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La ley y la trampa: el caso Antena Negra

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Cómo se privatizaron las frecuencias. Los alcances de la Ley de Medios. La empresa privada que utiliza una señal de radiodifusión. El canal que reclama por un lugar en el espectro. La causa penal clave para el futuro de los medios comunitarios.

La ley y la trampa: el caso Antena Negra
La mesa se mueve cuando Martín Sande apoya un cuaderno anillado. Al abrirlo se lee: Antena Negra TV – Interferencia Señal 20 de Televisión Digital Abierta. Es la causa penal que lleva, hasta el lunes 7 de septiembre en que tomó la copia, 550 fojas. Dentro contiene un derrotero de órdenes dictadas desde la Secretaría n° 5 del Juzgado Nacional en lo Correcional Federal n° 8, que señalan a Sande como imputado por infringir un delito penal federal grave: interferir las comunicaciones de un organismo de seguridad. En verdad, Martín es sólo el representante de una Cooperativa de Trabajo que conforma el canal de televisión comunitario Antena Negra TV desde 2009. La primera foja de la causa está fechada en el mes de abril; la última acción consignada es la orden de allanamiento e incautación de equipos que la División de Delitos Federales de la Policía Federal concretó apenas cinco meses después, el viernes 4 de septiembre.
Pasada la tormenta, Antena Negra TV se convirtió en un grupo más unido de jóvenes que comparten mates y estrategias de defensa, bizcochitos y preocupaciones, que lograron reactivar la programación y la pusieron en piloto automático, mientras atienden funcionarios judiciales y medios de comunicación.

El espectro privatizado

Antena Negra venía saliendo desde marzo por la frecuencia de la señal 20 de televisión digital abierta en una maniobra que debe entenderse a la luz de la historia de los medios comunitarios de comunicación:
Las señales de televisión abierta se diferenciaron de los servicios de radiodifusión (FM/AM) a partir de la argentinización de Convenio Internacional de Nairobi (1982), un acuerdo mundial que hace referencia a los mecanismos de distribución del espectro para los servicios de telecomunicaciones. En 1986, bajo la forma de la Ley 23.478 se blanqueó en el país como el primer criterio de distribución del espectro en Argentina.
El espíritu del convenio y de la ley era que la potestad de dicha distribución quedaba en manos del Estado nacional, para garantizar el acceso democrático.
Se organizó así el uso de 69 canales libres y gratuitos, según rangos de frecuencias, y se sentaron los criterios para que personas físicas o jurídicas puedan acceder al uso de estos soportes de telecomunicaciones. Para garantizar el cumplimiento de la Ley, se acordó, era necesario reordenar el espectro radioeléctrico y para ello se debía elaborar un Plan Técnico.
Ese Plan Técnico, desde entonces, se iría pateando hacia adelante mientras otras medidas resolvieron los presentes. Por ejemplo: suspender la aplicación de Plan Nacional de Radiodifusión, que llamaba a concursos públicos para acceder a licencias de radio y televisión.
El golpe de gracia fue, en 1989, la Ley Dromi de Reforma del Estado, que modificó el inciso “C” del artículo 43 de la Ley de Radiodifusión, que ponía límites a la cantidad de licencias por radiodifusor: nacían los multimedios. Esta Ley también permitió la entrada de capitales extranjeros como licenciatarios de radiodifusión.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El canal 20

