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Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche

Un grupo de vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.

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Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.

Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche
En el trámite de la causa Mapuche/Benetton, el defensor público Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades reales o supuestas, de 22 personas, según confirmó a lavaca.org. La mayoría de los fichados participa de la Asamblea No a la Mina de Esquel que se moviliza para frenar los proyectos mineros en la región, lo que incluyó un plebiscito en 2003 en el que el 82% de los ciudadanos se pronunciaron contra la megaminería a cielo abierto.
La gama de espiados es amplia, y abarca entre otros a docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas de televisión y radio, y miembros de la comunidad mapuche.
El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido dar a conocer por la Ley 25.520 de Inteligencia (que impide revelar datos de los espías). El fiscal Fernando Rivarola admitió sobre el fantasmal informante: “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”.
De todas formas el MPF denuncio la situación y solicitó ser liberado de esa obligación de silencio para dar a conocer quiénes están espiando a la comunidad.
Otro dato: el MPF asumió esta actitud recién al estallar el escándalo, y no en los tres meses, desde el 28 de mayo, durante los que esas fichas estuvieron en su poder. Ahora, el fiscal Rivarola ha reconocido que el hecho, “a la luz de los derechos constitucionales se presenta como vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”.

Archivo “Activistas Antimineros”

La situación empezó a explotar cuando la dio a conocer el defensor público Fernando Radziwilowski, en medio de una audiencia en la causa por “usurpación” que la multinacional Benetton (que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia). Benetton había iniciado juicio contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales. Radziwilowski defiende a los mapuche, y en la audiencia del viernes pasado planteó al juez Martín Zacchino su preocupación por el “tono persecutorio” de esos informes que encontró en el expediente, con identificaciones por actividad y militancia social y política a periodistas y vecinos de Esquel.
Explica Radziwilowski a lavaca.org: “Por la causa contra los mapuches estaba buscando algunos elementos en el expediente dentro de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal cuando, el mismo día de la audiencia, veo un archivo digitalizado, un word, que decía: ‘Activistas Antimineros’”.
El doble click sobre el archivo hizo aparecer en pantalla 22 fichas con fotos y descripciones de las personas investigadas por su oposición a la minería con apreciaciones absurdas y discriminatorias en la mayoría de los casos.

La persona

Varias de las fichas corresponden a integrantes de la radio comunitaria FM Kalewche, pero la “información» anexada en todos los casos es llamativa. Por ejemplo, aparece Adolfo Alarcón, periodista de Canal 4 de Esquel, bajo la definición: “Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas». La “actividad” es la minería, las “fuerzas” son las de seguridad.
También se nombra a Humberto Kadomoto, histórico en la asamblea: «Gran activista del NO A LA MINA y crítico del gobierno». Corina Milán, docente: «Toma decisiones y se involucra en las recaudaciones y gastos de la asamblea». Ortiz Luaguita: «Docente. Baja línea del NO A LA MINA a sus alumnos». Aparecen el abogado y librero Gustavo Macayo, los periodistas Pablo Galperìn y Pablo Quintana, el empleado público Alejandro Corbeletto. Otro de los perfiles es el de Moira Millán, activista mapuche, organizadora de la primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, a quien acusan de participar en un documental financiado por una ONG opuesta a Benetton, «que hasta habrían pagado en festivales para que sea premiado y así más difundido en el mundo».
La psicosis recorre así todo el informe de ese submundo curiosamente llamado de la “inteligencia”.
Las fichas, rápidamente, se viralizaron por las redes sociales. Ante tal explosión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) habló a través de los fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori. “Confirmamos fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el MPF”, expresó Rivarola, quien agregó que la información fue aportada “espontáneamente por una persona”
Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche

Caos y control

Las preguntas fueron obvias: ¿quién es esa “persona”? Rivarola: “No podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este año y aportó la información en formato digital y se volcó en una computadora”.
¿Por qué no se puede brindar información sobre esa “persona”? Los fiscales agregaron que el Ministerio estaba impedido por la ley de inteligencia nacional: “La persona es integrante de un organismo nacional y tiene protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que suministrado”.
El fiscal Rivarola calificó el informe como “repudiable” y “vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”. Cabe considerarlo, entre otras cosas, como violación a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de los vecinos y vecinas que no lo son, como abuso de poder, como ataque directo a los derechos humanos, como coacción, como discriminación
Aseguró el fiscal que el MPF “iniciará acciones legales correspondientes para colaborar con los vecinos afectados”. En ese sentido, ambos funcionarios, junto a la fiscal María Bottini, se presentaron este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para formalizar una denuncia por espionaje ilegal.

