Vecinos y vecinas de distintas localidades de la provincia marcharán durante todo el día hasta Uspallata, donde el gobierno de Cornejo volvió a la carga con el proyecto minero San Jorge, que la asamblea local resiste hace 17 años. Es el símbolo de una avanzada pro minera sin licencia social y con impacto ambiental. La empresa evasora, Solway, y la alianza con el titular de la UIA; las marchas, el podcast y todo lo que hace una comunidad para defender el agua, la vida y el futuro.

Por Francisco Pandolfi

Un 17 de enero de 1817 José de San Martín iniciaba el cruce de los Andes para liberar a Argentina, Chile y Perú.

“En esa concepción consecuente de San Martín nos paramos y decidimos utilizar esta fecha histórica como épica para la ruta de la libertad y la ruta de la defensa del agua, contra la megaminería contaminante”.

Habla con lavaca Nora Moyano, 74 años, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Habla mientras camina.

17 de enero de 2025. Desde las 8 de la mañana, vecinas y vecinos de distintos puntos de la provincia de Mendoza –San Rafael, Lavalle, Tupungato, Guaymallén, Luján de Cuyo, etcétera, etcétera– partieron con destino a la localidad de Uspallata, caminando, en auto, en moto, a caballo. 

Lo llaman “la gesta del agua”.

Camina Nora, camina el resto. Habla Nora, habla el resto: “San Martín dijo ‘cuando la patria está en peligro, todo es válido, excepto no defenderla’. Nosotros decimos, como hijos e hijas de San Martín, cuando el agua está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

El desembarco minero

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca y donde 209 años después se establecerá –en principio– el proyecto minero de cobre San Jorge (PSJ) impuesto por el gobierno liderado por el radical Alfredo Cornejo (aliado de Javier Milei), votado por la Legislatura provincial y a cargo de las empresas Solway Holding, Zonda Metals y Grupo Alberdi.

Al PSJ lo intentan instalar (con cambios de nombres en el camino) desde 2007. En estos casi veinte años hubo un punto en común: la falta de licencia social. A inicios de 2025 volvió la ofensiva gubernamental y empresarial –con represión a las manifestaciones y múltiples detenciones– y tuvo como desenlace la aprobación legislativa el 12 de diciembre de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge –junto a un paquete de otros tres proyectos mineros– con la venia de casi todo el arco político. Previo a la votación, el CONICET había advertido en un documento “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales que impiden una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. 

Horas después, la publicación desapareció.

La resistencia

Desde el día de su aprobación, el pueblo mendocino está en las calles, como espejo del año 2019, cuando multitudinarias movilizaciones en toda la provincia torcieron en menos de dos semanas la votación de diputados y senadores.

Lo que se busca, ahora, es replicar el mismo resultado.

Para lograr eso, ahora, se multiplicaron las marchas en cada ciudad provincial. Se realizaron paros. Ruidazos. Se iniciaron reclamos judiciales para lograr la inconstitucionalidad de un proyecto que va en sentido contrario a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua –se presentaron tres amparos, rechazados en primera instancia y apelados: ya están en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se hicieron asambleas y actividades de concientización, como una carta que se compartía puerta a puerta en la llegada de los Reyes Magos a los barrios populares: “Queridos Reyes, quiero que tengamos agua pura y clara para siempre. Que no entren en Mendoza las mineras contaminantes y que no destruyan nuestros glaciares”. Y hasta un acampe que persiste en la ciudad de Tunuyán.

Para romper el cerco mediático que existe en la provincia, también crearon el podcast “Qué carajo están haciendo con el agua”. Allí, Federico Soria, vecino de Uspallata y uno de los activistas perseguidos que estuvo detenido el año pasado, dice: “Llevamos 17 años resistiendo a la minera San Jorge, que fue cambiando de manos. La corporación Solway es una empresa off shore de origen ruso, radicada en paraísos fiscales con sede comercial en Suiza y sede corporativa en Malta. Figura en los Paradise Paper y en los Offshore Leaks y tiene denuncias por violaciones de derechos humanos en Guatemala”. 

El 70% de la minera es de Solway y Zonda Metals (suiza, subsidiaria de Solway) y el 30% del grupo Alberdi, cuyo dueño es Martín Rapallini, titular de la UIA –la Unión Industrial Argentina–. Dato no menor, en un proceso de desindustrialización constante del país.

La gesta

El itinerario previsto de la caravana de este sábado marca que se llegará a Uspallata a las 18, que allí primero se marchará, que a la noche se hará el “festival por la Gesta Libertadora del Agua”, que este domingo habrá varios talleres simultáneos, un almuerzo comunitario y por la tarde una asamblea colectiva como cierre, donde se definirán los pasos a seguir. 

