Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.

Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno.  Algunas escenas de la jornada.

Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata. 

Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”. 

Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.

Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.

Están por votar.

Silencio absoluto.

Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado. 

Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto. 

La emoción y la realidad

Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.

Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”. 

Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.

La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. 

Campo, autos importados y exterminio

Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”. 

Hábeas corpus

Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”. 

El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.

Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.

Continuará…

Por Claudia Acuña. Las víctimas intoxicadas con monóxido de carbono se duplicaron este año y ese aumento fue alertado por las empresas distribuidoras de gas: todas expresaron por escrito que la resolución dictada por Carlos Alberto María Casares -el interventor de Enargas (foto)-, implicaba ese peligro. Y sucedió: de la media anual de 300 casos ya hay más de 600 intoxicados en este 2025. Lo más grave: también hay 15 muertos.

La particularidad de estas cifras es clara cuando se agrega la ubicación de los afectados: los barrios porteños de Coghlan, Núñez o Palermo, por ejemplo. No se trata entonces de braseros encendidos en las periferias, sino de las graves consecuencias de un cambio que consagró Casares con la resolución Nª 487 –firmada a fines de agosto del año pasado– y que autoriza a las empresas extractivas a aumentar el poder calorífico del gas que ponen a disposición de las distribuidoras: se elevó de 9.300 a 12.300 calorías por metro cúbico. El peligro: los aparatos domésticos no están preparados para recibir esa potencia. “Uno de los principales puntos de alerta es el riesgo de generación de monóxido de carbono en artefactos que no estén preparados para operar con el nuevo nivel de poder calorífico”, advirtieron por escrito las empresas encargadas de distribuir el gas en todo el país. La Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén también advirtió por escrito a Casares: “esto representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los usuarios del servicio de gas por redes”. 

El mayor poder calórico es posible cuando al gas no se le quita ni el propano, ni el butano ni el etano.  El cambio de normativa, entonces, ahorra este proceso y beneficia así a las empresas extractiva que operan en Vaca Muerta. especialmente a Techint, holding en el cual Casares trabajó durante 24 años. Para el aumento de calorías alega que se realizaron pruebas que arrojaron “aumentos insignificantes” de emisión de monóxido de carbono, pero las distribuidoras de gas y fabricantes de artefactos domésticos plantearon ante Enargas por escrito que no tuvieron acceso a esas pruebas para deslindar responsabilidades legales. Según las investigaciones de la periodista especializada Luciana Glezer estas fueron las advertencias remitidas:

• Camuzzi Gas, a través de una nota al Ente: interrogó la validez de los ensayos que sostiene la Resolución porque fueron «encargados al IAPG, y los cuales mostraron niveles de generación de monóxido de carbono dentro de la normativa vigente, la generación de monóxido con gases de la que corresponden a los cambios propuestos fue superior a los que correspondían con la calidad de gas actualmente vigente», dice la empresa en la misiva enviada el 16 de septiembre de 2024. «No podemos dejar de mencionar esta comprobada situación y las posibles consecuencias que puede tener sobre la seguridad de las personas», concluyó Camuzzi. 
• Naturgy deslindó responsabilidades. «Respecto a las nuevas especificaciones de calidad de gas natural que se autoricen a comercializar en el país, así como su incidencia en los procesos de combustión, exceden claramente la competencia y responsabilidad de esta distribuidora», dice la nota de Naturgy, fechada el 13 de septiembre. 
• Ecogas consideró «necesario manifestar que no puede garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos diseñados para operar con los parámetros actuales».

Otro beneficio de la actual gestión para el holding Techint: Glezer también informa que “un error” en el cálculo de previsión de Enargas motivó que el Estado tuviera que pagar casi el doble por el gas de Vaca Muerta.

Las consecuencias:

Un informe publicado en 2 de julio pasado en el portal Chequeado informa que los casos por intoxicación con monóxido de carbono aumentaron este año un 57% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. También recuerda que la media de casos anuales es de 300 mientras que a junio de este año ya se habían registrado 473.

Restaba entonces conocer los datos del mes más riesgoso: julio. El relevamiento realizado por lavaca del registro de notas periodísticas sobre los desastres sembrados por el exceso de monóxido de carbono eleva la cifra a 605 intoxicaciones y 15 muertos. Algunos casos:

• En sólo tres días el Hospital Materno Infantil de La Plata atendió 32 niños intoxicados con monóxido de carbono. Cinco pacientes fueron menores de un año, siete menores de cinco años y veinte entre los seis y catorce años de edad.
• En Córdoba hubo seis muertos, en Santa Fe tres y en Chaco dos: un padre de 25 años y su hijo de 4.