El agente está filmado

También habló el procurador general Jorge Miquelarena, que afirmó que pedirá que releve al MPF de mantener el secreto sobre la identidad del agente que presentó las fichas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que impone la ley 25.520”, declaró al Diario Jornada, donde agregó que la información fue copiada “desde un CD o un pen drive a la computadora de uno de los fiscales”, pero que no fue evaluada por cuestiones de tiempo. Un archivo que decía “Activistas Antimineros” no fue estudiado ni causó extrañeza a los fiscales durante tres meses.
Miquelarena sobre el agente: “Es una persona que fue más de una vez a la Fiscalía hasta que lo atendieron, y manifestó tener cierta información que podía ser de interés para la investigación, y así fue como la copia en la computadora de uno de los fiscales y se fue; esta entrevista está filmada, no tenemos absolutamente ningún problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que nos impone la ley 25.520”.
Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche

Racismo

Pablo Galperín, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, dice a lavaca: “Los fiscales dicen que ellos no habían visto ni procesado la información. O sea, desde el 28 de mayo, esa información, que es ilegal porque viola garantías y derechos, quedó en un legajo fiscal. Y dicen que no sabían que estaba ahí. Difícil de creer”.
¿Cómo evaluar la explicación de la fiscalía? “No explicaron quién elaboró esas fichas ni para qué. Además las información es absurda: a una persona la definen como ‘hijo de chilenos’. Una mentalidad discriminatoria, racista”.

Proteger lo ilegal

Humberto Kadomoto, otro de los asabambleístas, otro de los fichados, recuerda que esa historia es larga: “En Esquel, durante 2003, hubo una serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó en consecuencia luego de nuestras denuncias. Luego, en 2014, detectamos una persona que se hacía pasar por docente. Iba siempre con las cámaras, quería colaborar en hacer un video de la asamblea. Descubrimos que no era cierto que fuera empleado provincial. De repente, desapareció”
Sobre el accionar de la fiscalía, sostiene Kadomoto: “Fue una aberración. En la conferencia no se despegaron de nada. Cometieron un error dentro de la ignorancia: dicen que recibieron una información sobre la causa, ¡pero esa información es ilegal! Y dicen que la guardaron. Es una estupidez. Como funcionarios públicos y como fiscales estaban obligados a denunciarlo: lo deberían haber hecho en el momento, el 28 de mayo, pero lo que hicieron fue proteger en la práctica a la gente que les llevó la información ilegal”.

¿Mapuches terroristas?