Nora Moyano junto a su asamblea salieron desde el Campo Histórico El Plumerillo, campamento donde partió José de San Martín con el Ejército Libertador en la localidad de Las Heras. Mientras camina, dice(n): “Seguimos en pie de lucha haciendo acciones combativas en la calle porque nuestros cuerpos y territorios no son zonas de sacrificio. Es tan dañino y tan grave a instalación de una minera en el nacimiento de la Cuenca del río Mendoza que estamos decididos a luchar hasta vencer”.

Al menos 17 personas detenidas, incluídos dos periodistas que registraban los hechos. Corridas, persecuciones, detenidos que fueron golpeados por la policía y derivados a hospitales, y operaciones mediáticas para culpar a la ciudadanía. “Este proyecto no cierra si no es con represión y con violación a nuestras libertades democráticas” explicó a lavaca una de las asambleístas. Hubo cuestionamientos al proyecto por parte de la Iglesia Católica y las evangelistas, además de un informe contrario al Informe de Impacto Ambiental del CONICET, que fue censurado, simbolizando la escalada oficialista para defender los proyectos extractivos. Los números sobre posibles puestos de trabajo, que exponen a la propaganda minera con la realidad.   

Bajo las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo, la policía de Mendoza realizó la noche del jueves un operativo represivo en el centro de la capital provincial contra la “marcha del agua”, que se manifestaba en rechazo a la aprobación de cuatro proyectos megamineros que la legislatura votó el martes pasado. Hubo 13 detenidos en el comienzo, y luego cuatro mujeres más.

La policía persiguió a manifestantes incluso en bares, en un modo definido a lavaca como “cacería” por parte de integrantes de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Las detenciones incluyeron a dos trabajadores de prensa: Bautista Franco y Santiago Algoberro, liberados este viernes al mediodía.

¿Golpes y heridas a detenidos?

Los abogados y abogadas pudieron entrevistarse con los detenidos varias horas después de las detenciones. Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, denunció que al menos seis personas tienen lesiones que requirieron traslado a hospitales, con indicios de que las heridas se produjeron tras la detención y no en el momento del arresto.

La doctora Lavarello describió el accionar policial como “criminal” y describió: “Fue un despliegue masivo de efectivos, especialmente de infantería, que esperaron que la manifestación se disperse para hacer las detenciones de manera individual”.

Es una metodología habitual en Mendoza y otros puntos del país: marchas que se desarrollan pacíficamente y hacia el final de las mismas, cuando la gente se desconcentra, el ataque o persecución a grupos dispersos, y el clásico accionar de personajes que nadie conoce, infiltrados entre los manifestantes para provocar a la policía justificando así la represión. Todo esto incentivado por las empresas mediáticas oficialistas, dedicadas a atacar y estigmatizar toda opinión contraria a la megaminería. El cuestionamiento social a la actividadad se fundamenta en su carácter contaminante, destructivo, prebendario y aniquilador de un bien vital como el agua, que por eso tiene como emblema la Ley 7722 de defensa del agua (que posiblemente sea el próximo objetivo de la alianza de las corporación minera y política).   

Persecución y golpes en la noche mendocina (imagen tomada de un video enviado por asambleístas provinciales).

El proyecto que no cierra

Durante la madrugada, otras cuatro mujeres fueron aprehendidas y liberadas al amanecer. De las 9 personas aún detenidas, 7 están en la estación transitoria de detenidos y aprehendidos, en el Polo Judicial.

Desde la puerta, Nora Moyano, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, le dice a lavaca: «Este Estado ya no es democrático, es un mineroestado. Este proyecto no cierra si no es con represión, con la violación de nuestras libertades democráticas, nuestro derecho ambiental y humano. Es una vergüenza lo que hicieron anoche, a dos personas les desfiguraron la cara a golpes y patadas. Cada día se profundiza más el aspecto autoritario y represivo de este gobierno, emulando las peores épocas de la Argentina”. 

Empleo: propaganda y realidad

El geógrafo y docente Marcelo Giraud dijo a lavaca: “Con la crisis que hay, insisten diciendo que este proyecto genera trabajo y movimiento económico. Hay gente que quiere creer esa propaganda, que está desmentida por los propios informes de la empresa. En los comunicados hablan de 3.900 puestos de trabajo durante la construcción (muy poco tiempo) y 2.400 en operación, entre directos e indirectos. Sin embargo en todo el Informe de Impacto Ambiental plantea que para la construcción serán 71 personas de la empresa y 1.000 contratadas”. O sea, la cuarta parte de lo que dice la propaganda oficialista.

“Y para operación de la minera hablan de 2.400 empleos -1.600 indirectos y 800 directos-, pero el IIA reconoce solo 380 directos”. Traducción: solo será el 16% de empleos de lo propagandizado por el periodismo oficialista y el gobierno.  

