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Derechos Humanos

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

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La comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada aplicando un apagón eléctrico en la zona, al estilo de lo ocurrido en 1976 en el Ingenio Ledesma. La policía local destruyó las casas que están en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad y agredió a los pobladores, que decidieron volver a sus tierras para recuperarlas. El trasfondo de los negocios inmobiliarios y mineros, el rol del poder judicial y la reflexión de la gente de Cueva del Inca.  

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Uma Nielsen

Los desalojos de las comunidades originarias se volvieron una característica más en esta gestión del gobierno nacional. El terreno para esto lo allanó el decreto que puso fin a la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras, que mantenía la suspensión de los despojos. Ese decreto fue firmado por Javier Milei a un año de asumir su mandato, el 10 de diciembre de 2024. La fecha no fue elegida por casualidad: se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con esa dinámica, la comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada en medio de violencia y varias irregularidades este lunes 7 de julio: 

1) No fue notificada del desalojo. 

2) El despojo ocurrió a la madrugada, incumpliendo toda legalidad.

3) La policía encargada del operativo ejerció violencia física y cortó la luz eléctrica en la zona.

4) La comunidad cuenta con personería jurídica.

5) Cueva del Inca es parte de la Quebrada de Humahuaca, territorio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la UNESCO, por lo que está prohibido cualquier desalojo.

Este lunes a la madrugada, todo eso no importó.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

La reconstrucción en Tilcara, después del desalojo.

La jueza, el hotelero y la violencia

Miriam Alfaro tiene 39 años, hace artesanías y es la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, emplazada en la Quebrada de Sarahuaico, a pocos metros del acceso por ruta nacional 9 a Tilcara. Con el viento de fondo, algunas whipalas flameando y su casa destruida, habla con lavaca: “Sin ser notificados, la jueza Liz Valdecantos Bernal ordenó al juez de paz de Tilcara, Pedro Apaza desalojarnos de nuestro territorio comunitario, que ya habían intentado desalojar en abril. Alrededor de 50 efectivos de la Policía de Jujuy, sin identificación, entraron a nuestra comunidad antes de las 6.30, todavía de noche, al grito de ‘váyanse usurpadores’ y nos desalojaron de forma muy violenta”.

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Miriam cuenta que la Policía cortó la luz y que la comunidad se quedó sin señal de comunicación. Y que luego entró a su casa derribando la puerta, insultándolos, diciéndoles narcotraficantes. “Ni bien entraron tiraron un gas lacrimógeno que cayó en mi cabeza. A un hermano lo tiraron al piso y lo golpearon, a otra hermana lo mismo. Yo tengo una discapacidad motora y cuando estaba intentando salir por voluntad propia de mi casa, un policía me jaló, me tiró al piso y se tiró encima mío. Todo fue brutal y violento, más que un desalojo parecía un allanamiento por la magnitud que ha tenido. De hecho, detuvieron a doce integrantes de la comunidad, que ya fueron liberados”. Agrega: “Fue totalmente ilegal, no solo por ser en plena oscuridad y sin notificación, sino porque tenemos todo en regla”.

La técnica utilizada para concretar el desalojo retrotrae al histórico Apagón de 1976, en plena dictadura, en el ingenio Ledesma de Libertador General San Martín, cuando se utilizó el corte masivo de luz para perseguir a trabajadores, con un saldo total de tal metodología represiva de 400 personas secuestradas, 55 de las cuales siguen desaparecidas.

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Miriam: ¿qué intereses hay detrás de este desalojo?

En 2017, el empresario hotelero Carlos Vázquez denunció por usurpación a uno de los integrantes de la comunidad, Javier Mamani. O sea, individualizaron el proceso. Javier siempre fue uno de los miembros más luchadores y ya no vive en nuestro territorio, pero igual vinieron a desalojarnos, en otra irregularidad del proceso. Vázquez, dueño del hotel El Canto del Viento, quiere quedarse con nuestras tierras en complicidad con el gobierno de turno, que busca hacer acá un negocio inmobiliario. Nosotros como comunidad tenemos personería jurídica, la carpeta técnica que nos exigen así como el relevamiento territorial indígena (ReTeCI, Registro Territorial de Comunidades Indígenas). Cumplimos con todos los requisitos. Y además tenemos una sentencia judicial de 2006 a nuestro favor para que el gobierno jujeño nos entregue el título comunitario. Si aun así debemos enfrentar estas situaciones es porque detrás no sólo hay intereses inmobiliarios y turísticos, sino también mineros. En los cerros de la Quebrada de Humahuaca hay muchos minerales, que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Pachamama.