El marco donde se produjeron estas tareas de inteligencia es una causa que Benetton inició contra las comunidades mapuches. El 13 de marzo de este año unas treinta personas de diversos pueblos ingresaron a la estancia Leleque (una de las cuatro que la multinacional Benetton tiene en Argentina: tres en la Patagonia, una en la provincia de Buenos Aires) para iniciar una recuperación territorial de sus tierras ancestrales. No era la primera vez: en 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque enfrentó intentos de desalojos y causas judiciales tras ingresar a su territorio ancestral, derecho reconocido por leyes argentinas y tratados internacionales.
El Estado, finalmente, reconoció ese derecho en el marco de la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160). “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirmaron este año las comunidades en un comunicado, firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cuschamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP). “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.
Benetton contraatacó. La Compañía de Tierras del Sud Argentina (propiedad desde 1991 de la corporación textil nacida en Italia, que concentra casi un millón de hectáreas en toda la Patagonia) impulsó una denuncia por “usurpación” contra las comunidades, que realizaron una conferencia de prensa para explicar el conflicto. Hubo cinco imputados: los cuatro que hablaron en conferencia y una quinta persona (Martinano Jones Huala) que es quien se presentó en la causa judicial.
En abril de este año realizaron un corte de ruta a la altura de la recuperación. “La policía reprimió con armas reglamentarias y bala de plomo”, señaló a lavaca el defensor público Fernando Radziwilowski. “Se citó a todos los cinco imputados, pero al único que se notificó fehacientemente es a Martiniano”. Además de usurpación le presentaron otros cargos: hurtos, coacción agravada y daño de producción.
Radziwilowski: “El 2 de julio el juez Martín Zacchino nos notifica que declina su competencia en razón que el Ministerio Público Fiscal (a través de los mismos fiscales Rivarola, Révori y Bottini) le plantea, y él hace lugar, a que se estaba ante actos de terrorismo, por lo que traslada la causa al juzgado federal de Esquel”.
Pasando en limpio: “El MPF pidió concretamente la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuche, que tiene dos efectos: uno es adjudicar la competencia a la justicia federal, y otro es que, en caso de condena, la pena se duplica. El juzgado federal, con mucha más consistencia, explicó qué cosa es el terrorismo realmente, no compartió el criterio de Zachino, y le devolvió la causa. Pero Zachino mantuvo su criterio: la actitud mapuche es terrorismo. Entonces, como es un conflicto de competencia, lo manda a la Corte Suprema de la Nación. Así estamos en este momento”.

La ley contra los derechos

Este momento es crucial, y Radziwilowski advierte la magnitud: es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista en Chubut. “Y se aplica en una causa donde los imputados son mapuches”, subraya. El juez federal Guido Otranto, que rechazó el pedido de Zacchino, especificó que “para decidir de ese modo (previa solitud del MPF) el magistrado sostuvo que se encuentran comprometidos los intereses de la Nación, porque el reclamo territorial no sólo afecta a una porción de la Provincia de Chubut, sino que además abarca otros sectores del territorio nacional e incluso extranjero”.
Otranto entendió que los hechos imputados “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”. O sea, el juez que debería juzgar, considera que no existe el delito que el señor Zacchino sí considera que existe.
¿Cómo entender el tema? Las modificaciones a la Ley Antiterrorista fueron sancionadas en 2011 para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el argumento de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Tras las críticas de diversos organismos de derechos humanos, asociaciones civil y personalidades del derecho como el juez Raúl Zaffaroni, se incorporó un párrafo a las modificaciones que expresa que “las agravantes previstas” no se aplicarán:

“cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

Además, estableció que la competencia será exclusiva de los jueces federales, para que ese poder no recaiga sobre las justicias provinciales. En este caso, se reitera, el juzgado federal es el que plantea que no existe tal delito.
En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el expediente mapuche.

Corporaciones, medios y gente

El sábado se realizó una asamblea en Esquel para discutir próximas movilizaciones. Galperín no pierde de vista la lectura política de estos acontecimientos: “El eje o denominador común en las fichas es la participación o la cercanía de las personas al movimiento No a la Mina. Más allá del proceso, está la cuestión minera. Es tan grave y tan complejo que estamos evaluando acciones legales. En cuanto al posicionamiento público, la asamblea decidió marchar este miércoles al Ministerio Público Fiscal y ahí se va a expresar públicamente nuestra denuncia y reclamo. Si bien está la investigación por la reparación mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a las corporaciones, las mineras o los Benetton. Allí metida está la complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los colectivos y meter miedo”.
Kadomoto: “Lo fundamental está en otro lado. No nos vamos a dejar asustar por esto: salimos todos los días por los mismos lugares, los vecinos nos ven siempre. La inteligencia no me interesa tanto como las mineras: los pesados acá siempre fueron ellos, como cuando golpearon a la gente de Rawson en la Legislatura con las patotas de la Uocra. Simplemente es una cuestión más que resolveremos en una asamblea, en varias o en un montón. Pero vamos a seguir: esto nos tiene que animar a seguir. Siempre decimos que lo importante de las asambleas y marchas es ver la cantidad de chicos que hay, que se suman”. Este miércoles y el viernes la sociedad volverá a movilizarse ante una amenaza a las comunidades que acaso vaya mucho más allá de lo que ocurre en Esquel.