La Cámara de Senadores de Mendoza votó el martes la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que habilita el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata, proyecto rechazado desde 2007 y que no cuenta con la licencia social por parte de las comunidades.

Diputados y senadores, por razones e intercambios que el tiempo quizás vaya aclarando, votaron lo mismo que fue rechazado otras veces, y que en esta oportunidad motivó un pronunciamiento del CONICET, que luego fue censurado. También se pronunciaron en contra la Pastoral Social mendocina, las iglesias cristianas organizaciones sociales de todo tipo  y comunidades originarias. Entre el lunes y martes se produjo una masiva movilización de toda la provincia en rechazo al proyecto San Jorge, que se topó con un Congreso vallado para garantizar la votación a espaldas de la gente.

La historia recién se está escribiendo.

Lo habitual: después de una marcha pacífica, corridas policiales para estigmatizar a quienes se manifiestan. (Imagen de un video enviado por asambleístas).

La Cámara de Diputados mendocina aprobó por 32 a 13 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cobre San Jorge. Hubo un “consenso” poco transparente y curioso: lo votado implica menos regalías aún que las que otorgaba a la provincia el RIGI, que ya era en sí un punto de remate de bienes que las grandes empresas valoran tanto, pero por los que no pagan. Tras la votación, se resolvió marchar a la Casa de Gobierno. La censura en el CONICET y lo que pasó durante la votación.

Por Francisco Pandolfi

Son las 18 horas, 34 minutos, 20 segundos. En la Cámara de Diputados de Mendoza se acaba de debatir de forma expeditiva y de votarse el cuarto y último expediente minero del día: la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba por 32 a 13. Las 4 iniciativas mineras ahora pasan al Senado, donde se presume que a principios de diciembre también se votarán a favor. 

La multitud, afuera, se entera, explota de indignación y canta ante una hilera numerosa de policías clavados en la puerta de la Legislatura mendocina:

“La cordillera, que linda está,

y si la tocan

qué quilombo se va a armar”.

De aprobarse en el Senado la Declaración de Impacto Ambiental, le permitirá a la Minera San Jorge S.A (perteneciente a la multinacional Solway Holding) llevar a cabo la explotación minera metalífera en Uspallata y conformarse como el primer proyecto de explotación de cobre en el país, en una zona que atraviesa la cuenca del río Mendoza, la cual abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos. Hoy la Cámara de Diputados votó a favor pese a la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, como un modo de proteger el ambiente, el agua y la salud, tanto de las personas como de los territorios.

Expo fotográfica en la plaza: diputados y diputadas que votan en favor del extractivismo.  

En 2011 la Legislatura había rechazado por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al votado hoy. Mientras que en 2019, luego de derogar la Ley 7722 de defensa del agua, una movilización histórica obligó a la Legislatura a restablecer la norma unos días después.

Con la votación consumada en Diputados, en la puerta de la Legislatura se armó una asamblea multitudinaria donde las distintas asambleas y vecinos autoconvocadxs empezaron a plantearse los pasos a seguir. No para mañana, sino para ya: el consenso fue marchar, desde ese mismo momento, a la Casa de Gobierno. Así empezaron a caminar y a cantar, cuadras enteras, en un grito unificado: “No se negocia, el agua de Mendoza” en un loop colectivo. 

Al finalizar, Eugenia Segura de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le señala a lavaca la hoja de ruta:

“Alerta y movilización permanente hasta el próximo paso, que es el Senado”.

Valle de Uco, junto a la ruta. Atardecer, mensaje, y el comienzo de una nueva movilización contra la megaminería.

La censura en el CONICIET

En la noche del martes 24 de noviembre, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Mendoza emitió un comunicado institucional sobre el proyecto megaminero San Jorge, horas antes de que este mediodía se empezara a tratar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –finalmente aprobada (como se preveía) por la Cámara de Diputados–.

Este era el link con el documento publicado en su web oficial https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-institucional-del-conicet-mendoza-sobre-el-proyecto-san-jorge-cobre-mendocino. Sin embargo, al hacer click no te lleva a ningún comunicado, porque la posición del CONICET Mendoza hoy cambió, repentina y sospechosamente.

La postura (inicial) del Conicet la reproducimos este mismo miércoles en lavaca:  

Algunos extractos:

“En los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados. Muchas de esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.

Otro tramo: “Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. 

El horizonte de montañas en las que nace el agua: lo que buscan seguir protegiendo las comunidades mendocinas.

Y además: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Sólo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”.

