Desde el comienzo del actual gobierno y sobre todo en ocasión de la marcha de jubiladas y jubilados, decenas de periodistas son blanco de represión directa y de amenazas que provienen desde el Estado. El repaso de los hechos más graves y paradigmáticos. Las alertas e informes que las asociaciones Periodistas Argentinas y AReCIA presentaron ante juzgados nacionales y la Comisión Intermericana de Derechos Humanos, mientras el gobierno llama a odiar a los periodistas. Por Claudia Acuña.

6 de Diciembre 2023. Periodistas Argentinas y la Asociación de Revistas Culturales Independientes (AReCIA) presentaron un habeas corpus colectivo porque “mañana miércoles 27 de diciembre, en el marco de una movilización, deben cumplir con su trabajo que entienden se siente amenazado”. Las medidas de protección solicitadas fueron dos: “se le requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación y de CABA las instrucciones que impartieron a las fuerzas de seguridad para interactuar con los trabajadores de prensa y que se ordene a esas fuerzas que no repriman ni dificulten su trabajo”.  Los habeas corpus son medidas de protección de la violencia estatal que no requieren firma de abogados y que el Poder Judicial debe resolver en 24 horas, máximo. El juzgado de turno –Contencioso Administrativo Federal Nª7–  decide reconducir la presentación como “una acción de amparo” –que requiere patrocinio legal–  y se declaró incompetente.

27 de diciembre de 2023: La Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal confirma la resolución. Ese mismo día, en tanto estaba el proceso de sorteo del juzgado que trataría el amparo, fue detenido el periodista Martín Brusas, hecho que motivó una nueva presentación de Periodistas Argentinas ante la Cámara de Apelaciones y derivó en un nuevo habeas corpus. En la movilización también fueron agredidos los cronistas Heber Ybáñez (Telefé), Manuel Jove (TN), Alan Ferraro (TN) y Emanuel Herrera. Se determina que el juzgado de turno sería el Nª 6.

29 de diciembre de 2023: Periodistas Argentinas y AReCIA realizan una presentación para solicitar la excepción para que se trate el amparo presentado a pesar de la feria judicial en virtud de las movilizaciones previstas por distintas organizaciones sociales durante enero de 2025.

3 de enero de 2024: El fiscal Miguel Angel Gilligan determina que no hay razones para habilitar la feria judicial y tratar el amparo. Ese mismo día la jueza de turno del tribunal Nº 11 resuelve que sí y habilita su trámite.

4 de enero de 2024: El juzgado de turno se declara incompetente.

9 de enero de 2024: La fiscalía general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo solicita elevar el trámite a la Corte para que resuelva la competencia. 

11 de enero de 2024: La Cámara desestima el pedido fiscal, ratifica la habilitación de la feria y remite la causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de CABA. 

15 de enero de 2024: El juzgado de turno en el que recae la causa la remite al juzgado de origen, el Nº 11, donde originalmente se radicó el pedido. 

16 de enero de 2024: El juzgado Nº 11 reitera su incompetencia y la remite al Juzgado Criminal y Correccional Nº 10.

18 de enero de 2024: El juzgado Nº 10 se declara incompetente.

19 de enero de 2024: La causa se elevó a la Corte Suprema de la Nación para que resuelva la competencia. Hasta ahora –mayo de 2025– no se expidió. El pedido de amparo a las y los trabajadores de prensa ya cumplió 17 meses y acumuló 366 fojas.

20 de enero de 2024: Periodistas Argentinas presenta un informe de las agresiones y el recorrido de la causa judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle que “requiera al Estado argentino que se “abstenga de realizar actos que comprometan la vida, la integridad personal, la seguridad y la labor profesional de las y los periodistas durante las movilizaciones sociales”.

31 de enero de 2024: Durante la movilización que se realizó en el marco del tratamiento de la llamada Ley Bases en el Congreso de la Nación son agredidos el periodista Lucas Pedulla –golpeado con un palo en el cuerpo y su celular, al caer de su mano, destrozado por las fuerzas de seguridad. El periodista de MU fue uno de los dos firmantes del habeas corpus presentado en diciembre. También fueron quemados por el gas disparado por las fuerzas de seguridad los fotógrafos Ignacio Yuchark (MU) y Rodrigo Abd (AP).

1 de febrero de 2024: En el marco del tratamiento legislativo de la llamada Ley Bases fueron agredidos por las fuerzas de seguridad al menos 35 trabajadores de prensa, la mayoría heridos por balas de goma y quemados con gas pimienta.

