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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.
Por Francisco Pandolfi
(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )
Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.
Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Incompetencia
En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca.
Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.
El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.
Cuando el “no”, no se entiende
Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente.
Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.
Armar la causa
Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.
Presos políticos
Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica.
La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.
Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.
Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.
Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”.

Causas y consecuencias
Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Uspallata”.
Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.
Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.
Una cacería legalizada
Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.
El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.
Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el
umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.
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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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Marchas de jubilados: Congreso + Obelisco para hacer cada vez más visible el reclamo

Otro miércoles novedoso, como siempre. Se realizó la marcha alrededor de la Plaza de los Dos Congresos, y además algunos grupos zarparon luego hacia el Obelisco, con la policía corriéndolos para evitar que bajaran de la vereda. En Diputados, mientras tanto, los papelones del oficialismo para impedir el debate sobre el financiamiento universitario, y el otro gran símbolo de estos días: el Garrahan. Las nuevas modalidades entre jubiladas y jubilados, los refuerzos de la prensa y del teatro, y la convocatoria para el miércoles 16 a una gran marcha unificada de Congreso a Plaza de Mayo.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Juan Valeiro, Tadeo Bourbon y lavaca.org

Una vez culminada la marcha de este miércoles (en el que hubo más gente que el anterior, en el que hubo más gente que el que lo antecedió) uno de los grupos, Jubilados Insurgentes, siguió caminando –inesperadamente– por Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Allí, pese al bloqueo policial, fueron por la vereda para evitar el “protocolo” y llegaron hasta el Obelisco para hacer un acto complementario al habitual.
De ese modo lograron hacer visible el conflicto fuera del corralito (o “marchódromo”) que impuso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para blindar el Congreso, incumpliendo su propio protocolo de no entorpecer las calles y fomentando caos de tránsito en esa zona del centro porteño.
Zulema, de Jubilados/as Insurgentes, cuenta a lavaca: “Cuando Bullrich cierra todo con vallas no tenemos quién nos vea y a quién hacerle el semaforazo que muestre cómo estamos viviendo. Hoy estuvimos en la radio abierta que siempre hacemos todos los grupos, marchamos con el resto de los sectores para sostener la unidad, y una vez terminado, decidimos venirnos vinimos al Obelisco donde hicimos el cierre de la jornada”.
No fue el único hecho creativo.
Tampoco el único hecho distinto o nuevo. La lógica de estos tiempos invita a enlazar, conectar, unir reclamos y luchas, crear lo diferente, inesperado y operativo.

El “hecho fortuito”
En el “palacio” legislativo la sesión para tratar el financiamiento universitario y la situación del Garrahan tuvo quórum pero finalmente cayó en medio de otro papelón generalizado, del que siempre suele resultar que las medidas que serían positivas para la sociedad, quedan relegadas.
En la calle, previo a la convocatoria de las organizaciones de jubilados, hubo dos movidas para seguir haciendo ruido: trabajadorxs de prensa, por un lado; y de las artes escénicas, por el otro; que luego se enlazaron dándole mayor músculo a la movilización tradicional de los miércoles.
“El momento es ahora”. Eso decía la convocatoria de trabajadorxs de prensa, fotógrafxs y comunicadorxs que realizaron en la Plaza Congreso una acción performática colectiva, autoconvocada y apartidaria para denunciar el cierre de la investigación interna de Gendarmería Nacional sobre el ataque al fotorreportero Pablo Grillo, herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado a su cabeza por el cabo Héctor Guerrero que lo dejó al borde de la muerte.

Gendarmería determinó que fue un «hecho fortuito» y responsabilizó al joven por estar parado en la línea de fuego. Según esta lógica, el responsable del casi homicidio de Pablo Grillo sería… Pablo Grillo.
«Basta de ataques a la prensa», fue el grito de una ronda gigante reunida alrededor de una pintada con la consigna «FUE BULLRICH», entre cámaras, cascos y máscaras desparramadas, para reflejar que la prensa está siendo silenciada a golpes. Tadeo tiene 32 años, es fotógrafo desde los 20 y fue uno de los que participó del encuentro. “Cerraron el caso sin investigar, cuando hay pruebas contundentes de que hubo alevosía y un intento de dañar de las fuerzas de Bullrich. Por eso entendimos que más allá de replicar en las redes, debíamos estar en la calle haciendo acciones concretas. Hay que unirnos, enlazarnos distintos actores sociales para construir una alternativa a la realidad actual”.