En tanto en la Cámara de Diputados de la Nación se espera el avance del proyecto que presentó la diputada Micaela Morán (Frente Renovador) para citar a empresas, distribuidoras y autoridades en una audiencia que investigue la relación entre el aumento de casos y la nueva regulación.

FUENTES

1/7/25

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Dos fotoperiodistas detenidas. Seis personas heridas. ¿Cuál es la causa de la tendencia represiva creciente, y en particular contra la prensa? Lo que plantean quienes monitorean la violencia policial, con cifras concretas, a cinco meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo que este miércoles volvió a ser operado. Mientras tanto, en Congreso se volvió a marchar: las divisiones entre diversos grupos, y lo que los une como sector que sigue siendo símbolo de movilización en estos tiempos. ¿Cómo se vive hoy? El combate a la naturalización, datos sobre emperadores, el diálogo trans con un medio oficialista. Vetos, votos y una pregunta: “¿Nos pueden entender?”.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

“Estamos acá porque le tenemos más miedo al hambre que a la represión”. 

Quien habla es Gladys, 63 años, enfermera jubilada del hospital Rawson. Lo dice pasadas las 3 de la tarde, ni bien había arrancado la concentración de jubiladas y jubilados para exigir el “no al veto” del gobierno de Javier Milei a la módica suba de los haberes que en realidad no es una suba sino devolver ese 7,2% arrebatado con el shock inflacionario que generó al asumir.  

En Congreso, dos horas después, pasará lo de siempre y lo que nunca podrá naturalizarse: la represión policial, en este caso acompañada de dos detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé: Camila Luciana Rey, fotógrafa y Yazmín Orellano, ambas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron capturadas al voleo.

Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano. El momento de la detención «al voleo» en Congreso, y la imagen de la policía llevándolas en la comisaría. Fueron liberadas después de las 22 horas.

El puñado de fotógrafos y periodistas que presenciaron el hecho afirmaron: “Las cazaron”. Minutos después, la fuerza de seguridad porteña se las llevó en una camioneta a Combate de los Pozos 155. Luego fueron trasladadas a la comisaría de Tacuarí e Independencia. Las acusan de “lesiones”, “atentado y resistencia a la autoridad”. Después de las 22 ambas fueron liberadas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó seis personas heridas en dos eventos represivos de la tarde. La tendencia: hasta fines de junio, la CPM había registrado en seis meses 130 detenciones arbitrarias contra 93 del 2024. En el mismo período, las personas heridas también superaron a todas las del año pasado: 1.251. Entre ellas hubo 179 trabajadoras y trabajadores de prensa. El informe completo puede leerse aquí: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informe-especial-represion-de-las-fuerzas-de-seguridad-a-las-manifestaciones-publicas/

Rodrigo Pomares, del Centro Provincial de la Memoria, planteó a lavaca: “Hay una preponderancia en la represión hacia los sectores de los medios y fotoperiodistas, y un límite muy concreto al desempeño de los medios de comunicación y en algunos casos de quienes cubrimos las manifestaciones con el objetivo del monitoreo”.

Para Pomares “La motivación más evidente es que quieren evitar el registro de las represiones y que se puedan reconstruir luego las secuencias de la represión como ocurrió en el caso de Pablo Grillo y tantos otros. El registro de la prensa y de quienes estábamos monitoreando permitió reconstruir lo que pasó, y aportar esos datos a la justicia. Eso es lo que parece evidente que quieren evitar”.  

Otra operación a Pablo Grillo

Este martes se cumplieron cinco meses del miércoles 12 de marzo, cuando durante otra represión a la marcha de jubilados, el gendarme Héctor Guerrero le disparó de forma totalmente ilegal una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo. El impacto dirigido a su cabeza casi lo mata y perdió parte de la masa encefálica. Este miércoles a la mañana, Pablo fue operado con éxito una vez más: esta vez, le colocaron una prótesis en la cabeza (dos placas en ambos hemisferios). “La operación duró tres horas y salió bien, ahora hay que esperar la evolución”, dijo Fabián, su papá. El gendarme Guerrero, autor material de ese disparo, recién será indagado el próximo 2 de septiembre.

