La titular de la Oficina de Violencia Doméstica, uno de los organismos judiciales encargados de recibir las denuncias en la ciudad de Buenos Aires, describe la magnitud de una problemática afectada por los recortes en las políticas públicas de prevención. Las nuevas modalidades de amedrentamiento contra mujeres y diversidades. Por Evangelina Bucari.

Una de las formas de ayudar y proteger a quienes están en riesgo por violencia de género es brindarles apoyo integral y monetario para que logren salir de esa situación. Como se conoce a partir de los crudos relatos de las mujeres y personas LGBTI+ víctimas, en muchos casos suele haber un componente de dependencia económica. Ese fue uno de los objetivos por los cuales se creó en 2020 el Programa Acompañar que otorga el pago mensual de un salario mínimo por un tiempo determinado, una de las políticas públicas específicas en materia de prevención y ayuda nacionales que más ajuste sufrió en manos del gobierno de Javier Milei. Tuvo modificaciones significativas: al cerrarse el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y pasar a la órbita de Justicia, se redujo la duración de la asistencia económica de seis a tres meses, y se exige la denuncia como requisito para acceder al programa.

Por otro lado, a pesar de ser una problemática que por su urgencia y gravedad no puede esperar, hay muchas solicitudes en evaluación, de denuncias que tienen más de un año. Hasta el pasado 1 de abril había 2.189 pedidos de alta correspondientes al 2024 y 13 correspondientes al 2025 que se encuentran “en revisión”, muchos de las cuales se tratan de casos de violencia de género catalogados en el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG) como de “altísimo” riesgo.

Además, el Programa Acompañar dejó de tener presupuesto específico, ya no se encuentra desagregado.  Según la información brindada por el Ministerio de Justica forma parte del presupuesto total asignado a la Dirección de Protección a la Familia en Materia de Derechos Humanos. Para el año 2024, el monto total destinado a todas las políticas públicas de esa área fue de $46.147,44 millones, y para 2025, de $67.664,06 millones. Mientras es presupuesto baja, las denuncias por violencia crecen.

La demanda

En 2024, solo en el ámbito de la Ciudad, la OVD recibió 9.840 denuncias por situaciones de violencia doméstica que afectaban a 13.176 personas, pero si se tiene en cuenta a quienes se acercaron a realizar consultas informativas (7.280) la cifra asciende a 17.120 personas. Esto equivale a un promedio de 47 personas por día. Los datos:

33% eran niñas, niños y adolescentes; 

el 50% mujeres de 18 a 59 años y un 9% varones del mismo grupo etario; 

8% eran personas mayores de 60 años y más.  

Desde el inicio de actividades de la OVD en septiembre de 2008 y hasta la fecha, detectaron al menos 21 víctimas de femicidio directo en contexto de violencia doméstica de mujeres afectadas con denuncias previas ante la OVD. Tres de estas mujeres fueron víctimas de parricidio, ya que las personas denunciadas tenían un vínculo filial.

Un informe especial sobre denuncias realizadas por mujeres contra sus parejas o exparejas, con datos de los años 2018, 2019 y 2020, la OVD destacó que entre las mujeres que concurren por primera vez a denunciar a sus parejas/ o exparejas, el tiempo promedio de vínculo con al agresor es de 9 años y el tiempo promedio de maltrato es de 5 o 6 años. El tiempo máximo de vínculo registrado es de 64 años y el tiempo máximo de maltrato es de 62 años.

En otro informe sobre lesiones constatadas por el equipo médico de la OVD en mujeres agredidas por varones, en 2022, el 10% relató haber sido víctima de maltrato por períodos menores a 1 año, 53% entre 1 y 5 años, 20% entre 6 y 10 años y 17% manifestaron maltratos sostenidos por períodos de 11 o más años. 

De 606 mujeres y mujeres trans que denunciaron violencia sexual por parte de varones en la OVD, el tiempo de vínculo promedio de estas mujeres con los denunciados fue de 10 años. El tiempo máximo registrado fue de 57 años y el mínimo fue de 1 mes. En 46 casos (8%), el tiempo de vínculo era menor al año.

En cuanto a las denuncias judiciales por violencia de género, no hay datos a nivel federal que estén compilados en un solo lugar. La Oficina de la Mujer, también dependiente de la Corte Suprema de Justicia, lleva anualmente el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, pero que releva las muertes violentas de mujeres y de mujeres trans/travestis por razones de género, del que se conocerán las cifras el próximo 3 de junio. La última información disponible a nivel país sobre la cantidad de mujeres víctimas de violencia corresponde a los datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, del Indec, de 2013-2018, que muestra 576.360 casos de violencia por razones de género, de los cuales 326.917 (56,7%) registraron el número de documento de identidad de la víctima. Este dato permite identificar, dentro de los casos, la cantidad, más allá de las veces que hayan registrado uno o varios hechos. Así, fueron identificadas 242.872 mujeres de 14 años y más. De dicho total, 196.810 realizaron una única denuncia o consulta (81,0%). En el otro extremo, 571 mujeres presentaron más de diez solicitudes de atención.

