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Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche

Un grupo de vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.

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Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.

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En el trámite de la causa Mapuche/Benetton, el defensor público Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades reales o supuestas, de 22 personas, según confirmó a lavaca.dream.press. La mayoría de los fichados participa de la Asamblea No a la Mina de Esquel que se moviliza para frenar los proyectos mineros en la región, lo que incluyó un plebiscito en 2003 en el que el 82% de los ciudadanos se pronunciaron contra la megaminería a cielo abierto.
La gama de espiados es amplia, y abarca entre otros a docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas de televisión y radio, y miembros de la comunidad mapuche.
El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido dar a conocer por la Ley 25.520 de Inteligencia (que impide revelar datos de los espías). El fiscal Fernando Rivarola admitió sobre el fantasmal informante: “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”.
De todas formas el MPF denuncio la situación y solicitó ser liberado de esa obligación de silencio para dar a conocer quiénes están espiando a la comunidad.
Otro dato: el MPF asumió esta actitud recién al estallar el escándalo, y no en los tres meses, desde el 28 de mayo, durante los que esas fichas estuvieron en su poder. Ahora, el fiscal Rivarola ha reconocido que el hecho, “a la luz de los derechos constitucionales se presenta como vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”.

Archivo “Activistas Antimineros”

La situación empezó a explotar cuando la dio a conocer el defensor público Fernando Radziwilowski, en medio de una audiencia en la causa por “usurpación” que la multinacional Benetton (que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia). Benetton había iniciado juicio contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales. Radziwilowski defiende a los mapuche, y en la audiencia del viernes pasado planteó al juez Martín Zacchino su preocupación por el “tono persecutorio” de esos informes que encontró en el expediente, con identificaciones por actividad y militancia social y política a periodistas y vecinos de Esquel.
Explica Radziwilowski a lavaca.dream.press: “Por la causa contra los mapuches estaba buscando algunos elementos en el expediente dentro de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal cuando, el mismo día de la audiencia, veo un archivo digitalizado, un word, que decía: ‘Activistas Antimineros’”.
El doble click sobre el archivo hizo aparecer en pantalla 22 fichas con fotos y descripciones de las personas investigadas por su oposición a la minería con apreciaciones absurdas y discriminatorias en la mayoría de los casos.

La persona

Varias de las fichas corresponden a integrantes de la radio comunitaria FM Kalewche, pero la “información» anexada en todos los casos es llamativa. Por ejemplo, aparece Adolfo Alarcón, periodista de Canal 4 de Esquel, bajo la definición: “Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas». La “actividad” es la minería, las “fuerzas” son las de seguridad.
También se nombra a Humberto Kadomoto, histórico en la asamblea: «Gran activista del NO A LA MINA y crítico del gobierno». Corina Milán, docente: «Toma decisiones y se involucra en las recaudaciones y gastos de la asamblea». Ortiz Luaguita: «Docente. Baja línea del NO A LA MINA a sus alumnos». Aparecen el abogado y librero Gustavo Macayo, los periodistas Pablo Galperìn y Pablo Quintana, el empleado público Alejandro Corbeletto. Otro de los perfiles es el de Moira Millán, activista mapuche, organizadora de la primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, a quien acusan de participar en un documental financiado por una ONG opuesta a Benetton, «que hasta habrían pagado en festivales para que sea premiado y así más difundido en el mundo».
La psicosis recorre así todo el informe de ese submundo curiosamente llamado de la “inteligencia”.
Las fichas, rápidamente, se viralizaron por las redes sociales. Ante tal explosión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) habló a través de los fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori. “Confirmamos fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el MPF”, expresó Rivarola, quien agregó que la información fue aportada “espontáneamente por una persona”
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Caos y control

Las preguntas fueron obvias: ¿quién es esa “persona”? Rivarola: “No podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este año y aportó la información en formato digital y se volcó en una computadora”.
¿Por qué no se puede brindar información sobre esa “persona”? Los fiscales agregaron que el Ministerio estaba impedido por la ley de inteligencia nacional: “La persona es integrante de un organismo nacional y tiene protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que suministrado”.
El fiscal Rivarola calificó el informe como “repudiable” y “vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”. Cabe considerarlo, entre otras cosas, como violación a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de los vecinos y vecinas que no lo son, como abuso de poder, como ataque directo a los derechos humanos, como coacción, como discriminación
Aseguró el fiscal que el MPF “iniciará acciones legales correspondientes para colaborar con los vecinos afectados”. En ese sentido, ambos funcionarios, junto a la fiscal María Bottini, se presentaron este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para formalizar una denuncia por espionaje ilegal.

