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Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia

Publicada

hace 7 años

28/10/2017

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, entregó a la CIDH este informe realizado por lavaca que analiza la relación entre concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y desapariciones forzadas en democracia, a partir de dos casos emblemáticos: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México y Santiago Maldonado, en Argentina. Publicamos hoy la primera parte del informe y en los días sucesivos sus anexos, con toda la documentación, que quedará disponible con libre acceso para facilitar otros análisis de un material clave para comprender los desafíos comunicacionales de esta época.

Informe presentado en la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo por lavaca.org
El comportamiento de los medios de difusión ante desapariciones forzadas padecidas en América Latina ha sido diversamente analizado en el contexto de dictaduras militares. El Caso Maldonado nos expone y compromete a analizarlo en contextos más complejos, como lo son los Estados democráticos y el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la difusión de la información. Cuál es el rol de los medios concentrados y las granjas de trolls en esta batalla contra la impunidad del mayor crimen de Estado. Cuáles son las preguntas que nos impone un caso manipulado por operaciones de prensa y ataques virtuales a la dignidad de las personas que reclaman verdad y justicia. Algunas hipótesis para comenzar a construir respuestas urgentes, necesarias y determinantes para el futuro de nuestras sociedades.
Las lecciones de Ayotzinapa
Tenemos como antecedente una tremenda experiencia: la de México, con 30 mil desapariciones forzadas y cientos de periodistas asesinados. En ese dramático espejo podemos encontrar las sombras que se agitan ahora, en forma incipiente pero inquietante, en Argentina y en el caso Maldonado.
El más claro ejemplo está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de setiembre de 2014. Esas desapariciones se perpetraron en un escenario siniestro para el ejercicio de la prensa: la brutal concentración mediática y el crimen de periodistas, que por entonces cosechaba un promedio de 10 asesinatos por año y sumaba más de 90 crímenes de mujeres y hombres de prensa. Y que desde entonces no paró de crecer.
En ese escenario de muerte y concentración mediática , que deja a una sociedad sin posibilidad de generar información independiente, las redes sociales virtuales se convirtieron en una oportuna herramienta para expresar la indignación social. Un ejemplo fue el hashtag #YaMeCansé que se convirtió en tendencia mundial a lo largo de 26 días exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes. Hoy sabemos que el informático Andrés Sepúlveda –condenado en 2015 a 10 años de cárcel por espiar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC- confesó haber manejado 30 mil cuentas de Twitter destinadas a desacreditar ese hashtag, generar tendencias a favor del gobierno mexicano y difamar a las familias y organizaciones denunciantes.[1] Sabemos también que Sepúlveda no fue el único que coordinó ataques destinados a manipular la opinión pública en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. El 5 de diciembre de 2014 quedó registrado que contra el hashtag #YaMeCansé actuaron 75.000 cuentas automatizadas desde granjas de trolls financiadas por el gobierno.[2] Amnistía Internacional difundió, además, el testimonio de una troll arrepentida que confesó haber cobrado 2.500 dólares por hora para gestionar 150 cuentas contra el hashtag #YaMeCansé. [3]
En setiembre del año pasado, al cumplirse el tercer aniversario de Ayotzinapa, las granjas de trolls lanzaron otro brutal ataque, con amenazas de muerte a periodistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos. El mensaje era claro: les advertían que si se sumaban a las movilizaciones convocadas para ese día “su sangre sería derramada”. El hashtag de las amenazas era aterrador: #ElPatrónYaDioLaOrden[4].
La experiencia mexicana nos advierte que los trolls no representan meros ataques virtuales, sino que incitan a crímenes que se concretan. No los justifican: los anticipan. Y en esa anticipación, reiterada al infinito por los trolls, aturden los mecanismos sociales para prevenirlas, impedirlas y juzgarlas dónde y cómo corresponde: la justicia. Es decir, el Estado.
¿Advertimos entonces lo que representa que un crimen de Estado active mecanismos comunicacionales capaces no ya de justificar sus propios crímenes sino también de garantizar su impunidad?
Ese es el interrogante que nos deja la lección de Ayotzinapa.
Las lecciones de Santiago
El escenario argentino es aún más complejo que el mexicano. Desde la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos todas las políticas de Estado han favorecido la concentración mediática, pero todavía subsisten medios autogestionados que, al no depender económicamente del Estado desde hace años, han podido adaptarse –no sin dificultad- a esta etapa de privilegios a las corporaciones mediáticas. Un dato sintetiza la situación: la pauta oficial se concentra en tres grupos que han tenido un rol activo en el caso Maldonado: Clarín, Indalo y La Nación. Las últimas cifras disponibles –que corresponden a los primeros 6 meses de 2017- dan cuenta del siguiente reparto:

