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La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones

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¿La dictadura fue sólo militar? ¿O cívico-militar? ¿Qué rol cumplieron los civiles para que el genocidio pudiese ser llevado a cabo? ¿Y los medios? Algo de eso estará en debate este 18 de marzo cuando declare ante la Cámara Federal de Bahía Blanca Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
Massot concurrirá como testigo – y no como imputado- a un juicio en el que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani buscan acusarlo por el rol que cumplió el diario en el esquema represivo ilegal aplicado por los militares, y en particular por el asesinato de dos obreros gráficos del diario: Enrique Heinrich y Miguel Loyola. La historia de sus muertes y el papel del diario en la dictadura fueron contadas en la MU N° 66: https://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/

La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani


Un “valioso auxiliar”
La investigación de la fiscalía se desprende de la condena a represores bahienses en 2012: el Tribunal Oral ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. Entre los fundamentos de esta orden se planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Las maniobras que elaboraron la operación, define el Tribunal, fueron la “desinformación” y la llamada “propaganda negra”, es decir, la mentira como estrategia de la propaganda.
Un ejemplo que vale para graficar las conexiones de LNP con el terrorismo de estado es la declaración del general Adel Vilas en 1987 frente a la Cámara Federal de La Plata – quien encabezara la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía- en la que define al diario como “un valioso auxiliar de la conducción”.
Los responsables de la publicación eran por entonces Diana Julio de Massot, sus hijos Federico y Vicente, y el jefe de redacción Mario Gabrielli. Sólo ha sobrevivido Vicente Masot de ese grupo. El diario tenía además fotógrafos (como Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia.
Las imputaciones
Massot está imputado por formar parte de lo que el fiscal José Nebbia llama el “núcleo decisional” de LNP en aquellos años oscuros. Según la presentación que realizó junto a Miguel Palazzani, los grados de responsabilidad, explica a lavaca, son tres:

  • “Primero, haber sido parte de un plan criminal y haber cumplido un rol que está reglamentado en los estatutos del Ejército y la Armada, que tiene que ver con la función de los medios y la propaganda”.
  • “Y cómo se manifiesta eso en el segundo plano: por ejemplo los encubrimientos de los operativos de la dictadura, que los hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”.
  • “Por último los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola”.