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Alerta: pretenden dejar impune el femicidio de la periodista Griselda Blanco en Corrientes

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La fiscal María José Barrera Sahagun dejó abierta la puerta por la que ingresó la defensa del único imputado para solicitar un juicio abreviado y así quedar libre a pesar de haber confesado un crimen atroz cuyas imágenes conoce todo Curuzú Cuatiá ya que fueron filtradas las fotos de la escena del crimen. El caso no fue caratulado como femicidio ni la fiscal consideró que fuese un delito con un componente de violencia de género. Ahora es César Sotelo, fiscal general de Corrientes, quien tiene en su poder la impunidad o la justicia.

En otro escandaloso giro judicial, la fiscal María José Barrero Sahagún, quien debe investigar el crimen de la periodista correntina Griselda Blanco, dio curso al pedido de la defensa de un juicio abreviado, considerando que el delito que se le imputa a Darío Holzweissigl –único detenido en esta causa– contempla una pena de ocho años de prisión. Berrero Sahagún solicitó al fiscal general César Sotelo que resuelva el pedido de audiencia para formalizarlo.

Griselda Blanco, víctima de femicidio. Foto familiar junto a sus hijos.
Griselda junto a sus hijos. Foto: Sebastian Smok

El pedido de juicio abreviado fue posible dado que la fiscal calificó de homicidio simple ese crimen, ya que no dio por acreditado el vínculo entre la víctima y el homicida, aunque en todas las declaraciones públicas aseguró que habría entre ambos una relación que calificó como “tóxica”. Tampoco tuvo en cuenta las evidencias de violencia que presentaba el cuerpo de la víctima –fue  ahorcada con tres vueltas de hilo celeste en su cuello, le clavaron dos veces un cuchillo tramontina en su herramienta de trabajo: su garganta– y  no consideró esa saña como agravante. La acusación de la fiscal quedó entonces debilitada como un homicidio simple, lo que abrió el camino para que la defensa realizara este pedido. Al no ser tampoco calificado por la fiscal como un delito con componente de violencia de género, la pena no es de cumplimiento efectivo, por lo cual el imputado puede quedar libre en menos de dos años.

Así la persona que acepta haber cometido ese crimen atroz –cuyas imágenes se filtraron a la prensa y se hicieron virales– estará  pronto en las calles de Curuzú Cuatiá: ese es el motivo que desespera a los hijos de la periodista, que fueron expuestos por la fiscal, ya que informó a los medios que fueron ellos quienes aportaron la pista que concluyó con su detención, lo cual tampoco se ajusta a la investigación que realizó la Policía Federal, que analizó cámaras de seguridad y contenidos de celulares, además de las muestras que cotejaron con el ADN del imputado.

El abrupto cierre que quiere darle la justicia correntina a este caso, a menos de diez días de cometido el crimen, deja sin indagar las otras líneas de investigación que deberían profundizarse: las denuncias de amenazas y presiones que realizó Griselda por su tarea periodística y, en particular, las que mencionan la connivencia policial con los boliches bailables por el no pago de adicionales de los agentes que debían cumplir tareas de seguridad en esos locales. El imputado era dueño de uno.

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Las Blondis: la película debut de Dolores Fonzi como guionista, directora y protagonista

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Hoy se estrena la ópera prima de Dolores Fonzi: Blondi narra la relación entre una madre y su hijo varón, entre la crianza en soledad, el cannabis, el humor y el amor. En esta nota para la revista MU contamos cómo la filmó: el equipo, los trucos, la tecnología de la sororidad, las inspiraciones, los actos de fe, en medio del desfinanciamiento del cine argentino. Ahora compartimos la mirada de Claudia Acuña sobre qué representa ser una Blondi.

Por Claudia Acuña

1.La primera escena de Blondi es una patada que desordena todo. Entre otras cosas, lo que pensábamos que íbamos a ver y lo que creíamos que sabíamos del cine argentino, que hoy por hoy es el único noticiero que nos muestra la actualidad. Así, con un perfecto trailer que va de la cama hasta el auto –dos escenarios centrales de esta historia- Dolores Fonzi nos lleva de la mano por los caminos de Blondi. Y no nos suelta más.

