Una audiencia pública espontánea y callejera resolvió hacer un encuentro en el mástil de Parque Centenario el próximo sábado a las 16, tras el comienzo de la audiencia en Diputados supuestamente destinada a tratar la reforma de la Ley de Glaciares. La reunión convocada por el oficialismo fue impugnada por distintos bloques de diputados al no ser audiencia, ni pública, ni cumplir siquiera con lo que se había planteado al permitir solo 360 intervenciones: el 0,3% de las 104.172 personas y organizaciones inscriptas para exponer. Lo que dijeron quienes pudieron hablar y lo que pasó en la calle frente a las vallas policiales que impedían el acceso al Congreso. La judicialización de la reforma, los cuestionamientos, los efectos ambientales, las 3E, y la hipótesis de una consulta popular.

Por Sergio Ciancaglini

Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

El clásico anochecer de un día agitado se produjo este miércoles en la esquina de Riobamba y Bartolomé Mitre, donde una audiencia pública, popular y callejera formada por cientos de personas reunidas espontáneamente, instaló sillas y cortó el tránsito frente a las vallas policiales que impedían acercarse al Congreso, pero que funcionaron como paspartú para carteles en los que se leía: “La Ley de Glaciares no se toca” y “El agua vale más que el oro”.

La historia había cambiado a las 5 de la tarde, mientras continuaba la audiencia oficial presidida por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc (sic), que además habían restringido las restricciones al pasar de 5 a 4 minutos cada exposición. Pero a esa hora el médico Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (uno de los que no pudo hablar) se planteó si no sería mejor abandonar la espera frente al Congreso, y trasladarse a Riobamba y Mitre (a metros de la sede de lavaca y MU). El grupo, pequeño al principio fue creciendo con el aporte de figuras políticas como Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Leonardo Grosso, Néstor Pitrola, Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Paula Penacca, Sabrina Selva y Gabriela Estévez, que acercaron apoyo y sillas de plástico, consiguieron un megáfono y permitieron que la nueva audiencia fuera tomando cada vez más volumen, cortando el tránsito en toda la zona (en mucho menor medida que la policía, que es la que provoca el embrollo mayor de cada miércoles).  

El inesperado punto de encuentro de quienes se manifestaron: Riobamba y Bartolomé Mitre, Buenos Aires, pero pensando en el país entero.

Con carteles que planteaban que “la democracia no se censura”, esa especie de asamblea resolvió una convocatoria para el sábado 28 en el mástil de parque Centenario para seguir discutiendo acciones frente al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que ya aprobó el Senado. A punto de volverse a Rosario, Verzeñassi planteó a lavaca: “Si no pueden escuchar a la cantidad de gente que se anotó porque no se supieron organizar ante un tema tan crucial como este, lo que podría zanjar la cuestión es una consulta popular”. Proyecto difícil: los lugares en los que se realizaron consultas relacionadas con la minería como Esquel, en Chubut, y Loncopué, en Neuquén, terminaron con más del 80% de rechazo a ese tipo de andanzas.

Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Sabrina Selva, Juan Grabois, Leonardo Grosso, Lorena Pokoik, Cecilia Moreau, Fernanda Miño y Gabriela Estévez.

La política hipoacúsica

Desde el parlamento llegaba otra opción: la impugnación de la audiencia (planteada por Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Cámpora, Abelardo Ferrán (UxP), María Inés Zirgaran (UCR-Provincias Unidas), Adriana Serquis (Fuerza Patria-Río Negro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano (UCR), Juan Brügge (Demócrata Cristiano) y Pablo Farías (Provincias Unidas). Los legisladores plantearon que se restringió la participación ciudadana y se vulneran normas como la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú (que obliga a los países firmantes, como Argentina, a garantizar la participación pública en decisiones relativas al medio ambiente. Puede recordarse además el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias sobre proyectos que afecten sus territorios, cosa que –con la coherencia habitual– no se realizó en este caso.

Otra estrategia de quienes intentan impedir que se tumbe la Ley es la de judicializar estas modificaciones, planteando la invalidez tanto de su trámite como de sus contenidos.   

En el recinto, tras casi 10.50 horas de exposiciones, Mayoraz declaró terminada la audiencia. Propuso que quienes no pudieron hablar ante los diputados “graben un video”, cuyo destino cualquiera puede imaginar entre legisladores que ya tienen definido su voto y en la sesión se dedicaron a provocar e interrumpir, o simplemente a no prestar atención. Hay casos como el del diputado Nicolás Massot quien ya declaró que votará favorablemente las modificaciones. Traducción: la “audiencia pública” (audiencia viene de oír, de escuchar) es irrelevante porque estos señores y señoras ya decidieron, sin escuchar si quiera a las personas y comunidades afectadas.

Tales actitudes explican que la gente que acudió a la convocatoria parlamentaria en la que nadie parlamentaba, haya utilizado conceptos como “parodia” o “farsa” para definirla.

Síntoma de peligro no solo para los glaciares sino también para una democracia sometida a la misma lógica inflamada y recalentada en la que se destruyen trabajo, territorios y lazos sociales, mientras no aparecen ideas para mejorar la situación.

Solo las tradicionales 3E: extractivismo, endeudamiento y especulación.