Entre la caca y el crimen
Emiliano es el hermano de Pablo Grillo y le dice a lavaca: “No sorprende para nada la decisión de Gendarmería, de hecho era algo que estaba esperando. Tuvo que haber un allanamiento en la GNA para incautar lo que el juzgado ya venía pidiendo hace rato, entonces si se tuvo que llegar a esa instancia es porque algo estaban encubriendo. Da muestra de que construyeron un relato, el mismo relato que dijo Bullrich, Adorni, que el cabo Guerrero actuó en forma a lo que le ordenaron y que Pablo estaba ahí porque tenía ganas. Obviamente que da bronca e impotencia, pero tengo la certeza de que más tarde o más temprano habrá justicia y la van a terminar pagando, aunque no creo que Bulrrich, porque es difícil que lleguemos tan alto y ella tiene varios cadáveres encima”.

Agrega: “Esta semana quedó clara la distinta vara de la Justicia. Mandan a la cárcel a una piba por una contravención municipal (en referencia a la concejala del kirchnerismo Eva Mieri, por participar en el ataque con caca a la casa del diputado libertario José Luis Espert), para eso la Justicia actúa rapidísimo pero al cabo Guerrero ni siquiera lo llamaron a indagatoria”.
Actor frustrado en presidencia
Trabajadorxs de las artes escénicas se juntaron en la puerta del cine Gaumont a las dos de la tarde para marchar hacia el Congreso, pedir que se trate la derogación del decreto 345/25 que le quita autarquía al Instituto Nacional del Teatro y provocaría su desmantelamiento si sigue vigente. “Es nuestra escena, es nacional, la defendemos porque es nuestra identidad”, cantaron mientras avanzaban a puro golpe de redoblante hacia un Congreso vallado en plena sesión. Al llegar el canto fue: “Qué vergüenza, qué vergüenza, ser un actor frustrado y ocupar la presidencia”.

Con el edificio legislativo de fondo y detrás de la bandera del Festival Teatral ENTRÁ —que se llevará a cabo del 3 al 9 de julio para visibilizar la crisis del sector de la cultura y defender al INT— leyeron al unísono un texto escrito por el dramaturgo Mauricio Kartun:
“Vení, mirá, discutí, escuchá. La Ley Nacional de Teatro le cambió la cara a la escena nacional, la hizo crecer. Se hizo escuchar. Asombrosa, preciosa Escena Nacional. Vení. Escuchá. Nuestra escena reclama la derogación ya. Somos muchos, somos miles que encontramos allí nuestra vocación, nuestra profesión, nuestro medio de expresión. Hoy, esta camándula siniestra que tenemos de gobierno lo desmantela. Son 70 años de lucha. Somos muchas generaciones solicitando, pensando, proponiendo, peleando. Del libre mercado no nos sorprende. De Sturzenegger tampoco; de Milei, menos. Es propio de su naturaleza fanática. Pero que haya allí gente de teatro que ponga la cara, que lo sostenga con su acción o con su falta de reacción, es deplorable. Leonardo Cifelli (secretario de Cultura) y cada uno de los funcionarios cómplices”.
Y termina con: “Te lo digo yo. La asombrosa y preciosa Escena Nacional”.
El grupo, unido y entusiasta, llegó frente al Congreso y una vez finalizada la acción, dijo en el altavoz: “Nos sumamos a lxs Jubiladxs, escuchemos la radio abierta”.
Lo mismo hicieron lxs trabajadores de prensa.
Y las luchas quedaron imbricadas.
Hasta ser solo una.

