Extractivismo
Glaciares: audiencia en la calle frente a la democracia derretida

Una audiencia pública espontánea y callejera resolvió hacer un encuentro en el mástil de Parque Centenario el próximo sábado a las 16, tras el comienzo de la audiencia en Diputados supuestamente destinada a tratar la reforma de la Ley de Glaciares. La reunión convocada por el oficialismo fue impugnada por distintos bloques de diputados al no ser audiencia, ni pública, ni cumplir siquiera con lo que se había planteado al permitir solo 360 intervenciones: el 0,3% de las 104.172 personas y organizaciones inscriptas para exponer. Lo que dijeron quienes pudieron hablar y lo que pasó en la calle frente a las vallas policiales que impedían el acceso al Congreso. La judicialización de la reforma, los cuestionamientos, los efectos ambientales, las 3E, y la hipótesis de una consulta popular.
Por Sergio Ciancaglini
Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org
El clásico anochecer de un día agitado se produjo este miércoles en la esquina de Riobamba y Bartolomé Mitre, donde una audiencia pública, popular y callejera formada por cientos de personas reunidas espontáneamente, instaló sillas y cortó el tránsito frente a las vallas policiales que impedían acercarse al Congreso, pero que funcionaron como paspartú para carteles en los que se leía: “La Ley de Glaciares no se toca” y “El agua vale más que el oro”.
La historia había cambiado a las 5 de la tarde, mientras continuaba la audiencia oficial presidida por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc (sic), que además habían restringido las restricciones al pasar de 5 a 4 minutos cada exposición. Pero a esa hora el médico Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (que no pudo hablar) fue uno de los que se sumó a quienes se planteaban si no sería mejor abandonar la espera frente al Congreso, y trasladarse a Riobamba y Mitre (a metros de la sede de lavaca y MU). El grupo, pequeño al principio fue creciendo con el aporte de figuras políticas como Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Leonardo Grosso, Néstor Pitrola, Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Paula Penacca, Sabrina Selva y Gabriela Estévez, que acercaron apoyo y sillas de plástico, consiguieron un megáfono y permitieron que la nueva audiencia fuera tomando cada vez más volumen, cortando el tránsito en toda la zona (en mucho menor medida que la policía, que es la que provoca el embrollo mayor de cada miércoles).

El inesperado punto de encuentro de quienes se manifestaron: Riobamba y Bartolomé Mitre, Buenos Aires, pero pensando en el país entero. Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Con carteles que planteaban que “la democracia no se censura”, esa especie de asamblea resolvió una convocatoria para el sábado 28 en el mástil de parque Centenario para seguir discutiendo acciones frente al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que ya aprobó el Senado. A punto de volverse a Rosario, Verzeñassi planteó a lavaca: “Si no pueden escuchar a la cantidad de gente que se anotó porque no se supieron organizar ante un tema tan crucial como este, lo que podría zanjar la cuestión es una consulta popular”. Proyecto difícil: los lugares en los que se realizaron consultas relacionadas con la minería como Esquel, en Chubut, y Loncopué, en Neuquén, terminaron con más del 80% de rechazo a ese tipo de andanzas.

Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Sabrina Selva, Juan Grabois, Leonardo Grosso, Lorena Pokoik, Cecilia Moreau, Fernanda Miño y Gabriela Estévez. Foto: lavaca.org
La política hipoacúsica
Desde el parlamento llegaba otra opción: la impugnación de la audiencia (planteada por Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Cámpora, Abelardo Ferrán (UxP), María Inés Zirgaran (UCR-Provincias Unidas), Adriana Serquis (Fuerza Patria-Río Negro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano (UCR), Juan Brügge (Demócrata Cristiano) y Pablo Farías (Provincias Unidas). Los legisladores plantearon que se restringió la participación ciudadana y se vulneran normas como la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú (que obliga a los países firmantes, como Argentina, a garantizar la participación pública en decisiones relativas al medio ambiente. Puede recordarse además el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias sobre proyectos que afecten sus territorios, cosa que –con la coherencia habitual– no se realizó en este caso.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Otra estrategia de quienes intentan impedir que se tumbe la Ley es la de judicializar estas modificaciones, planteando la invalidez tanto de su trámite como de sus contenidos.
En el recinto, tras casi 10.50 horas de exposiciones, Mayoraz declaró terminada la audiencia. Propuso que quienes no pudieron hablar ante los diputados “graben un video”, cuyo destino cualquiera puede imaginar entre legisladores que ya tienen definido su voto y en la sesión se dedicaron a provocar e interrumpir, o simplemente a no prestar atención. Hay casos como el del diputado Nicolás Massot quien ya declaró que votará favorablemente las modificaciones. Traducción: la “audiencia pública” (audiencia viene de oír, de escuchar) es irrelevante porque estos señores y señoras ya decidieron, sin escuchar si quiera a las personas y comunidades afectadas.
Tales actitudes explican que la gente que acudió a la convocatoria parlamentaria en la que nadie parlamentaba, haya utilizado conceptos como “parodia” o “farsa” para definirla.
Síntoma de peligro no solo para los glaciares sino también para una democracia sometida a la misma lógica inflamada y recalentada en la que se destruyen trabajo, territorios y lazos sociales, mientras no aparecen ideas para mejorar la situación.
Solo las tradicionales 3E: extractivismo, endeudamiento y especulación.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Motosierra contra los glaciares
La Ley de Glaciares 26.639 es de 2010. El Senado la modificó a fines de febrero de este año para reducir las áreas protegidas y permitir la actividad minera, a tono con las aspiraciones aceleradas del gobierno. Lo que está en juego es menos del 1% del territorio cordillerano al que las corporaciones mineras siguen acechando con llamativa facilidad para adquirir adhesiones de funcionarios y legisladores provinciales y/o nacionales.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Se buscar achicar sobre todo las zonas periglaciares: las que rodean a los glaciares o aquellas en las que hay hielo permanente. No se sabe (o sí) el efecto de la minería en esos lugares sobre las propias zonas glaciares ya afectadas por el cambio climático. Se afecta además a una de las principales fuentes de agua dulce del país, de la que dependen 7.000.000 de personas, sin contar el desastre ambiental que significaría la actividad según los cánones un tanto turbios de las compañías mineras, en un país en el que el actual presidente, en campaña, defendió a quienes contaminan y aseguró que “el agua sobra”.

Foto: lavaca.org
El proyecto aprobado por el Senado en febrero pasó a Diputados, obligado a llamar a una audiencia pública. Este miércoles fue presencial, y jueves virtual.
La respuesta rompió todos los moldes: hubo 104.172 inscriptos. Los libertarios Mayoraz y Peluc (sic), quienes presiden la comisión de Asuntos Constitucionales y la de Conservación del Medio Ambiente (sic), permitieron que haya en ambos días apenas unas 360 exposiciones.
Para el resto (103.172 personas) queda la chance de mandar videos que serán subidos al YouTube de Diputados, lo que garantizaría que nadie los escuche jamás.

El Dr. Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Foto: lavaca.org
Regresión democrática
Habló Marta Maffei, ex diputada que elaboró la Ley aprobada en 2010 (tiene 85 vitales años, y fue también, como secretaria general de CTERA, una de las inspiradoras de la Carpa Blanca en defensa de los docentes en tiempos menemistas). Contó sobre glaciares: “Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, con instituciones, con entes especializados (…) y también con las comunidades que siempre se quedan afuera, las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la Ley”.
Agregó que las modificaciones que buscan instalar “omiten rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear con esta farsa con pretensiones de audiencia pública. Es una farsa cuando solo el 0,4% de los inscriptos puede hablar y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar”.

