Nota
La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones
¿La dictadura fue sólo militar? ¿O cívico-militar? ¿Qué rol cumplieron los civiles para que el genocidio pudiese ser llevado a cabo? ¿Y los medios? Algo de eso estará en debate este 18 de marzo cuando declare ante la Cámara Federal de Bahía Blanca Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
Massot concurrirá como testigo – y no como imputado- a un juicio en el que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani buscan acusarlo por el rol que cumplió el diario en el esquema represivo ilegal aplicado por los militares, y en particular por el asesinato de dos obreros gráficos del diario: Enrique Heinrich y Miguel Loyola. La historia de sus muertes y el papel del diario en la dictadura fueron contadas en la MU N° 66: https://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/
Un “valioso auxiliar”
La investigación de la fiscalía se desprende de la condena a represores bahienses en 2012: el Tribunal Oral ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. Entre los fundamentos de esta orden se planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Las maniobras que elaboraron la operación, define el Tribunal, fueron la “desinformación” y la llamada “propaganda negra”, es decir, la mentira como estrategia de la propaganda.
Un ejemplo que vale para graficar las conexiones de LNP con el terrorismo de estado es la declaración del general Adel Vilas en 1987 frente a la Cámara Federal de La Plata – quien encabezara la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía- en la que define al diario como “un valioso auxiliar de la conducción”.
Los responsables de la publicación eran por entonces Diana Julio de Massot, sus hijos Federico y Vicente, y el jefe de redacción Mario Gabrielli. Sólo ha sobrevivido Vicente Masot de ese grupo. El diario tenía además fotógrafos (como Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia.
Las imputaciones
Massot está imputado por formar parte de lo que el fiscal José Nebbia llama el “núcleo decisional” de LNP en aquellos años oscuros. Según la presentación que realizó junto a Miguel Palazzani, los grados de responsabilidad, explica a lavaca, son tres:
- “Primero, haber sido parte de un plan criminal y haber cumplido un rol que está reglamentado en los estatutos del Ejército y la Armada, que tiene que ver con la función de los medios y la propaganda”.
- “Y cómo se manifiesta eso en el segundo plano: por ejemplo los encubrimientos de los operativos de la dictadura, que los hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”.
- “Por último los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola”.
La imputación define a Massot como coautor del homicidio de los dos obreros gráficos (“instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”) y por haber realizado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Qué hizo la justicia
Sin embargo, el juez federal subrogante Santiago Martínez descartó de plano el pedido de indagatoria ante estas imputaciones, considerando que las pruebas no eran suficientes. Por eso es que la Cámara lo cita en carácter de testigo (haciendo uso de la opción de “presentación espontánea” como colaborador de la justicia) y quien deberá tomarle declaración será otro magistrado, Álvaro Sebastián Coleffi, aunque se aclara que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigna forma de indagatoria”. Es decir que el desenlace de la jornada es incierto: Massot puede abstenerse de declarar, desarrollar un monólogo de su versión, o el joven juez subrogante Álvaro Sebastián Coleffi (“del cual no tenemos muchas referencias”, dice el periodista Mauro Llaneza) habilitar la interpelación de los fiscales y hasta llevarlo detenido. “Es muy difícil pensar hoy ver a Massot tras las rejas”, interpreta Llaneza, quien cubrió los juicios a los genocidas bahienses a través de FM De la Calle, radio comunitaria que este año cumple 25. “La Nueva Provincia sigue siendo un engranaje más de toda esta red de complicidades”. Por esto, sin dejar de resaltar lo histórico de ver a un civil respondiendo por crímenes de estado, define su escepticismo de la siguiente manera: “Ver para creer”.
El comienzo del fin
La lupa sobre Massot busca ser el primer paso hacia la búsqueda y determinación de otros responsables civiles. “Arrancamos con el dueño, pero también hay periodistas, fotógrafos y otra gente que colaboró”, dice Nebbia. Mauro Llaneza amplía el panorama: “Es importante también para sentar antecedentes como en el caso de Blaquier, Papel Prensa y otros juicios que se investigan responsabilidades civiles”.
Desde el martes, FM De la calle transmitirá en vivo desde la puerta del juzgado. “Es una jornada de valor histórico sobre todo para legitimar y acompañar el reclamo de los sobrevivientes”, dice Llaneza.