El poder a la imaginación
Lo creativo no estuvo solo en la acción colectiva, sino también en la imaginación individual.
Juan Manuel tiene 64 años y una inventiva sin techo. Cada miércoles camina solo, por toda la manifestación, mostrando carteles distintos, según los temas de cada semana. Esta vez redactó prolijamente:
“Tirarle soretes a Espert no es delito, sólo es redundante”.
E incluso una frase de Macbeth: “Te colocaremos, como a los monstruos raros, ante una barraca y debajo escribiremos, ¡aquí puede verse el tirano!”.
Sobre su proceso de creación, dirá: “El cerebro rumia aún dormido y así salen las frases”.
Otro ejemplo: “Estamos viviendo una distopía sin sentido, vivimos en un delirio con un presidente cómico; el problema es que no es chiste”.

¿Quién es responsable del casi asesinato de Pablo Grillo, fotógrafo que sigue recuperándose tras haber sido atacado por un proyectil de gas disparado a su cabeza? La respuesta desde el aire, en esta acción colectiva organizada para no olvidar.
Otro que trajo varios carteles es “El nono de Boedo”, como firma cada uno de las decenas que tiene. Algunos están colgados en su bicicleta:
–¿Sabés cómo se saca el óxido de la parrilla? No votando gobiernos de mierda.
–Que hoy no seas jubilado es cuestión de tiempo; que no me entiendas es cuestión de empatía.
–Cuando te digan que bajaron las ventas, no les creas. En menos de una semana se vendieron muchos diputados.
–Si el presidente que vos votaste te dice que el peso ($) es un excremento; tu salario es una cagada.
–Clarín hace más daño que el paco.
Jorge, el Nono de Boedo, cuenta que se despierta seguido a la madrugada con una idea para el cartel y no puede esperar a la mañana; se levanta, va a la cocina y escribe: “Es un estado de ánimo. A veces son carteles que muestran más bronca, otros de más esperanzas, aun en este momento donde gana la desilusión y en el que hay tanto odio. Por eso yo hice el cartel de Clarín, y se lo discuto a cualquiera. El paco hace mucho daño, incluso me toca familiarmente, pero con asistencia podés recuperarte; del odio no te recuperás más, el odio labura permanentemente, y entra a tu casa todos los días”.

Panorama junto al Obelisco, por la marcha de jubilados hacia allí.
Verónica como Tarzán
Acaba de empezar julio, y las jubiladas y jubilados fueron homenajeados con el aumento de 1,5% (menos de 5 mil pesos), que lleva el haber mínimo a $379.295. Verónica es pensionada y viene “del barrio más olvidado de la ciudad de Buenos Aires”; hace un respiro, y suelta: “De Constitución”. Explica que viene “a pata” y que está cansada, pero no de caminar.
Lleva un cartel: “El aumento es una burla; traidores”. Explica la bronca, y la burla: “No me alcanza ni para ir a comprar a la Salada. Cobro y a los pocos días me quedo como Tarzán, en bolas y a los gritos”, cuenta en criollo.
No llega a los 300 mil pesos, y una sola medicación para una afección a los pulmones le cuesta 120 mil. Se pregunta, nos pregunta, te pregunta: “¿Qué hago? Si me compro el remedio, me cago de hambre; y si compro comida, me agarra un ataque de asma que me manda al cementerio. No se puede concebir la vida así”.

Rubén conforma el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, una de las 14 organizaciones que hoy integran la Mesa que lucha por un aumento en el haber mínimo, la suba del bono congelado de 70 mil pesos, el retorno de la moratoria previsional y la gratuidad de todos los remedios. Analiza los pro y los contra de haber ganado la plaza y marchar libremente ahí, pero al mismo tiempo estar vallados, sin que la gente los vea: “Nos encierran y nos impiden estar en la puerta del Anexo del Congreso, sobre Avenida Rivadavia. Pero no sólo podemos verlo de una forma negativa: nos dejan afuera porque tienen miedo de que sigamos haciendo lo mismo y saben que ya no nos pueden reprimir, porque aumentan nuestra capacidad de visibilización, transformando nuestro espacio en algo mucho más grande, y hoy se vio reflejado en muchos sectores que vinieron a acompañarnos”.
–¿Cómo sigue la historia?
–Hasta ahora, todas estas luchas están atomizadas, pero empiezan a darse cuenta de que no pueden resolver el problema por separado. Por eso, apuntamos a hacer una gran marcha el 16 de julio, de Congreso a Plaza de Mayo, entre todos los sectores en lucha. Las 14 organizaciones de jubilados aspiramos a constituir un organismo más dinámico, completo, con muchas más creatividades, que logre una verdadera marcha masiva y de unidad. Si lo logramos, siento que puede representar una bisagra”.
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Educación: ADN y velas para resistir en la calle