2.Lo que nos atrapa es una red tejida con puntadas sensibles. La primera es el guión, escrito por Fonzi y Laura Paredes, con diálogos precisos y escenas que hacen hablar a la cámara. Es esa conversación entre textos e imágenes uno de los mayores logros de esta película que hace reir –mucho- y también llorar –un poco- a un ritmo que no es ni vertiginoso ni moroso: Blondi fluye. Es cierto que el tema se centra en formas de maternar que hasta ahora nunca había sido registradas en la pantalla, que nos hace ver modos de ser y de criar que son otros, nuevos para la industria de la imagen y cotidianos para las personas, y que eso es, de por sí, un mérito, un aporte y un hallazgo en términos de qué novedad nos representa que una directora tome por primera vez el mando. Pero lo que hace que esta historia no sea letra, sino música, aquello que nos mueve los pies de la mirada –que es alma- es la precisión, la secuencialidad. El humor hace explícita la exigencia de sincronizar exactamente la velocidad mental del interlocutor para saber qué hace falta decirle y qué no. Un chiste explicado aburre, síntoma de lo que ofende. Lo contrario, lo que entretiene, es lo exacto. Y para alcanzarlo es necesario crear para quien ve, necesitarlo y creerle. El revés de Flaubert: Blondi no es Fonzi. Sos vos. No como espejo, sino como universo.

3.Aquello que podríamos llamar “la mujer y el cine” (odio esta etiqueta, pero así estamos) nos hace ver cosas invisibles. Una es la cama. Vemos en el cine camas, por supuesto, pero las camas que nos hace ver Lucrecia Martel en La Ciénaga no son las que habíamos mirado en la pantalla hasta su gloriosa llegada. Recordé esas escenas –tan distintas a estas, tan distintivas con respecto a otras, a cualquiera: Martel es única- cuando la cama de Blondi apareció en esa primera escena, perfecta. Me esforcé, luego, para encontrar algo en común, eso que nos señala la mirada femenina como síntoma de su imaginario. ¿El nido? Es pregunta.

4.Criar películas a partir de sueños y pesadillas: quizá sea ese un punto de partida. En Blondi sin duda lo es, aunque su protagonista no sueñe. Ella es toda realidad, sin tiempo para agobiarse. Blondi actúa. Hace lo que hay que hacer como puede. No juzga ni se juzga, y si alguien se atreve a hacerlo, no lo entiende. Como si le hablaran en chino: no conoce ese idioma.

5.Si Miss Mary –gloria y honor a María Luisa Bemberg- es la pampa, si La ciénaga – me pongo de pie para teclear Martel- es Salta; Blondi es Liniers, el borde. ¿Territorializar las historias biográficas es otro eslabón en común? Es pregunta.

6.El nido tiene raíces en cartografías precisas, de clase, de culturas y de destinos pre anunciados para las mujeres que allí habitan. El de Blondi registra esos barrios de la periferia urbana con masculinidades ausentes o desteñidas, en donde las mujeres solas o aburridas deben criar…¡varones! Y así como una generación tuvo que ponerse a escribir manuales de crianzas masculinas más divertidas y menos violentas, así es como Blondi inscribe una forma de hacer crecer sexos más creativos y menos soberbios, mostrándonos otras formas de cuidados menos trillados y por eso mismo, menos esclavos. No recuerdo muchas películas que registren lo que significa para estas maternidades amorosas dejar volar a sus pichones. ¿Star Wars quizá? Es pregunta. Si así fuera esta película es su antítesis: no hay guerra entre las luces y las sombras, se convive con ambas, siempre, y en continuado. Hay vida.