Se podrá seguir la transmisión en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com/ o la página www.enesoestamos.com.ar.
A continuación reproducimos la nota completa de MU:
El dictadiario
Dos fiscales pidieron el procesamiento de los directivos de La Nueva Provincia, acusado de promover el asesinato de dos obreros gráficos. Se lo considera parte del plan criminal que azotó a esa ciudad durante la dictadura, y herramienta de acción psicológica para sembrar el terror. Las delaciones, la “propaganda negra”, las persecuciones, las mentiras, y cómo actuaron en la práctica los que tantas veces dicen defender la “libertad de expresión”.
“Cagones” era la palabra que Federico Massot usaba para definir a parte de la cúpula militar en plena dictadura. Tras la muerte de Jorge Videla, se sospecha en Bahía Blanca que el diagnóstico fue visionario. Federico y su hermano Vicente eran asistentes de su madre, Diana Julio de Massot, en la dirección de La Nueva Provincia, el primer multimedio del país (el diario, LU2 y Canal 9) que ejerció durante décadas un virtual monopolio informativo en Bahía Blanca. La empresa no sólo alentó el golpismo y el exterminio motorizados por los militares, sino que exigió el abandono castrense de la “mentalidad legalista”, marcó los blancos que requerían ser atacados en el ámbito gremial, educativo, religioso y social, falsificó noticias sobre enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, glorificó a los represores más eficientes, y promovió la delación masiva.
Hoy Bahía Blanca, 300.000 habitantes,intentaemerger del agujero negrode su propia historia con movilización social, juicios asombrosos, y acciones judiciales que buscan determinar en qué medida un medio como La Nueva Provinciano sólo acompañó, sino que fue parte del plan criminal que provocó al menos 240 muertes y desapariciones mientras el diario titulaba algo que no se refería a desechos sino a personas: “Limpiar la Ciudad: Consigna Para la Ciudadanía Responsable”.
La sorpresa
“Nadie se la esperaba” reconoce Mauro Llaneza, de la radio comunitaria FM De la Calle. El año pasado se produjo en Bahía la primerasentencia de los juicios a militares del Ejército, con 17 condenas, 14 de ellas a prisión perpetua: la mayor cantidad en una sola causa, hasta ahora.
Lo que nadie esperaba era que el Tribunal Oral formado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, ordenase además continuar investigando la posible responsabilidad de sectores civiles. Por ejemplo:
- El capellán de Ejército Aldo Vara, visto en el centro de detención y torturas La Escuelita y en el Batallón 181 del V Cuerpo de Ejército quien confesó en 1999 en los Juicios por la Verdad que visitaba el lugar y que incluso vio las marcas de torturas que le mostraron algunos de los secuestrados.
- Integrantes del poder judicial como el juez Guillermo Madueño (ya fallecido) y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti, a quienes se denunció porque visitaban los centros clandestinos y tomaban declaraciones a personas secuestradas por los militares.
- Y La Nueva Provincia.
El juicio en el que declararon 400 testigos duró casi un año y medio, y el tribunal fue integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos debieron ser recusados por sus relaciones con el clan militar. A eso se refirió el fiscal Abel Córdoba durante su alegato al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo”.
Mauro Llaneza y Gabriel Cena forman parte de otro entramado: son los dos periodistas que más cercana y cotidianamente cubrieron el juicio a través de FM De la Calle, radio comunitaria nacida en 1989 con la consigna “hartos ya de tanto monopolio”. Hoy explican: “La propia lógica de la sentencia fue llevando a los jueces a plantear que había cuestiones que quedaban abiertas más allá de las condenas a militares, y que había que seguir investigando”.
Propaganda negra
Para fundamentar la orden de que los jueces de primera instancia investiguen a La Nueva Provincia el Tribunal Oral planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo se logró eso? Degradando seriamente a la verdad, dicen los jueces, a través de dos mecanismos: la desinformación y la llamada “propaganda negra”. La propaganda negra, según el Reglamento reservado de Acción Sicológica RC-5-1 del Ejército,presentado como prueba en el juicio, es “la que pretende aparecer como originada en una fuente que no es verdadera”.