Para comprender el alcance de esta desigual distribución del dinero estatal, dos datos:

Las 5 primeras corporaciones mediáticas privilegiadas concentraron el 46,3% de los recursos estatales.
En tanto los medios no comerciales (cooperativas y asociaciones civiles) recibieron el 0,4%.[5]

Sin embargo, desde la primera semana de agosto, de este sector fueron los primeros medios (Cítrica y lavaca.org, ambas cooperativas de periodistas) que enviaron profesionales de prensa al lugar en el cual desapareció Santiago Maldonado. Es decir: los medios más “pobres” fueron los únicos que invirtieron recursos humanos y financieros para producir información que fue determinante para desbaratar operaciones de prensa, imponer el caso en la agenda mediática e, incluso, aportar testigos a la causa.
Los medios corporativos no hicieron referencia a la desaparición de Maldonado hasta 3 días después de presentarse el habeas corpus que la denunciaba. Y lo hicieron de manera indirecta, al informar sobre una manifestación en El Bolsón que reclamaba “por un artesano”.
A partir de esa fecha, y de acuerdo al análisis que realizamos de lo publicado por los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones impresas –que se adjunta a este informe- la comparación entre lo editado en ambos diarios durante los primeros dos meses muestra diferencias importantes. La Nación pudo mantener, junto con la difusión de la desinformación oficial, una línea de investigación propia. ¿Se justifica esa diferencia en la cantidad de favores obtenidos del Estado por cada medio? Es notable que La Nación recibe mucho menos del Estado, y eso queda en evidencia en los montos de pauta oficial, más si se tiene en cuenta que es apenas una muestra significativamente menor de todos los privilegios que le otorgó el gobierno de Cambiemos al Grupo Clarín. Pero no es menos cierto que hubo en La Nación periodistas que mantuvieron una ética profesional, que por eso mismo han quedado expuestos a peligros y que cuentan con muy pocas herramientas para defenderse de ellos.
Para facilitar la comparación entre lo publicado en ambos diarios, hemos clasificado la información en tres categorías específicas:

Difusión de operaciones de prensa, tendientes a desviar los ejes de la investigación judicial, manipular la opinión de influencers sociales y encubrir responsabilidades estatales.
Difundir la palabra y versión de diferentes funcionarios estatales.
Relacionar el caso con la campaña electoral y en beneficio del partido oficial.

El detalle de las notas, su contenido y sincronía con los acontecimientos sociales –marchas, campañas en redes sociales, etc.- y, en especial, con hechos relacionados con el trámite de la causa judicial, hablan por sí mismo, por lo que nos limitamos a recomendar la lectura de ese anexo.
Destacamos aquí que la importancia de analizar lo publicado por la prensa gráfica es vital para analizar un aspecto central de las desapariciones forzadas en democracia: ya no alcanza todo ese poderoso arsenal para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado. Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia.
En el caso de Santiago Maldonado, el blanco elegido fue su hermano Sergio, en particular –que se constituyó públicamente en vocero de la familia- “los hermanos” (Sergio y Germán), en segundo lugar y los organismos de derechos humanos, en particular, tanto los nacionales como los internacionales, que estuvieron activamente presentes en este caso.
En otro anexo adjuntamos el análisis de algunos de estos ataques de trolls, así como una línea de tiempo que reconstruye cuándo fueron ejecutados. Allí hemos identificado tres ataques de trolls sincronizados con dos propósitos detectados:

Inundar esa red social con difamaciones personales, creando un clima de malestar, alteración y crueldad.
Arrobar información falsa o derivada de las operaciones de prensa publicada en los medios corporativos a periodistas, programas de tevé y radio e influencers sociales, inundando así sus cuentas con campañas dirigidas a sembrar caos informativo.

La campaña de trolls se activó luego de que asumiera el nuevo juez que, en principio, representó que el gobierno no tuviera pleno acceso a maniobrar la propia causa, tal como lo hizo impúdicamente durante la gestión del juez Otranto, de tal forma que el responsable del enlace legal del Ministerio de Seguridad se convirtió en un puente entre el juzgado y los medios, filtrando información sesgada.
Medios corporativos y redes se transformaron así en formas de presión a la justicia a través de intoxicar a la opinión pública.

