El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.

Por Francisco Pandolfi

La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.

Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención. 

Aviones & fracasos

Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.  

El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.

Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.

Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:

• “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”. 
• “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
• “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
• “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
• “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”. 
• ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
• “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”. 

Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”. 

Censura & deficiencias

Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”. 

Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.

Increíble, pero real.

PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social. 

Después de la ley, tampoco. 

¿Quién cumple la ley?

Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”. 

Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.

Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.

Saqueo y movilización

Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva: 

1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental. 

3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional. 

Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”. 

Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular. 

Esto recién comienza.

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

• “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
• “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
• El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Residentes del Hospital Garrahan encabezaron ayer una marcha de velas alrededor del Obelisco y mañana marcharán junto a jubilados para seguir visibilizando un conflicto que crece: por los salarios, por la fuga de especialistas, por la campaña de difamación que buscar dividir a los trabajadores, por los comunicados cínicos del gobierno, y para que el 40% de los niños y niñas con cáncer del país sigan teniendo un hospital modelo en el cual atenderse. En esta nota, todo lo que representa el conflicto de un hospital símbolo de la salud pública argentina, en testimonio de médicos, enfermeros y residentes, y de un taxista que resume lo que está en juego: si somos humanos.

Por Franco Ciancaglini. Fotos de Juan Valeiro

El Hospital Garrahan —símbolo de la salud pública argentina— enfrenta una crisis que excede lo salarial: es la batalla por la dignidad de un sistema (o una sociedad) en descomposición.

Cada año, sus pasillos reciben a más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil. Sin embargo, detrás de estos números impresionantes se esconde una realidad dramática: un sistema al borde del colapso, sostenido únicamente por la dedicación de sus trabajadores.

Lo salarial es la punta del iceberg. Y la lucha actual de los residentes, la punta de la punta.

El anuncio del Gobierno -difundido por redes sociales- de que los residentes de primer año pasarían a ganar $1.3 millones contrasta brutalmente con la realidad de estos médicos en formación: «Un R1 -que ya es médico recibido ingresando a la especialización en pediatría- cobra $700 mil pesos por mes por una jornada de alrededor de 70 horas semanales” cuenta Sofía, residente de segundo año, en medio de la marcha de las antorchas frente al Obelisco. La hora de trabajo da $2.930: ¿una empanada?

Los gráficos presentados por los residentes en el Ministerio de Salud son demoledores: desde diciembre de 2023, han perdido $10 millones en poder adquisitivo. Son médicos especializados que ganan menos que un conductor de Uber, sin ofender a los conductores.

El dato no es menor: en los últimos 12 meses, la inflación acumulada fue del 236% mientras los salarios del Garrahan apenas aumentaron un 100%. «Hace siete meses -continúa Sofía-, cuando empezamos a reclamar, ya estábamos por debajo de la canasta familiar. La misma fue aumentado y nuestros sueldos quedaron iguales”. Arrastrada en el tiempo, hoy la brecha es abismal.

Mora, médica residente de 2do año de pediatría del Garrahan, recuerda que el reclamo de las y los residentes comenzó en abril del año pasado, 2024. Y que en julio, el entonces ministro de Salud Mario Russo prometió un bono no remunerativo del 28%, que nunca se efectivizó.  En el medio, Russo fue eyectado de su cargo y vino la bestia de Mario Lugones, que fue recientemente imputado por intentar desplazar a la Comisión Directiva del Hospital, entre otras maniobras sucias (en el Garrahan, en el Bonaparte y en toda la salud pública nacional).

Lugones, claro está, jamás recogió el guante del prometido aumento a los residentes. Y en mayo de este año estos jóvenes, después de todo este tiempo de no haber tenido una comunicación efectiva con el Ministerio de Salud, decidieron volver a parar. “Fuimos recibidos recién el jueves pasado, donde se nos pidió que bajemos las medidas sin ninguna propuesta a esta situación desesperante”, cuenta Mora. “En ese contexto votamos en asamblea continuar con las medidas, también teniendo en cuenta este antecedente de una promesa incumplida. Lo que se le plantea al Ministerio es: estamos dispuestos a desescalar las medidas, pero con una propuesta formal”.

La única propuesta fue informal a través de ese tweet en la página del Garrahan y en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, pero sin ninguna comunicación formal hacia residentes. Mora: “Hasta el día de hoy (por ayer) a las 15 donde hubo una reunión: nos ofrecieron un bono no remunerativo de 300 mil pesos. Las decisiones las tomamos en asambleas, así que todavía faltaría esa instancia para tomar una decisión. Pero no es el pedido que estamos haciendo”.

Los residentes calculan en cambio que, su sueldo de hambre proyectado contra la inflación, deberían estar ganando 2.2M.

Mora enmarca el reclamo residente dentro de un reclamo más amplio, que es parte del reclamo de médicos de planta, becarios y administrativos: “Ellos están en el hospital y tienen años y años de formación y experiencia y que también tienen sueldos paupérrimos: la problemática con el recurso humano es generalizada en el Hospital”.

