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Marcha de jubilados del 4J: la fuerza de la calle

(Por Claudia Acuña)
La buena noticia es que este miércoles las y los jubilados no fueron ni golpeados ni gaseados ni detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrrich.
La otra buena noticia es que la Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones y la moratoria previsional por dos años.
También hay otras noticias que abren un sinfín de interrogantes con los puntos suspensivos que emergieron ayer en las calles del Congreso con inquietante claridad. Lo que sigue, entonces, será largo y por tanto, doloroso. Ojalá que también útil.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Las vísperas. El grito de Ni Una Menos cumplía diez años y ese aniversario impulsaba una conmemoración que desafiaba la capacidad de movilización de las organizaciones sociales nucleadas en una asamblea con representaciones políticas, sindicales y sociales. Por mayoría, se resolvió cambiar de fecha: ya no sería el 3 de junio, sino el 4 para confluir con el habitual reclamo de las y los jubilados, símbolo de la resistencia a la brutalidad gubernamental. “Unir las luchas”, fue la síntesis. También, se dijo, era una forma de sortear la falta de capacidad de ese espacio para convocar –en tiempos de la des-representación que afecta a los aparatos políticos– a una movilización tan masiva como la de una década atrás.
El lunes le comunicaron esa decisión a la Coordinadora que nuclea a las 14 organizaciones de jubilados que sostienen, desde hace largos años, ese reclamo en las calles, cada miércoles.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
La unión y la fuerza. La unión hace la fuerza es una consigna amigable para la política, pero como nos recuerda la película V de Venganza, también es un slogan de los gobiernos fascistas. Su peligrosa ambigüedad está en el delicado equilibrio entre sumar y obedecer. Quizá por eso mismo, para las y los jubilados –como para las Madres– la fuerza está en otras cualidades.
La diversidad hace la fuerza.
Sostener la cría.
Con esa convicción, abrazaron este apoyo.


Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org
Una más. Como la realidad argentina de estos tiempos no tiene metáforas, este 3 de junio y como cada día de estos diez años, sufrimos un femicidio: esta vez fue en Moreno. Gabriel Danielo, integrante de la policía de la Ciudad, asesinó a la pareja de su ex mujer. Tenía una orden judicial que le impedía acercarse, pero como sucede habitualmente, nadie impidió que se presentara al gimnasio donde ella trabajaba. En la puerta le disparó en la cabeza a Marcela. Su cuerpo quedó tirado en la vereda durante las diez horas en las que el femicida se amotinó, mientras apretaba el arma reglamentaria en la sien de su ex. Finalmente, se suicidó.
Así, esta noticia unió brutalmente el reclamo de Ni Una Menos con las y los jubilados, que cada miércoles soportan la violencia policial.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
El Palacio. Blindado por las vallas, el Palacio del Congreso quedó aislado desde la mañana. Alejado así de los reclamos sociales que debería representar, logró sin embargo sorprender con una noticia inesperada: “hay quorum”. Se podrían, finalmente, tratar varios temas urgentes: la situación del Hospital Garrahan, la declaración de emergencia en discapacidad hasta el año 2027 y la moratoria previsional, más un aumento del 7,2% a las jubilaciones y un bono para compensar la pérdida por desactualización, tres ejes del reclamo de cada miércoles. “Cada cartucho de un gas lacrimógeno cuesta la mitad de una jubilación mínima”, sintetizó el diputado Nicolás del Caño (FIT) a las 16 horas, cuando los alrededores del Congreso ya estaban poblados por cientos de personas que se sumaban de a una, de a tres, de a cien.

Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org
La Calle. Mariana es psicoterapeuta y Jaqueline es psicóloga. Llegan desde Moreno y eso indica que hoy no es el día de las casualidades. Hay muchas como ellas, profesionales de localidades periféricas, que sostienen diariamente la batalla contra la brutalidad que somete a las personas más vulnerables. Unas con cartulinas, otras con banderas pintadas a mano que indican en nombre de qué centro de asistencia a personas con discapacidad alzan el reclamo. Mariana traza con pocas pinceladas el panorama que las impulsa a estar hoy ahí: “Lo que incapacita es el ajuste”. Las pruebas: “Se ha dificultado enormemente el acceso a la salud, con trabas a tratamientos, con demoras en prestaciones de servicios, con negación de medicamentos. A eso hay sumarle la precarización laboral: actualmente estamos cobrando 11 mil pesos la hora de atención y sufrimos atrasos en los pagos de hasta cinco meses. No podemos seguir sosteniendo una situación insostenible y ya sabemos que los derechos se ganan y se garantizan en la calle. Las personas que sufren discapacidad, las y los jubilados son los sectores más violentados y, también, quienes más necesitan que los apoyemos”.
Le pregunto entonces qué ve desde su trinchera cotidiana.
Piensa.
Responde:
“Ayer, al salir del trabajo pasé por Haedo y vi una cola de 50 personas esperando que les den un plato de comida en una iglesia. Y también escuché a otra que decía: “habría que preguntarles a estas personas si viven acá antes de darles de comer”. Noté esa bipolaridad, esa falta de empatía y pensé si no era una barrera defensiva ante una realidad tan cruel y, de alguna manera, psicotizante. No justifico esa actitud, pero traté de entenderla: imaginarme el por qué ante una necesidad elemental se reacciona así”.

Fotos: Lina Etchesuri /lavaca.org
La cartografía. De un lado de la plaza están las organizaciones sociales más diversas identificadas con cartulinas pintadas a mano. Hay manos que se alzan proclamando “La ciencia funciona”, otra que propone “Defendamos al Bonaparte”, cercana a otra que defiende la saludad pública en general, vecina a otra que reclama reparación para el colectivo travesti trans. Unos metros más allá se ve la cara de Tehuel de La Torre sostenida por su mamá. En esa misma esquina una jubilada sostiene: “La realidad tarde o temprano va a ser como la soñamos”.


Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org
Lo que sube. Sobre la vereda del cine Gaumont un grupo de jóvenes actrices y actores lee a coro y a los gritos un texto escrito especialmente por el dramaturgo Mauricio Kartum. Comunican así:
“La Ley Nacional de Teatro es una ley que definitivamente le cambió la cara a la escena nacional, que la hizo crecer a niveles asombrosos en todo el mundo, que llevó la actividad a cada provincia, que la propició, que ayudó a la instalación de nuevas salas, que le dio cauce a muchos miles de vocaciones que encontraron allí una profesión, un medio de expresión. Y todo con una estructura austera y con fuentes de financiación legítimas.
Hoy, esta camándula siniestra que tenemos por gobierno lo desmantela. Fueron 70 años de lucha, fueron muchas generaciones solicitando, pensando, proponiendo, peleando. Y mucho trabajo luego de gestión para optimizarlo.
Que unos pasmados del libre mercado como Sturzenegger lo propongan no debería sorprender a nadie, es propio de su naturaleza fanática, de su ceguera. Pero que haya allí gente de teatro que ponga la cara, que lo sostenga con su acción o con su falta de reacción, es deplorable.
Leonardo Cifelli (secretario de Cultura de la Nación) y cada uno de los funcionarios cómplices –por acción o por omisión– de este desguace: recuerden que todo lo que sube baja alguna vez. Que a ese tronito al que se han subido, y desde el que saludan ahora con saquito entallado, lo deshace la primera inundación».

Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org
También están las artistas plásticas detrás de una bandera pintada a mano y con manos, y algunas caras famosas –Georgina Barbarrosa, Katjia Aleman, Nancy Pazos– dando entrevistas a las cámaras para explicar lo necesario. Georgina: “Tengo 70 años y estoy acá por mi nieta”.
Hay más, por supuesto, porque lo de hoy es mucho por este lado.
Lo poco. Del otro lado de la plaza está lo poco: detrás de la bandera de la organización Ni Una Menos hay una sucesión de organizaciones políticas que –al fin– se atrevieron a aparecer en la calle y en este marco a través de la ventana abierta por el “género”, por decir rápido y mal lo que allí se nuclea. Encabeza La Cámpora y quizá por eso mismo es imposible escuchar en ese lateral algo que no esté referido a la interna kirchnerista ni oler otro perfume que no sea el electoral. Son menos de tres cuadras que al recorrerlas despiertan el interrogante de si es eso es todo lo que decidieron o pudieron movilizar para este acto.

Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org
Lo inmenso. Sobre las vallas de Callao es otro el significado de Ni Una Menos. Lo dice Mariana, mientras sus dos pequeños hijos sostienen en alto los carteles que prepararon para hoy: “No hay un referente claro de este movimiento y esa es su fortaleza: nadie lo puede negociar. Quien se postula como referente no lo es: vos sos referente, yo soy referente, la que está allá también lo es, como lo es cada organización chica, grande o mediana. Y lo construimos y sostenemos entre todas. Ni una Menos es un grito, un llamado, como lo es cada lucha que hemos dado en este movimiento. Por eso mismo el feminismo no da ni un paso atrás en estos tiempos en que parece tan difícil salir a la calle. Porque es en la calle donde no vamos a perder nada de lo conseguido, pero también donde hay que sostener lo ganado. Lo sabemos. Por eso estamos acá con los hijos, con los jubilados, con los discapacitados, con las amigas, con las vecinas. Todas y cada una sabemos que esta lucha es así: larga, transversal, no sectaria, firme. Lo que tenemos que pensar ahora es que vamos a hacer el miércoles que viene”.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
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Caputo ignora al Congreso y al Poder Judicial, y despide a cientos de trabajadores del INTA

Un total de 247 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumados otros que integraban los institutos de Semillas y Vitivinicultura pasaron a “disponibilidad” lo cual implica un despido en términos prácticos de unas 400 personas, según la Agencia Tierra Viva. La medida del ministro de Economía Luis Caputo ignora lo decidido por la Cámara de Senadores la semana pasada, que dejó sin efecto el decreto de Javier Milei que modificaba la estructura del INTA. La jueza Martina Forns había ordenado además que no se realicen cambios en el organismo. Reproducimos aquí el artículo completo que explica la situación, y detalla los pasos a seguir frente a la medida ilegal tomada por Caputo.
Por Agencia Tierra Viva
(agenciatierraviva.com.ar)
El Gobierno despidió a 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo hizo luego de que el Senado rechazara —por 60 votos afirmativos contra diez negativos— el Decreto 462 que «reorganizaba» el INTA y el Inase, y eliminaba el INV y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci). La decisión ignora además la admisión, por parte del Poder Judicial Federal, de una medida cautelar que presentaron los sindicatos para evitar nuevos despidos. “Esto muestra el perfil de un Gobierno que avanza sobre una lógica poco democrática y que no contempla nada que frene sus ideas y sus proyectos”, dijo Sebastián Fajardo, trabajador y delegado del sindicato ATE.
La Resolución 1240 emitida por el Gobierno echa de sus trabajos, bajo el eufemismo de «pase a disponibilidad», a 247 personas del INTA. Con base en la eliminación del Inase echa a ocho trabajadores; y en la transformación del INV, despide a otros 51. Los gremios anticiparon que harán una nueva presentación legal.
Mario Romero, secretario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), señaló, sobre lo ocurrido en el Senado: “Ni en el mejor escenario que nos habíamos planteado teníamos ese número de votos en rechazo al decreto del Presidente. Esto nos pone muy orgullosos por la valoración que se hace sobre la labor de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del INTA en todo el país”. En relación a la posterior resolución del Gobierno, afirmó: “Cuando el Ejecutivo tiene una derrota en lo judicial o en lo legislativo, profundiza su postura y no analiza si es legal o ilegal. Se lleva por delante la institucionalidad, la división de poderes y la legislación”.
Y subrayó: “Esta situación afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores y de las trabajadoras. Cualquier cosa que le pase a algún trabajador del INTA de los que están en esa lista, será responsabilidad de Nicolás Bronzovich (actual presidente del organismo) porque él firmó esa resolución”.
Los trabajadores ingresaron el viernes 22 de agosto a las oficinas, ficharon y cumplieron sus tareas habituales. Sebastián Fajardo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Las medidas del Gobierno desconocen lo que definió el Congreso y la respuesta que hubo a la cautelar. La resolución no tiene validez porque está apoyada sobre un andamiaje que ya no existe debido a la caída del decreto 462. Vamos a seguir dando la pelea porque el Gobierno está flojo de papeles”.
Sobre la votación en el Congreso, consideró que hay “una coyuntura política en la que se está teniendo un comportamiento distinto al del año pasado en relación a la independencia de poderes, que se cruza con el cierre de listas” y señaló que se suma a “una gran tarea que hicimos los trabajadores y distintos sectores en defensa del INTA”. Destacó la presencia en las calles con protestas, en los medios de comunicación y en reuniones que mantuvieron con diputados y senadores.
Explicó que se mantienen en pie de lucha ante la nueva resolución. “Pasar a disponibilidad significa entrar en una bolsa general y, depende de la antigüedad que tengas, hay un mínimo de seis meses y un máximo de doce donde te pagan aproximadamente el 50 por ciento de tu salario. Es una ‘oportunidad’ para que consigas otro lugar en el Estado Nacional donde te acepten. Pero eso, por los antecedentes que hay por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, es imposible. Es una agonía hacia el despido”, describió. Él mismo, pese a ser delegado gremial, está incluido en los listados publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.
Para Fajardo, la nueva resolución “marca claramente la intención de desguazar al INTA”. Y marca el “sesgo ideológico” del listado: “Queda claro que todas las unidades que veníamos teniendo tareas con la agricultura familiar y con la agroecología quedan cerradas y con pase a disponibilidad”.
Ricardo Garzia, secretario adjunto de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), añadió que “el Cipaf, los institutos y la políticas de agricultura familiar son los más atacados”. Y adelantó que se reunirá con gremios y organismos para «transformar la crisis en un cambio de representación en la mesa directiva del INTA, para romper con las falacias con las que el Gobierno atacó al sector».
“El INTA estaba haciendo muy bien las cosas para el modelo agroexportador, así que el INTA que queremos salvar no es el que teníamos. Es uno que incluya al 100 por ciento de la ruralidad argentina, no para el asistencialismo sino para la producción, la dignidad y el arraigo”, adelantó.