7.Blondi termina como comienza (no es spoliler: es la cama) y al terminar la función del Bafici en donde pude verla antes de su estreno en cines, Fonzi sintetizó ese final con una frase que dice mucho sobre ella y sobre su película: “Blondi no se empodera sola”. Aplica, entonces, a ese guión que transformó en cine un equipo de artistas. Javier Juliá, a cargo de la dirección de fotografía –el mejor, sin duda de este “nuevo cine argentino (sí: también odio esta etiqueta)-, Micaela Saiegh a cargo de la dirección de arte (el cuarto de Blondi es un delicadísimo cuadro pintado con objetos, texturas, matices y más), además de un elenco (Rita Cortese –de pie, again- Carla Peterson, Leonardo Sbaraglia y –atenti con este nombre- Toto Rovito) que funciona como una coreografía sincronizada al milímetro y que mereció la excepción de que el Bacifici en la categoría Mejor Actuación premiara por primera vez a todas y cada una, lo cual habla de lo que representa el debut de Fonzi como directora: brilla y hace brillar.

8.No recuerdo films de mujeres que escribieran, protagonizaran y dirigieran una comedia. ¿Barbra Streissand? Es pregunta.

9.Pienso que quizá, por motivos que van desde el humor hasta la contemporaneidad, pasando por lo urbano y lo transgresor, Fonzi represente algo así como Wooda Allen, la hija feminista de Allen, pero quizá esta asociación es producto de un deseo personal y re-sentido. Lo que sí estoy segura es que siempre, siempre, el cine de las directoras que admiro nos transmitieron a nosotras, sus espectadoras, algo de la época, una actualidad política y social imprescindible que solo se hizo evidente luego, en el después del temblor. Miss Mary se estrenó el 31 de julio de 1983, dos días después de que Argentina ganara el Mundial y meses antes de que se desatara el debate sobre el divorcio legal, que fue aprobado un año después. La ciénaga iluminó las pantallas el 12 de abril de 2001 y ya esbozaba las tensiones sociales, el derrumbe de una forma de estar juntas, lastimadas. ¿Qué nos anticipa Blondi? Es pregunta.

10. Nos nos empoderamos solas. Nunca, y menos ahora. Quizá eso nos está anunciando Blondi.

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Femicidio de Griselda Blanco: el informe de la comitiva de Periodistas Argentinas de su misión a Curuzú Cuatiá

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La primera delegación de Periodistas Argentinas que viajó a Curuzú Cuatiá entrevistó a los jefes de la Policía Federal y Provincial a cargo de las investigaciones y a la fiscal, y se encontró con los hijos de la víctima. El resultado de la información que chequearon con varias fuentes pone en duda las declaraciones que hizo ante la prensa la fiscal de la causa, que estigmatizan a la víctima y exponen a su familia. ¿Por en una causa con secreto de sumario, y a una semana del crimen, no puede la funcionaria a cargo de investigar afirmar hechos que todavía no están probados? Los tres giros que en cinco días tomó la causa, y las tres pruebas que justificaron la detención e incomunicación del periodista que más conocía las amenazas que recibía Griselda. El rol de la prensa en un crimen que se informa con más respuestas que preguntas.

El pasado viernes 26 de mayo, una delegación de Periodistas Argentinas compuesta por las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos lleg a Curuzú Cuatiá, Corrientes, a las 10 de la mañana, tal como había acordado con la fiscal de la causa, María José Barrero Sahagún. Se encontraron entonces que a esa misma hora la funcionaria había convocado a los hijos de la víctima a una audiencia en la cual liberó a Armando Jara, al que había detenido e incomunicado cinco días antes bajo la acusación de femicidio, y a informar la detención de Darío Alfredo Holzweissig, un empresario dueño de boliches bailables de Curuzú Cuatiá.

Luego de esa audiencia y esa noticia la fiscal recibió a la comitiva de PA en una reunión formal, en la que además estuvieron presentes las máximas autoridades de la Policía Federal a cargo de la investigación y el comisario y subcomisario de la Comisaría n.º 1 de Curuzú Cuatiá. La primera pregunta la hizo la periodista Nancy Pazos: “¿Qué hace acá la policía provincial, cuando tenemos entendido que está apartada del caso?”. Sentado estaba Nicolás Romero, el comisario denunciado por Griselda como presunto autor de abusos sexuales.