9 de febrero de 2024: La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Estuvieron presentes también el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. Periodistas Argentinas describió ante la ministra la coreografía que se repetía en el accionar de las fuerzas de seguridad: mientras reprimían la protesta, al mismo tiempo y como parte de la misma operación, gaseaban, golpeaban o detenían al periodista que estaba registrando el hecho, con lo cual no sólo se agredía a la prensa, sino que se atentaba también contra la circulación de la información que transmitía. Se le preguntó, entonces, si se habían dado instrucciones de golpear a la prensa y/o obstaculizar su tarea. Respondió la ministra: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde donde sea. Tenemos el caso de Kosteki y Santillán, por ejemplo”. Bullrich se refirió así a un caso de represión de la protesta social que tuvo como consecuencia dos asesinatos en 2002 y por el que fueron condenados varios agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo. La reunión se realizó el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías para la prensa y los derechos de la protesta social; fue también, la misma jornada en que los gremios Sipreba (prensa) y Argra (reporteros gráficos), acompañados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1 de febrero en el Congreso”.  

1 de marzo de 2024: Durante la jornada de votación de la llamada Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación fueron detenidos, gaseados y golpeados al menos cinco trabajadores de prensa, la mayoría mientras transmitía en vivo.

18 de marzo de 2024: En el marco de una movilización de organizaciones sociales realizada en el Puente Pueyrredón fueron  agredidos el cronista Carlos Ferrara (Canal 9) y su equipo técnico -quien sufrió golpes y una lesión en los ojos por el gas pimienta, por lo que debió ser trasladado al hospital para recibir asistencia mediante oxígeno y sedación–; Leo Godoy (A24) y su equipo técnico –quien fue reprimido mientras transmitía en vivo–y Rodrigo Abd, fotoperiodista de Associated Press (AP), también afectado por los gases.

10 de abril de 2024: Varios periodistas y reporteros gráficos sufrieron agresiones por parte de las fuerzas de seguridad mientras hacían su trabajo de cobertura de la marcha de organizaciones sociales. Diego Ricciardi, del canal Crónica TV, recibió un balazo de goma en el mentón. Fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde lo anestesiaron y extrajeron la bala. La cronista de radio Continental Flor Fossatti fue golpeada en la nuca por una tonfa policial. Dijo haberle gritado al policía que estaba haciendo una cobertura periodística mientras le mostraba el carnet de la radio, pero el agente igual la golpeó. La fotorreportera Paula Acunzo, freelance para la agencia fotográfica Zuma Press, fue golpeada por una tonfa policial en el estómago por un policía que le exigía que se fuera. Mientras corría, la Policía de la Ciudad le disparó un balazo de goma en la parte trasera de la pierna izquierda. El fotoperiodista Federico Rotter, que hacía un trabajo para la agencia italiana Nur Photo, recibió cuatro balazos de goma: uno en el tobillo y tres en la pierna derecha.

6 de junio de 2024: El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona denuncia penalmente, en vísperas del Día del Periodista, a la periodista Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas “por la presunta comisión del delito de instigación a cometer delitos”. En otro juzgado el ministro presenta otra denuncia contra el periodista Darío Villarroel.

11 de julio de 2024: La CIDH realiza una audiencia para tratar el tema de la criminalización de la protesta en Argentina y las restricciones a la libertad de expresión. En ese marco, el CELS cita el caso de la periodista Nancy Pazos, denunciada por el ministro de Justicia.

12 de junio de 2024: En el marco de la movilización convocada durante el tratamiento de la Ley Bases el equipo del Grupo América, integrado por el periodista Christian Balbo y su camarógrafo, Rocío Bao (Infonews) y Diego Fernández (C5N) fueron afectados por el gas pimienta lanzado por las fuerzas de seguridad responsables del operativo. En tanto, Mariano Dalaison (fotógrafo independiente) recibió disparos de balas de goma en la cara.

28 de agosto de 2024: Ese miércoles, durante la habitual marcha de jubilados en la zona del Congreso de la Nación para protestar contra el anuncio del veto a la ley de aumento de las jubilaciones, la Policía Federal agredió con gas pimienta al cronista Pablo Corso (LN+), al camarógrafo Marcelo Baldasarre (Canal 9) y al equipo de C5N. En la transmisión en vivo de LN+ se ve cómo la cámara de ese canal es rociada por gas pimienta mientras se escuchan los gritos de los manifestantes y de los periodistas. 

 29 de agosto de 2024: El juzgado Criminal y Correccional Nª 4, a cargo del juez Ariel Lijo, desestima la denuncia del ministro de Justicia contra la periodista Nancy Pazos.

16 de setiembre de 2024: Periodistas Argentinas presenta el “Informe sobre ciberacoso a Periodistas Mujeres: la tecno censura”. Denuncia que “En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”. El informe resume 16 casos de periodistas acosadas.

Diciembre de 2024: Según el Informe 2024 del Monitoreo de FOPEA, 56 de los 179 casos registrados de ataques contra periodistas, fueron propiciados por el Presidente Javier Milei.