O sea: la mentira como estrategia de la propaganda, que es definida por el RC-5-1 del siguiente modo: “Principal procedimiento de Acción Sicológica. Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores”.
Esto se hace a través de “comunicadores llave” y medios de comunicación que tienen un público. Al público, los militares lo definían como el “blanco de la acción psicológica”. El RC-5-1 es un manual reservado de 200 páginas impreso en 1968 en el Instituto Geográfico Militar. Se conoció en 2005, presentado en diversos juicios por abogados de militares para liberar a sus defendidos de culpa, planteando que obedecían órdenes. No lo lograron: los manuales secretos militares no justifican crímenes ni están por encima de la Constitución.
Franchising
La Nueva Provincia fue “un valioso auxiliar de la conducción” había reconocido Acdel Vilas, el general que encabezó la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía Blanca. Había llegado a Bahía con el franchising de sus carnicerías previas en el Operativo Independencia de Tucumán, donde había instalado entre otras cosas el primer centro clandestino de detención y torturas del país, en Famaillá, bautizado también La Escuelita.
La declaración de Vilas sobre Bahía Blanca–incorporada al juicio- había sido efectuada en 1987, antes de la Ley de Obediencia Debida, frente a la Cámara Federal bahiense y el fiscal Hugo Cañón. Habló durante 13 jornadas seguidas, pidió ser relevado del secreto militar, presentó documentos como el Plan del Ejército, otro manual de represión y acción sicológica que planteaba como blancos específicos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles universitarias y secundarias, y al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, responsables del caos, según el texto.
En aquella declaración Vilas reconoció que se falsificaban enfrentamientos a través del diario, planteando que se hacía para “confundir al enemigo”. Se llegó a teatralizar situaciones haciendo pasar por muertos a soldados y sacándolos tapados en camillas para las fotos o plantando cadáveres en lugares como La Cueva de los Leones, que La Nueva Provincia reproducía luego como “combates”.
El diario tenía además fotógrafos (Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia. La relación de la empresa con los militares fue floridamente comentada por el marino Adolfo Scilingo (quien confesó su participación en los vuelos de la muerte) en su libro Por siempre nunca más. Allí se narra la opinión del señor Massot sobre ciertos militares, y que señora de Massot tenia reuniones nocturnas con el vicealmierante Luis María Mendía para coordinar ideas y acciones.
Delátelo usted mismo
¿Cuál puede ser el efecto de vivir bajo un monopolio informativo? La Nueva Provincia despertaba cada día a Bahía Blanca con un mensaje de apocalipsis: disolución, guerra, mártires militares, asesinos subversivos, dios, patria, tradición, sangre, amenazas, propaganda de las dictaduras: “El Centinela De Occidente no ha Muerto” (sobre la muerte de Francisco Franco”; “Caudillo y Estadista” (sobre Augusto Pinochet).
Pero la esencia de las cosas se percibe mejor en los detalles que en la sobredosis de editoriales. Un aviso permanente en las páginas del diario advertía:
“COLABORE-ESTE ALERTA
Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada
LLAME AL TEL. 31627. Contribuya a la lucha contra la subversión.
Comando V Cuerpo de Ejército”
La misma incitación a la delación se escuchaba por la radio, y se emitía como un menaje perpetuo en la pantalla del canal de La Nueva Provincia.
Otro mensaje: “Todos los ciudadanos tienen la obligación de armarse en defensa de las Patria. Sus armas son los ojos, los oídos y la intuición. La lucha no es sólo militar; es de todos los que desean una Patria próspera y con futuro”.
Y otro: “¡Ciudadano! Asuma sus obligaciones de soldado reservista; ¡ciudadana! Defienda desde su hogar la Paz que usted y su familia merece, colaborando con las fuerzas que combaten a la delincuencia apátrida y venal”.
Siempre se acompañaban los teléfonos a los cuales llamar.
El efecto fue un aluvión de denuncias falsas, paranoicas o malintencionadas: patrones que querían sacarse empleados de encima, cornudos rencorosos, patriotas con delirium tremens, venganzas personales, etc. El propio general Vilas confesó que tuvo que crear un comité de evaluación para no seguirle el ritmo a ese sistema de delación infinita, que no se sabe cuántas víctimas habrá provocado.