El agente está filmado

También habló el procurador general Jorge Miquelarena, que afirmó que pedirá que releve al MPF de mantener el secreto sobre la identidad del agente que presentó las fichas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que impone la ley 25.520”, declaró al Diario Jornada, donde agregó que la información fue copiada “desde un CD o un pen drive a la computadora de uno de los fiscales”, pero que no fue evaluada por cuestiones de tiempo. Un archivo que decía “Activistas Antimineros” no fue estudiado ni causó extrañeza a los fiscales durante tres meses.
Miquelarena sobre el agente: “Es una persona que fue más de una vez a la Fiscalía hasta que lo atendieron, y manifestó tener cierta información que podía ser de interés para la investigación, y así fue como la copia en la computadora de uno de los fiscales y se fue; esta entrevista está filmada, no tenemos absolutamente ningún problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que nos impone la ley 25.520”.
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Racismo

Pablo Galperín, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, dice a lavaca: “Los fiscales dicen que ellos no habían visto ni procesado la información. O sea, desde el 28 de mayo, esa información, que es ilegal porque viola garantías y derechos, quedó en un legajo fiscal. Y dicen que no sabían que estaba ahí. Difícil de creer”.
¿Cómo evaluar la explicación de la fiscalía? “No explicaron quién elaboró esas fichas ni para qué. Además las información es absurda: a una persona la definen como ‘hijo de chilenos’. Una mentalidad discriminatoria, racista”.

Proteger lo ilegal

Humberto Kadomoto, otro de los asabambleístas, otro de los fichados, recuerda que esa historia es larga: “En Esquel, durante 2003, hubo una serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó en consecuencia luego de nuestras denuncias. Luego, en 2014, detectamos una persona que se hacía pasar por docente. Iba siempre con las cámaras, quería colaborar en hacer un video de la asamblea. Descubrimos que no era cierto que fuera empleado provincial. De repente, desapareció”
Sobre el accionar de la fiscalía, sostiene Kadomoto: “Fue una aberración. En la conferencia no se despegaron de nada. Cometieron un error dentro de la ignorancia: dicen que recibieron una información sobre la causa, ¡pero esa información es ilegal! Y dicen que la guardaron. Es una estupidez. Como funcionarios públicos y como fiscales estaban obligados a denunciarlo: lo deberían haber hecho en el momento, el 28 de mayo, pero lo que hicieron fue proteger en la práctica a la gente que les llevó la información ilegal”.

¿Mapuches terroristas?

