Nota
Otra vez, represión en Tinogasta. Otra vez, jaque a las mineras
(Observatorio de la Ley Antiterrorista de lavaca.org) A Darío Moreno no lo esperaba un sábado de fútbol o una ida al cine. Se levantó y al mediodía nomás, ya estaba en el corte selectivo e informativo que mantiene la asamblea de vecinos de Tinogasta sobre la ruta 60. Pasadas las 2 y media, notaron unos puntitos sospechosos que avanzaban hacia ellos. Pero no en el sentido del bloqueo: venían de atrás, desde las minas, volviendo, vacíos de insumos como otros pocos camiones que habían logrado burlar el corte. Éstos venían escoltados por la policía y la infantería. El choque era inminente. Darío y dos compañeros se despegaron del bloqueo; avanzaron casi 800 metros y se pararon en el medio de la ruta, brazos en alto. Lo que sigue a esta escena de “paren” es un nuevo capítulo de la represión en el noroeste de nuestro país, que suma cientos de heridos, detenidos e imputados en más de cinco hechos graves de represión (el segundo en Tinogasta) en lo que va del año. Los camiones pasaron, otra vez gracias a la brutalidad policial, pero Darío y los suyos, en Tiongasta, Andalgalá, Belén, Santa María, Amaicha del Valle y otros pueblos -que no fueron reprimidos pero se solidarizaron-, retrucaron su apuesta: “Seguiremos con más fuerza que nunca”, dice.
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Un corte estratégico
En el kilómetro 250 de la ruta 60 se encuentra la ciudad de Tinogasta. Su ubicación es estratégica para el transporte terrestre, ya que cruza por allí uno de los tres cordones más importantes del país. Por eso, en Tinogasta existe una sede de la Aduana Nacional que obliga a todo vehículo de carga a declarar los insumos que transporta. Estas condiciones le han permitido a la asamblea de vecinos detener, primero, un proyecto de exploración de uranio que se haría a 7 km de la plaza principal, y luego, mantener -desde el 29 de febrero- un corte selectivo sobre la ruta 60 que impide el paso de los camiones que llevan insumos a la minera La Alumbrera, en Catamarca, y la Barrick Gold, de San Juan.
La ley que cae
La mañana del 10 de febrero de este año fueron reprimidos con infantería, policía, perros, seguridad de las empresas, balas de goma y gases lacrimógenos. Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, otro corte era desplazado violentamente (sin orden de desalojo, con los mismos elementos que en Tinogasta) de Amaicha del Valle.
Uno y otro corte habían surgido en protesta por el primer desalojo que inauguraba esta cadena represiva en el noroeste argentino. Fue en Santa María, el 27 de enero del 2012: decenas de heridos, nueve vecinos detenidos e imputados en principio por el artículo 213 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
La abogada Nidia Gauthier, presente al momento de la imputación (que se labró ilegalmente en la propia comisaría, donde el fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó especialmente a su secretario y escribiente para labrar el acta), denunció entonces el debut de la Ley Antiterrorista en el país, hecho que el propio ministro de Jusiticia y Derechos Humanos, Julio Alak, debió salir a desmentir: “Es absolutamente falso: están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier respondió: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron leídos en aquella comisaría como imputaciones a los vecinos. Pero el fiscal Landívar jamás entregó una copia de la imputación. “Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos juzgados”, explicó a lavaca la abogada. Trece días después, el jueves 9 de febrero, Gauthier reiteraba su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien labró una denuncia.
El artículo 213 bis no volvió a aparecer en las imputaciones, ni la copia fue entregada a Gauthier, y la causa, finalmente, cayó.
La inteligencia
El 10 de febrero reprimían nuevamente el corte de Tinogasta que había surgido en protesta por el violento desalojo y las detenciones en Santa María, luego repetidas en Belén (36 detenidos, incluyendo menores) y Andalgalá. Esta ciudad, además de la represión del corte, sufrió un insólito estado de sitio de patotas promineras, que funcionaron como frontera interna controlando la salida y entrada de visitantes, pero que no aguantaron la actuación más de una semana. El jefe policial Juan Palomeque reconoció que puso a trabajar a “grupos de inteligencia” en Andalgalá y Tinogasta para “resguardar la paz” (sic) frente a la posible presencia de “elementos foráneos”.