Foto: lavaca.org
Hizo una aclaración crucial: “Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en el tiempo que corresponda. Y voy a decir por qué esta ley no es conveniente para el pueblo y no respeta absolutamente nada de la legislación vigente”.
Definición sobre la intención de modificar la Ley de Glaciares: “Definitivamente no solo es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y es regresiva en materia democrática, el pueblo afuera. Esto no es democracia de ninguna manera”.
Sobre los efectos que tendrían las actividades mineras en el agua: “En esa agua, en el agua nuestra de los glaciares, se derrite cesio, radón, estroncio, uranio, metales pesados. No se van más del agua. Esa agua queda inservible para toda la vida y para todas las vidas”.
A los diputados que le gritaban para interrumpirla los calificó como ignorantes. Y habló de la definición de Naciones Unidas: “Bancarrota hídrica porque el 75% de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, donde es insuficiente o donde está contaminada. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el colapso que van a generar para nuestro pueblo y para nuestras vidas? Por favor, Les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria. Lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más”.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Palabras y acciones
Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó como fraudulenta a la audiencia y como inconstitucional al proyecto de modificaciones: “Sepan una cosa, la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber un litigio abierto por mucho tiempo, que por cada glaciar al que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles, los cientos de miles que quedaron afuera hoy. Porque además estas generaciones y las futuras van a seguir defendiendo algo mucho más importante que los minerales para su vida, que es el agua. La ley de glaciares no necesita ni modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
Contaminación, cáncer y soberanía
Varias oradoras y oradores recordaron que “cuando se daña un glaciar no hay remediación posible. No es un bosque que se replanta, no es un río que se limpia, es agua milenaria que desaparece para siempre”.
Irina Armendáriz, de Catamarca, agregó algo de lo que se habla poco: “Nos dicen que sin minería no hay trabajo, o sin minería hay pobreza. En Catamarca tuvimos uno de proyectos más grandes del país (Bajo Alumbrera) y sabemos que para extraer minerales se utilizaron millones de litros de agua por día en una provincia donde el agua escasea. Sabemos que hubo derrames que afectaron ríos y producciones agrícolas (que fueron probados penalmente). Sabemos que la riqueza se fue y la contaminación quedó, quedó el cáncer, quedó la división del pueblo, quedó la represión. Entonces la pregunta es, ¿de qué empleo estamos hablando? ¿De qué inversiones estamos hablando cuando se debate la vida, cuando se debate el futuro del país? Esto no es solo un problema ambiental, es un problema social”.
La legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda anunció “la decisión mayoritaria” de la legislatura provincial “en cuanto a defender la actual ley de glaciares y evitar cualquier tipo de modificación que altere su alcance y su espíritu”.
Sobre la idea de soberanía: “Si dejamos el agua en manos de las empresas extranjeras, estaremos entregando la soberanía nacional. Por eso, diputados y diputadas, a todos los ciudadanos que hoy están presentes y a todos los que quedaron afuera como los miles de rionegrinos que hoy no pudieron expresarse, les digo: esta ley la parió el pueblo, y la va a defender el pueblo”.
Mientras las intervenciones continuaban, en la calle la gente se seguía juntando y fluyendo para tomar decisiones sobre cómo continuar y cómo convertir esas palabras en acciones en cada lugar del país.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Extractivismo
El tanquero británico repudiado por el gobierno fueguino se llevará el petróleo producido en su propia provincia

Con 228 metros de eslora y capacidad para transportar más de medio millón de barriles de crudo, el buque tanque VS Promise, registrado bajo pabellón del Reino Unido estuvo en la monoboya norte de la petrolera francesa TotalEnergies antes de amarrar en el puerto de Ushuaia, cosa que fue repudiada por autoridades provinciales. Pero el sitio Agenda Malvinas agrega que la nave soltó anoche amarras con destino a la misma monoboya destinada a la carga de petróleo. No hay precisiones todavía sobre si el VS Promise llegó convocado por Total o por el propio gobierno a través de su sociedad entre Terra Ignis y Velitec, para exportar el crudo de Tierra del Fuego. Si la operatoria se concreta, la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego deberá emitir el Certificado de Origen de la salida del crudo a bordo del buque británico al que han repudiado.
Por Agenda Malvinas www.agendamalvinas.com.ar
La controversia en torno al buque tanque de bandera británica VS PROMISE sumó en las últimas horas de este lunes un giro operativo decisivo. Tras permanecer unas catorce horas amarrado en el muelle comercial de Ushuaia, el petrolero soltó amarras anoche a las 21:07 y puso proa hacia aguas del Atlántico con destino directo a la monoboya marina de Río Cullen (AR RIC), en el norte de la Isla Grande.
De acuerdo a los registros en tiempo real del sistema de posicionamiento satelital (AIS) que provee Marinetraffic, la embarcación navegó por el Canal Beagle a una velocidad de 12,1 nudos, con rumbo este (096°), estimando su arribo a la terminal petrolera para este martes 25 de agosto a las 19:00 horas.
Segundo intento
La salida del petrolero desde Ushuaia hacia Cullen confirma el trasfondo operativo de su presencia en aguas fueguinas: el tanquero retornará al punto de amarre marítimo para concretar el bombeo de petróleo crudo proveniente de los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral. Una maniobra que por razones no informadas no logró concluirse durante su primera estancia frente a la costa atlántica norte, de donde había partido el pasado 13 de agosto.
El buque, registrado en la dependencia británica de la Isla de Man (IMO 9351438) y con capacidad para albergar más de 500.000 barriles de crudo en sus bodegas, se apresta a recibir el crudo extraído por el consorcio operado por la francesa TotalEnergies y conformado por Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea; cuyos activos de exploración y producción fueron absorbidos internacionalmente por la británica Harbour Energy.

