Derechos Humanos
La justicia en el cuerpo
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una referencia internacional en la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. En este 2025 se están cumpliendo 40 años del Juicio a las Juntas que tuvo entre sus testimonios cruciales al del científico norteamericano Clyde Snow. El trabajo forense fue el que permitió identificar restos de víctimas de la dictadura, que así pudieron ser juzgados como homicidios cuando el delito de desaparición no existía. Aquella declaración de Snow fue uno de los espaldarazos para este grupo. Cómo nació, qué descubre, cómo es su trabajo cotidiano, y por qué se convirtió en un símbolo en el mundo. En tiempos complejos en los que parecería que faltan ejemplos e inspiraciones, aquí hay uno de tantos: un equipo en movimiento, que reúne la ciencia y lo social -pese a los frenos libertarios- para sostener un modelo que rompe al negacionismo y revela la verdad.
Por Lucas Pedulla.
(Publicada originalmente en la revista MU)

«Los huesos son un rompecabezas, pero nunca mienten”.
Para llegar a la frase de Clyde Snow, casi una bienvenida al edificio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hay que atravesar las calles del ex centro clandestino ESMA, uno de los mayores infiernos operativos durante la dictadura, entre carteles que ubican el horror y recuerdan a personas que hoy siguen desaparecidas.
El lugar se encuentra detrás de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ambos espacios conectados por un pequeño patio interno. Hay una conexión también histórica: en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y las Abuelas solicitaron la asistencia de Eric Stover, el director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés, ubicado en Washington DC, Estados Unidos). El porqué era una preocupación: las familias no confiaban en las exhumaciones de cuerpos en tumbas NN o en fosas comunes que diversos jueces, ya en democracia, estaban ordenando y llevando a cabo de forma no científica ni profesional.
La delegación de AAAS que llegó al país trajo al doctor Clyde Snow, un antropólogo forense de trayectoria ya destacada a nivel mundial. Snow convocó arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los restos que encontraban con una metodología científica. Los hallazgos fueron tan escalofriantes como cruciales.
Snow declaró en los primeros días del Juicio a las Juntas, en abril de 1985, hace 40 años. Fue la única vez que la sala de audiencias se oscureció para mostrar diapositivas de lesiones en huesos y cráneos de esos cuerpos exhumados, que permitieron comprobar científicamente los asesinatos cometidos por el terrorismo de Estado.
El experto capacitó un equipo que, desde entonces, nunca paró de trabajar: en febrero pasado, el EAAF identificó los restos de Raúl Salustiano Ruiz, secuestrado por el Ejército el 2 de junio de 1976 en Caspichango, al sur de Tucumán. Fue la víctima número 120 encontrada en la fosa común conocida como Pozo de Vargas.
La noticia, entre tsunamis negacionistas, impactó doble porque el rompecabezas de la memoria, la verdad y la justicia es algo que no para de reconstruirse.
Y, como dice Snow en esta bienvenida al equipo que formó, no miente.