La imputación define a Massot como coautor del homicidio de los dos obreros gráficos (“instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”) y por haber realizado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Qué hizo la justicia
Sin embargo, el juez federal subrogante Santiago Martínez descartó de plano el pedido de indagatoria ante estas imputaciones, considerando que las pruebas no eran suficientes. Por eso es que la Cámara lo cita en carácter de testigo (haciendo uso de la opción de “presentación espontánea” como colaborador de la justicia) y quien deberá tomarle declaración será otro magistrado, Álvaro Sebastián Coleffi, aunque se aclara que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigna forma de indagatoria”. Es decir que el desenlace de la jornada es incierto: Massot puede abstenerse de declarar, desarrollar un monólogo de su versión, o el joven juez subrogante Álvaro Sebastián Coleffi (“del cual no tenemos muchas referencias”, dice el periodista Mauro Llaneza) habilitar la interpelación de los fiscales y hasta llevarlo detenido. “Es muy difícil pensar hoy ver a Massot tras las rejas”, interpreta Llaneza, quien cubrió los juicios a los genocidas bahienses a través de FM De la Calle, radio comunitaria que este año cumple 25. “La Nueva Provincia sigue siendo un engranaje más de toda esta red de complicidades”. Por esto, sin dejar de resaltar lo histórico de ver a un civil respondiendo por crímenes de estado, define su escepticismo de la siguiente manera: “Ver para creer”.
La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones
El comienzo del fin
La lupa sobre Massot busca ser el primer paso hacia la búsqueda y determinación de otros responsables civiles. “Arrancamos con el dueño, pero también hay periodistas, fotógrafos y otra gente que colaboró”, dice Nebbia. Mauro Llaneza amplía el panorama: “Es importante también para sentar antecedentes como en el caso de Blaquier, Papel Prensa y otros juicios que se investigan responsabilidades civiles”.
Desde el martes, FM De la calle transmitirá en vivo desde la puerta del juzgado. “Es una jornada de valor histórico sobre todo para legitimar y acompañar el reclamo de los sobrevivientes”, dice Llaneza.
Se podrá seguir la transmisión en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com/ o la página www.enesoestamos.com.ar.
A continuación reproducimos la nota completa de MU:
El dictadiario
Dos fiscales pidieron el procesamiento de los directivos de La Nueva Provincia, acusado de promover el asesinato de dos obreros gráficos. Se lo considera parte del plan criminal que azotó a esa ciudad durante la dictadura, y herramienta de acción psicológica para sembrar el terror. Las delaciones, la “propaganda negra”, las persecuciones, las mentiras, y cómo actuaron en la práctica los que tantas veces dicen defender la “libertad de expresión”.
“Cagones” era la palabra que Federico Massot usaba para definir a parte de la cúpula militar en plena dictadura. Tras la muerte de Jorge Videla, se sospecha en Bahía Blanca que el diagnóstico fue visionario. Federico y su hermano Vicente eran asistentes de su madre, Diana Julio de Massot, en la dirección de La Nueva Provincia, el primer multimedio del país (el diario, LU2 y Canal 9) que ejerció durante décadas un virtual monopolio informativo en Bahía Blanca. La empresa no sólo alentó el golpismo y el exterminio motorizados por los militares, sino que exigió el abandono castrense de la “mentalidad legalista”, marcó los blancos que requerían ser atacados en el ámbito gremial, educativo, religioso y social, falsificó noticias sobre enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, glorificó a los represores más eficientes, y promovió la delación masiva.
Hoy Bahía Blanca, 300.000 habitantes,intentaemerger del agujero negrode su propia historia con movilización social, juicios asombrosos, y acciones judiciales que buscan determinar en qué medida un medio como La Nueva Provinciano sólo acompañó, sino que fue parte del plan criminal que provocó al menos 240 muertes y desapariciones mientras el diario titulaba algo que no se refería a desechos sino a personas: “Limpiar la Ciudad: Consigna Para la Ciudadanía Responsable”.
La sorpresa
“Nadie se la esperaba” reconoce Mauro Llaneza, de la radio comunitaria FM De la Calle. El año pasado se produjo en Bahía la primerasentencia de los juicios a militares del Ejército, con 17 condenas, 14 de ellas a prisión perpetua: la mayor cantidad en una sola causa, hasta ahora.
Lo que nadie esperaba era que el Tribunal Oral formado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, ordenase además continuar investigando la posible responsabilidad de sectores civiles. Por ejemplo:

  • El capellán de Ejército Aldo Vara, visto en el centro de detención y torturas La Escuelita y en el Batallón 181 del V Cuerpo de Ejército quien confesó en 1999 en los Juicios por la Verdad que visitaba el lugar y que incluso vio las marcas de torturas que le mostraron algunos de los secuestrados.
  • Integrantes del poder judicial como el juez Guillermo Madueño (ya fallecido) y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti, a quienes se denunció porque visitaban los centros clandestinos y tomaban declaraciones a personas secuestradas por los militares.
  • La Nueva Provincia.