La mirada desde la OVD

En este contexto de desmantelamiento de las principales políticas públicas nacionales de prevención, atención y protección contra las violencias de género, y con un gobierno que niega su existencia misma, los organismos que resisten buscan formas de seguir acompañando con medidas efectivas a las mujeres y diversidades en riesgo. “Al modificarse los recursos, permanentemente estamos viendo qué posibilidades hay y qué vínculos podemos generar con otros organismos para asegurar las derivaciones”, explica María Emilia Sesin, a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, asegurar medidas de protección y elaborar estadísticas que permitan analizar esta problemática, para así evitar su expresión más brutal: el femicidio.

Para entender la magnitud de la situación actual, durante 2024, en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en Lavalle 1250 y que funcionan las 24 horas, los 365 días del año, la OVD recibió denuncias por situaciones de violencia doméstica que afectaban a más de 13.000 personas. 

Para Sesin, “la denuncia sigue siendo la mejor forma de prevención del femicidio”, al igual que detectar las nuevas modalidades de violencia que van surgiendo. Pone un ejemplo: “Hoy al hacer una transferencia a una persona, se habilita un campo para poner la referencia, que es utilizado como un mecanismo de amenaza”. 

No contar con respuestas adecuadas, incrementa los riesgos de revictimización, la desconfianza en el sistema de justicia y la tendencia a abandonar el proceso, con los riesgos que eso conlleva. Las cifras son elocuentes: el Observatorio Lucía Pérez registró 102 víctimas de femicidio solo en los primeros cuatro meses de 2025.

Así analiza Sesin el panorama actual:

¿Quién define qué recursos y programas se van a destinar y cómo?

Luego de la evaluación de riesgo inmediata hecha por nuestro equipo interdisciplinario para que el juez que interviene tenga los fundamentos para dictar las medidas de protección, se inician en simultáneo las derivaciones civiles y penales. La inserción en determinados programas a veces la evalúa el juzgado. Cuando eso no sucede, articulamos con todas las áreas de gobierno, tanto nacional como porteño, para hacer las derivaciones que correspondan. En la Ciudad de Buenos Aires hacemos una derivación general a lo que antes era la Subsecretaría de la Mujer y ahora es una dirección general, que decide la derivación específica para los programas más de tipo asistencial y al Centro Integral de la Mujer (CIM) que corresponda al domicilio. Nosotros tramitamos si la persona necesita en ese momento algún dispositivo de alojamiento, sean paradores, casas de medio camino o los refugios a puerta cerrada, que en este caso es el Mariquita Sánchez, porque es algo inmediato.

¿Cómo los afectan las degradaciones de áreas de género a nivel nacional y local, el ajuste de programas de atención y la desaparición de otros?

Nos obliga a ser creativos. Al modificarse los recursos, permanentemente estamos viendo qué posibilidades hay y qué vínculos podemos generar con otros organismos para asegurar las derivaciones. Como titular de la OVD, me reúno con todos los organismos que están activos para garantizar una intervención efectiva. Si me entero que se disolvió tal programa, que se creó uno o permanece otro, voy y busco fortalecer ese vínculo. El Poder Judicial tiene la ventaja de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo, cosa que no pasa con el resto de los organismos. Entonces, los obligados a movernos somos nosotros. La disolución de programas como el Acompañar, de dispositivos de alojamiento, sí nos afecta más. De todas maneras, insisto, agotamos todas las posibilidades para que esa necesidad sea cubierta.

El programa Acompañar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires pasó de otorgarse a 1480 mujeres en 2023 a 146 en 2024. 

Acompañar, específicamente, lo definen los juzgados. En un momento, habíamos hecho un intento de convenio, porque se necesitaban ciertos requisitos y tenías que tener datos de las persona en ANSES, y nosotros no accedíamos a eso, pero los organismos ejecutivos sí. Entonces, lo hacíamos a través del juzgado. En los informes, hacemos algunas sugerencias acerca de cuáles serían los programas o el tipo de asistencia apropiados para ese caso, pero no son vinculantes para el juzgado, que va a decidir en función de lo que considera.

¿Y están logrando garantizar que esas mujeres cuenten con los recursos necesarios?

En lo personal, insisto mucho en que las derivaciones que hagamos desde la OVD realmente sean efectivas. En general, las personas, cuando llegan a la oficina, vienen de un derrotero enorme, de haber pasado por un montón de instituciones en las que no encontraron respuestas. En ese sentido, soy muy consciente de que la derivación tiene que ser a un lugar específico y que sepamos que existe. Permanentemente, relevamos todos los servicios y generamos conversaciones con las autoridades que corresponden. Pero más que eso no podemos hacer. 

¿Hay después un seguimiento para saber si esos programas se hicieron efectivos o si el juzgado siguió las sugerencias, si se están cumpliendo las medidas de protección? 

No hacemos seguimiento de ese tipo de intervenciones. El único seguimiento que supervisamos es el judicial. Sí nos importa ver cómo se abordó el caso, qué tipo de resoluciones se dictaron, cómo  avanza la investigación penal. Estamos muy enfocados en lo estrictamente judicial.