De loquitos y esqueletos
«Clyde encontró un hilo y empezó a tirar. A partir de ahí fue más sencillo, porque tenés el hilo”. Carlos Maco Somigliana (65) es antropólogo, formó parte del equipo de jóvenes que trabajó en la fiscalía durante el Juicio a las Juntas, luego pasó a integrar la experiencia EAAF que todavía era flamante, y hoy habla en su oficina como uno de los “veteranos” que permite ubicar la perspectiva histórica de un trabajo que continúa con otras generaciones. A 40 años la explicación parece sencilla, sobre todo viniendo de una cabeza con rigurosidad científica donde la clave es hallar el método, pero en los comienzos hubo algo más que la “suerte” de la que habla Maco: “Se dieron una serie de circunstancias que permitieron crear el espacio. En el juicio, por ejemplo, parecía que no había nada en ningún lugar, pero había una posibilidad enorme de hacer cosas siempre a partir de lo que se hizo antes”.
Snow es importante porque permitió verlo: “De repente viene un tipo con mucho rodaje, con herramientas ya creadas, que le permiten ver un tsunami y no pensar que no se puede hacer nada, sino clasificarlo: es un tsunami clase X, por ejemplo. Lo que hizo Clyde es pensar: hay un Estado, una de las funciones del Estado es el registro, y el Estado sigue registrando como si fuera una cámara. Para quienes quieren hacer algo y preferirían que esa cámara no existiera, es complicado explicarle a la cámara que se tiene que apagar ante ciertas cosas. Entonces dijo que busquemos en esa superficie, a ver si hay algo que se relacione, y empezó a ver partidas de defunción de personas no identificadas. Fue el piolincito. Solo había que mirarlas. Después, con los años, aprendés a tirar mejor del hilo, ves que hay otros que se relacionan, pero permitió pensar: ¿cómo puedo buscarle la puerta a esta pared? Muchos chocan, pero Clyde dio un paso atrás y dijo: ahí hay un lugar”. En tiempos de aquel juicio (1985) no existía el delito de desaparición. Sin los cuerpos identificados, no había homicidios (que era lo que buscaban los militares). Por lo tanto los descubrimientos de Snow fueron cruciales para que pudiese existir la acusación por crímenes probados, que derivaron en condenas a prisión perpetua.
La historia es fascinante, y en este presente que muchas veces se revela desolador, permite dimensionar un trabajo que partió con el horror todavía muy presente –los años 80–, recorrió un desierto de impunidad –los 90–, y sigue funcionando desde un quehacer específico, encontrando respuestas que llegan en esta Argentina con características atmosféricas particulares: “Hablás del desierto de los 90, pero a nosotros nos permitió encontrar un oasis, porque lo que pasaba es que a nadie le interesaba la cuestión. Era tomen y vean: éramos unos loquitos estudiando esqueletos que no se iban a poder identificar porque no era posible la identificación de ADN. Por eso hablo de suerte, con un poco de cabeza dura, y también de apuesta. Podría no haber salido bien. Muchas veces no sale. Invertís tu tiempo. Pero fue la etapa de consolidación, porque cuando la cosa sí empezó a tener sentido, entonces ya éramos una referencia: habíamos estado 10 años mirando eso”.
Cómo eso continúa vivo es parte de una especificidad: “Con Abuelas tenemos una gran fortuna y es que tenemos tareas concretas. Problemas concretos, complejos, pero siempre tenés trabajo, y eso es una diferencia que nos permitió tener miradas más específicas que el resto de los organismos”. Maco ejemplifica en las búsquedas actuales sobre desapariciones en democracia: “Es una manera de demostrar que el movimiento tiene cosas para aportar no solo respecto del pasado lejano sino del presente. Es fundamental porque, si no, nos vamos quedando en las tradiciones, que son buenas, pero sobreviven lo que dura una generación, o tres como mucho, si no lo atás con algo que se esté moviendo”.
A su vez, ese pasado lejano se sigue moviendo en un presente político que busca anclarlo en el olvido, como la identificación en el Pozo de Vargas. ¿Qué significa?
Que la gente escuche que eso se sigue haciendo a pesar del contexto. Es importante enfatizar el hecho de que la rueda se sigue moviendo.

