Dos mujeres fueron encontradas a la vera de la ruta, a metros del Aeropuerto internacional, a fin de año. La investigación preliminar conecta sus muertes a través de un subcomisario y una carta hallada junto a uno de los cadáveres, escrita por un preso. El Ministerio de Seguridad, mientras tanto, anuncia una resolución que atrasa, mientras la Policía sigue estando en el centro de los femicidios. Qué es la necropolítica y qué significa esta trama de impunidad que implica cuerpos a cielo abierto, impunidad judicial y complicidad estatal en todas sus formas. Por Claudia Acuña, Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Cuando la investigadora mexicana Sayak Valencia regresó de Estados Unidos a su Tijuana natal, después de haberse ido varios años para hacer sus estudios de posgrado, convirtió el dolor de lo que vio en un libro: Capitalismo gore. En el prólogo cuenta la imagen que le dio origen: el mismo día que arribó, cuando la llevaban del aeropuerto a su casa, vio el torso de una mujer tirado al costado de la autopista. Notó que su hermana no se alteraba. Le preguntó por qué y le respondió:

-Esto es Tijuana.

Para conjurar ese espanto y también para no acostumbrarse jamás a él, Valencia escribió ese ensayo que nadie publicó en Argentina, aunque su autora dictó una conferencia sobre el tema en la plataforma virtual del CCK el pasado diciembre de 2020. Mencionó allí uno de los temas centrales de su teoría: estamos sufriendo las consecuencias de un sistema que ha mutado de la biopolítica a la necropolítica. Un resumen:

Si la biopolítica controla los procesos vitales, las exigencias capitalistas han transformado en mercancía la vida y todos los procesos asociados, que incluyen la muerte. 

En las sociedades hiperconsumistas los cuerpos se convierten en una mercancía, y su cuidado, conservación, libertad e integridad son productos relacionados. 

Como mercancía cada vez más valorada, la vida es más valiosa si es amenazada, secuestrada y torturada. 

Para comprender la lógica de funcionamiento de este necropoder, Valencia nos propone analizar tres factores decisivos: la economía, el heteropatriarcado y los medios de comunicación.

Este concepto es apenas una parte de lo mucho que reflexionó Valencia a partir de aquel torso de mujer tirado a un costado de la autopista.

En Buenos Aires, entre el 25 y el 31 de diciembre de 2020, fueron encontrados dos cuerpos semidesnudos, al costado de la transitada autopista Ezeiza-Cañuelas, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional. 

El primero lo descubrió una pareja, que avisó al teléfono de emergencias 911. Efectivos de la Comisaría Segunda, de Tristán Suárez, informaron que era una mujer de tez blanca, robusta y de cabello oscuro con las puntas desteñidas. Vestía una remera de color azul, una calza negra y zapatillas azules Nike. 

Una semana después, a tan sólo seis kilómetros otro cuerpo de mujer apareció en el kilómetro 33 de la misma autopista, en la jurisdicción del barrio Uno de Ezeiza. También fue un llamado al 911 el que alertó al personal de la Comisaría Cuarta. En declaraciones a los medios, los efectivos dijeron que un vecino había avisado a los penitenciarios –ya que la cárcel de Ezeiza está justo en el kilómetro 33– que había visto el cuerpo de una mujer semidesnuda en un campo en el que se arroja basura. La policía estableció que se trataba de un cuerpo de contextura mediana, de tez blanca y cabello castaño, de 1,55 de altura y que tenía una cicatriz de apéndice. Fue entonces cuando las mujeres de Ezeiza realizaron la primera marcha para exigir el rápido reconocimiento de esos cuerpos. Como Valencia, no estaban dispuestas a acostumbrase a ver cadáveres tirados en la autopista.

La justicia las registró como N.N.

Cuerpos con nombres

La primera en ser identificada fue María Emilia Barrios (40) cuando su hija de 19 años fue hasta la comisaría para declarar que en la madrugada de la Navidad estaban festejando hasta que su madre se retiró sola de su casa en Transradio, partido de Esteban Echeverría, sin avisar a dónde iba. Su hija explicó que no hizo la denuncia inmediatamente porque esa actitud era común en María Emilia, pero cuando comenzó a leer en diarios de la zona que había aparecido un cuerpo que coincidía con la vestimenta de su madre, temió lo peor.