El juicio en el que declararon 400 testigos duró casi un año y medio, y el tribunal fue integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos debieron ser recusados por sus relaciones con el clan militar. A eso se refirió el fiscal Abel Córdoba durante su alegato al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo”.
Mauro Llaneza y Gabriel Cena forman parte de otro entramado: son los dos periodistas que más cercana y cotidianamente cubrieron el juicio a través de FM De la Calle, radio comunitaria nacida en 1989 con la consigna “hartos ya de tanto monopolio”. Hoy explican: “La propia lógica de la sentencia fue llevando a los jueces a plantear que había cuestiones que quedaban abiertas más allá de las condenas a militares, y que había que seguir investigando”.
La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones
Propaganda negra
Para fundamentar la orden de que los jueces de primera instancia investiguen a La Nueva Provincia el Tribunal Oral planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo se logró eso? Degradando seriamente a la verdad, dicen los jueces, a través de dos mecanismos: la desinformación y la llamada “propaganda negra”. La propaganda negra, según el Reglamento reservado de Acción Sicológica RC-5-1 del Ejército,presentado como prueba en el juicio, es “la que pretende aparecer como originada en una fuente que no es verdadera”.
O sea: la mentira como estrategia de la propaganda, que es definida por el RC-5-1 del siguiente modo: “Principal procedimiento de Acción Sicológica. Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores”.
Esto se hace a través de “comunicadores llave” y medios de comunicación que tienen un público. Al público, los militares lo definían como el “blanco de la acción psicológica”. El RC-5-1 es un manual reservado de 200 páginas impreso en 1968 en el Instituto Geográfico Militar. Se conoció en 2005, presentado en diversos juicios por abogados de militares para liberar a sus defendidos de culpa, planteando que obedecían órdenes. No lo lograron: los manuales secretos militares no justifican crímenes ni están por encima de la Constitución.
Franchising
La Nueva Provincia fue “un valioso auxiliar de la conducción” había reconocido Acdel Vilas, el general que encabezó la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía Blanca. Había llegado a Bahía con el franchising de sus carnicerías previas en el Operativo Independencia de Tucumán, donde había instalado entre otras cosas el primer centro clandestino de detención y torturas del país, en Famaillá, bautizado también La Escuelita.
La declaración de Vilas sobre Bahía Blanca–incorporada al juicio- había sido efectuada en 1987, antes de la Ley de Obediencia Debida, frente a la Cámara Federal bahiense y el fiscal Hugo Cañón. Habló durante 13 jornadas seguidas, pidió ser relevado del secreto militar, presentó documentos como el Plan del Ejército, otro manual de represión y acción sicológica que planteaba como blancos específicos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles universitarias y secundarias, y al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, responsables del caos, según el texto.
En aquella declaración Vilas reconoció que se falsificaban enfrentamientos a través del diario, planteando que se hacía para “confundir al enemigo”. Se llegó a teatralizar situaciones haciendo pasar por muertos a soldados y sacándolos tapados en camillas para las fotos o plantando cadáveres en lugares como La Cueva de los Leones, que La Nueva Provincia reproducía luego como “combates”.
El diario tenía además fotógrafos (Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia. La relación de la empresa con los militares fue floridamente comentada por el marino Adolfo Scilingo (quien confesó su participación en los vuelos de la muerte) en su libro Por siempre nunca más. Allí se narra la opinión del señor Massot sobre ciertos militares, y que señora de Massot tenia reuniones nocturnas con el vicealmierante Luis María Mendía para coordinar ideas y acciones.
Delátelo usted mismo
¿Cuál puede ser el efecto de vivir bajo un monopolio informativo? La Nueva Provincia despertaba cada día a Bahía Blanca con un mensaje de apocalipsis: disolución, guerra, mártires militares, asesinos subversivos, dios, patria, tradición, sangre, amenazas, propaganda de las dictaduras: “El Centinela De Occidente no ha Muerto” (sobre la muerte de Francisco Franco”; “Caudillo y Estadista” (sobre Augusto Pinochet).
Pero la esencia de las cosas se percibe mejor en los detalles que en la sobredosis de editoriales. Un aviso permanente en las páginas del diario advertía:
“COLABORE-ESTE ALERTA
Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada
LLAME AL TEL. 31627. Contribuya a la lucha contra la subversión.
Comando V Cuerpo de Ejército”
La misma incitación a la delación se escuchaba por la radio, y se emitía como un menaje perpetuo en la pantalla del canal de La Nueva Provincia.
Otro mensaje: “Todos los ciudadanos tienen la obligación de armarse en defensa de las Patria. Sus armas son los ojos, los oídos y la intuición. La lucha no es sólo militar; es de todos los que desean una Patria próspera y con futuro”.
Y otro: “¡Ciudadano! Asuma sus obligaciones de soldado reservista; ¡ciudadana! Defienda desde su hogar la Paz que usted y su familia merece, colaborando con las fuerzas que combaten a la delincuencia apátrida y venal”.
Siempre se acompañaban los teléfonos a los cuales llamar.
El efecto fue un aluvión de denuncias falsas, paranoicas o malintencionadas: patrones que querían sacarse empleados de encima, cornudos rencorosos, patriotas con delirium tremens, venganzas personales, etc. El propio general Vilas confesó que tuvo que crear un comité de evaluación para no seguirle el ritmo a ese sistema de delación infinita, que no se sabe cuántas víctimas habrá provocado.
Lo hizo para evitar perder eficiencia represiva, y no por moderación: testigos como Rubén Bustos revelaron en el juicio de 2012 que vieron a Vilas en La Escuelita bahiense, gritando nervioso cuando percibía cierta inoperancia de sus subalternos: “¡Quiero cadáveres!”.
Entre los casos más notorios durante su gestión en el V Cuerpo se encuentra el secuestro del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y del diputado Abel Amaya, ambos defensores de presos políticos (los asesinados en Trelew, por ejemplo) y sindicalistas. Solari vivió para denunciarlo. Amaya murió en 1976 como consecuencia de las torturas.
Tercer sexo