800
Mariella Fumagalli (43) es la directora programática de Argentina, y con Analía González Simonetto (45), coordinadora del Laboratorio Antropológico, entraron como pasantes en 2002, cuando eran estudiantes de Antropología en la UBA. “Fue un espacio de trabajo y de formación al mismo tiempo –dice Mariella–. El EAAF es una experiencia tan sui generis que la transmisión de conocimiento se dio de Clyde Snow al grupo de antropólogos en los 80, que después formaron a una nueva generación”. En aquel momento, desde otro desierto poscrisis 2001, el EAAF requirió a la justicia los restos de aquellas exhumaciones que habían hecho los jueces al comienzo de la democracia. Analía: “Eran muchas bolsas con muchos restos, en muchos casos mezclados por la misma exhumación, y el Equipo necesitaba gente que los procese, los lave, los incluya en un inventario”.
Hoy son responsables en sus áreas, como también lo es Virginia Urquizu (50), coordinadora de la Unidad de Casos, en permanente contacto con las familias. También de la UBA, entró en 2007 para atender un teléfono 0–800 en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID): “Fue un salto cualitativo para obtener muestras de sangre y enviar al Laboratorio para hacer comparaciones masivas. Muchos no habían dado muestras ni tampoco sabían que se podía hacer”. Ese año fue bisagra porque permitió comparar masivamente las muestras de sangre con todas las muestras óseas, ya que antes se hacían una por una: “Primero tenías que establecer un perfil de identidad de la persona para poder hacer un cotejo genético. Aceleró muchísimo”.
Un dato de esta rueda que sigue: en el edificio del EAAF aún quedan más de 800 cuerpos sin identificar por falta de muestras. Mariella: “El paso del tiempo también nos afecta por el límite biológico. Hay un ciclo que, de alguna forma, se está cerrando porque cada vez hay menos madres y menos abuelas. Fundamentalmente necesitamos las muestras de sangre de los familiares para identificar personas. Los familiares directos son cada vez menos, entonces hay que recurrir a otros mecanismos”. Analía suma las transformaciones a nivel genética: “Hace 10 o 15 años una muestra de un primo hubiera sido mucho más compleja de agregarla a una comparación. Hoy los cambios son abismales: por eso convocamos a sobrinos, primos, nietos, que son líneas más alejadas, porque hay una posibilidad de acompañar esa curva decreciente”.
En los casos donde no hay familiares vivos, el EAAF tiene entonces que exhumar un familiar fallecido para poder sacar una muestra y acceder a un perfil genético para comparar. Son parte de los desafíos actuales en un presente complejo, y donde el acercamiento de los familiares sigue siendo fundamental para seguir investigando. Virginia menciona el Proyecto Humanitario Malvinas: “Seguimos trabajando para identificar a cinco combatientes que faltan que fueron inhumados en el Cementerio de Darwin, y eso tiene que ver con la falta de muestras de familias que está costando mucho encontrarlas”.
Mariella aporta otro ejemplo relacionado a la última identificación en el Pozo de Vargas: “Hay 149 personas exhumadas, y quedan 30 por identificar. No se está pudiendo lograrlo todavía porque no tenemos muestras. Pero, paralelamente, la investigación de esos restos debe continuar porque lleva un trabajo antropológico de armado de rompecabezas de 149 personas en el que hay que conformar un esqueleto entre 40.000 elementos óseos mezclados”.

Partes del problema
La experiencia que el EAAF acumuló durante años lo constituyó en una referencia también a nivel internacional, con misiones a la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Togo y Sierra Leona; con solicitudes del Tribunal Penal Internacional para la ex–Yugoslavia de Naciones Unidas; del Comité Internacional de la Cruz Roja (en Colombia, Líbano, Ucrania, Irán e Irak, entre otros); o convocados por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México. La lista sigue y cruza continentes.
Como explicaba Maco, en Argentina están trabajando, entre otras líneas, las desapariciones en democracia. “Es un universo complejo porque tenemos una metodología aceitada para determinadas formas de desaparición dentro del terrorismo de Estado, pero en democracia hay un millón de factores que pueden incidir en la desaparición de una persona –dice Mariella–. Lo que podemos aportar es un mecanismo de búsqueda”.
Entonces aparecen los inconvenientes: “Hay un problema de incidencia de la política pública. El EAAF surgió como una respuesta a una búsqueda de personas desaparecidas frente a un Estado que no las daba. En democracia se supone que el Estado se tiene que ocupar de forma sistemática, con base de datos, un listado único de personas desaparecidas. No pasa, y por otro lado hay cuerpos sin identificar en diferentes morgues del país. En el terrorismo de Estado tenías diferentes colectivos que reclamaban frente a una problemática común. Acá hay femicidios, violencia institucional, conflictos domésticos. Es tan diverso que es muy difícil conducir un criterio único. Sí hay una forma que puede ser protocolizada, con alertas de búsqueda, pero el problema es el cumplimiento deficiente o aletargado en función de la inmediatez que se necesita para resolver la desaparición de una persona, donde las primeras 48 o 72 horas son cruciales. Necesitás capacitación judicial y en las fuerzas de seguridad. A veces son parte del problema, pero en otros casos es falta de capacidades”.
Esa falta, que sorprende desde un país que avanzó como ninguno en la investigación y reparación por los crímenes del genocidio, es lo que también hace que el EAAF sea requerido. “Pero es como el huevo y la gallina –observa Mariella–. El EAAF fue el EAAF porque hubo una sociedad civil que impulsó. Si no hubieran habido Madres y Abuelas, ni colectivos de ex presos políticos que reclamaran sistemáticamente la investigación de los crímenes, quizás el EAAF no se habría armado. O no habría tenido la proyección que tuvo ni la materia prima para trabajar con la información de familias y militantes. O de acceder a sus cuerpos y cruzar investigaciones. En Chile, donde trabajamos, la sociedad está muy dividida. Políticamente es difícil avanzar porque no hubo proceso de justicia y reparación. Si el Estado no toma esa bandera en algún momento, mal o bien, es muy complejo”.
¿Qué pasa entonces en el marco del actual Estado?: “La situación es que somos peritos de la justicia, y hay diferencia con la praxis del resto de los organismos. Nuestro trabajo está enmarcado en causas tanto provinciales como federales. No hay mucha forma de que se detenga nuestra maquinita, chiquita, que sigue andando porque los jueces siguen ordenando medidas de prueba en investigaciones que siguen abiertas. Obviamente los vaivenes influyen, como pasó en todas las épocas históricas”.
¿Para qué sirve esa memoria en contextos así? Piensa Mariella: “Para seguir haciendo tu trabajo con la mayor de las responsabilidades, sabiendo que al frente tenés familias que siguen esperando los restos de sus seres queridos hace 49 años. Y que más allá de la apatía o del desgano que a veces uno siente pensando a dónde vamos a parar, nos ubicamos en que todo lo que se hizo en los peores momentos nos trajo hasta acá”.