Del Decreto 462 al Senado
El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, el Inafci, el Inase y la Comisión Nacional de Semillas. Y ordenó la «transformación» del INTA y el INV.
Eliminó la autarquía que tuvo históricamente el INTA. Depositaba en un presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegaba en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.
También reemplazaba el Consejo Directivo, formado por cinco representantes del ámbito público y cinco del privado, por un Consejo Técnico de siete miembros elegidos por el Ejecutivo, cuatro de ellos en representación de los productores agropecuarios. El decreto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Javier Milei lo rubricó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, que vencieron en julio pasado.
Tras la firma del Decreto 462, el Ejecutivo firmó otro (466) que nombraba a Nicolás Bronzovich como presidente, cargo que ya ocupaba desde octubre de 2024.
Sólo un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de “transformación”. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA. A través del Decreto 585 pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia.
Las medidas de Bronzovich motivaron el accionar judicial de los sindicatos ATE y de Apinta. Presentaron una medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición el miércoles 20 de agosto. Ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Estableció el plazo de la medida por seis meses.
Tras la derogación en el Senado, Romero aclaró: “Los decretos 571 y 585 hacen referencia al 462. O sea que si se cae el 462, los otros también tendrían que caer. El lunes se tiene que hacer cargo el Director Nacional que estaba antes de la disolución de la Dirección y los consejeros nacionales del INTA que venían en representación de las entidades del campo, de las universidades y del Gobierno. El INTA tiene que volver a ser un organismo autárquico, con su fuente de financiamiento y su gobernanza”.

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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.

Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.

El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.

Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Una buena y otra malísima

Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.

La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.

Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…

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