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Apuntes para pensar qué nos pasa

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La autoconvocatoria a poner el cuerpo para decirle basta a la violencia contra las mujeres representa un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa? El rol de la condena social en la batalla contra la impunidad, la experiencia de H.I.J.O.S., la relación de los medios y las oenegés son algunos de los interrogantes que nos hicieron reflexionar y que compartimos con la esperanza de construir juntas, juntos, nuevas respuestas.

Apuntes para pensar qué nos pasa

Algo cambió y que ese cambio produzca el resultado necesario, preciso, urgente requiere un esfuerzo social clave: pensar juntas, juntos, qué nos pasa.

El disparador fue un signo de los tiempos: un hashtag. Es decir, el signito # que caracteriza el impulso que las redes sociales le dan a las preocupaciones de esta época. No las del poder, sino las de las personas. Así entró por la ventana y a la agenda política de un año electoral el tema de la violencia contra las mujeres, autoconvocando a poner el cuerpo el miércoles 3 de junio, a las 17 y frente al Congreso.

Sin duda será importante lo que pase ese día, pero ya todo lo sucedido antes indica que estamos ante un cambio. Un ejemplo concreto: la reacción social ante el fallo del juez Horacio Piombo, cuando se difundió que el magistrado había disminuido la pena de un violador porque el chico abusado,que tenía sólo 6 años, ya había sido abusado previamente. El juez Piombo tiene un frondoso prontuario: siempre juzgó primero a las víctimas para graduar luego la condena de sus victimarios, de acuerdo a su penosa escala moral. Con idéntica coherencia, negó en tiempos de la dictadura los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ni entonces ni hasta ahora semejante actitud fue reprochada ni formó parte del cotilleo mediático. Sin embargo, a partir del hashtag –signito de los tiempos- la reacción social fue inmediata y contundente: lo echaron de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, a través de un petitorio online, se reunieron 40 mil firmas para exigir el juicio político del magistrado. Todo esto en menos de 48 horas.

Estamos hablando, entonces, de otro signo de estos tiempos: la condena social se puso en marcha.

Cómo se construye esa condena social y por qué es el origen de todo acto de justicia es algo que tenemos, una vez más, el privilegio de ser testigos y la obligación de analizar.

¿Por qué?

Porque es el mecanismo social que le pone fin a la violencia y a la impunidad.

El efecto inmediato que activa este mecanismo es bien concreto: nunca antes como en estas semanas se hicieron -y nos hicimos- tantas preguntas sobre la violencia contra las mujeres.

Este primer efecto revela, entonces, que todas las respuestas formuladas hasta ahora eran insuficientes, incompletas y vacías.

¿Por qué?

Simple: si no solucionan el problema, esas respuestas son parte del problema.

La condena social lo primero que moviliza es la creatividad social.

Deja un vacío.

Limpia y barre el escenario político.

Lo desnuda para mostrarnos su inutilidad para resolver problemas urgentes que atentan directamente contra la vida de las personas.

Nos revela, impúdicamente, que la vida de las personas no es prioridad de los Estados. Sí sus bienes, sí sus producciones, sí sus organizaciones, pero no aquello que posibilita que todo eso suceda en un marco que garantice en forma equilibrada, democrática y equitativa el cuidado de las vidas.

Los desaparecidos, los pueblos fumigados, los jóvenes pobres criminalizados, las comunidades originarias atacadas o los femicidios son expresiones de violencias totalmente diferentes, producidas en situaciones y contextos distintos y por variables diversas, pero tienen algo en común: el límite a la impunidad lo imponen siempre las personas.

Son las personas, en la calle y con los pies, las que le dictan a las instituciones -que encarnan a eso que llamamos Estado- lo que ya no puede hacer Nunca Más.

¿Cómo lo hacen?

Buscando el denominador común que expresa el límite social.

Aquello único que todas y todos tenemos en común, expresado de manera clara, sencilla y contundente.

Ni una menos.

Son muchas las cosas que nos permiten pensar la expresión de encuentro social que representa hoy esta frase, pero la que nos toca, obliga y corresponde es la de registrar el rol que cumplen los medios de comunicación.

Por un lado analizar cómo los medios comerciales interfieren para impedir ese encuentro. Algunas pistas:

El medio es el mensaje es la ley que construyó imperios mediáticos y es lógico, entonces, que esos imperios –hoy decadentes- defiendan su existencia tratando de que todo mensaje social se expanda exclusivamente a través de sus venas: eso es lo que les garantiza poder, importancia, negocios.

Los tiempos han cambiado y aquello que llamamos “medios masivos” incluye ahora un nuevo protagonista: las redes sociales. Bajo este imperio de virtualización de las relaciones, la foto con el hashtag se convierte en el signo de una operación que pretende neutralizar con una selfie el poder de transformación política que tiene una sociedad cuando ocupa el espacio público.