El otro cuerpo era de Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años, de nacionalidad paraguaya. Vivía en la localidad de Tristán Suárez.

El 7 de enero fue la segunda movilización. Más de quinientas mujeres autoconvocadas se movilizaron hasta la fiscalía N° 3, responsable de la investigación, y al municipio de Ezeiza para exigir el esclarecimiento de esos crímenes. “Nos movilizamos a la Fiscalía y al Municipio hartas de la falta de políticas en relación a género, hartas de la inoperancia de las instituciones muchas veces cómplices y encubridoras de casos de femicidios No queremos vivir con miedo”, escribieron en la convocatoria que publicaron en las redes sociales.

El mismo día 7, en la localidad de San Juan Bautista, de Misiones, se movilizaron las familias y las amigas de las dos asesinadas, para hacer oír idénticos reclamos.

Cartas marcadas

Según informaron a los medios las fuentes policiales, la demora en identificarlas se produjo porque ninguna tenía sus documentos, ni tampoco lesiones visibles que determinaran la causa de sus muertes. Las distintas pericias ordenadas por la división Casos Especiales de La Plata determinaron que Analía fue asfixiada. Se estima que María Emilia murió de la misma forma.

Sin embargo, para las mujeres de Ezeiza parecía claro que los crímenes de Analía y María Emilia no eran “femicidios íntimos”: no las mató ni un ex, ni un marido, ni un novio. También les resultaba evidente que el o los femicidas ni siquiera se preocuparon por esconder los cuerpos: los dejaron en una zona muy transitada, como queriendo dar un mensaje. Decididas a no relativizar ese horror, organizaron una tercera marcha hasta la fiscalía. “Pregunto todo el tiempo si hay novedades y nada. Los días pasan y seguimos sin saber”, declaró a Diario Sur –el único medio presente– Johana Barbosa, hermana de una de las asesinadas. Lo que exigieron aquel día esas mujeres con los pies era algo concreto: que aparten a la policía bonarense de la investigación. 

Pocos días después, la fiscalía les dio la razón y admitió públicamente que una de las principales piezas para dilucidar qué pasó es una carta firmada por un preso, encontrada entre las ropas de Analía. También confirmó que la mujer no conocía al detenido ni a la familia, pero que hallaron otra coincidencia escalofriante que marca una conexión entre ambos crímenes: el hijastro de María Emilia, la mujer encontrada en Navidad, es el subcomisario de la seccional donde está detenido el preso que escribió la carta hallada junto a Analía. Así se determinó que las mujeres mantenían una amistad reciente. Ahora analizan si el asesino de ambas fue el mismo y si el crimen pretende ocultar otro delito.

Según informa Diario Sur en su crónica de la tercera marcha la Policía bonaerense fue apartada de la investigación porque la Fiscalía “manejaría la posibilidad de que algún efectivo podría haber participado de algún modo de esos femicidios. La Policía Federal se encuentra ahora a cargo de relevar las cámaras de seguridad de la zona”.

Ningún medio informa si los integrantes de esa comisaría siguen hoy en sus cargos.

El Estado es responsable

Desde el Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez hemos creado un término para caracterizar estas tramas complejas que los territorios decodifican inmediatamente, pero que son difíciles de desarmar porque implican a distintos actores institucionales cómplices. Denominamos femicidios territoriales a aquellos crímenes que fueron posibles en un marco de impunidad que no sería posible sin la complicidad del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad con las redes de la delincuencia. Se trata de casos en los cuales  la responsabilidad de las fuerzas policiales se hace evidente y que claman que de forma urgente el Estado implemente acciones concretas para desarmar estas tramas que obtaculizan, por acción u omisión, el esclarecimiento de estos femicidios.