Lo que no se arregla con plata

El anuncio por redes sociales de aumentos selectivos para residentes deja afuera al 90% del personal —médicos, enfermeros, técnicos, camilleros—, que sobrevive desde el gobierno anterior con sueldos muy por debajo de la canasta familiar ($1.7M).

Este ahogo salarial sostenido desata una sangría silenciosa de profesionales que fue y va dejando al Garrahan sin su mayor virtud: las personas, los especialistas. Analiza Pablo Puccar, médico de planta: “El Garrahan ocupa un lugar central en la salud pública argentina, los políticos siempre lo entendieron. Nunca nos pagaron lo que merecíamos, pero nos mantuvieron ahí: «No te pago mejor que el privado, mejor que el público, ni lo que valés, pero te quedás«. Y nos quedamos”.

Esto ya no ocurre. “El personal altamente especializado comenzó a decir: «Con este sueldo no me alcanza», la gente empezó a buscar otros trabajos o segundos empleos. Y si algo caracterizó siempre al Garrahan fue la dedicación extrahospitalaria: «Me voy a casa y preparo este protocolo». «Vamos a complejizar más la sala de internación, ver cómo hacemos para que estos pacientes salgan de terapia intensiva». Eso genera mucho más trabajo y formación adicional”.

Un ejemplo reciente y conmovedor: “Hace poco lanzamos un protocolo para que 450 niños que iban a morir en el hospital pudieran ser enviados a sus casas”.  

Puccar: “Eso es el Garrahan: pensar en cómo mejorar la salud, en la patología oncológica del país. Nosotros debemos hacer que los tratamientos sean más efectivos, que los postoperatorios sean mejores, que los efectos adversos disminuyan. Desarrollas protocolos, estudios, porque tienes experiencia, muchos pacientes y profesionales top en el tema”.

Un dato reciente y conmovedor: “Según el Renaper, el Garrahan redujo entre un 7% y un 10% la mortalidad por cáncer infantil en el país. Es una cifra enorme. Y eso puede extrapolarse a muchas otras patologías”.

Puccar sigue: “Mi jefa desarrolló sus protocolos, los mejoró, me los transmitió a mí. Incorporamos psicólogos, kinesiólogos, con niveles de especialización increíbles: expertos en uso de respiradores, un paliativista especializado, una kinesióloga enfocada en eso, una psicóloga, médicos… Ahora me toca formar a la siguiente generación. Y eso es lo que se está cortando hoy: que la endoscopista se haya ido a trabajar al Hospital Italiano. Se rompió una cadena de 36 años, y no se recupera con dinero. Si esa cadena se rompe cinco años más, no habrá plata que la restaure. La gente que se fue perdió continuidad en su aprendizaje. Que un cirujano se vuelva experto en una técnica requiere 500 cirugías, lo que puede llevar una década. En el Garrahan, al tener alto volumen, están los mayores expertos. Si uno se va, tardarás otros diez años en reemplazarlo”.

Eso es lo que está en juego: el futuro.

Una historia de lucha

«Estoy cansada, cansada de volver a explicar lo obvio», arranca Mercedes «Meche» Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan. Su voz tiene ese tono de quien ha visto demasiado, pero sigue apostando a la lucha.

Lo primero que hace es incluir también el reclamo del personal administrativo, ahora tildado de “ñoqui” con el gobierno. Y se retrotrae al gran conflicto del 2005, cuando los medios ocultaron el rol de los médicos en el conflicto. “En 2005 nos golpearon fuerte, porque no se hablaba del reclamo de los médicos, como si el trabajo de un administrativo no fuera igual de importante que el de un enfermero. Ahora es la misma operación: si el reclamo es de todos, lo fraccionan».

¿Cómo interpretás lo de «ñoquis»?
Tiraron el tema de los administrativos queriendo mostrar que el dinero que se llevan ellos es el que falta para los médicos. Si hubiera ñoquis, hace un año y medio que los tendrían que haber detectado. Pero no: estamos todos bajo sospecha. Cumplimos siete horas en un hospital que debería considerarse insalubre: trabajamos con la enfermedad de niños, con su muerte, con el sufrimiento constante. A pesar de eso, trabajamos más y ganamos menos. Si hubiera ñoquis, el poder tiene todos los mecanismos para encontrarlos. Y cuando entraron ñoquis a organismos públicos, siempre fue por arreglos burocráticos. UPCN firmó un aumento del 1%: esos son los ñoquis.

Meche habla mientras camina por los pasillos del hospital, esos mismos pasillos que en 2005 estaban infestados de ratas, cuando el entonces ministro Ginés González García los tildó de «terroristas sanitarios» por hacer paro. «Con Néstor nos llevaron a juicio oral. Con Menem nos hicieron percha. Estos son distintos: quieren que notes su crueldad. La lógica de ‘si tu hijo es discapacitado, el Estado no tiene la culpa’ es nueva», señala Meche. «Antes te hacían mierda pero con sonrisa progre. Ahora te hablan desde un comunicado colgado en Twitter que parece escrito por el Gordo Dan».