El mensaje es el mensaje. Y cada mensaje es construido con palabras. Desde hace décadas soportamos un disciplinamiento del lenguaje referido a la violencia contra la mujer, destinado a imponer una jerga vacía, opaca, que interfiere la posibilidad de encuentro social, creando jerarquías. Consagra un sistema en el cual hay personas que saben (hablar, escribir, decir) y personas que no. Elite unas, mayoría las otras, todas soportan violencias, pero solo algunas conocen las palabras correctas para denunciarlas, exponerlas y compartirlas públicamente: “violencia de género” es un ejemplo de este lenguaje disciplinado.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”?, preguntó esta semana un integrante (varón) de lavaca. Que surja esta pregunta es de por sí revelador, importante, trascendente, porque la sola pregunta en sí misma cuestiona, obliga a pensar qué estamos haciendo y por qué, interrogantes fundamentales para el ejercicio independiente y responsable del oficio periodístico.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”? Una posible respuesta: género tienen las telas y las especies. También las palabras. “La puerta” es una palabra de género femenino. “El vidrio” es una palabra de género masculino. “Violencia de género” es una expresión incompleta: le falta decir qué género ejerce esa violencia. Le falta nada menos que el sujeto. Esta operación gramatical de ocultar al responsable se ha convertido en una convención y práctica para referir a la forma “políticamente correcta” de aludir a la violencia contra las mujeres. ¿Quién estableció esa orden y ese orden? Las oenegés.

El fenómeno de las oenegés debe analizarse dentro de un contexto histórico y político de terciarización del Estado. Así como se privatizaron servicios públicos, se privatizaron las obligaciones sociales de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa, el ejemplo del registro de femicidios es claro. La legislación internacional obliga a los Estados a llevar un registro y elaborar estadísticas de los casos de femicidios, entre otras medidas, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Las profesionales más aptas para denunciar el incumplimiento de esta obligación se convirtieron en elaboradoras de ese registro, financiadas por diferentes instituciones nacionales e internacionales. En lugar de exigirle al Estado que lo hiciera, lo hicieron. El resultado es incompleto, recortado, insuficiente, pero alcanza para que en los últimos años los medios obtengan y reproduzcan datos sobre los femicidios que presentan, siempre, como absolutos: “Estos son los femicidios ocurridos este año”, nos dicen. Pero no lo son: son apenas algunos, los que salieron en la prensa, porque esa base de datos se elabora a partir de recortes de prensa. Así, medios y oenegés se retroalimentan. Sin prensa no hay oenegé. Una necesita un Estado débil, la otra un Estado impotente, en falta.

No es este un señalamiento hacia una institución en particular, sino un ejemplo de todo el proceso que se inició a fines de los 80 para convertir la rica tradición de lucha de los organismos de derechos humanos en oenegés. Así una herramienta de presión, denuncia y acción directa se transformó en una ejecutora de servicios caritativos que, en realidad son derechos que obligan al Estado a destinar recursos para ejecutarlos: desde consultas jurídicas hasta procesamiento de datos.

La oenegé es -en el mejor de los casos- un organismo de derechos humanos con bozal. Dedicada a hacer -en el mejor de los casos- lo posible en lugar de exigir que lo imposible se convierta en política de Estado. El grito de aparición con vida expresa eso: que lo imposible es la impunidad. Que Ni una menos también lo logre depende de que no quede en manos de ese voluntarismo posibilista, propio de las oenegés.

Otra cosa sobre la cual nos permiten reflexionar las preguntas que citamos: las formularon varones. Muchas veces hemos proclamado que el patriarcado es un sistema de dominación, pero quizá haga falta explicitar –ahora más que nunca- que como todo sistema de dominación oprime la vida. Es decir, a todas las personas. ¿Por qué? Porque oprime, justamente, las relaciones sociales. El cómo nos relacionamos. Quién manda y quién obedece. Lo complejo del patriarcado es que a esta altura de la Historia ha diseñado un sistema de órdenes tan complejo, tan siniestro, tan controlador, que para desatar esa opresión es necesario desanudar múltiples órdenes, que provienen de diversos roles sociales. La punta de ese ovillo la tienen las mujeres, es cierto, porque en esa opresión se les va la vida y el cuerpo, pero son los hombres, especialmente los jóvenes (educados por mujeres, por cierto) los que nos van indicando cómo y a qué nivel de profundidad está operando este cambio. No sólo porque muchos ya comparten tareas y responsabilidades –que también- sino porque se permiten hacer preguntas que admiten un no saber (qué hacer, qué pensar), algo que cultural y socialmente no les estaba permitido. Sí la broma, sí la chicana, sí la palabra divorciada de la acción, sólo para recortar el campo y hacer foco en la cultura que domina la masculinidad de los sectores de universitarios, militantes y progres. Preguntar, entonces, representa la posibilidad de compartir la duda y, lo que es más importante, la creación de la respuesta.