La periodista Analía Martín desarrolló dos didácticos artículos para entender cómo repercutieron las medidas en la práctica: “La Televisión Abierta posee los canales del 2 al 69. De los cuales del 13 al 69 (salvo canal 26 de Pierri, 21 de la Iglesia y 60 de la Universidad de Lomas de Zamora) fueron entregados durante los años ’90s como servicios complementarios (empresas de cable) y sistema de comunicación privada (radio taxis, ambulancias, etc.). Los canales del 14 al 20 fueron entregados a servicios de telecomunicaciones del Estado como policías y ambulancias. Esto permitió la total ocupación de la banda destinada a la TV abierta”.
Dice Martín Sande: “Esto quiere decir que aquellas empresas favorecidas por el menemismo que presionaron para impedir la aplicación de un nuevo plan técnico son las que hoy negocian una licencia de televisión a cambio de dejarle espacio para la televisión estatal. Por eso la disputa por poder hacer televisión abierta no es por la falta de espacio, como en radios en zona de conflictos, sino por el uso inconstitucional del espectro ocupado por Telefonía, Cableras, y sistemas de telecomunicaciones cerrados”.
En este punto se encuentra el meollo del litigio penal que hoy enfrenta el canal Antena Negra: la señal 20 entró en aquél generoso reparto del Estado a telecomunicaciones privadas. Primero la Policía Federal Argentina, y ahora la empresa de seguridad privada GIASA-Prosegur, pagando todos los meses a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para hacer uso de la señal.
Ley de Medios mediante, la señal en cuestión fue catalogada como frecuencia de radiodifusión, lo cual significa que se debe organizar en función de garantizar la participación de los actores de la sociedad, como garantía de libertad de expresión, y no bajo reglas mercantiles.
Por esto es que en diciembre del 2014 el Ejecutivo Nacional emitió un decreto como Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales en el que instruye a la Secretaría de Comunicaciones de Ministerio de Planificación Federal “a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas 470-512 MHz (canales 14 al 20 de la banda UHF) exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”.
El canal 20 en cuestión fue el que obtuvo mayor prioridad. La letra del Decreto 2456/2014 dice: “Las atribuciones mencionadas deben efectuarse dentro de los siguientes plazos: 1) canal 20, al momento de entrar en vigencia el presente decreto”. Para las señales 18 y 19 otorga plazos de 90 días, y para los canales restantes, 2 años.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El club de amigos

Replay: una empresa privada está usando, desde los ’90s, una frecuencia destinada a la radiodifusión. ¿Y la Ley de Medios? Según cuenta Martín, presidente de la Cooperativa Antena Negra, la señal 20 fue cedida por la AFSCA al Gobierno de la Ciudad hace 4 años, pero el municipio jamás la usó. “Ahora entendemos por qué”, razona Martín, que sigue leyendo la causa y encuentra, entre las fojas, la lista de clientes de GIASA-Prosegur que se dicen perjudicados por la interferencia de Antena Negra:

  • Aeropuertos Argentina
  • Banco COMAFI
  • Banco San Juan
  • Banco Galicia
  • Banco HSBC
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • Banco Río
  • Banco Supervielle
  • Banco Francés
  • Banco Patagonia
  • Caja de valores
  • Citibank
  • Concejo Federal de Inversiones
  • Dirección General de Fabricaciones Militares
  • Embajada de Israel
  • Itaú Buen Ayre
  • Policía Federal Argentina Tesorería Central
  • Residencia del Embajador de Arabia Saudita
  • Secretaría de Inteligencia del Estado.

A este club de amigos se le suma que el estudio de abogados que patrocina a la empresa Prosegur es el de Oscar Salvi, quien defendió al ex presidente Menem en la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, entre otras actuaciones turbias durante la dictadura militar como juez federal.
Antena Negra, sin conocer a los rivales, salió a jugar el partido: “Nosotros compramos la antena, hicimos la prueba, esperamos al 24 de marzo y lo largamos. En el contexto que estamos haciendo la prueba el AFSCA le entrega la señal a Canal 9, en un reordenamiento. A nosotros ni pelota. Y le dan 180 días a Canal 9, que nunca se movió”.
Los residuos de los ’90s, otorgamientos fallidos y un canal comunitario con ganas de aire: ¿Por qué Antena Negra no puede ser licenciatario de esa señal? “Nunca abrieron el concurso que nos corresponde a nosotros, que es la de operador licenciatario sin fines de lucro en Capital”.
Sande extiende otro documento: es una carta remitida a la AFSCA el día 16 de junio de 2015 en el que le solicitan que abra dicho concurso y refiere, punto por punto, cómo Antena Negra TV cumple los requerimientos previstos en el pliego de bases y condiciones. Culmina la carta: “Es por ello que ANTV solicita mediante esta presentación el llamado a concurso de las Frecuencias 16, 17 o 18, previstas expresamente en la Resolución N° 24/2015 para las categorías B, C, D, E, F como licenciatario operador”.
Sande: “En cambio, lo que abrió el AFSCA hasta ahora fueron 3 frecuencias enteras para gestión privada con fines de lucro”.
La discriminación se hace carne cada vez que hablan con un funcionario: “Nos dicen: ‘ustedes son de la Red Nacional de Medios Alternativos, no les vamos a dar nada’. Así, de cara a cara. ‘Con ustedes, nada’”.
Por lo menos que los dejen vivir tranquilos: “Eso es lo que te contestaban: ‘igual, no los vamos a joder’. Claro, cuando ellos manejan todo. Pero cuando por otro lado hay alguien que sí puede manejar la justicia, esa chicana que hacen empieza a tener sus consecuencias. Y ahora no saben cómo emparcharlo”.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El denunciante ilegal