Puccar, también de mirada larga, coincide en la coyuntura: «El matiz de este conflicto es el interlocutor que tenemos enfrente», reflexiona. «Antes, aunque no les gustara poner plata en salud, había un piso ético. Ahora corren ese límite hasta donde vos no llegás: ¿Que se muera un pibe? Que se muera».

Puccar lo confirma con un ejemplo reciente: «El año pasado dijimos: ‘Si no nos aumentan, cerramos la guardia’. Y nos respondieron: ‘Ciérrenla’. Duplicamos la apuesta y fuimos nosotros los que aflojamos». Aclaración: «aflojar» significó que el Hospítal sugiera funcionando, salvando vidas de niñas y niños, a costa de las propias vidas de los médicos.

Puccar no es optimista: “Creo que la única herramienta para que esto termine es que la sociedad retire su apoyo drásticamente. Pero al ver los resultados electorales, me pregunto si a la sociedad le importa. ¿Le importa que el Garrahan se destruya? Nos reconocen como excelencia, como referencia, se llenan la boca hablando de nosotros, algunos hasta con orgullo. Pero si mañana cerrás el Garrahan, siento que vamos a estar nosotros y todos los pacientes y familias, y el resto cambia de canal”.

Suena fuerte, pero parece real viendo todos los miércoles a un puñado de jubilados frente a un ejército de policías. ¿La vida, un show? El médico Puccar: “Ahí es donde se equivocan. Se lo digo a mi familia: «Cuando vas a Swiss Medical, a los médicos de ahí los formamos nosotros. Sin hospitales de referencia, por más plata que tengas, no habrá buena medicina. En nuestro país, la buena medicina, como la buena educación, salió de lo público. Hoy quizás la educación privada compite, pero ¿la salud? Ningún privado puede absorber el 40% de los pacientes oncológicos del país”.

Si hay una luz de esperanza, Puccar la ve más allá de este Obelisco: “Estos días de conflicto nunca hablé con tantas provincias. Las provincias sí lo están sufriendo. Hoy hablé con Jujuy y doy los datos de las personas que vienen a atenderse de allá, y las personas se quedan, no lo pueden creer. Creo que esto impacta más en el interior que en quienes miran Argentina desde el Obelisco. Quien vive en Comodoro Rivadavia, lo siente”.

Los últimos datos sobre el caudal de pacientes que recibe el Garrahan de todo el país.

Mientras tanto, hoy 3J habrá distintas asambleas: de residentes, de enfermeros, de médicos y se espera que de todos juntos. Se espera que se analice la nueva propuesta a residentes, y también se espera que se vote profundizar medidas de fuerza. «Pelear sirve, pero no nos ilusionamos”, resume Meche. “El otro día salimos a dar una vuelta acá al Hospital y vino la policía a pechearnos”. Sofía, residente: “Estoy orgullosa de mis compañeros por cómo nos estamos organizando. Salir a la calle para visibilizar nuestra realidad fue clave. Espero que esto ayude a conseguir la recomposición salarial que necesitamos”.

Mora, residente de segundo año en Pediatría: “Nuestro mayor deseo es que la salud pública pueda continuar siendo de calidad. Y en el caso del Garrahan, para todos los niños y niñas del país, nuestro deseo es poder continuar trabajando ahí y cuidando a la comunidad, que es lo que más nos gusta hacer”.

El testimonio más conmovedor y que confirma acaso todo lo expresado en esta nota, proviene del taxista Jorge Napoli, que se acercó con su coche al Obelisco. Es uno de los integrantes de la parada de taxi del Hospital Garrahan sobre la calle Pichincha. Y dice: “Nosotros convivimos con el Hospital todo el año. Con los pacientes, con chicos con todo tipo de enfermedades, con las mamás y con los médicos. Por empezar el Hospital no cura a los chicos: los resucita. Y después viajan algunos médicos, y cuando van viajando siguen hablando por teléfono o los llaman por teléfono las mamás y los aconsejan: baja esta medicación, dale así. No paran. Creo que paran para dormir nomás, después están todo el tiempo trabajando. Y después las cosas que cuentan las mamás, de los chicos enfermos que vienen de todos lados del país: viene gente muy humilde del interior que los banca la Provincia de cada lugar, obra social, y los que no los pueden alojar está la casa del Hospital Garrahan, la Casa Garrahan. Hay que convivir y ver toda esta historia. Hay gente que no le alcanza el dinero para el taxi: se le hace precio, en muchos casos no le cobramos. Porque somos humanos, también”.

Ser humano: tal vez sea eso sea, precisamente, lo que está en juego.