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¿Cómo entender la orden de la justicia?

Porque hay una mafia judicial. Es de la única manera en que se explica que un hotelero mueva tantos policías para sacarnos del foco a nosotros. Los emprendimientos privados siempre llegan a un acuerdo con el sistema judicial y con todo el gobierno provincial para quedarse con los territorios comunitarios. Acá está todo confabulado, son todos cómplices. Un ejemplo: para demoler mi casa el lunes, trajeron a los bomberos de la provincia.

La pueblada y 100 familias

El 20 de junio pasado se cumplieron dos años de que el entonces gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional viciada de todo tipo de irregularidades (sin consulta previa a las comunidades; debatida y votada de manera express, sin licencia de la sociedad), que derivó en el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, con 100 mil personas en las calles. Y en una feroz represión policial (disparos a la cabeza –4 personas perdieron la vista en uno de sus ojos–; persecución a periodistas y fotógrafos; hostigamiento a dirigentes sociales; amenazas de despidos a manifestantes; allanamientos ilegales, entre varios etcéteras).

“Esto es una consecuencia de haber estado en contra de la reforma. Quisieron avasallarnos en ese momento y siguen ahora en el gobierno de Carlos Sadir, maltratándonos, porque este no es el primer desalojo. Ya hubo otro en la localidad de Guerrero, hace unas horas quisieron desalojar una comunidad en la finca El Pongo y así muchos otros”.

En la comunidad Cuenca del Inca viven alrededor de 100 familias y hay un sitio arqueológico y cultural donde descansan los ancestros. Hay animales: llamas, cabras, ovejas, chivos. Hay plantas: cardones, churquis, sumalaguas, molles. La mayor parte de la comunidad vive de la artesanía, ganadería, albañilería y de administrar un circuito turístico que está dentro del territorio. Este miércoles, 48 horas después del desalojo, la comunidad organizada resolvió en asamblea retornar al territorio y comenzar la reconstrucción de lo destruido y en vigilia permanente. Por ahora, la Policía no volvió. 

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

Al lado de los escombros, y junto a las paredes que poco a poco vuelven a levantarse, concluye Miriam: “Volvimos porque este es nuestro lugar y de acá no nos iremos. Vivimos dentro de una zona declarada Patrimonio de Humanidad, pero la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos: un constante hostigamiento y persecución. La codicia del empresario Vázquez, la complicidad del poder judicial y todo un gobierno. Destruyeron mi casa y todas mis pertenencias. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están en un depósito judicial que está dentro del hotel de este empresario. Ese hotel, hoy es un búnker donde salen y entran policías. Es una incoherencia total, que ya no nos sorprende, pero que no nos hará dejar de resistir. No vamos a permitir que nos vengan a sacar, ni nos vengan a atropellar, ni nos vengan a maltratar, ya fue suficiente todo lo que hemos pasado. Es hora de decir basta”.

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La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

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Iris Avellaneda recibió en su casa a la hija del represor Miguel Clodoveo Arévalo, implicado en el secuestro de «El Negrito», quien le pidió perdón por los crímenes cometidos por su progenitor. Aquí relata ese emocionante encuentro. Floreal Avellaneda tenía 15 años, fue secuestrado, empalado, asesinado y su cuerpo apareció flotando en Uruguay. Hoy un monumento lo recuerda en el Río de la Plata, junto a Parque de la Memoria.

por Leonardo Castillo. Fotos: Gustavo Becerra.

Tiempo Argentino (tiempoar.com.ar)*

Iris Avellaneda, militante por la defensa de los Derechos Humanos, vivió días atrás un hecho “reparador y a la vez movilizante”, al encontrase con la hija de uno de los represores que integró el grupo de tareas que secuestró, en abril de 1976, a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, que con 15 años se convirtió en la víctima identificada más joven de los denominados vuelos de la muerte.