Vilas fue desplazado de Bahía Blanca a fines de 1976. Visitó el diario, como siempre. “Una Despedida que no Quiso Ser un Adiós” tituló La Nueva Provincia con su tradicional desparramo de mayúsculas. Cuestionaba sutilmente la salida de Vilas, que era parte de las internas y roscas militares de la época, y terminaba con un “hasta pronto soldado…”.

Vilas zafó de ser condenado por sus crímenes en los 80 por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. En los 90 fue indultado por Carlos Menem. El secretario de Asuntos Militares de Menem era un viejo conocido de Vilas, uno de los que motivó su visita al diario al irse de Bahía Blanca, y probable autor del artículo: Vicente Massot.
Massot era uno de los directivos del diario, pero además ejercía como secretario de redacción de Cabildo, revista ultraderechista, aunque tal vez el adjetivo le quede corto. En el blog Bahía Gris, se rescata uno de los editoriales escritos por Massot en Cabildo, sobre el diario francés Le Monde: “Blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas (…). Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas”.
Lo que sigue en debate es hasta dónde llegó la preferencia de Massot por las botas. Durante el menemismo, justificó el uso de la tortura y planteó el ascenso de los integrantes de los Grupos de Tareas de la ESMA Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías (Menem terminó desplazando a Massot; solía desconfiar de los que eran más menemistas que él mismo).
Massot declaró en 2012 al diario zonal La Nación, acerca de la violencia: “Todos la reivindicábamos”. Otra definición: “El ser humano es peligroso”.
Pedido de detención
La sentencia del Tribunal Oral planteando investigar las responsabilidades civiles fue asumida en mayo de este año por dos fiscales, Miguel Ángel Palazzini y José Nebbia. Tras la lectura acaso estoica de más de 500 editoriales y notas del diario, solicitaron al juez Santiago Ulpiano Martìnez la detención e indagatoria del actual director, Vicente Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli.
Rodeados de expedientes, los fiscales contaron a Mu el saldo de su trabajo entre arqueológico y detectivesco. Tres definiciones:

  • “El diario fue la usina ideológica del terrorismo de Estado en la ciudad. Cumplió un rol fundamental de acción psicológica en términos de los reglamentos militares. Los editoriales y artículos reflejan exactamente toda la estrategia militar de exterminio, y hasta marcan hacia dónde apuntar los operativos de represión. Acusamos a Massot y Gabrielli de haber participado en la organización, dirección y control de la asociación ilícita y de haber participado de forma directa y personal en la ejecución de los operativos de acción psicológica”.
  • “No es una discusión sobre libertad de expresión sino sobre una actividad concreta en la comisión de los peores delitos, los de lesa humanidad. La libertad de expresión fue brutalmente vulnerada por el diario”.
  • “La dictadura no fue solo militar. El plan fue diseñado por civiles y ejecutado por militares. La idea era imponer una reorganización de las relaciones sociales y un modelo que tenía como base un plan económico que necesitaba instalar el terror para lograr el control y el silencio de la sociedad. La acción psicológica se usó para formatear la subjetividad a medida del plan criminal”.