Otra pregunta que surgió estos días: ¿quiénes son estos varones capaces de matar a patadas, descuartizar, quemar, acuchillar y, lo que es aún más siniestro, a veces hacer todo esto a la vez, sobre el cuerpo de una mujer? La inquietante frase escuchada en la charla con la mamá de Melina (“tomaron mate conmigo, acá, en mi casa”, nos dijo) sacudió aún más el interrogante.

La lista de casos deja en claro que esos hombres son maridos, novios, pareja, en su enorme mayoría. ¿Son monstruos? ¿Cómo identificarlos si se parecen a cualquiera, si son “normales”?

Esa misma semana nuestra compañera Julieta Colomer, hija de desaparecidos, participó del escrache que organizó H.I.J.O.S. para señalar a los cómplices civiles de la dictadura, aún impunes. Con esa experiencia en el cuerpo, los pies y la sensibilidad, Julieta nos dijo: “No son cualquiera, no somos todos, son algunos, pero están circulando entre nosotros y por eso es necesario construir en cada territorio condena social. Hay que ir al barrio a preguntar: ¿Por qué a nadie le importa que una chica de 14 años que vivía acá en la esquina aparezca en una bolsa? Cuando comenzamos a hacer escraches a nadie le importaba que los genocidas caminaran por su calle. Recuerdo que muchos de los vecinos nos decían: ‘eso es parte del pasado, hay que mirar para adelante, dejemos todo como está’. No. Así no. Así lo único que queda intacta, intocable, es la impunidad. Discutir estos temas con el vecino, la vecina, en el barrio, es una forma concreta de construir con los demás otras formas de relacionarnos, que no tienen que ser humillantes, no nos tienen que avergonzar. Tenemos que poder decir en voz alta y en ese barrio concreto: ‘Las mujeres no tenemos que vivir sometidas por el miedo’. Así no somos lo mismo que el monstruo que asesina”.

Lo que nos dice Julieta es que la forma de diferenciarnos del monstruo es no ser indiferentes, pasar a la acción, formular preguntas incómodas, impertinentes, en el espacio público, cara a cara. “Cuando hablamos de poner el cuerpo –nos dice Julieta- no es sólo porque esta violencia contra las mujeres se ejerza sobre el cuerpo, sino porque ese poner el cuerpo apela a asumir el compromiso de ser protagonistas de los cambios que queremos lograr”.

¿Hay más casos o ahora se difunden más? preguntó otro integrante (varón) de lavaca. Sin datos oficiales estamos a ciegas. Cualquier respuesta es una hipótesis imperfecta, un tanteo en la oscuridad. Nuestro trabajo con mujeres sobrevivientes de violencias nos hace intuir algunas posibles respuestas, que son solo eso: hipótesis que fueron escritas con la esperanza de que se lean en grupos que están pensando este tema. Por eso el cuadernillo que las resume La máquina abusadora: cómo dejar de ser víctimas acompaña esta edición.

Hay otra posible línea de análisis inspirada en el ejercicio mismo de esta profesión. Los reporteros que cubren situaciones de conflicto armado elaboraron hace años una serie de consejos basados en la propia experiencia de moverse en situaciones de riesgo vital. Uno de estos consejos es particularmente interesante. Dice, más o menos, así: “El día más peligroso, aquel en el que más fotógrafos y periodistas mueren, según demuestran todas las estadísticas, es el último día de un régimen autoritario. El problema es que nunca sabemos cuál es el último día, hasta el siguiente”.

La pregunta, entonces, que nos permite pensar este consejo -formulado por quienes han puesto el cuerpo en la batalla sin ser parte de esas violencias- es si estamos ante los últimos días de un régimen autoritario: el patriarcal. Si así fuera, son los días más peligrosos, también. ¿Por qué? Porque el dominador no tiene ya nada que perder. No hay nada para preservar, cuidar, proteger. Su poder ha caído. Lo sabe. Y está dispuesto a matar en nombre de un futuro que si si no lo domina él, no será tampoco de aquella (y aquel) que se le haya rebelado.

Si estos fueran los últimos días del patriarcado la tarea social que nos toca, entonces, no es sólo la de garantizar el fin del tirano sino también la de crear otras formas de estar juntos, juntas, en comunidad, sin violencias, sin sometimientos y con alegría.

Vivir, pero en el sentido que nos orienta el buen vivir. De eso se trata también Ni Una Menos.

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Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

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(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)

Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)

En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.  

Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.

El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.

Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.

La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.

Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.

Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.

En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.

Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.

Ni un paso atrás  

La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.

En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.

En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.

Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.

Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.

Cronología de 10 años de impunidad y lucha

2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.

2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.

2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».

2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.

2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.

29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.

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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

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Por Bernardina Rosini para lavaca.org

Desde Córdoba

Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.

Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».

Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».

Un cuerpo desaparecido

La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.

La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.

Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

¿Quién mató a Cecilia?

Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.

Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:

  • Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
  • Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
  • Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
  • Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.

La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.

Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”

Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.

La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

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Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.  

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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