El pasado 14 de febrero, Mirta, hija del general Miguel Ángel Clodoveo Arévalo, visitó en su casa de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, a la actual titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y le pidió perdón por el crimen cometido por su padre en tiempos del terrorismo de Estado.

“Vino con su hijo, que se llama Santiago, y con lágrimas en sus ojos me pidió perdón en nombre de su padre. Se sacó de esa forma una pesada mochila que cargaba desde hace años. Es un encuentro que nos sirvió a las dos”, señaló Iris en diálogo con Tiempo Argentino al referirse a este encuentro, ocurrido cuando se están por cumplir 50 años del golpe genocida y del secuestro de El Negrito.

Floreal Avellaneda e Iris fueron capturados por un grupo de tareas del Ejército el 15 de abril de 1976. Los represores buscaban a Floreal padre, militante comunista y delegado sindical en la fábrica metalúrgica Tensa, que logró escaparse cuando la patota llegó a la vivienda que la familia habitaba en la localidad de Munro.

Madre e hijo fueron conducidos primero a la Comisaría de Villa Martelli, y luego al centro clandestino de detención ilegal conocido como “El Campito”, que funcionaba dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados.

Quince días después, Iris fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo encarcelada, primero en la cárcel de Olmos y luego en la Unidad Penal de Devoto, donde recuperó la libertad en julio de 1978.

El Negrito, como cariñosamente lo llamaban en su familia, corrió otra suerte. Su cuerpo apareció en las costas uruguayas el 14 de mayo de ese año, cuando faltaban pocos días para que cumpliera 16 años.

El cadáver de Floreal fue hallado junto a un grupo de nueve cuerpos que fueron fotografiados por la prensa uruguaya. En un principio, se especuló que las víctimas podían ser asiáticos, por la hinchazón que se verificaba en sus rostros.

El cuerpo de Floreal tenía signos de empalamiento y quedó depositado en un nicho de un cementerio de Montevideo, allí su rastro se perdió por obra de la maquinaria represiva que imperaba en ambos márgenes del Río de la Plata.

El Negrito, aquel militante de la “Fede” visto por sobrevivientes en Campo de Mayo cuando soportaba las torturas que le aplicaban sus captores, aún permanece desaparecido. 

Tras un largo peregrinar por los derroteros de Memoria, Verdad y Justicia, Iris y Floreal padre lograron que en 2009 El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenara al genocida Omar Riveros, exjefe de Campo de Mayo, como principal responsable del asesinato de Floreal Avellaneda.

Además, resultaron sentenciados Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo; el entonces jefe de la Escuela de Infantería, general Osvaldo García; los capitanes César Fragni y Rául Harsich, que estaban a cargo del centro de detención ilegal El Campito; y el policía Alberto Aneto, quien oficiaba como policía en la Comisaría de Villa Martelli e integraba los grupos de tareas que operaban en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Floreal padre falleció un año después de los veredictos y las sentencias quedaron firmes en 2021 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa quedó acreditado el rol que tuvo Miguel Ángel Clodoveo Arévalo en el secuestro de El Negrito.

Pero este militar murió en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y prestaba servicio en el sur del país. Por años, la implicación de Arévalo en el terrorismo de Estado permaneció bajo un manto de silencio.

La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Iris con la foto de Floreal, que tenía 14 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar. (Foto: Gustavo Becerra).

Un encuentro en tiempos de negacionismo

Hace unas semanas, una compañera de Iris llamada Marcela, que integra la Asociación Seré -un colectivo que trabaja por la recuperación de la memoria histórica del excentro de detención que funcionó en Mansión Seré, en el partido de Morón-, le contó a la dirigente de la Liga por los Derechos Humanos que la hija de un represor vinculado al asesinato de El Negrito quería contactarse con ella, conocerla y expresarle un sentimiento de solidaridad y empatía con una víctima que hace casi medio siglo que desconoce el paradero de su hijo.

“’¿Quién será?’, pensé. Le pregunté si era un familiar de Fragni o Harsich. Y Marcela me dijo que no, que se trataba de la hija de Arévalo. Ahí recordé un hecho que sucedió cuando estaba en la cárcel. A mi casa llegó un anónimo, en un sobre, que contenía un escrito mecanografiado, en el cual decía que el asesino de Floreal estaba en el Centro de Operaciones Tácticas de Vicente López, y daba el nombre de este militar. Mi cuñada guardó esa carta y me la mostró en 1978, cuando salí de prisión”, subrayó.