Medios y desapariciones forzadas en democracia: un complejo y pendiente desafío
La pregunta que nos impone estos casos analizados –Ayotzinapa y Maldonado- es urgente, necesaria y preocupante: ¿qué nos revela este escenario de medios concentrados y granjas de trolls?
Tenemos que construir esa respuesta.
Algunas hipótesis para comenzar a esbozarla:

La concentración mediática y la aparición de nuevas tecnologías de difusión han creado un nuevo mapa de audiencias. No hay ya un lugar donde “atrapar” a la opinión pública, sino múltiples escenarios y todos en constante fuga y reformulación.
Esta dispersión y multiplicidad, obliga al poder a desarrollar diferentes estrategias de manipulación de la opinión pública. Por un lado, los diarios impresos siguen cumpliendo el rol de imponer agenda en ámbitos políticos y de toma de decisiones. Por el otro, en diferentes redes virtuales en las cuales se distribuye el público clave para sostener el apoyo social que necesitan estos casos para resquebrajar la impunidad del Estado, se inyectan campañas “sucias” e información falsa.
De acuerdo al Digital News Report de 2017, las redes son la principal fuente de acceso a información entre los jóvenes de 18 a 24 años en 36 países relevados.[6] Un trabajo de los investigadores argentinos Eugenia Mitchelstein, Pablo Boczkowski y Mora Matassi, detalla que las redes sociales se imponen como segunda opción preferida de recolección de noticias (58 por ciento) entre los jóvenes de 18 a 29 años, al igual que los sitios web (41,9 por ciento). Este es el segmento social que impone tendencias, advierten. También el que participa activa y creativamente de la batalla social contra la impunidad de los crímenes de Estado.
Operaciones de prensa y ataques de trolls forman parte del arsenal que se dispara desde el poder para alterar el tejido social, aturdirlo, confundirlo y traumarlo, de forma tal de romper el lazo solidario necesario para sostener la batalla contra la impunidad estatal que representa toda desaparición forzada.
No se trata de una operatoria ornamental, sino central, necesaria y que se está revelando cómo planificada y modelizada, al repetirse casi en forma idéntica en diferentes países, casos y circunstancias.
La centralidad de esta operatoria representa, nada menos, que una desaparición forzada en democracia implica actualmente que el Estado utiliza estas técnicas para producir en la opinión pública un efecto que ya no es de mera adhesión o de neutralización del rechazo, sino de trauma.
Una desaparición forzada en democracia implica ahora que el Estado active un procedimiento comunicacional de shock porque no puede ignorar el factor “opinión pública” como si puede hacerlo una dictadura militar. Algo tiene que hacer con ella y, según se evidencia en estos casos, lo que hace atenta contra el rol que tiene la opinión pública en la vida democrática. En palabras de Noelle-Neumann es una forma contemporánea de La Espiral del Silencio: ya no se trata del aquel miedo a ser castigado por no pensar como la mayoría, sino de perder el parámetro de qué es esa “mayoría”[7]. Desquiciarla, para que esa noción de opinión pública pierda fortaleza y confianza. Contaminar lo común, lo social, aislar a los individuos, conlleva el peligro que describió Giovanni Sartori: “el gobernante gobernándose a sí mismo”.

¿Cómo prevenir que el Estado actúe contra la opinión pública ante una denuncia de desaparición forzada?
¿Cómo investigar qué hizo el Estado y cómo lo hizo cuando hay indicios de que se produjo una?
¿Cómo no dejar impune este ataque a la opinión pública, uno de los pilares fundamentales de la vida democrática?
Son los desafíos que nos toca responder en medio de un crimen brutal y traumático, como lo es una desaparición forzada en democracia, que exige tantas respuestas, todas urgentes, todas necesarias y todas determinantes para el futuro de nuestras sociedades.

[1] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.html
[2] https://www.vice.com/es_mx/article/8qdz7b/trolls-bots-y-legiones-la-guerra-por-el-internet-en-mexico
[3] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[4] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[5] https://revistafibra.info/publicidad-oficial-2017-concentrada-y-en-aumento/
[6] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.htm
[7] https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18omportillo.html

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Preso por un tuit

La mirada del presidente de la CIDH sobre el caso Maldonado

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 2 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Publicada

hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

Publicada

hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.