Justamente la policía provincial, a pedido del Sindicato de Periodistas de Corrientes, había sido separada de la investigación ya que la víctima había denunciado que estaba siendo amenazada para revelar sus fuentes, y que había recibido la misma mañana del crimen una carta documento del comisario Romero.

La respuesta a la pregunta de Pazos llegó de parte del jefe departamental: explicó que le habían pedido ayuda para los rastrillajes que se habían realizado a la mañana, “ya que conocían la zona”; y que además estaban siguiendo una pista que ya no involucraba a la policía.

Pazos repreguntó: “¿Y si en el rastrillaje encontraban una prueba que los comprometiera?”

El comisario de la Federal respondió: “Estuvieron todo el tiempo bajo mi supervisión”.

La fiscal aclaró además que ella había dirigido al operativo.

Femicidio de Griselda Blanco: el informe de la comitiva de Periodistas Argentinas de su misión a Curuzú Cuatiá
Griselda junto a sus hijos. Foto: Sebastian Smok

Acuña preguntó por qué consideraban que la nueva línea de investigación no estaba relacionada con el trabajo periodístico de Griselda, ya que la periodista había dedicado varios programas a denunciar la connivencia de la policía local con los boliches bailables de los que el nuevo detenido era propietario. Fue entonces cuando la fiscal aseguró que por el contenido de las conversaciones de Whatsapp reveladas del teléfono de la víctima, existía un “vínculo personal” con el empresario detenido. Vínculo que calificó como una “relación tóxica”.

Sin embargo, dos días después, cuando formuló la imputación contra Darío Alfredo Holzweissig  pidió procesar al sospechoso por homicidio simple “ya que no se había probado el vínculo personal”. Tampoco lo calificó como agravado, ya que consideró que no había “alevosía”. Griselda tenía tres vueltas de cinta en la garganta y dos cuchilladas con Tramontina en el cuello; un diente roto y la cara notablemente golpeada.

Consultada por qué no calificó como “femicidio” el crimen de Griselda en esta nueva imputación, la fiscal respondió que “no tenía evidencia de violencia de género”.

No son éstas las únicas contradicciones que asoman en las declaraciones públicas de la fiscal.

La principal: la forma intaxativa en que habla de extorsión. Tres fuentes de la investigación aseguraron que en las conversaciones encontradas en el chat, la víctima y el ahora acusado “hablan de plata y él le propone relaciones sexuales, pero no hay una sola conversación en la que se diga taxativamente: si no me das plata, te escracho”.

Según confirmó la comitiva de PA, Griselda Blanco hace años que tenía como auspiciante al empresario, quien hacía tiempo que no abonaba la pauta, por lo cual hay que investigar si esa conversación sobre dinero no estaba relacionada con el vínculo comercial que tenía la víctima. Es decir: todavía resta mucho de la investigación como para que la fiscal descalifique a la víctima como “amante y extorsionadora”.

Otro punto conflictivo de la actuación fiscal es en relación a la detención del periodista Jara. Consultada sobre en qué pruebas basó su detención, incomunicación e imputación por cargos de “femicidio”, la fiscal respondió:

1) Que se habían encontrado pertenencias de él en la casa de Griselda; cuándo se le preguntó que pertenencias, respondió: “Una campera”;

2) que había una relación preexistente;

3) que el perito forense indicó que el asesino tenía un vínculo con la víctima por el tipo de violencia hallada en el cuerpo.

Jara no quedó desvinculado de la investigación ya que la fiscal espera el resultado del ADN; consideró que iban a estar listos “entre miércoles y jueves” de esta semana.

Así, este caso tuvo en menos de cinco días su tercer giro en la investigación fiscal: comenzó considerándolo un suicidio, siguió caratulándolo como “femicidio” – deteniendo arbitariamente a un periodista- y ahora lo califica de “homicidio simple” queriendo por dar cerrada la causa.

Ni las amenazas, ni las presiones que Griselda dejó grabadas en su audio fueron nunca una línea a investigar para la fiscal.

Ese es justamente el reclamo de todas las organizaciones de periodistas a las que la Comitiva de Periodistas Argentinas envió un informe detallado.

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