5 de marzo de 2025: En el marco de la marcha de los miércoles de los jubilados al Congreso de la Nación fueron agredidos varios periodistas, entre ellos, Claudia Acuña –fundadora de la Revista MU y lavaca.org, vicepresidenta de Periodistas Argentinas, una de las dos firmantes del habeas corpus colectivo presentado en diciembre de 2024 y quien participó de la reunión con la ministra de Seguridad realizada un año antes. Acuña “fue impedida de realizar su trabajo, hostigada, amenazada, y acusada falsamente de estar haciendo un piquete (corte de la vía pública). Un policía federal la empujó y la hizo perder el equilibrio, en una técnica que repetidas veces hacen las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes, dejándola atrapada detrás del cordón policial con la intención de restringir sus movimientos”. También fue agredido con gas pimienta el fotógrafo Juan Valeiro, quien la acompañaba en esa cobertura. Por su parte, Gabriela Navarra, integrante de Periodistas Argentinas, fue herida con balas de goma en piernas, torso y brazos.

 12 de marzo de 2025:  Ese miércoles y en el marco de la marcha de las y los jubilados al Congreso de la Nación Pablo Grillo –fotógrafo independiente– recibe el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la intersección de las calles Yrigoyen y Solís cuando estaba haciendo su trabajo. El disparo fue ejecutado por un gendarme.

25 de marzo de 2025: Otro miércoles de marcha de las y los jubilados al Congreso. Miguel Lo Bianco, camarógrafo de la agencia Reuters fue atropellado por la policía motorizada. El fotógrafo Damián Dopacio (NA) y la cronista Maru Malpeli (IP) fueron algunos de los trabajadores de prensa que sufrieron las consecuencias del gas pimienta arrojado por las fuerzas de seguridad en forma dirigida y a pocos centímetros de distancia. También sufrieron agresiones por parte de las fuerzas de seguridad el cronista Francisco Pandolfi (MU/lavaca) quien fue amenazado por un policía, y Tadeo Bourbon, el fotógrafo que lo acompañaba en la cobertura fue gaseado en cuello, brazos y manos.

2 de abril de 2025: Durante la marcha de los jubilados el reportero Diego Gómez fue atropellado por efectivos de la policía motorizada en Callao y Mitre. Tuvieron que sacarlo en andas mientras lo atendían en la calle porque un cordón de gendarmes casi lo pasa por arriba de nuevo. 

16 de abril 2025: Como saldo de la marcha de las y los jubilados al Congreso la Comisión por la Memoria reporta una persona detenida y al menos 116 personas heridas, entre ellas una niña de 13 años. Muchos de los afectados fueron periodistas que estaban cubriendo los hechos, incluso un reportero gráfico fue lesionado por el disparo de un arma Byrna. Entre ellos, el cronista Lucas Pedulla (MU/lavaca), los fotógrafos Edgardo Gómez y Eduardo Sarapura, de Tiempo Argentino y Rodrigo Ruiz, fotógrafo de la revista Cítrica.

17 de abril de 2025: Periodistas Argentinas presenta ante la CIDH un resumen de las agresiones a la prensa.

19 de abril de 2025: El presidente Javier Milei utiliza sus redes sociales para transmitir el siguiente mensaje: “Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos”.

22 de abril de 2025: El periodista Roberto Navarro fue agredido violentamente por una persona aun no identificada. Fue internado tras recibir un golpe en la cabeza por la espalda.

29 de abril de 2025: El monotributista asesor presidencial Santiago Caputo amenaza al reportero gráfico Antonio Becerra, del diario Tiempo Argentino.

3 de mayo de 2025: El presidente Javier Milei utiliza sus redes sociales para reiterar el mensaje “no odiamos suficientemente a los periodistas”  y lo ilustra con fotos de los periodistas Carlos Pagni, Jorge Fontevecchia y Jorge Rial. También retuiteó un mensaje en el que se acusa de operadores y se nombra a los periodistas Marcelo Bonelli, María O’Donnell, Ignacio Ortelli, Luis Novaresio, Flor Donovan, Ramón Indart, Martín Rodríguez Yebra, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez.

7 de mayo de 2025: Ese miércoles, durante la marcha de las y los jubilados al Congreso, la cronista de IP Noticias Aldana Flores quedó en medio de un amontonamiento cuando golpeaban y detenían al sacerdote Paco Almeida. El camarógrafo que la acompañaba logró salir del tumulto, pero ella quedó atrapada. En las imágenes que se vieron de la cobertura, se escucha gritar a la periodista que no le pegaran. “Los agentes de policía me pegaron con los escudos y me patearon”, contó después. Al menos cinco fotógrafos y cronistas recibieron en los ojos gas lanzado por las fuerzas de seguridad.

De toda esta tremenda cronología de lectura aburrida surge la pregunta: ¿hasta cuándo continuará?