Iris aceptó recibir en su casa a Mirta Arévalo, que tenía cinco años cuando su padre murió, pero con el tiempo supo tomar contacto con la historia que unía a su progenitor con el terrorismo de Estado.

“Hablamos y lloró conmigo. Vino con su hijo y la reunión también estuvo mi amiga Marcela y uno de mis hijos, Marcos Rodrigo”, recordó.

Santiago –el hijo de Mirta- le contó a Iris que había hecho la secundaria en Escobar, en una escuela que hoy lleva el nombre de Floreal Avellaneda. “Me regaló su certificado de estudios y me dijo que gracias a los docentes tuvo pudo entrar en contacto con la historia y la lucha de los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de Justicia. Eso lo inspiró a seguir la carrera de abogacía que está cerca de terminar”, narró la madre de Floreal.

Las mujeres quedaron en contacto, y Mirta le prometió que irían juntas a una reunión en la Liga Argentina por los Derechos Humanos con el propósito de mantener el legado de El Negrito.

“Para mí, es muy importante que pasen estas cosas en estos tiempos de un gobierno que difunde un negacionismo sobre los crímenes que cometió la última dictadura cívico militar y eclesiástica.

En esa línea, Iris, a los 86 años, considera que este encuentro con familiares de un represor que repudian los delitos de lesa humanidad cometidos por sus progenitores -una postura asumida desde hace algunos años por el colectivo Historias Desobedientes y otros- es parte de la lucha que libró para lograr Justicia por Floreal.

“En todos estos años, aporté mi granito de arena para que se sepa la verdad y los culpables paguen. Hoy existen cinco colegios que llevan el nombre de El Negrito. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, reflexionó.    

A su edad, Iris Avellaneda sigue activa en la pelea por mantener vivo el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Además de encabezar la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integra el colectivo de sobrevivientes de Campo de Mayo, que impulsa la instalación de un Espacio de Memoria en ese predio.

“En el gobierno de Alberto Fernández se había declarado que se iba a crear un Espacio de Memoria, pero las obras están paralizadas. El 14 de marzo vamos a hacer un acto y vamos a tratar de entrar hasta ese lugar para rendirles homenaje a todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino”, sostuvo Iris.

La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Foto: Gutavo Becerra.

Floreal, desaparecido dos veces

Al recuperar su libertad, en 1978, Iris Avellaneda tomó conocimiento de que el cuerpo de Floreal había sido hallado en las costas uruguayas como consecuencia de los Vuelos de la Muerte. Sus familiares no quisieron darle la noticia cuando estaba detenida.

¿Cómo se logró la identificación de El Negrito? En una de las fotos que se difundieron de los cuerpos hallados en mayo de 1976, pudo apreciarse dos letras tatuadas: FA, las iniciales de Floreal Avellaneda.

Con ese dato, el abogado Julio Viaggio, quien se desempañaba como abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la designación que entonces tenía la entidad), obtuvo los registros dactilares de Floreal que guardaba la Policía Federal y en Montevideo se pudo corroborar la identidad de El Negrito.

Sus restos se depositaron en una necrópolis de la capital uruguaya. En 1983, Floreal padre e Iris viajaron a Montevideo con la intención de recuperar el cuerpo de su hijo. Pero no pudieron, su cuerpo no estaba en el cementerio indicado ni en ningún otro. El Negrito fue secuestrado, desaparecido, identificado como la víctima más joven de los vuelos de la muerte en las costas uruguayas y vuelto a desaparecer.

En medio de las tramitaciones que llevaba a cabo Viaggio, tuvo acceso a un acta sobre el allanamiento a la casa de la familia Avellaneda, que estaba firmada por Harsich y Fragni, implicados en el secuestro de Iris y Floreal.

“Lo único que nos quedó de él son esas fotos que están en los expedientes judiciales”, apuntó Iris.

El caso de Floreal, arrojado desde un vuelo que partió de Campo de Mayo y hallado con signos de empalamiento tuvo alguna trascendencia, en medio de la censura oficial impuesta bajo el del plan sistemático que aplicaba la dictadura.