Encíclica Ivonne
Así como Clyde Snow supo encontrar e identificar el tsunami de esa Argentina posdictadura, ¿es posible ubicar en qué tsunami estamos hoy? “Es una cuestión de método –piensa Maco Somigliana–. Si pasó, se puede saber. Si lo vamos a hacer, o no, no sé. Estamos aceptando cosas que nos va a avergonzar mucho haber aceptado, pero ojo que haber llegado hasta acá es en parte por otras cosas que aceptamos y dijimos que no era para tanto. Por algo fue. Depende de nuestra lucidez como sociedad, en la medida en que definamos los problemas, materializar si esto sirve de algo. Si tenés una década perdida o ganada, que sirva para algo que genere cosas distintas. Pensar que esta coyuntura es peor que otras… depende, porque lo que hemos aceptado antes era mucho peor”.
Sobre su computadora, Maco tiene una foto con una mujer. Es la única en la oficina. Cuenta que es Ivonne Pierron, monja francesa amiga de Alice Domon y Leonie Duquet, las religiosas desaparecidas junto a las tres Madres de Plaza de Mayo y otras siete personas del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, donde se infiltró el genocida Alfredo Astiz, hoy condenado y preso. Ivonne era una de las sobrevivientes.
Maco ubica el recuerdo en su memoria y explica la imagen mientras la mira: “Es una ceremonia que hicieron en la embajada de Francia hace 20 años. Le daban la Legión de Honor. Acabábamos de identificar a Leonie Duquet. Me acuerdo mucho de ella. La vi solo esa vez en la vida y nunca más. Una persona muy creyente, en el buen sentido”.
¿En qué?
En creer que lo que hacés en algún momento te va a traer cosas buenas.
Derechos Humanos
Andalgalá: intimación de la CIDH al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos

El Estado argentino deberá responder por las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de las vecinas y vecinos de Andalgalá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del rechazo y la movilización que genera en la comunidad el proyecto de megaminería a cielo abierto denominado MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El organismo internacional ya notificó al Estado nacional y le otorgó un plazo de tres meses para que presente sus observaciones en el marco de la denuncia impulsada por la Asamblea El Algarrobo. Se trata de un logro de la movilización del pueblo de Andalgalá que desde lavaca.org y MU venimos siguiendo desde hace más de 15 años. Llevan 821 caminatas, una por semana, los sábados a las 19, en rechazo a la megaminería. Una resistencia que no bajó los brazos pese al hostigamiento y la violencia institucional del Estado durante todos estos años.
(Fuentes: Asamblea El Algarrobo – Andalgalá, página No a la Mina y lavaca.org)
Fotos: Susi Maresca para la Asamblea El Algarrobo y para lavaca.org