Por Francisco Pandolfi
Desde que empieza a hablar, Micaela tarda menos de un minuto en empezar a hacerlo a través de esos ojos oscuros que primero lloran por la universidad pública.
Que después pasarán a tener rabia, por el desguace de la universidad pública.
Y que luego contagiarán fuerza, por el futuro de la universidad pública.
Esos ojos simbolizan lo que está pasando con la educación superior, que este jueves y viernes continúa con su plan de lucha: paro de 48 horas y diferentes actividades; actos y movilizaciones en todas las ciudades del país donde funcionan universidades públicas.

¿Qué está en juego? La aprobación de la ley de financiamiento universitario que incluye “salarios dignos para todos los trabajadores del sistema”, la actualización de becas para estudiantes y la asignación de “recursos mínimos e indispensables” para garantizar el funcionamiento institucional”. La convocatoria fue impulsada en conjunto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
En la ciudad de Buenos Aires, a la mañana se hizo un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas para denunciar los bajos salarios y un presupuesto para el funcionamiento de los hospitales universitarios que no fue actualizado en los últimos 13 meses. Por la tarde, se realizó una marcha de antorchas con el lema “Prendete a defender la Universidad Pública”, desde la Plaza Houssay (ubicada entre las facultades de Economía, Medicina y Odontología de la Universidad de Buenos Aires) hacia el Palacio Pizzurno, donde se emplaza la actual Secretaría –ex ministerio– de Educación nacional.

Acá está Micaela Rueda, con una vela en la mano, con esos ojos que dicen tanto y sus 28 años. Es Licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA, donde se recibió en 2021. Continúa estudiando –ahora un curso, gratuito– en la misma facultad. “Me sigo forjando, me sigo especializando”, dice orgullosa. No se golpea el pecho con las manos pero sí con las palabras. Entra en un subibaja de emociones. “Me genera un dolor ver a la universidad así, con docentes que desde hace un año y medio tienen que buscar otros trabajos porque no les alcanza, ni aunque hagan un montón de horas. Se rompen el lomo e igual no llegan”. La contrapartida: “Me genera tanta emoción vernos de nuevo en las calles, contra un gobierno del que no podés esperar nada, si hasta se rió de chico autista”.

Plantea una duda y una certeza: “No sé a dónde vamos a parar, pero estoy segura que la única manera de frenarlo es acá”.
Pese al frío hay cuatro cuadras atiborradas de personas, banderas, sindicatos, centro de estudiantes, docentes, estudiantes, autoconvocadxs.
Se canta para amainar los 9 grados de sensación térmica que entre la masa se disimulan bien. “Traigan al gorila de Milei, para que vea, que este pueblo no cambia de idea, pelea y pelea por la educación”.
Otro tema que suena en loop y al ritmo de “llegando está el carnaval”: “Si el presupuesto no está, qué quilombo que se va armar”, en referencia al reclamo sobre el proyecto de ley de financiamiento educativo universitario presentado el pasado 28 de mayo ante el Congreso de la Nación, y que busca garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario y científico con un aumento progresivo que alcance el 1.5% del PBI en 2031. Hoy, según denunció la comunidad educativa, lo destinado a inversión en educación superior es el 0,45 % del PBI.