La denuncia que inicia la causa penal que lleva al allanamiento de Antena Negra es radicada por Prosegur, que se declara perjudicada, junto a su club de amigos, por la interferencia del canal comunitario en sus comunicaciones del monitoreo de bancos de la zona, material sensible de ser protegido.
Lo increíble de la causa es que el denunciante es un infractor de la Ley en los términos del decreto 2456/2014, que intima a dejar la señal 20 inmediatamente como frecuencia de radiodifusión. Es como que un ocupante de una vivienda denuncie a alguien que se metió por la ventana.
Martín Sande, causa en mano, sigue estudiando cómo es que Prosegur sale ileso de todo este litigio: “El juzgado lo que hace es pedirle un informe al AFSCA y otro al AFTIC. Y dice: están diciendo cosas opuestas. Entonces los llama a declarar a todos”.
Qué contestan:
-AFSCA: “Responde básicamente que Antena Negra no es ilegal, pero no tiene ningún derecho. Y el juez le pregunta: ¿no se censaron? Sí, se censaron, acá están los papeles. ¿Ustedes conocían antena negra? Sí, sí, dice el AFSCA, pero no tiene derechos porque ni el censo ni ninguno de todos los trámites da derecho salvo la licencia. Entonces no tienen que estar ahí, dice el juez. AFSCA: no”.
-AFTIC: “¿Conocen a antena? Sí. ¿Están interfiriendo? Sí, están interfiriendo la señal de Prosegur”.
Martín repone lo que aquí se omite: “Nadie les pregunta si Prosegur es legal o no”.
Según los funcionarios de la AFSCA consultados por lavaca, ellos se desayunaron con la noticia de la causa penal el mismo día del allanamiento a Antena Negra. En la causa figura, en cambio, que tres de sus más altos funcionarios declararon en la causa en el mes de agosto.
La AFTIC, por su parte, representada por una camioneta de la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones el día del allanamiento, se definió como “operador técnico” en este litigio y respondió: “Hay una resolución interna que les da una prórroga (a Prosegur) de 2 años para poder migrar de tecnología”.
Martín se pregunta: “¿Qué jerarquía tiene una prórroga de un organismo de comunicación frente a un decreto presidencial?”.
El juez no preguntó más. Orden de allanamiento.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

Los atrevidos

Martín hojea el cuadernillo y se ríe. Leer una causa judicial puede ser un ejercicio tedioso pero a la vez sorprendente al notar cómo el Estado despliega sus recursos, su personal y su tiempo
Le pregunto qué es lo que más le llamó la atención. Dos cosas:
-“Mandaron policías de civil al canal, que se presentaron como para pedir trabajo”. Martín mira a Leila, que se ríe con él porque se acuerda de estas personas y su ilógico pedido. Muestra la foja: “Solícitese mediante oficio tareas de inteligencia en el término de 5 días corridos de forma discreta sobre el domicilio Ángel Gallardo 752”.
-“Lo otro que me llamo la atención es que a los funcionarios que nombran los conocemos y nos reunimos por esa época incluso. Les dijimos que queríamos legalizar Antena negra. Tenemos mails. Por más que ellos no hubieran declarado, su inacción política dice mucho. Este canal está desde antes de la Ley y ellos lo saben”.
Sigue: “Que no tengamos licencia nosotros es un problema, como que somos unos atrevidos, cuando el 80% de las estaciones de radiodifusión no poseen licencia efectiva alguna ¿Quién tiene la falta? Su único rol es reglamentar el uso del espectro”.
Más acá de la pelea política, la causa penal que pesa sobre Martín y que retiene los equipos de Antena Negra puede ser crucial para el futuro de los medios comunitarios no regularizados. “De acuerdo a lo que resuelva el juez va a sentar jurisprudencia. Y esa jurisprudencia va a abrir la puerta a que el 80% de las estaciones de radiodifusión, ante un conflicto, puedan ser procesadas por la justicia penal”.
O que no.

Este viernes convocan a concentrarse a las 16hs en Peru y Av. de Mayo – sede de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Telecomuniaciones (AFTIC)- en reclamo de los equipos y el cierre de la causa penal abierta contra el canal.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

Un abrazo contra la motosierra

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Un abrazo contra la motosierra

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

Un abrazo contra la motosierra

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Un abrazo contra la motosierra

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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