Los fiscales agregan algo más: “Consideramos que los máximos exponentes del diario tuvieron una participación en la instigación, la concreción material y el encubrimiento de los homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola”.
Dos obreros
El caso de los trabajadores de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Àngel Loyola está incluido en la llamada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a 9 integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano.
Heinrich y Loyola eran directivos del Sindicato de Artes Gráficas y delegados del diario junto a Jorge Molina. Jorge me cuenta: “Hubo conflicto durante 1975 porque descubrimos que estábamos a años luz de los sueldos de otros diarios de tirada similar como Los Andes de Mendoza o La Capital de Rosario. Pero no estábamos en una militancia política, lo nuestro era el reclamo salarial”. Ya en septiembre de 1975, recuerdan los fiscales, la directora del diario denunció la “acción disociadora” de Heinrich y Loyola, “cuyos fueros pareciera hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. En cartas al Ministerio de Trabajo la empresa denunciaba “fines inconfesos”, “perturbación tendenciosa” y varios etcéteras, dedicados especialmente a Heinrich y Loyola.
Molina: “En 1976 fue el golpe y Diana Julio con Vicente Massot recorrieron el diario con una bandera argentina diciendo: ‘a ver si hacen paro ahora’ y ‘vayan a reclamarle al sindicato’. En realidad el conflicto ya se había diluido a fines del 75. A Federico Massot yo le preguntaba: ‘¿Decidieron algo de los aumentos?’ Y me contestaba: ‘Lo tengo que consultar con mamá’”.
Pero paralelamente la Prefectura realizó un trabajo de inteligencia (Memorándum 8687, del 22 de marzo de 1976) considerando a la empresa el “único medio real de difusión” de Bahía Blanca”. Se denuncia allí la infiltración marxista, peronista y tercermundista, explica que el diario notificó a los comandos militares quiénes eran los responsables del “sabotaje” y establece cuál es el “personal A SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL”. Los principales nombres de la lista eran Heinrich y Loyola. Molina era el tercero.
El 30 de junio ocurrió el secuestro. Molina me cuenta que Heinrich tenía cinco hijos: “Él, la mujer y los chicos dormían en la misma habitación. Era un gremialista que no sacaba nada de su cargo, gente muy humilde”. Cuando aparecieron los militares, lo único que pidió Heinrich fue que no le pegaran delante de los hijos. Se lo llevaron.
La mujer de Loyola estaba embarazada. “Era mucama de un hotel” informa Molina. Los militares esperaron a Miguel Ángel en su pequeña casa. Cuando llegó, inyectaron somníferos a los siete familiares que estaban allí, y lo secuestraron.
Los cuerpos de Heinrich y Loyola fueron tirados en el paraje La cueva de los Leones, atados, golpeados, torturados y perforados por 54 balazos en total. El caso mereció 25 líneas el 6 de julio: “Son Investigados Dos Homicidios”. Y un dato: “Ambos se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Ese mismo día el título del editorial fue: “La Moderación con el Enemigo No es un Síntoma de Cordura”. Texto: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’”, para intervenir en “la más sucia de las guerras, artera, asesina y no convencional” que “sólo se cortará de raíz cuando se resuelva combatirla en sus causas de manera frontal, tajante y sin concesiones, en todos los niveles, andariveles, estamentos y reductos”.
Trilogía: aquel mismo 6 de julio, se publicó el aviso fúnebre participando del “fallecimiento” de Heinrich. Molina recuerda algo que acaso defina a La Nueva Provincia tanto como sus editoriales: “El avisito en el diario lo fue a poner el hermano de Heinrich. Se lo tomaron, y se lo cobraron”.
Otro aporte: el blog Bahía Gris, Diego Martínez reveló lo relatado por dos periodistas locales que oyeron al general Acdel Vilas decir sobre el caso: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. Dato sobre Vilas: no pudo ser acusado de modo personal porque al derogarse las leyes de impunidad sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapaz y demente, en términos médicos. Murió en 2010. Cuatro camaradas fueron a su entierro.
Muerte en la universidad
También está pendiente la investigación por los homicidios cometidos por la Triple A, cuando aún gobernaba Isabel Perón. David “Watu” Cilleruelo (cursaba ingeniería) es el único caso argentino de un asesinato cometido en la propia universidad. El rector en la Universidad Nacional del Sur era un rumano fascista, Remus Tetu. Alberto Rodríguez, compañero de Cilleruelo: “Él iba a asumir como presidente de la Federación Universitaria. Estábamos volanteando, entró una patota, quisieron agarrarlo, él corrió hacia nosotros pero le dispararon por la espalda, en la cabeza. Se fueron en un auto del Rectorado”. Días antes La Nueva Provincia había elogiado la designación de Tetu con una propuesta higiénico-ideológica. Título: “Claustros Limpios por Dentro Y por Fuera”. Texto: “Si hay factores nocivos en la UNS que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