Aunque aún no está confirmado, las autoridades universitarias esperan que el miércoles 2 de julio en Diputados se trate la iniciativa, que además plantea que los docentes y no-docentes recuperen el poder adquisitivo tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Cabe recordar que en septiembre de 2024 el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, pero veinte días después fue vetada por el presidente de la Nación Javier Milei.
Entre velas en vasos de plásticos y botellas cortadas, se llega a la puerta de la secretaría de Educación, a cargo del poco conocido Carlos Torrendell (55 años, porteño, doctor en Ciencias de la Educación; egresado en la Universidad Católica de Chile). Se hace un acto breve y concreto. Hablan representantes de la Conadu, la Conadu Histórica y CTERA-UTE. Dicen: “Le decimos al secretario de Educación que estamos vivos, aunque nos quieran muertos. Y les exigimos a ustedes, funcionarios que no funcionan, paritarias ya, progresivas y con buena fe. Hace un año la ministra Pettovello nos dijo que si en una semana no obtenía la plata para empatar nuestros salarios con la inflación, que saliéramos a la calle. Hace un año perdíamos un 40% con la inflación, hoy hay salarios que pierden un 91%. A la crueldad de este gobierno y su ajuste salvaje, seguiremos respondiendo con la pedagogía de la ternura y del amor, y con nuestro ADN: estar en la calle, de pie, y luchando”.

Acá, el objeto que se repite es la vela, encendida, alumbrando el futuro. Y la palabra que se repite –arriba y debajo del escenario– y que ensombrece el presente es “deterioro”.
Mercedes y Martín son docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y hablan con lavaca.
Mercedes: “Estamos asistiendo a un deterioro permanente en todas las universidades y en todo sentido. En las condiciones en las que trabajamos docentes, en las condiciones en las que estudian las y los estudiantes, y también en las condiciones en las que se produce conocimiento e investigación”.
Martín: “No es solo un reclamo salarial, justo y necesario porque el deterioro es muy grande, sino que es imposible sostener lo cotidiano, repercute en el propio mantenimiento de los edificios, en los servicios de luz, de gas. La agresión y el deterioro es muy importante”.

¿En qué perciben ese deterioro en lo diario?
Mercedes: Las facultades necesitan un presupuesto para mantener los edificios, los salarios, la limpieza y el presupuesto no se actualiza desde hace un año y medio. Todo el sistema está sufriendo mucho, y cuando las universidades sufren en términos de su infraestructura y docentes, los pibes y las pibas también porque hay menos recursos para becas, para iniciación en las vocaciones científicas, para desarrollar actividades de extensión; la formación se resiente, es un círculo vicioso, lejos de ser virtuoso.
Martín: Las facultades tienen que estar limpias, los baños son algo elemental. Los artículos de limpieza aumentan y las empresas que limpian también, en un 50, 60%. Mientras que a las facultades se les asignó un 0% de incremento. Eso se refleja cuando los estudiantes van a los baños y no hay papel higiénico, lo que desalienta a estar en la facultad. Además, en verano debemos restringir el uso de ventiladores por el gasto, y ahora en invierno pasa lo mismo con las calderas.
Mercedes: Lo mismo ocurre con el mantenimiento de los ascensores, que necesitan un service mensual por seguridad. Para pagar eso debemos sacar plata de otro lado, que no hay. Tapamos un agujero y destapamos otro. En el medio, nuestro salario que cada vez representa menos. En este año y medio perdimos más el 50% de nuestro poder adquisitivo.
Martín: Perdimos la mitad del ingreso, o un poco más. En la docencia existen muchas categorías, pero por ejemplo los ayudantes, que muchos son doctorados y sostienen cada comisión de trabajos prácticos que es la base sobre la que se asientan las cátedras, no llegan a los 200 mil pesos.
Mercedes tiene 57 años y desde hace 36 da clases en la Universidad de Buenos Aires. Martín dice que tiene “algunos años más que ella” y que está en la docencia desde 1978. “La educación es nuestra vida, nuestra identidad, y estamos acá para defenderla”, dicen, con el acto terminado y una vela prendida llamada esperanza.

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