Motosierra contra los glaciares

La Ley de Glaciares 26.639 es de 2010. El Senado la modificó a fines de febrero de este año para reducir las áreas protegidas y permitir la actividad minera, a tono con las aspiraciones aceleradas del gobierno. Lo que está en juego es menos del 1% del territorio cordillerano al que las corporaciones mineras siguen acechando con llamativa facilidad para adquirir adhesiones de funcionarios y legisladores provinciales y/o nacionales.

Se buscar achicar sobre todo las zonas periglaciares: las que rodean a los glaciares o aquellas en las que hay hielo permanente. No se sabe (o sí) el efecto de la minería en esos lugares sobre las propias zonas glaciares ya afectadas por el cambio climático. Se afecta además a una de las principales fuentes de agua dulce del país, de la que dependen 7.000.000 de personas, sin contar el desastre ambiental que significaría la actividad según los cánones un tanto turbios de las compañías mineras, en un país en el que el actual presidente, en campaña, defendió a quienes contaminan y aseguró que “el agua sobra”.

El proyecto aprobado por el Senado en febrero pasó a Diputados, obligado a llamar a una audiencia pública. Este miércoles fue presencial, y jueves virtual.

La respuesta rompió todos los moldes: hubo 104.172 inscriptos. Los libertarios Mayoraz y Peluc (sic), quienes presiden la comisión de Asuntos Constitucionales y la de Conservación del Medio Ambiente (sic), permitieron que haya en ambos días apenas unas 360 exposiciones.

Para el resto (103.172 personas) queda la chance de mandar videos que serán subidos al YouTube de Diputados, lo que garantizaría que nadie los escuche jamás.

 El Dr. Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario.

Regresión democrática

Habló Marta Maffei, ex diputada que elaboró la Ley aprobada en 2010 (tiene 85 vitales años, y fue también, como secretaria general de CTERA, una de las inspiradoras de la Carpa Blanca en defensa de los docentes en tiempos menemistas). Contó sobre glaciares: “Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, con instituciones, con entes especializados (…) y también con las comunidades que siempre se quedan afuera, las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la Ley”.

Agregó que las modificaciones que buscan instalar “omiten rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear con esta farsa con pretensiones de audiencia pública. Es una farsa cuando solo el 0,4% de los inscriptos puede hablar y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar”.

Hizo una aclaración crucial: “Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en el tiempo que corresponda. Y voy a decir por qué esta ley no es conveniente para el pueblo y no respeta absolutamente nada de la legislación vigente”.

Definición sobre la intención de modificar la Ley de Glaciares: “Definitivamente no solo es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y es regresiva en materia democrática, el pueblo afuera. Esto no es democracia de ninguna manera”.

Sobre los efectos que tendrían las actividades mineras en el agua: “En esa agua, en el agua nuestra de los glaciares, se derrite cesio, radón, estroncio, uranio, metales pesados. No se van más del agua. Esa agua queda inservible para toda la vida y para todas las vidas”.

A los diputados que le gritaban para interrumpirla los calificó como ignorantes. Y habló de la definición de Naciones Unidas: “Bancarrota hídrica porque el 75% de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, donde es insuficiente o donde está contaminada. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el colapso que van a generar para nuestro pueblo y para nuestras vidas? Por favor, Les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria. Lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más”.

Palabras y acciones

Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó como fraudulenta a la audiencia y como inconstitucional al proyecto de modificaciones: “Sepan una cosa, la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber un litigio abierto por mucho tiempo, que por cada glaciar al que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles, los cientos de miles que quedaron afuera hoy. Porque además estas generaciones y las futuras van a seguir defendiendo algo mucho más importante que los minerales para su vida, que es el agua. La ley de glaciares no necesita ni modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.

Contaminación, cáncer y soberanía

Varias oradoras y oradores recordaron que “cuando se daña un glaciar no hay remediación posible. No es un bosque que se replanta, no es un río que se limpia, es agua milenaria que desaparece para siempre”.

Irina Armendáriz, de Catamarca, agregó algo de lo que se habla poco: “Nos dicen que sin minería no hay trabajo, o sin minería hay pobreza. En Catamarca tuvimos uno de proyectos más grandes del país  (Bajo Alumbrera) y sabemos que para extraer minerales se utilizaron millones de litros de agua por día en una provincia donde el agua escasea. Sabemos que hubo derrames que afectaron ríos y producciones agrícolas (que fueron probados penalmente). Sabemos que la riqueza se fue y la contaminación quedó, quedó el cáncer, quedó la división del pueblo, quedó la represión. Entonces la pregunta es, ¿de qué empleo estamos hablando? ¿De qué inversiones estamos hablando cuando se debate la vida, cuando se debate el futuro del país? Esto no es solo un problema ambiental, es un problema social”.

La legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda anunció “la decisión mayoritaria” de la legislatura provincial “en cuanto a defender la actual ley de glaciares y evitar cualquier tipo de modificación que altere su alcance y su espíritu”.

Sobre la idea de soberanía: “Si dejamos el agua en manos de las empresas extranjeras, estaremos entregando la soberanía nacional. Por eso, diputados y diputadas, a todos los ciudadanos que hoy están presentes y a todos los que quedaron afuera como los miles de rionegrinos que hoy no pudieron expresarse, les digo: esta ley la parió el pueblo, y la va a defender el pueblo”.

Mientras las intervenciones continuaban, en la calle la gente se seguía juntando y fluyendo para tomar decisiones sobre cómo continuar y cómo convertir esas palabras en acciones en cada lugar del país.