 Las fuerzas policiales, además, son un foco de violencia patriarcal que, año tras año, suma más de un 20% de víctimas al dramático listado de femicidios. Un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalla que entre 2010 y 2020, al menos 48 mujeres fueron asesinadas en la Región Metropolitana por sus parejas o ex parejas policías. 17 de las víctimas también eran personal de seguridad. El documento explica que la presencia de un arma en un domicilio donde hay violencia de género puede ser utilizada para hostigar, amenazar y herir. “En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal”, detalla el informe.

En septiembre de 2020 la Corte Suprema salteña condenó por primera vez al Estado provincial a pagar una millonaria indeminización a la familia de Claudia Carrizo Sierralta, asesinada por su ex pareja, José Chilo, policía. El fallo asegura que las autoridades policiales “tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma y que la misma resulta un elemento letal que aumenta de un modo inaceptable el riesgo al que se encontraba sometida Sierralta” y advirtió que “fue allí donde surgió el deber estatal de retirar el arma de fuego provista por la Provincia a quien resultaba sargento de la Policía Provincial”. Y concluye: “Existe en el caso entonces un deber omitido: retirar el arma a quien se encontraba ejerciendo violencia sobre una mujer quien había requerido formal y reiteradamente intervención estatal”.

Recién este 9 de diciembre de 2020, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, publicó en el Boletín Oficial la restricción de portación de armas para el personal de las fuerzas de seguridad que haya sido denunciado por violencia de género o intrafamiliar. La normativa actualiza una previa –y nunca cumplida– de 2012. Determina que la orden estará a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio, y para que se active la restricción será suficiente con la denuncia, no haciendo falta esperar una resolución judicial. La nueva normativa aprueba dos protocolos: el procedimiento para restringir el uso del arma de forma parcial o total y el que determina el levantamiento de la medida, que no es potestad de la fuerza, sino de la Dirección de Género. Fuentes del Ministerio de Seguridad detallaron a MU que “cuando la denunciante y el denunciado son, además, compañeros del espacio de trabajo, el arma se retira a los dos porque el violento podría usar el arma de su compañera”. 

Las mismas altas fuentes informaron a MU que están trabajando este tema en una mesa conjunta con el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta ahora el resultado más concreto es un protocolo llamado URGE, que tiene como propósito reforzar el momento en que las mujeres denuncian situaciones de violencia. Aseguraron que se trata de una iniciativa federal que “será recomendada” a todas las provincias y fuerzas de seguridad para que lo tomen. ¿En qué consiste URGE? “El objetivo es guiar a quien toma la denuncia –ya sea policías u operadores judiciales– sobre cómo y qué información recabar sin ser hostiles con las víctimas”, informaron. Se trata, también, de una reiteración, ya en tiempos de la ministra Patricia Bullrich el Estado Nacional había establecido por decreto un protocolo similar, que tampoco se implementó.

Otra medida que el Ministerio de Seguridad informa a MU: inaugurará un Centro de Reentrenamiento para las policías: “Entendemos que es muy importante la formación básica, pero también regular sobre las prácticas policiales. Creemos mucho en el valor del reentrenamiento como ámbito para reflexionar sobre sus tareas, con supervisión de docentes que permitan la revisión de las prácticas. Porque la cuestión punitiva es importante pero no alcanza, no es suficiente ser rígidos cuando hay abusos”, indicaron. 

Las mujeres organizadas van un paso por delante: tras la serie de marchas realizadas en enero, el Municipio de Tristán Suárez anunció que abrirá una Secretaría de la Mujer en el barrio donde aparecieron las víctimas de Ezeiza. Este anexo había sido reclamado por las organizaciones que acompañaron a las familias, para que “las mujeres se puedan acercar a buscar la ayuda que necesiten. Hay que visibilizar más, y reforzar las políticas, porque están a  trasmano para muchas mujeres”.

El lunes 25 de enero, a las 10, las mujeres de Ezeiza tuvieron que movilizarse por quinta vez para exigir que el anuncio se concrete. “El intendente se comprometió a abrirlo en una semana. Se manejó mal, no lo analizó antes de prometer. Entendemos los tiempos, pero ellos no entienden la necesidad. Las mujeres necesitamos con urgencia contención y un lugar para las reuniones que ahora tenemos que hacer en casas o espacios públicos. Vamos a seguir, porque la violencia no se toma vacaciones”.