¿Cuál es el tipo de violencia más denunciada? ¿Varió en los últimos años?

Los tipos de violencia se sostienen más o menos en el tiempo y el preponderante es la psicológica, le sigue la física, la ambiental, la social y, lo que se sumó en el último tiempo, a tal punto que requirió una normativa específica, es la violencia digital. Después, algunos tipos de violencia se van sofisticando, surgen nuevas modalidades. Por ejemplo, con la violencia digital, al principio estábamos enfocados en redes sociales, el WhatsApp, el mensaje de texto, y ahora empezamos a observar el uso de las billeteras virtuales. Al hacer una transferencia a una persona, se habilita un campo para poner la referencia, que es utilizado como un mecanismo de amenaza o para poder llegar a la otra persona. Una transferencia por un valor mínimo, te habilita a acercarte, a amedrentar y hostigar. Por eso, todo el tiempo hay que repensar las medidas de protección o cuál es el alcance que tienen.

Muchas veces, medidas de protección como las perimetrales no se respetan y las víctimas siguen siendo acosadas. 

Si la persona no denuncia el incumplimiento de esa medida, nosotros no nos enteramos. En proporción, hay pocas denuncias de incumplimiento de medidas. En general, te enterás cuando ya pasó un hecho nuevo más importante que el anterior. Son pocas las personas que  denuncian una medida de incumplimiento por el solo hecho de decir, por ejemplo, me manda un mensaje cuando no lo podía hacer. Esperan a que eso escale para hacer una nueva denuncia. 

¿Y qué deberían hacer las mujeres en ese caso? 

Poner en conocimiento todo. Sé que puede resultar muy tedioso. Si bien son procesos muy rápidos para lo que es el promedio de denuncias de cualquier otro tipo, es cierto que para alguien que está atravesando una situación de estas características a veces puede implicar mucho esfuerzo, y exponerse a situaciones que no quieren. Pero la única forma es volver a acercarse y referir esta situación. Soy muy defensora de la importancia de denunciar. No digo que todo se tiene que judicializar, porque hay situaciones que a lo mejor merecen otro tipo de abordaje, pero cada vez que veo noticias que desalientan la denuncia, me enojo mucho, porque tenemos un montón de fundamentos para decir que la denuncia es efectiva.

¿Se nota alguna tendencia de aumento o baja de denuncias en un contexto de mayor vulnerabilidad social?

Es difícil poder hacer un análisis muy lineal. Por ejemplo, a veces podemos considerar que la situación económica a nivel país impacta, porque la gente tiene menos posibilidades de trasladarse a un lugar para hacer una denuncia, con todo lo que eso implica. O tomar la decisión de denunciar a alguien, porque, a lo mejor, si esa mujer interrumpe ese vínculo, piensa que va perder la posibilidad de tener garantizados los alimentos para sus hijos, una vivienda y demás.  Esos son limitantes para hacer la denuncia. Las personas afectadas también muchas veces están aisladas y no tuvieron la posibilidad de trabajar. Muchas cosas que las dejan en una situación de mayor vulnerabilidad, que puede ser un factor que haga que no denuncien.

¿Qué impacto tiene en todo el sistema de protección y de acceso a la justicia que desde el Ejecutivo nacional se minimice la violencia de género e incluso se hable de revocar la figura de femicidio? 

Al menos desde la Corte, estamos muy enfocados en que este tipo de discursos, vengan de donde vengan, no afecten. Y por eso se sostienen oficinas como la nuestra, o la Oficina de la Mujer, que de manera permanente monitorea el trabajo que hacen los jueces y genera talleres de capacitación y sensibilización. Hacemos mucho trabajo para sostener este estándar. Es probable que muchas resoluciones vayan en contra de las políticas de género por las que trabajamos y por las que fue creado este organismo, pero el cambio que se logró a nivel judicial es notable, sustancial. Cada juez tiene la facultad de dictar sus propias sentencias y que, eventualmente existirán otros mecanismos para revocar eso, pero el trabajo es constante. También hubo mucha renovación en la planta de los de los magistrados. Eso no es menor.

Se están por cumplir 10 años del Ni una Menos. ¿Hay una mayor toma de consciencia? 

Un indicador es que las personas denuncian más rápido. Cuando alguien era víctima de un hecho de violencia, probablemente esperaba mucho tiempo hasta tomar la decisión de hacer la denuncia. En ese interin, probablemente la violencia se repetía y escalaba. Calculábamos un promedio de diez años. Hoy los episodios y los hechos no solo se identifican más rápido, también se denuncian más rápido. Y eso hace que haya más denuncias. También hay más denuncias en situaciones de noviazgo, algo que, a lo mejor, antes no pasaba. Ya no se naturalizan ciertas situaciones y eso significa que hay más educación, más prevención, sobre todo, en las generaciones más jóvenes. Es muy alentador ver cómo va bajando el promedio de antigüedad en la violencia. Eso habla de que las mujeres estamos más fortalecidas, que tenemos la capacidad de identificar esas situaciones y no tolerarlas, como a lo mejor pasaba en otros momentos.