Esta primera represión en Tinogasta incluyó decenas de heridos por golpes –por ejemplo- a Gloria Carpio que estaba con su hijo Lautaro de 3 años en brazos, o un mordiscón de un perro en la teta de Clarisa. Y los camiones pasaron.
Relato de la represión
El corte selectivo a camiones de las empresas mineras siguió. Casi 100 días después – días que Darío Moreno, uno de los protagonistas, define como “muy tensos y repleto de maniobras para desarmarnos”-, el reciente sábado 12 de mayo la policía volvió a reprimir a tres vecinos de Tinogasta (Darío, entre ellos) para permitir el paso de camiones que volvían vacíos de las minas. Cuenta a lavaca Moreno:
- “Eran las 2 y media cuando vimos venir los camiones del otro lado, desde el lado que vuelven de las minas (porque llegan por un paso muy al norte, y les es más directo volver por acá). Entonces con dos compañeros – Eduardo Algarañaz, de Catamarca, y Germán Cots, de Buenos Aires, de la asamblea de Famatina- hicimos una avanzada contra los camiones, que venían desde La Alumbrera escoltados por infantería y policía”.
- “Sabíamos que querían desarmar el bloqueo para que pasen los camiones, era una excusa para hacer lo que hicieron. Por eso tratamos de salvar el acampe y el bloqueo lo hicimos nosotros tres – y una compañera que filmaba- en una avanzada más adelante, a 800 metros de la asamblea. Nuestra técnica era pararnos en el medio de la ruta, con los brazos arriba, sin elementos contudentes”.
- “Entonces para el convoy, se bajan los infantes de las camionetas y nos empezaron a pegar con los palos. Utilizaron muchísimo gas pimienta una vez que ya nos tenían en el suelo, nos esposaron, siguieron pegándonos, pateándonos. Así nos cargaron a una camioneta y siete infantes se nos subieron literalmente encima. Apenas abríamos los ojos o nos movíamos por la incomodidad, nos echaban gas pimienta en la nariz, que es algo que te mata… En esas condiciones viajamos 50 km hasta Fiambalá. Nos llevan ahí porque es un feudo que el intendente maneja como una estancia y de alguna manera tiene la seguridad política; es un pequeño Macondo. Y si nos traían a Tinogasta iba a haber una fuerte presión social para que nos liberaran”.
- “Nos meten en un calabozo y nos tienen secuestrados casi 5 horas. Nunca nos informaron a dónde nos llevaban, a nosotros ni a la gente, ni a los asambleístas, ni a los abogados. Cuando llamaban al juzgado o a las comisarías les decían que no sabían nada de nosotros. Y lo que se supo fue por los compañeros de Fiambalá, que cuando vieron tanto revuelo en la comisaría se dieron cuenta. La gente se juntó también frente a la comisaría de Tinogasta para pedir nuestra libertad, y por esa presión social recién a las 8 y media nos dan la libertad”.
Tan sólo tres camiones habían logrado burlar el corte desde su inicio, 15 días antes de estos sucesos: “Vinieron directamente a arrollarnos, con custodia policial”, cuenta Darío. El corte de Tinogasta obliga, en cambio, a viajar hasta un paso más al norte (“muy al norte”), descargar en La Alumbrera e intentar volver por la ruta 60 que cruza Tinogasta, “porque es el camino más directo”. En eso estaban estos camiones, custodiados celosamente por infantería y policía de la provincia, cuando se toparon con Darío y sus dos compañeros, que fueron rápida y violentamente sacados del paso.
En la comisaría no les informaron, pero Darío estima que “seguramente alguna imputación nos va a caber, algún cargo como desobediencia judicial o atentado a la autoridad”.
Por su parte, los vecinos ya denunciaron el accionar policial.
Entre una represión y otra, Darío recuerda 100 días de “muchas presiones. Han usado muchísimos recursos para desarmar el bloqueo: intentar comprar gente, infiltrar marihuana para criticarnos, armar grupos de choque que vienen a patotear”, enumera. “Pero Tinogasta es un lugar muy fuerte dentro de las condiciones que han llevado a este corte. Seguiremos con más fuerza que nunca el corte selectivo e informativo. Es la única forma de pararlos”.
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Nota
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La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
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Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
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Ser de luz: Nina Suárez
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Crónicas del más acá: GPS
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Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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