosa; los grupos que trabajan con software libre; Bahía Originaria, que en lugar de olvidar recuerda la matanza de 200 mapuches cuyos cuerpos fueron incinerados en 1859 en lo que hoy es el centro de la ciudad, y empuja por los derechos actuales de los pueblos originarios; muralistas que intervienen Bahía para que no dejemos de ver; la Comisión de Apoyo a los Juicios (y al cierre de esta edición se confirma que el 26 de junio empieza un segundo tramo del juicio al Ejército, con 10 imputados); músicos que se sindicalizan; sindicatos que no se resignan; la pelea de los vecinos de General Cerri por recuperar el abandonado frigorífico de la CAP e inventar salidas a la desocupación; la gente de Ingeniero White que reclama no seguir siendo carne de uno de los polos más contaminantes del país; Aukan, la Asamblea Ambiental del Sur, que reúne a vecinos, trabajadores, profesionales y organizaciones que están logrando frenar el dragado de la ría bahiense que rompería el ecosistema, y que en un afiche escribieron algo que, después del agujero negro, resulta aire puro: “Para fomentar el protagonismo popular y el pensamiento crítico frente a los graves problemas del actual modelo productivo”.
La Nueva Provincia advirtió siempre que la batalla era cultural, como si del otro lado hubiera un grupo político o ideológico, en lucha por domar cabezas. Error: Bahía Blanca muestra cabezas y corazones que no parecen querer ser domesticados, ni que les escriban su destino. Esa es la batalla que perdió la vieja provincia. Lo que se está gestando, tal vez como una tendencia, no es tanto histórico, jurídico o ideológico, sino algo más importante: cómo ser, cómo vivir, y en qué consiste la libertad.

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
Milei con Julián Peh, el CEO de la empresa creadora de $LIBRA.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
La empresa creadora de $LIBRA tiene lazos, también, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

  • El estado del cupo laboral travesti trans. 
  • Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución. 
  • La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género. 

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans. 

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros. 

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU  62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Cristina Montserrat Hendrickse. Foto: Lina Etchesuri

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”. 

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”. 

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”. 

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”. 

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.  

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo. 

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a  Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Marlene Wayar, activista travesti trans e impulsora de la Ley de Reparación Histórica, fue una de las oradoras. Foto: lavaca

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”. 

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”. 

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas  siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones. 

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo queda

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi. 

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas. 

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”. 

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”. 

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”. 

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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