Dice Ana María, 72 años, durante la marcha: “Se está normalizando lo que jamás se debe hacer normal. Hoy prendés la tele y escuchás: ‘Otro miércoles más que les pegan a los viejos’. Todo al revés. No se puede naturalizar que se le pegue a nadie”. 

Divisiones y reflexiones

El modus operandi de las Fuerzas de Seguridad genera efectos colaterales. A la represión concreta, literal, manifiesta, visible –granadas, gases, camiones hidrantes, palazos– se le suma la silenciosa, la invisible, la que divide para reinar: las fragmentaciones que se generan –o potencian– internamente entre las múltiples organizaciones de jubilados. 

Hoy, mientras Jubilados Insurgentes terminaba de marchar alrededor del Congreso y doblaba en Rodríguez Peña, parte de las Mesa de Organizaciones caminaba por Hipólito Yrigoyen, mientras que otro grupo permanecía parado frente al Congreso.

Mario es un jubilado que todos los miércoles da el presente. «Más allá de las divisiones hay que tener plena conciencia de que el enemigo es uno solo: el gobierno, y el plan criminal que está aplicando. Hay que pensar mucho más en la unidad porque con ella vamos a poder conseguir disminuir la intensidad del ajuste».

Betty, 65 años, es enfermera jubilada del hospital Penna. Habla sobre la fragmentación notoria: “Vengo acá para sumar un granito de mostaza para conquistar nuestros derechos como jubilados, más allá de las organizaciones a la que cada uno represente. Yo soy autoconvocada y vengo por lo mal que la estoy pasando. Tenemos que defendernos con nuestras tristezas y con nuestras experiencias, que valen un montón”.

¿Cómo se vive en estos días? “Con los 350 mil pesos que cobro no llego a comer todos los días. Espero que este gobierno se vaya pronto y no lo digo porque sí: estoy viviendo mal, estamos viviendo mal, ¿me pueden entender? ¿nos pueden entender?”.

Un poco más allá estaba Vic, trans que había llegado desde Parque Patricios. “Vine a apoyar la lucha de los jubilados porque es una lucha contra el odio la que nos une”. Se acercó un periodista de La Nación + preguntándole si es jubilada.

Vic fue notablemente ilustrativa en su respuesta: “No. Soy odiada y hambreada y solidaria como ellos”.

Lo que no cambia

Gladys y Betty, las enfermeras jubiladas, vienen cada miércoles porque las une la bronca a esta gestión nacional. Como a tantos otros, y como decía Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto.

Hay otro punto de unión: la injusticia que están viviendo. Gladys: “Si no venimos, si no nos hacemos escuchar, van a creer que está todo bien, que estamos conformes, y no es así. Tenemos haberes miserables, mientras los legisladores cobran 9 millones, es una vergüenza”. Y subraya: “Esta vida es una vergüenza, parece como si quieran matarnos”. 

Jubilada y un arma novedosa: pompas de jabón.

Betty la interrumpe: “Es que sí, nos quieren matar. Milei es un déspota, un criminal, que se complace en sacarnos a los pobres lo poco que tenemos”. Se hace una pregunta: “¿Cómo se explica, si no, que pretenda que vivamos con 350 mil pesos? Seguro que para mantener a esos perros grandes que tiene gasta mucho más que eso. Es un atorrante”. 

Más allá de la represión policial (primero las fuerzas federales y desde hace tres miércoles la Policía de la Ciudad) y las divisiones de las organizaciones de jubiladas y jubilados, hay algo que no cambia: la convocatoria permanente cada miércoles a las 15 frente al Congreso de la Nación, potenciada desde hace diez días cuando Javier Milei vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones y el retorno de la moratoria previsional. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima sigue desplomada, en $ 314.243,51.

Manuel, 75 años, cuenta por qué sigue viniendo: “El objetivo común es ponerle un freno a Milei, que está haciendo padecer a la Argentina. Debe entender que es el Presidente, no un emperador como pretende ser, que no acata las leyes ni las instituciones”.

¿Cómo se lo frena? “Como creo que en la democracia, el parate a Milei debe hacerse en las urnas y para eso hay que hablar con cada persona, crear conciencia, seguir desmintiendo todas las barbaridades que dice. Por eso también estamos hoy acá y seguiremos estando”. 

Manuel lleva un cartel que dice: “Milei vetó, nosotros votemos”. Y lo firma “un viejo meado”. 

Cierra, hasta el próximo miércoles: “No nos quedemos en casa, es la única manera de cambiar esto”.