El escritor y periodista Rodolfo Walsh dio cuenta del hecho en su Carta Abierta a la Junta Militar escrita y difundida al cumplirse un año del golpe de Estado. “Atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas expuestas”, describió en un párrafo de su histórica misiva el autor de Operación Masacre.

La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Foto: Gustavo Becerra.

El represor que algunos quisieron convertir en héroe

El teniente coronel del Ejército Miguel Ángel Clodoveo nunca respondió por su implicación en la represión ilegal. Murió en 1982, en un accidente de helicópteros ocurrido en el sur del país durante la Guerra de Malvinas. La dictadura le concedió un ascenso póstumo al grado de general de Brigada.

En algunos registros vinculados a Malvinas se menciona como el oficial de más alta graduación caído en la conflagración con el Reino Unido.

El detalle que se omite mencionar cuando se exalta su figura es que este uniformado no pereció en combates librados en las islas del Atlántico Sur.  

En 2012, cuando ya se disponía información sobre la actuación de Arévalo en los grupos de tareas de Campo de Mayo, una entidad vinculada a exsoldados que durante el conflicto con Gran Bretaña estuvieron movilizados en la costa patagónica le realizaron una misa en su homenaje.

Ante esta conmemoración, la Liga por los Derechos Humanos recordó el pasado del represor durante la dictadura al remarcar que Arévalo “era un asesino que secuestró a Floreal Avellaneda y lo entregó a quienes le dieron muerte en Campo de Mayo», y que su figura nada tenía que ver con la de un héroe de guerra.

En ese sentido, la entidad defensora de los Derechos Humanos recordó entonces que la participación de Arévalo en el crimen de El Negrito había quedado probaba en el juicio de lesa humanidad que concluyó en 2009 en los Tribunales Federales de San Martín.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Agencia Lavaca y revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

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Derechos Humanos

Réquiem para un hombre pobre

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Memoria de Víctor Vargas, el hombre asesinado por el policía Santiago Barrientos, en Constitución el domingo 28 de diciembre pasado. La dinámica barrial, violenta, contexto del asesinato; el tiro por la nuca, que revela que Barrientos disparó cuando Vargas estaba de espalda; el recuerdo de las y los vecinos de este hombre tranquilo y los mensajes de watsap que pintan su vida y su muerte, símbolo de una época.

Por Claudia Acuña

El día en que Víctor Vargas fue fusilado por la espalda por el policía Santiago Emanuel Barrientos, el asfalto hervía . Era domingo y a esa hora -diez minutos antes de las tres de la tarde- la esquina de Salta y Constitución estaba desolada por el sopor y la barra de hombres “escabiando”. Esa fue la palabra que usó Franco Olave Cornejo -a quien todos en ese no-barrio conocen como El Chileno- cuando declaró ante la fiscalía Penal Nª 12 para describir la escena del crimen. Es también lo que muestran las cámaras de seguridad: en una ochava, la barra liderada por El Chileno; enfrente el policía Barrientos saliendo del local de Ugis junto a la oficial Carolina Elizabeth Vázquez, encargada de sostener la caja de pizza. Hasta ahí, lo habitual.

Lo extraordinario fue Víctor Vargas.

La mamá y la hermana de Víctor, con una foto que enmarcaron para recordarlo.

Ninguno de los que lo conoció -muchos, pero poco- pueden explicar qué lo llevó a abandonar su principal característica: tranquilo, educado, respetuoso, un buen pibe, son las palabras que brotan para recordarlo del dueño de la pensión, las putas y travas de la zona, los pibes de la calle, las dominicanas de la esquina. Saben, sí, que El Chileno atacó con una botella a Víctor. Algunos especulan con el robo del celular y el motivo de su reacción posterior podría explicarlo el audio que Víctor le envió a su hermana Vanina un día antes, el sábado 27:

“Buenos días Vane. Voy a ver un laburito nuevo y ver si capaz puedo quedar ahí. Que tengas un lindo día”.