La encrucijada del gobierno fueguino
El regreso del VS PROMISE a la monoboya de Cullen coloca a la administración provincial ante una contradicción insoslayable. Durante el día de ayer, el Ejecutivo fueguino emitió un comunicado institucional denunciando la presencia del buque en el muelle de Ushuaia y responsabilizando a la intervención federal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por consentir el ingreso de una bandera británica.
Sin embargo, a menos de 24 horas de ese pronunciamiento, el buque retorna al ámbito de regulación directa de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego. Conforme al marco legal vigente («Ley Corta» N.º 26.197):
1. Autorización y fiscalización de carga: El bombeo de hidrocarburos provinciales en la monoboya marina requiere la supervisión técnica y ambiental de la cartera energética provincial.
2. Certificado de Origen: El despacho aduanero y comercial para que el petrolero pueda exportar el cargamento exige de manera inexorable la rúbrica del Certificado de Origen emitido por el Estado fueguino, documento que liquida las regalías y acredita la procedencia del recurso.
El rápido paso del tanquero por Ushuaia y su inmediato retorno a las instalaciones operadas por el consorcio internacional exponen una realidad elocuente: mientras el conflicto por el pabellón británico se dirimió en el plano de las declaraciones públicas, la logística hidrocarburífera continúa su curso administrativo en el norte de la provincia sin que las autoridades locales hayan aclarado si convalidarán con su firma el despacho del crudo fueguino en un buque Ingles.
Extractivismo
Neuquén: desalojo de una comunidad mapuche y caravana provincial este sábado

La comunidad Kinxikew (Quintriqueo) de Neuquén fue desalojada por el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y la Gendarmería. El doble discurso del gobierno provincial y las mentiras durante la campaña. La Confederación Mapuche de Neuquén convocó este viernes a una reunión entre organizaciones “para pensar juntos cómo afrontar este momento de represión, con una actitud fuertemente activa”. Para el sábado, además, las comunidades Kinxikew y Melo llamaron a una caravana desde distintos puntos de la provincia hacia el territorio, para compartir un almuerzo y continuar la resistencia.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Zonal bafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén y Alejandra Bartoliche
La comunidad mapuche Kinxikew (Quintriqueo) de la provincia de Neuquén fue desalojada de su territorio este miércoles –un día antes de lo previsto por la orden judicial– mediante un operativo autorizado por el juez Francisco Bonorino y ejecutado por fuerzas provinciales y federales –el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y Gendarmería–, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.

En el predio ubicado en la zona de Paso Coihue conocida como El Pedregoso, entre los kilómetros 2082 y 2083 de la Ruta Nacional 40, también vive la comunidad mapuche Melo que se mantiene en vilo ante otro posible desalojo.
La recuperación del territorio por ambas comunidades fue en 2011 y desde el 2016 existe una orden de desalojo.
“Es una orden de desalojo de nuestro propio territorio, que ancestralmente habitaron nuestros abuelos, bisabuelos. Desde 1680 estuvo nuestra familia acá, pero antes no eran necesarios títulos de propiedad. Ni tampoco alambrados”. Amancay Quintriqueo, lonko –máxima autoridad– de la comunidad desalojada habla con indignación: le resuenan las risas y burlas de las fuerzas policiales durante el operativo. Antes de la consumación del desalojo hubo otros siete intentos de desarraigo territorial por fuerzas del Estado. Explica que el conflicto se origina porque en la década del 70 la familia Broers, de ascendencia belga, obtuvo un título de propiedad “nefasto” que “ni siquiera está inscrito en el dominio del lote hoy en disputa”.