La causa contra el Estado por violaciones a los derechos humanos fue presentada en abril del año 2024 por vecinos y vecinas de Andalgalá. Luego de ser estudiada por la CIDH, se les notificó de esta decisión. El Estado argentino deberá rendir cuenta por las acciones que ha adoptado la provincia de Catamarca durante todos estos años, como ser la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación.
Sin embargo, estas son apenas algunas de las vulneraciones que han sufrido por defender el agua, el territorio y la vida, pero además por la sistemática denegación de sus derechos constitucionales de vivir en ambiente sano por parte del Poder Judicial provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el único objetivo de avanzar con la explotación del proyecto Agua Rica, hoy denominado MARA (Minera Agua Rica Alumbrera). Se trata del yacimiento de oro, cobre y molibdeno Agua Rica que utilizaría la infraestructura de la mina Alumbrera, es decir, sus instalaciones para el procesamiento del mineral.
248 víctimas
La presentación fue efectuada por la abogada de la Asamblea, la doctora Mariana Katz en representación de más de 100 vecinos y vecinas, acompañada por el Colectivo Yopoy (los abogados Juan Pablo Vismara, Gabriel Bicinskas y Marcos Filardi), denunciando que 248 andalgalenses han sido víctimas del accionar violento y violatorio de derechos humanos por parte del Estado Argentino y ante el accionar del Estado catamarqueño, que se encuentra probado en 44 causas judiciales. Entre éstas, están las iniciadas por los vecinos y vecinas para defender sus derechos humanos, y que no han tenido respuestas. Además, se está denunciando el accionar persecutorio a través del Poder Judicial, con el armado de causas en contra de los defensores y defensoras del ambiente, a las que la justicia local aún no ha dado respuesta alguna, ignorando así derechos constitucionales.

El reclamo trasladado a los tribunales de Buenos Aires.
El proyecto MARA , que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares. “Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dice a lavaca Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo”.
Parte de las acciones de Glencore pertenecen a Blackrock, el fondo «buitre» de finanzas comandado el norteamericano por Larry Fink. Ese fondo tiene intereses en múltiples empresas, los principales bancos argentinos, yacimientos mineros en San Juan, y posee -a través de la propia Glencore- la propiedad de Viterra que, asociada al grupo Bunge, es una de las principales corporaciones del agro negocio a nivel mundial.

Las marchas en Andalgalá: todas las generaciones.
La Corte Suprema desoye el reclamo
Esta notificación de la CIDH da inicio al proceso de verificación de todas las violaciones de Derechos Humanos que la Asamblea El Algarrobo viene denunciando desde hace más de 15 años, pese a la violencia institucional de la que suele ser víctima.
Con la apertura del proceso ante la CIDH, de ahora en más la población de Andalgalá litigará con el Estado argentino: la respuesta a sus reclamos tendrá que ser brindada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería de la Nación, y esto implica que el Ministerio de Minería de la provincia no podrá emitir nuevas autorizaciones sobre la “etapa de exploración avanzada”, que implica un inicio de explotación de manera encubierta.
Esta decisión de la CIDH contrasta nítidamente con la tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que días atrás rechazó el recurso extraordinario federal que interpuso la Asamblea para que no se cierre el amparo judicial iniciado en enero del 2010, y que tenía por objetivo que se impida la explotación del yacimiento Agua Rica, y que también ayer ratificó esa decisión, dejando abstracto este reclamo.
El fallo de la CSJN es apenas una muestra de cómo el Estado argentino en su conjunto desoye el reclamo y vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y apto para la vida digna.

La causa para rechazar el RIGI
La Asamblea El Algarrobo fue notificada además sobre la apertura de un expediente para evaluar la solicitud realizada ante el Ministerio de Economía, para que se rechace el pedido de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), solicitado por Glencore. Ese es otro trámite que muestra las múltiples vías de resistencia encaradas por la comunidad, tanto en la calle, marchando todas las semanas, como en el ámbito judicial. Reconocen los vecinos y vecinas el apoyo que han recibido de diversas organizaciones, especialmente el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y a Amigos de la Tierra.
La Asamblea hizo saber a todos los funcionarios y empresarios que Andalgalá «no va a bajar los brazos», que van a continuar en esta lucha. Plantean: «Lo está en juego es la vida, el presente y el futuro». Y exigen que se cumplan las leyes y se respeten sus derechos: «Ese es el deber del Estado que el pueblo demanda».