El marco donde se produjeron estas tareas de inteligencia es una causa que Benetton inició contra las comunidades mapuches. El 13 de marzo de este año unas treinta personas de diversos pueblos ingresaron a la estancia Leleque (una de las cuatro que la multinacional Benetton tiene en Argentina: tres en la Patagonia, una en la provincia de Buenos Aires) para iniciar una recuperación territorial de sus tierras ancestrales. No era la primera vez: en 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque enfrentó intentos de desalojos y causas judiciales tras ingresar a su territorio ancestral, derecho reconocido por leyes argentinas y tratados internacionales.
El Estado, finalmente, reconoció ese derecho en el marco de la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160). “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirmaron este año las comunidades en un comunicado, firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cuschamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP). “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.
Benetton contraatacó. La Compañía de Tierras del Sud Argentina (propiedad desde 1991 de la corporación textil nacida en Italia, que concentra casi un millón de hectáreas en toda la Patagonia) impulsó una denuncia por “usurpación” contra las comunidades, que realizaron una conferencia de prensa para explicar el conflicto. Hubo cinco imputados: los cuatro que hablaron en conferencia y una quinta persona (Martinano Jones Huala) que es quien se presentó en la causa judicial.
En abril de este año realizaron un corte de ruta a la altura de la recuperación. “La policía reprimió con armas reglamentarias y bala de plomo”, señaló a lavaca el defensor público Fernando Radziwilowski. “Se citó a todos los cinco imputados, pero al único que se notificó fehacientemente es a Martiniano”. Además de usurpación le presentaron otros cargos: hurtos, coacción agravada y daño de producción.
Radziwilowski: “El 2 de julio el juez Martín Zacchino nos notifica que declina su competencia en razón que el Ministerio Público Fiscal (a través de los mismos fiscales Rivarola, Révori y Bottini) le plantea, y él hace lugar, a que se estaba ante actos de terrorismo, por lo que traslada la causa al juzgado federal de Esquel”.
Pasando en limpio: “El MPF pidió concretamente la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuche, que tiene dos efectos: uno es adjudicar la competencia a la justicia federal, y otro es que, en caso de condena, la pena se duplica. El juzgado federal, con mucha más consistencia, explicó qué cosa es el terrorismo realmente, no compartió el criterio de Zachino, y le devolvió la causa. Pero Zachino mantuvo su criterio: la actitud mapuche es terrorismo. Entonces, como es un conflicto de competencia, lo manda a la Corte Suprema de la Nación. Así estamos en este momento”.

La ley contra los derechos

Este momento es crucial, y Radziwilowski advierte la magnitud: es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista en Chubut. “Y se aplica en una causa donde los imputados son mapuches”, subraya. El juez federal Guido Otranto, que rechazó el pedido de Zacchino, especificó que “para decidir de ese modo (previa solitud del MPF) el magistrado sostuvo que se encuentran comprometidos los intereses de la Nación, porque el reclamo territorial no sólo afecta a una porción de la Provincia de Chubut, sino que además abarca otros sectores del territorio nacional e incluso extranjero”.
Otranto entendió que los hechos imputados “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”. O sea, el juez que debería juzgar, considera que no existe el delito que el señor Zacchino sí considera que existe.
¿Cómo entender el tema? Las modificaciones a la Ley Antiterrorista fueron sancionadas en 2011 para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el argumento de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Tras las críticas de diversos organismos de derechos humanos, asociaciones civil y personalidades del derecho como el juez Raúl Zaffaroni, se incorporó un párrafo a las modificaciones que expresa que “las agravantes previstas” no se aplicarán:

“cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

Además, estableció que la competencia será exclusiva de los jueces federales, para que ese poder no recaiga sobre las justicias provinciales. En este caso, se reitera, el juzgado federal es el que plantea que no existe tal delito.
En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el expediente mapuche.

Corporaciones, medios y gente

El sábado se realizó una asamblea en Esquel para discutir próximas movilizaciones. Galperín no pierde de vista la lectura política de estos acontecimientos: “El eje o denominador común en las fichas es la participación o la cercanía de las personas al movimiento No a la Mina. Más allá del proceso, está la cuestión minera. Es tan grave y tan complejo que estamos evaluando acciones legales. En cuanto al posicionamiento público, la asamblea decidió marchar este miércoles al Ministerio Público Fiscal y ahí se va a expresar públicamente nuestra denuncia y reclamo. Si bien está la investigación por la reparación mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a las corporaciones, las mineras o los Benetton. Allí metida está la complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los colectivos y meter miedo”.
Kadomoto: “Lo fundamental está en otro lado. No nos vamos a dejar asustar por esto: salimos todos los días por los mismos lugares, los vecinos nos ven siempre. La inteligencia no me interesa tanto como las mineras: los pesados acá siempre fueron ellos, como cuando golpearon a la gente de Rawson en la Legislatura con las patotas de la Uocra. Simplemente es una cuestión más que resolveremos en una asamblea, en varias o en un montón. Pero vamos a seguir: esto nos tiene que animar a seguir. Siempre decimos que lo importante de las asambleas y marchas es ver la cantidad de chicos que hay, que se suman”. Este miércoles y el viernes la sociedad volverá a movilizarse ante una amenaza a las comunidades que acaso vaya mucho más allá de lo que ocurre en Esquel.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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