Quintriqueo habla mientras llora y mientras denuncia que les inhibieron la señal de sus celulares para que no se comunicaseb con el exterior. Explica que hace un mes que el abogado de la comunidad no puede ver el expediente y que este desalojo fue avalado por la provincia gobernada por Rolando Figueroa.
Lo dice con impotencia, minutos después de que las fuerzas policiales cortaran las cadenas de la tranquera: “Siempre nos quisieron fuera de nuestros territorios”.

Botón de muestra
Las comunidades Quintriqueo y Melo integran la Confederación Mapuche de Neuquén, que horas después del desalojo realizó una conferencia de prensa en la puerta de la casa de gobierno provincial.
“Este aparato represivo enorme que montaron es un botón de muestra de lo que se aproxima” dijo Jorge Nawel, histórico referente de la Confederación, en las escalinatas de una Casa de Gobierno que les da la espalda.
Planteó que hay todo un listado de comunidades que ya tienen la orden de desalojo dictada y que si se animaron a esto, pronto irán por las demás.
“Hay un doble discurso del gobierno de Neuquén, donde por un lado vota en contra de los desalojos exprés en el Congreso y por el otro operativiza y presta sus fuerzas represivas para ejecutar los desalojos. No se necesitan leyes de desalojos exprés como la que quieren promover en lo que llaman ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ya las están ejecutando a favor de los intereses privados, de empresarios, de corporaciones”.

El lonko de la comunidad Melo se llama Lucas. Habla desde su territorio, que se declaró en alerta permanente. Dice que la policía sigue rondando el lugar, que no se ha retirado. Y que el gobernador Neuquén, Rolando Figueroa, les mintió a los pueblos indígenas.
«En campaña electoral dijo que iba a respaldar a las comunidades, a escuchar, a reconocer la propiedad comunitaria, pero nada eso ocurrió. Nos prometió que nos daría la personería jurídica y el registro de la comunidad, y lo que hizo fue acompañar al desalojo que es otra muestra de la revancha del Estado contra nosotros».
Los bienes naturales en peligro
Para Jorge Nawel hay una complicidad entre los gobiernos nacional y provincial para favorecer la explotación de los bienes naturales que hay dentro de las comunidades mapuche.
Amancay Quintrileo lo ejemplifica:
“Acá estamos custodiando el brazo Huemul, una de las nacientes que alimentan al Lago Nahuel Huapi. No somos dueños, no tenemos títulos, pero sí somos quienes lo resguardamos hace cinco generaciones”.

La Confederación Mapuche de Neuquén convocó este viernes a una reunión entre organizaciones: “Para pensar juntos cómo afrontar este momento de represión, con una actitud fuertemente activa”. Para el sábado, además, las comunidades Kinxikew y Melo llamaron a una caravana desde distintos puntos de la provincia hacia el territorio, para compartir un almuerzo y continuar la resistencia.
“Ellos nunca van a tener nuestro amor por el territorio, y por eso de acá no nos van a sacar” dice Amancay. “Están esperando que respondamos con violencia y no lo van a lograr, porque no somos violentos, jamás lo fuimos. Este lugar se defendió con alegría y eso le transmitimos a nuestros hijos, sin hacerle el mal a nadie. Seguiremos cuidando lo que es nuestro, porque ese fue nuestro único legado: resguardar el agua, el bosque, las montañas, siempre en pie de lucha”.