Víctor vivía pagando la pensión diariamente -cada día, cada día, cada día- juntando el dinero en trabajos temporarios -en un lavadero de autos, como repositor en un supermercado, descargando bultos en el Paseo de Compras lindero a la estación de tren: changas-, y la posibilidad de un empleo con continuidad le había dado la esperanza de un cambio en su vida. Quizá esperaba ese llamado de confirmación y perder esa ilusión significó también perder la paciencia.

Las dominicanas de la esquina prefieren proyectar la realidad: El Chileno domina esa esquina con violencia, insultos y ceguera policial. Quizá fue eso lo que cansó a Víctor y decidió responder, lo cual desencadenó el trágico después.

Lo que es dato es que un Víctor mareado –“algo raro en él porque nunca tomaba”, declaró el dueño de la pensión- entró a la cocina, tomó un cuchillo y regresó a la esquina a enfrentar a El Chileno. Fue entonces cuando el policía Barrientos y la oficial Vázquez, con la pizza en la mano, intervinieron. Lo que siguió fue rápido:

  • El policía Barrientos le dio a Víctor la orden de tirar el cuchillo.
  • El Chileno se escondió detrás del policía Barrientos.  
  • El policía Barrientos disparó tres tiros.
  • La autopsia determinó que una de las balas ingresó en la nuca y salió por la ceja. Es decir: cuando el policía Barrientos le disparó, Víctor le daba la espalda.

Víctor quedó tirado en un asfalto que le dejó marcas de quemaduras. “Todavía estaba desangrándose cuando El Chileno ya tenía abogado”, dirá su hermana y, evidentemente, ese detalle también llamó la atención de la fiscalía, ya que le preguntó específicamente eso: quién llamó a su abogado. “Un amigo con el que se comunica a través de las redes sociales”, dice la transcripción que respondió.

La investigación judicial se abrió por los delitos de “atentado a la autoridad y lesiones”, pero la muerte de Víctor -agonizó tres días- obligó a apartar a la policía de la Ciudad de la investigación y, ahora, al Poder Judicial a decidir la competencia, es decir, quien investiga: la familia de Víctor -representada por la abogada María del Carmen Verdú, titular de CORREPI- exige que sea en el ámbito de Nación. En tanto, la defensa del policía Barrientos la ejerce el Ministerio de (In)Seguridad de la Ciudad, esa misma ciudad que en las calles de Constitución hierve de impunidad.

Víctor Vargas, en fotos que comparte a lavaca su familia.

Para despedir a Víctor, las personas más pobres y olvidadas de aquel no-barrio en el que Borges halló El Aleph -ese punto que contiene el universo entero y en el que hoy puede verse con absoluta claridad putas y travas golpeadas, hambreadas y humilladas cotidianamente por esa misma violencia policial que fusiló a Víctor – hicieron una colecta. El sepelio fue en Casa Roja, la sede de Ammar. Allí lo lloraron su madre y su hermana; sus vecinas sobrevivientes de las calles y sus compañeros de changas. Allí también escucho el audio que el Día de Navidad, apenas cuatro días antes de su fusilamiento, le envió a su mamá:

“¿Sabés qué, mamita? Te quería contar algo lindo. Hoy fui al Paseo de Compras de Constitución y como conozco a mucha gente de ahí que son dueños de los negocios, uno me regaló un pantalón y una remera. O sea que en Navidad estreno ropa nueva. Después otro me dio ensalada rusa con pollo y en la heladera tengo osobuco. Nada: todo eso vino de parte de Dios. Así que con lo que tenía me compré un perfume, en cajita, nuevo. ¿Qué más te puedo contar mamita? Que estoy solo y soy feliz.”

Hay un ramo de flores en el pecho de Víctor y una mesa con sándwiches, empanadas, galletitas y bebidas porque saben que quienes lo vendrán a despedir tendrán hambre. Hay anécdotas sobre esa vida que ya no es, la mayoría muy simples -sus tiempos con trabajos “buenos”, su derrape en la adicción, su estoico esfuerzo por estar “limpio”, sin drogas ni alcohol, cada día, cada día, cada día, desde hace varios años- y solo una muy compleja: en los últimos tiempos Víctor se definía como un eufórico libertario.

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Derechos Humanos

El protocolo de Bullrich es nulo

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Por Claudia Acuña

El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.

El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.

También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.

El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.

Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.

El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.

Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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