Lo hizo para evitar perder eficiencia represiva, y no por moderación: testigos como Rubén Bustos revelaron en el juicio de 2012 que vieron a Vilas en La Escuelita bahiense, gritando nervioso cuando percibía cierta inoperancia de sus subalternos: “¡Quiero cadáveres!”.
Entre los casos más notorios durante su gestión en el V Cuerpo se encuentra el secuestro del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y del diputado Abel Amaya, ambos defensores de presos políticos (los asesinados en Trelew, por ejemplo) y sindicalistas. Solari vivió para denunciarlo. Amaya murió en 1976 como consecuencia de las torturas.
Tercer sexo
Vilas fue desplazado de Bahía Blanca a fines de 1976. Visitó el diario, como siempre. “Una Despedida que no Quiso Ser un Adiós” tituló La Nueva Provincia con su tradicional desparramo de mayúsculas. Cuestionaba sutilmente la salida de Vilas, que era parte de las internas y roscas militares de la época, y terminaba con un “hasta pronto soldado…”.
Vilas zafó de ser condenado por sus crímenes en los 80 por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. En los 90 fue indultado por Carlos Menem. El secretario de Asuntos Militares de Menem era un viejo conocido de Vilas, uno de los que motivó su visita al diario al irse de Bahía Blanca, y probable autor del artículo: Vicente Massot.
Massot era uno de los directivos del diario, pero además ejercía como secretario de redacción de Cabildo, revista ultraderechista, aunque tal vez el adjetivo le quede corto. En el blog Bahía Gris, se rescata uno de los editoriales escritos por Massot en Cabildo, sobre el diario francés Le Monde: “Blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas (…). Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas”.
Lo que sigue en debate es hasta dónde llegó la preferencia de Massot por las botas. Durante el menemismo, justificó el uso de la tortura y planteó el ascenso de los integrantes de los Grupos de Tareas de la ESMA Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías (Menem terminó desplazando a Massot; solía desconfiar de los que eran más menemistas que él mismo).
Massot declaró en 2012 al diario zonal La Nación, acerca de la violencia: “Todos la reivindicábamos”. Otra definición: “El ser humano es peligroso”.
Pedido de detención
La sentencia del Tribunal Oral planteando investigar las responsabilidades civiles fue asumida en mayo de este año por dos fiscales, Miguel Ángel Palazzini y José Nebbia. Tras la lectura acaso estoica de más de 500 editoriales y notas del diario, solicitaron al juez Santiago Ulpiano Martìnez la detención e indagatoria del actual director, Vicente Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli.
Rodeados de expedientes, los fiscales contaron a Mu el saldo de su trabajo entre arqueológico y detectivesco. Tres definiciones:
- “El diario fue la usina ideológica del terrorismo de Estado en la ciudad. Cumplió un rol fundamental de acción psicológica en términos de los reglamentos militares. Los editoriales y artículos reflejan exactamente toda la estrategia militar de exterminio, y hasta marcan hacia dónde apuntar los operativos de represión. Acusamos a Massot y Gabrielli de haber participado en la organización, dirección y control de la asociación ilícita y de haber participado de forma directa y personal en la ejecución de los operativos de acción psicológica”.
- “No es una discusión sobre libertad de expresión sino sobre una actividad concreta en la comisión de los peores delitos, los de lesa humanidad. La libertad de expresión fue brutalmente vulnerada por el diario”.
- “La dictadura no fue solo militar. El plan fue diseñado por civiles y ejecutado por militares. La idea era imponer una reorganización de las relaciones sociales y un modelo que tenía como base un plan económico que necesitaba instalar el terror para lograr el control y el silencio de la sociedad. La acción psicológica se usó para formatear la subjetividad a medida del plan criminal”.
Los fiscales agregan algo más: “Consideramos que los máximos exponentes del diario tuvieron una participación en la instigación, la concreción material y el encubrimiento de los homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola”.
Dos obreros
El caso de los trabajadores de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Àngel Loyola está incluido en la llamada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a 9 integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano.