El Aconquija: parte de lo que defiende la Asamblea El Algarrobo.
Derechos Humanos
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
Hoy cumple 95 años Estela Barnes de Carlotto, actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su utopía era la de una vida normal. No pudo ser: la directora de escuela “antiperonista y aburguesada” sufrió el secuestro de su marido primero (liberado tras el pago de un rescate a los grupos de tareas) y más tarde el de su hija Laura, que parió en cautiverio y luego fue fusilada por la espalda. Para Estela comenzaba otra historia. Desde los gritos ante la Rosada, los cumpleaños simulados y las búsquedas insólitas, hasta el hallazgo de 140 vidas e identidades. ¿Qué simbolizan Abuelas? Modos posibles de ser y de hacer, frente a lo peor, y sin odio. Acción más que los discursos. Carácter, eficiencia y alegría. El efecto Milei y un consejo abuelístico. La nota publicada en MU, como humilde homenaje a una mujer. Y al Estilo Estela. Por Sergio Ciancaglini.
(más…)Derechos Humanos
Festival por Pablo Grillo: “Quisieron matarlo, pero no les salió”

Quiénes estuvieron y quiénes no, a siete meses del ataque al fotoreportero durante una de las marchas de jubilados. El significado de la solidaridad y la amistad: «Estamos revirtiendo eso de que ser turro esté de moda» dijo Fabián, el padre de Pablo.
Por Claudia Acuña
Sobre Hipólito Yrigoyen, a pocos metros de Solís, hay una herida en el asfalto que marca el lugar exacto en el que la Gendarmería Nacional atentó contra la vida del fotógrafo Pablo Grillo. Ahí mismo un manojo de colegas están ahora pegando con plasticola su foto, mientras Fabián, su papá, sintetiza todo lo que este festival solidario significa: “Quisieron matarlo, pero no les salió. Pablito está mejor y lo que lograron es potenciar el amor del pueblo. Ahora acá estamos revirtiendo eso de que ser turro esté de moda para que podamos mirar al otro como un amigo, un colega, un par”.

Fabián Grillo y las armas de creación masiva. «Pablito está mejor y lo que lograron es potenciar el amor del pueblo».
Hay chicos jugando al ajedrez y chicas pintando con acuarelas flores y pájaros. Hay músicos cantando rap y músicas cantando tangos. Hay jóvenes y veteranos bailando rock y milongas. Hay sol, mate y bandejas de sándwiches y alfajores caseros que se comparten. Hay fotos colgadas en las rejas de la plaza y en los cuellos de colegas de Pablo que acompañan a las familias, amigos, amigas y vecinos que se reunieron allí para acompañarse.

Chicas y chicos jugando y pensando.
Hay jubilados y jubiladas, por supuesto, porque finalmente Pablo estaba allí para registrar su batalla de todos los miércoles. Aquel 12 de marzo no era uno cualquiera: se habían sumado a la ronda hinchas de todos los clubes de fútbol con la intención explícita de proteger a las y los jubilados de la represión que sufrían cada miércoles y que ese día fue más brutal. Así lo ordenó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich –ahora candidata a senadora, quizá para esconder las consecuencias legales tras los fueros– y la noticia fue otra: no ya el apoyo que podría haber contagiado la solidaridad de otros sectores, sino la imagen de un joven fotógrafo agonizando en el asfalto con el cráneo destrozado. “Si Pablo tiene la fuerza para pelear por su vida, nosotros también”, sintetiza Fátima, una de sus amigas de Remedios de Escalada, donde todos los viernes se realiza un semaforazo para exigir justicia y todos los meses un festival como este, que al cumplirse siete meses decidieron trasladar a la escena del ataque.

Jubilados acompañando la movida. El ataque a Pablo fue durante una de las marchas de los miércoles, el 12 de marzo.
Lo que no hay deja flotando un interrogante: a una semana se las elecciones nacionales no hay partidos ni políticos que ni siquiera se acercaran para la clásica foto. ¿Dónde están? Tampoco hay organizaciones sociales ni otros aparatos que aporten ni gente ni logística, que la familia consiguió a puro abrazo. Por ejemplo, el de SiPreBA –el sindicato de prensa porteño– que entre otras cosas se hizo cargo del sonido y los dos baños químicos exigidos por el gobierno porteño para otorgar el permiso, que se convirtieron en cinco: cuando la empresa proveedora se enteró para qué eran decidió aportar tres más.


La cicatriz en el asfalto, y el homenaje a Pablo, que sigue recuperándose.
Lo que sobra es armonía, esa extraña cualidad en peligro de extinción y que allí, sobre el asfalto herido, cura.

La vida sobreponiéndose a los proyectos de muerte.

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