Curiosidades
Los fiscales presentaron el pedido de detención e indagatoria de Massot y Gabrielli, pero el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido “por el momento”, considerando que faltan elementos para poder concretarlo. Los fiscales ya apelaron. Martínez no es juez, sino secretario a cargo del juzgado, o sea “subrogante”. Lo mismo pasa con los fiscales.
Tres curiosidades:
1) El intendente oficialista que dejó su cargo para convertirse en ministro de Daniel Scioli, Cristian Breitenstein, reconoció su relación con Massot y dijo que lo ocurrido durante la dictadura fue en el marco de una “guerra (falacia militar con la que se justifican los crímenes).
2) La concejal radical Aloma Santor insinuó que el pedido de detención a Massot es “caza de brujas” y reveló que no recuerda lo que pasó en Bahía Blanca porque “era chica”. Esta señora tenía la misma edad de las víctimas que no recuerda (y hoy tiene 56). Alguien de su partido debería contarle lo que pasó con el diputado Abel Amaya, el que murió por las torturas.
3) En sentido diferente al de estos políticos se pronunció un militar. El secretario de la Armada, contralmirante Luis González Day, ratificó el apoyo a todo requerimiento judicial y destacó la “decisiva participación institucional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Blanca Bahía
Esta historia parece un agujero negro. Vidas reventadas por un poder del cual Vilas puede ser símbolo: hemorragias cerebrales más que ideas, incapacidad para lo social, demencia de la racionalidad, soledad. Videla y su imagen póstuma en el baño, aportan lo suyo. Al entierro de la señora de Massot fueron todos los popes de las empresas prensa argentinas. Pero tampoco La Nueva Provincia es lo que era. Cambiaron los actores. El canal de aire se lo quedó Telefé, y el Grupo Clarín el de cable. Ningún joven lee el diario, y todo esto huele mucho a pasado, y poco a futuro.
Pero Bahía Blanca cambió la propaganda negra. Ejemplos: los reclamos de justicia de víctimas y familiares garantizaron la realización del juicio; los hartos y hartas de tanto monopolio a través de FM De la Calle organizaron la cobertura de las audiencias y crearon un blog imprescindible: juiciobahiablanca.wordpress.com.
Pero además late en Bahía un universo de experiencias de los que esa radio es voz, oreja, aliada, causa, efecto y amiga: los corredores productivos y autogestivos; los trabajos de vivienda de Cáritas y la granja biodinámica con la que brindan trabajo a chicos y chicas de barrios marginales para que la vida sea otra cosa; los grupos que trabajan con software libre; Bahía Originaria, que en lugar de olvidar recuerda la matanza de 200 mapuches cuyos cuerpos fueron incinerados en 1859 en lo que hoy es el centro de la ciudad, y empuja por los derechos actuales de los pueblos originarios; muralistas que intervienen Bahía para que no dejemos de ver; la Comisión de Apoyo a los Juicios (y al cierre de esta edición se confirma que el 26 de junio empieza un segundo tramo del juicio al Ejército, con 10 imputados); músicos que se sindicalizan; sindicatos que no se resignan; la pelea de los vecinos de General Cerri por recuperar el abandonado frigorífico de la CAP e inventar salidas a la desocupación; la gente de Ingeniero White que reclama no seguir siendo carne de uno de los polos más contaminantes del país; Aukan, la Asamblea Ambiental del Sur, que reúne a vecinos, trabajadores, profesionales y organizaciones que están logrando frenar el dragado de la ría bahiense que rompería el ecosistema, y que en un afiche escribieron algo que, después del agujero negro, resulta aire puro: “Para fomentar el protagonismo popular y el pensamiento crítico frente a los graves problemas del actual modelo productivo”.
La Nueva Provincia advirtió siempre que la batalla era cultural, como si del otro lado hubiera un grupo político o ideológico, en lucha por domar cabezas. Error: Bahía Blanca muestra cabezas y corazones que no parecen querer ser domesticados, ni que les escriban su destino. Esa es la batalla que perdió la vieja provincia. Lo que se está gestando, tal vez como una tendencia, no es tanto histórico, jurídico o ideológico, sino algo más importante: cómo ser, cómo vivir, y en qué consiste la libertad.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

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