Extractivismo
Alerta mapuche: lo que sigue vigente de la “Ley de Invio…”

La Confederación Mapuche de Neuquén celebró la caída de varios capítulos de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en el Senado, a la cual uno de los senadores (José Mayans) re-definió como “Ley Invio” por los recortes que tuvo que hacer el gobierno para lograr aprobarla. Pero queda aún pendiente la sanción en Diputados, que el gobierno busca demorar tras la derrota sufrida la semana pasada. Por eso la CMN emitió este comunicado, de valor crucial por lo que revela y por el silenciamiento al cual son sometidas las comunidades originarias tanto por parte del gobierno como del llamado “sistema de medios” en general ante el ninguneo, el racismo y las usurpaciones de las cuales suelen ser víctimas. En el informe mapuche se detalla el fondo extractivista de lo que se quiere aprobar, la situación de las expropiaciones, los desalojos express (también para inquilinos urbanos), y los beneficios para terratenientes y latifundistas como parte del menú oficialista que sigue en pie, frente al cual las comunidades originarias proponen mantenerse movilizadas. Al presentarlo plantearon: “Bajaron dos capítulos de la Ley de Tierras. Fue una derrota para Milei. Pero lo que quedó sigue siendo una amenaza directa para el Pueblo Mapuche y los pueblos originarios: menos trabas para desalojar, más facilidades para privatizar. El mensaje es claro: ni desalojos ni sentencias ilegales nos sacan del territorio”.
Aquí, el breve documento completo.
SE GANÓ UNA BATALLA.
LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL AGUA SIGUE.
Se dio un enorme paso. Retirar el capítulo de la Ley de Tierras Rurales y el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego fue una derrota para el gobierno de Milei. Pero lo que quedó de la ley es igual de nocivo para la mayoría de la sociedad y especialmente para los pueblos originarios:
1. LEY DE EXPROPIACIONES: La expropiación es una de las posibles soluciones de fondo al despilfarro de tierra pública que significaron los remates que desde la conquista del desierto han vendido la tierra con las comunidades indígenas dentro. Dificultar la expropiación al punto de querer asegurar la usura de los terratenientes, es poner más palos en la rueda para dar salida a los conflictos.
2. DESALOJOS EXPRESS en jurisdicción federal.
Facilitar más aún los desalojos es una amenaza a los inquilinos, a las fábricas recuperadas, pero fundamentalmente pone en riesgo a quienes Argentina le adeuda históricamente la seguridad jurídica sobre sus tierras: el campesinado y los pueblos originarios. Que los desalojos sean la única acción estatal para los conflictos territoriales que el Estado creó en las más de 2.000 comunidades indígenas que hay en Argentina, no es más que alargar el conflicto. Los recientes casos de “comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II” en Misiones y la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas en Salta dejan un mensaje muy claro. Ni con sentencias ilegales, ni desalojos violentos van a lograr sacarnos de nuestros territorios.
3. Nuevo REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE: basta leer este capítulo para reconfirmar que es una ley solo para los grandes terratenientes y latifundios. No menciona a los pueblos originarios, ni a los campesinos. Tampoco se nombra cómo se va a garantizar la inscripción de la propiedad comunitaria indígena. Solo facilidades para seguir privatizando la tierra.
EN RESUMEN: Es una ley realizada a la medida de la Sociedad Rural, las grandes corporaciones y las empresas como las del senador Benegas Lynch, que se dedican a vender tierra a capitales extranjeros.
El esquema de negocios de Milei es profundamente extractivista: necesita de la tierra, el agua, y que cada territorio sea vaciado de población. Buscan arrasar a quienes viven en los lugares desde generaciones o tiempo inmemorial. Basta escuchar los discursos racistas en la sesión de anoche de la senadora Márquez y de la nefasta Patricia Bullrich para que no queden dudas: vienen por el Pueblo Mapuche y los pueblos originarios. Vienen por la población rural y por la población de los que ellos llaman “el interior del País”.

Si ante esta situación la pregunta que les surge es: “¿Entonces que se debería hacer?” La respuesta es corta y contundente: Suspender cualquier tipo de entrega de títulos de tierras y concesiones hasta garantizar la POSESIÓN y la PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA. Crear una ley que ordene un mecanismo claro de demarcación, registro y protección de los territorios.
Es una de las grandes deudas que tiene la Democracia.
La movilización de los afectados por esta posible Ley debe continuar para que no sea aprobada en la cámara de Diputados. A seguir organizándonos en amplia unidad, respetando la diversidad que existe en el país.
MARICIWEW MARICIWEW! Diez veces Venceremos!
Confederación Mapuche de Neuquén
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