Heinrich y Loyola eran directivos del Sindicato de Artes Gráficas y delegados del diario junto a Jorge Molina. Jorge me cuenta: “Hubo conflicto durante 1975 porque descubrimos que estábamos a años luz de los sueldos de otros diarios de tirada similar como Los Andes de Mendoza o La Capital de Rosario. Pero no estábamos en una militancia política, lo nuestro era el reclamo salarial”. Ya en septiembre de 1975, recuerdan los fiscales, la directora del diario denunció la “acción disociadora” de Heinrich y Loyola, “cuyos fueros pareciera hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. En cartas al Ministerio de Trabajo la empresa denunciaba “fines inconfesos”, “perturbación tendenciosa” y varios etcéteras, dedicados especialmente a Heinrich y Loyola.
Molina: “En 1976 fue el golpe y Diana Julio con Vicente Massot recorrieron el diario con una bandera argentina diciendo: ‘a ver si hacen paro ahora’ y ‘vayan a reclamarle al sindicato’. En realidad el conflicto ya se había diluido a fines del 75. A Federico Massot yo le preguntaba: ‘¿Decidieron algo de los aumentos?’ Y me contestaba: ‘Lo tengo que consultar con mamá’”.
Pero paralelamente la Prefectura realizó un trabajo de inteligencia (Memorándum 8687, del 22 de marzo de 1976) considerando a la empresa el “único medio real de difusión” de Bahía Blanca”. Se denuncia allí la infiltración marxista, peronista y tercermundista, explica que el diario notificó a los comandos militares quiénes eran los responsables del “sabotaje” y establece cuál es el “personal A SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL”. Los principales nombres de la lista eran Heinrich y Loyola. Molina era el tercero.
El 30 de junio ocurrió el secuestro. Molina me cuenta que Heinrich tenía cinco hijos: “Él, la mujer y los chicos dormían en la misma habitación. Era un gremialista que no sacaba nada de su cargo, gente muy humilde”. Cuando aparecieron los militares, lo único que pidió Heinrich fue que no le pegaran delante de los hijos. Se lo llevaron.
La mujer de Loyola estaba embarazada. “Era mucama de un hotel” informa Molina. Los militares esperaron a Miguel Ángel en su pequeña casa. Cuando llegó, inyectaron somníferos a los siete familiares que estaban allí, y lo secuestraron.
Los cuerpos de Heinrich y Loyola fueron tirados en el paraje La cueva de los Leones, atados, golpeados, torturados y perforados por 54 balazos en total. El caso mereció 25 líneas el 6 de julio: “Son Investigados Dos Homicidios”. Y un dato: “Ambos se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Ese mismo día el título del editorial fue: “La Moderación con el Enemigo No es un Síntoma de Cordura”. Texto: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’”, para intervenir en “la más sucia de las guerras, artera, asesina y no convencional” que “sólo se cortará de raíz cuando se resuelva combatirla en sus causas de manera frontal, tajante y sin concesiones, en todos los niveles, andariveles, estamentos y reductos”.
Trilogía: aquel mismo 6 de julio, se publicó el aviso fúnebre participando del “fallecimiento” de Heinrich. Molina recuerda algo que acaso defina a La Nueva Provincia tanto como sus editoriales: “El avisito en el diario lo fue a poner el hermano de Heinrich. Se lo tomaron, y se lo cobraron”.
Otro aporte: el blog Bahía Gris, Diego Martínez reveló lo relatado por dos periodistas locales que oyeron al general Acdel Vilas decir sobre el caso: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. Dato sobre Vilas: no pudo ser acusado de modo personal porque al derogarse las leyes de impunidad sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapaz y demente, en términos médicos. Murió en 2010. Cuatro camaradas fueron a su entierro.
Muerte en la universidad
También está pendiente la investigación por los homicidios cometidos por la Triple A, cuando aún gobernaba Isabel Perón. David “Watu” Cilleruelo (cursaba ingeniería) es el único caso argentino de un asesinato cometido en la propia universidad. El rector en la Universidad Nacional del Sur era un rumano fascista, Remus Tetu. Alberto Rodríguez, compañero de Cilleruelo: “Él iba a asumir como presidente de la Federación Universitaria. Estábamos volanteando, entró una patota, quisieron agarrarlo, él corrió hacia nosotros pero le dispararon por la espalda, en la cabeza. Se fueron en un auto del Rectorado”. Días antes La Nueva Provincia había elogiado la designación de Tetu con una propuesta higiénico-ideológica. Título: “Claustros Limpios por Dentro Y por Fuera”. Texto: “Si hay factores nocivos en la UNS que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
Curiosidades
Los fiscales presentaron el pedido de detención e indagatoria de Massot y Gabrielli, pero el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido “por el momento”, considerando que faltan elementos para poder concretarlo. Los fiscales ya apelaron. Martínez no es juez, sino secretario a cargo del juzgado, o sea “subrogante”. Lo mismo pasa con los fiscales.