Sin embargo, ese posicionamiento viró a otro publicado este mediodía https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-de-la-direccion-y-el-consejo-directivo-del-conicet-mendoza/

En este caso el CONICET Mendoza no denuncia “importantes deficiencias”, ni “objeciones sin responder”, ni “vacíos de información” en la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora, lo que dice es que “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”.

Eugenia Segura, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, le dice a lavaca desde la puerta de la Legislatura mendocina: “Esta es la línea divisoria de aguas entre la ciencia digna al servicio de los pueblos y la mercenaria, si se le puede llamar ciencia todavía. Mejor dicho, los profesionales al servicio de las corporaciones, sin importar las consecuencias éticas ni legales de sus actos y omisiones”. Desde lavaca nos comunicamos con el CONICET Mendoza para consultar qué había pasado o qué había cambiado, pero el telefonista de guardia que atendió explicó que nadie del CONICET podía atender.

La Asamblea de Trabajadorxs del CONICET, este miércoles por la tarde difundió un texto en redes sociales:

• “Queremos expresar nuestra máxima preocupación por la baja de un comunicado institucional sobre el #ProyectoSanJorge. Este escrito fue producto de un trabajo de investigación riguroso realizado por investigadorxs de nuestra institución. Sin explicaciones, el mismo fue removido de la web oficial del organismo horas después de su publicación. Decidimos poner en circulación su contenido nuevamente y llamar a la comunidad a defender la ciencia pública, soberana y digna que llevamos adelante desde Conicet”.  

El gallinero y el consenso

Todo había comenzado a las 9.30 de la mañana, hora a la que las asambleas mendocinas por el agua convocaron a las puertas de la Legislatura donde la Cámara de Diputados, a partir del mediodía, debatió y terminó aprobando la media sanción al paquete de 4 proyectos mineros que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) envió al poder legislativo el miércoles 29 de octubre, tres días después de ganar las elecciones de medio término.

Pese a ser un día laboral, la convocatoria en contra de la megaminería fue multitudinaria y creció a medida que avanzó el día sobre la Plaza Independencia, frente al Palacio Legislativo. De fondo, las montañas, como símbolo de lo que se busca que no sea arrasado. El paisaje también fue de aplausos, cacerolazos, bombos, redoblantes y cientos de carteles. Algunos más directos, exigían el “no a la megaminería”.

Otros más simples: “El agua es del pueblo”.

Los poéticos: “Somos gotas de un mismo río”, ese río llamado Mendoza y que está en juego si se aprueba el proyecto San Jorge, en la localidad de Uspallata. En una de las vallas lindantes para que las y los honorables diputados no se mezclen con la gente, alguien colgó una cartulina blanca: “Gallinero cerrado por falta de huevos”.

Nadie ve en directo lo que pasa. Ni el pueblo movilizado en las afueras ni quien quisiera seguir la votación en algún otro lado del mundo.

Lo que pasa en Diputados no se transmite. Se oculta.

Mientras la gente sigue de pie en la calle, cantando, gritando, bailando, refugiándose bajo sombrillas o en las sombras que dan las abundantes copas de los árboles.

Desde adentro del recinto iban confirmándose, una por una, las previsibles malas noticias.

Primero se debatió de forma expeditiva y se votó el Fondo de Compensación Ambiental, apuntado a conformar un fondo para afrontar catástrofes ambientales que produzcan las empresas y las revierta el Estado. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.

Segundo tema: se debate de forma expeditiva y se vota el proyecto de ley de regalías mineras, que estipula que una empresa puede pagar como máximo el 3% (igual que la vigente ley nacional), renunciando al límite del 5% que fijaba el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.

La gente, afuera, canta: “No se vende, el agua no se vende”.

Tercero, se debate de forma expeditiva y se vota el expediente Distrito Minero Occidental II, que abarca 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6. 

En las calles se repudia megáfono en mano esa escena de negociados con rostro de “consenso”: “Se acaba de aprobar totalmente fuera de toda legalidad. La Ley 7722 establece que por cada proyecto minero de exploración tiene que entrar a la Legislatura una declaración de impacto ambiental. Y acaban de aprobar 27 proyectos con una sola declaración de impacto ambiental”. 

Lo que sigue es un repudio generalizado. El grito de “ladrones” fue de lo más elegante y suave que se destinó a semejante aberración legislativa.

Por último, se debatió de forma expeditiva y se votó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba con 32 votos (en la imagen figuran 31 por error) a 13 (los siete votos negativos los sumó el peronismo que en la aprobación del dictamen se habían abstenido).

La multitud, afuera, explotó otra vez de indignación. Se cantó: “La cordillera, que linda está, y si la tocan qué quilombo se va a armar”. Allí comenzó la asamblea, y los primeros signos de la hoja de ruta a seguir, que empezó con una inmediaa movilización.

Esta historia continúa.