Tres curiosidades:
1) El intendente oficialista que dejó su cargo para convertirse en ministro de Daniel Scioli, Cristian Breitenstein, reconoció su relación con Massot y dijo que lo ocurrido durante la dictadura fue en el marco de una “guerra (falacia militar con la que se justifican los crímenes).
2) La concejal radical Aloma Santor insinuó que el pedido de detención a Massot es “caza de brujas” y reveló que no recuerda lo que pasó en Bahía Blanca porque “era chica”. Esta señora tenía la misma edad de las víctimas que no recuerda (y hoy tiene 56). Alguien de su partido debería contarle lo que pasó con el diputado Abel Amaya, el que murió por las torturas.
3) En sentido diferente al de estos políticos se pronunció un militar. El secretario de la Armada, contralmirante Luis González Day, ratificó el apoyo a todo requerimiento judicial y destacó la “decisiva participación institucional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Blanca Bahía
Esta historia parece un agujero negro. Vidas reventadas por un poder del cual Vilas puede ser símbolo: hemorragias cerebrales más que ideas, incapacidad para lo social, demencia de la racionalidad, soledad. Videla y su imagen póstuma en el baño, aportan lo suyo. Al entierro de la señora de Massot fueron todos los popes de las empresas prensa argentinas. Pero tampoco La Nueva Provincia es lo que era. Cambiaron los actores. El canal de aire se lo quedó Telefé, y el Grupo Clarín el de cable. Ningún joven lee el diario, y todo esto huele mucho a pasado, y poco a futuro.
Pero Bahía Blanca cambió la propaganda negra. Ejemplos: los reclamos de justicia de víctimas y familiares garantizaron la realización del juicio; los hartos y hartas de tanto monopolio a través de FM De la Calle organizaron la cobertura de las audiencias y crearon un blog imprescindible: juiciobahiablanca.wordpress.com.
Pero además late en Bahía un universo de experiencias de los que esa radio es voz, oreja, aliada, causa, efecto y amiga: los corredores productivos y autogestivos; los trabajos de vivienda de Cáritas y la granja biodinámica con la que brindan trabajo a chicos y chicas de barrios marginales para que la vida sea otra cosa; los grupos que trabajan con software libre; Bahía Originaria, que en lugar de olvidar recuerda la matanza de 200 mapuches cuyos cuerpos fueron incinerados en 1859 en lo que hoy es el centro de la ciudad, y empuja por los derechos actuales de los pueblos originarios; muralistas que intervienen Bahía para que no dejemos de ver; la Comisión de Apoyo a los Juicios (y al cierre de esta edición se confirma que el 26 de junio empieza un segundo tramo del juicio al Ejército, con 10 imputados); músicos que se sindicalizan; sindicatos que no se resignan; la pelea de los vecinos de General Cerri por recuperar el abandonado frigorífico de la CAP e inventar salidas a la desocupación; la gente de Ingeniero White que reclama no seguir siendo carne de uno de los polos más contaminantes del país; Aukan, la Asamblea Ambiental del Sur, que reúne a vecinos, trabajadores, profesionales y organizaciones que están logrando frenar el dragado de la ría bahiense que rompería el ecosistema, y que en un afiche escribieron algo que, después del agujero negro, resulta aire puro: “Para fomentar el protagonismo popular y el pensamiento crítico frente a los graves problemas del actual modelo productivo”.
La Nueva Provincia advirtió siempre que la batalla era cultural, como si del otro lado hubiera un grupo político o ideológico, en lucha por domar cabezas. Error: Bahía Blanca muestra cabezas y corazones que no parecen querer ser domesticados, ni que les escriban su destino. Esa es la batalla que perdió la vieja provincia. Lo que se está gestando, tal vez como una tendencia, no es tanto histórico, jurídico o ideológico, sino algo más importante: cómo ser, cómo vivir, y en qué consiste la libertad.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
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