#NiUnaMás
Apuntes para pensar qué nos pasa
La autoconvocatoria a poner el cuerpo para decirle basta a la violencia contra las mujeres representa un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa? El rol de la condena social en la batalla contra la impunidad, la experiencia de H.I.J.O.S., la relación de los medios y las oenegés son algunos de los interrogantes que nos hicieron reflexionar y que compartimos con la esperanza de construir juntas, juntos, nuevas respuestas.
Algo cambió y que ese cambio produzca el resultado necesario, preciso, urgente requiere un esfuerzo social clave: pensar juntas, juntos, qué nos pasa.
El disparador fue un signo de los tiempos: un hashtag. Es decir, el signito # que caracteriza el impulso que las redes sociales le dan a las preocupaciones de esta época. No las del poder, sino las de las personas. Así entró por la ventana y a la agenda política de un año electoral el tema de la violencia contra las mujeres, autoconvocando a poner el cuerpo el miércoles 3 de junio, a las 17 y frente al Congreso.
Sin duda será importante lo que pase ese día, pero ya todo lo sucedido antes indica que estamos ante un cambio. Un ejemplo concreto: la reacción social ante el fallo del juez Horacio Piombo, cuando se difundió que el magistrado había disminuido la pena de un violador porque el chico abusado,que tenía sólo 6 años, ya había sido abusado previamente. El juez Piombo tiene un frondoso prontuario: siempre juzgó primero a las víctimas para graduar luego la condena de sus victimarios, de acuerdo a su penosa escala moral. Con idéntica coherencia, negó en tiempos de la dictadura los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ni entonces ni hasta ahora semejante actitud fue reprochada ni formó parte del cotilleo mediático. Sin embargo, a partir del hashtag –signito de los tiempos- la reacción social fue inmediata y contundente: lo echaron de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, a través de un petitorio online, se reunieron 40 mil firmas para exigir el juicio político del magistrado. Todo esto en menos de 48 horas.
Estamos hablando, entonces, de otro signo de estos tiempos: la condena social se puso en marcha.
Cómo se construye esa condena social y por qué es el origen de todo acto de justicia es algo que tenemos, una vez más, el privilegio de ser testigos y la obligación de analizar.
¿Por qué?
Porque es el mecanismo social que le pone fin a la violencia y a la impunidad.
El efecto inmediato que activa este mecanismo es bien concreto: nunca antes como en estas semanas se hicieron -y nos hicimos- tantas preguntas sobre la violencia contra las mujeres.
Este primer efecto revela, entonces, que todas las respuestas formuladas hasta ahora eran insuficientes, incompletas y vacías.
¿Por qué?
Simple: si no solucionan el problema, esas respuestas son parte del problema.
La condena social lo primero que moviliza es la creatividad social.
Deja un vacío.
Limpia y barre el escenario político.
Lo desnuda para mostrarnos su inutilidad para resolver problemas urgentes que atentan directamente contra la vida de las personas.
Nos revela, impúdicamente, que la vida de las personas no es prioridad de los Estados. Sí sus bienes, sí sus producciones, sí sus organizaciones, pero no aquello que posibilita que todo eso suceda en un marco que garantice en forma equilibrada, democrática y equitativa el cuidado de las vidas.
Los desaparecidos, los pueblos fumigados, los jóvenes pobres criminalizados, las comunidades originarias atacadas o los femicidios son expresiones de violencias totalmente diferentes, producidas en situaciones y contextos distintos y por variables diversas, pero tienen algo en común: el límite a la impunidad lo imponen siempre las personas.
Son las personas, en la calle y con los pies, las que le dictan a las instituciones -que encarnan a eso que llamamos Estado- lo que ya no puede hacer Nunca Más.
¿Cómo lo hacen?
Buscando el denominador común que expresa el límite social.
Aquello único que todas y todos tenemos en común, expresado de manera clara, sencilla y contundente.
Ni una menos.
Son muchas las cosas que nos permiten pensar la expresión de encuentro social que representa hoy esta frase, pero la que nos toca, obliga y corresponde es la de registrar el rol que cumplen los medios de comunicación.
Por un lado analizar cómo los medios comerciales interfieren para impedir ese encuentro. Algunas pistas:
El medio es el mensaje es la ley que construyó imperios mediáticos y es lógico, entonces, que esos imperios –hoy decadentes- defiendan su existencia tratando de que todo mensaje social se expanda exclusivamente a través de sus venas: eso es lo que les garantiza poder, importancia, negocios.
Los tiempos han cambiado y aquello que llamamos “medios masivos” incluye ahora un nuevo protagonista: las redes sociales. Bajo este imperio de virtualización de las relaciones, la foto con el hashtag se convierte en el signo de una operación que pretende neutralizar con una selfie el poder de transformación política que tiene una sociedad cuando ocupa el espacio público.
El mensaje es el mensaje. Y cada mensaje es construido con palabras. Desde hace décadas soportamos un disciplinamiento del lenguaje referido a la violencia contra la mujer, destinado a imponer una jerga vacía, opaca, que interfiere la posibilidad de encuentro social, creando jerarquías. Consagra un sistema en el cual hay personas que saben (hablar, escribir, decir) y personas que no. Elite unas, mayoría las otras, todas soportan violencias, pero solo algunas conocen las palabras correctas para denunciarlas, exponerlas y compartirlas públicamente: “violencia de género” es un ejemplo de este lenguaje disciplinado.
¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”?, preguntó esta semana un integrante (varón) de lavaca. Que surja esta pregunta es de por sí revelador, importante, trascendente, porque la sola pregunta en sí misma cuestiona, obliga a pensar qué estamos haciendo y por qué, interrogantes fundamentales para el ejercicio independiente y responsable del oficio periodístico.
¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”? Una posible respuesta: género tienen las telas y las especies. También las palabras. “La puerta” es una palabra de género femenino. “El vidrio” es una palabra de género masculino. “Violencia de género” es una expresión incompleta: le falta decir qué género ejerce esa violencia. Le falta nada menos que el sujeto. Esta operación gramatical de ocultar al responsable se ha convertido en una convención y práctica para referir a la forma “políticamente correcta” de aludir a la violencia contra las mujeres. ¿Quién estableció esa orden y ese orden? Las oenegés.
El fenómeno de las oenegés debe analizarse dentro de un contexto histórico y político de terciarización del Estado. Así como se privatizaron servicios públicos, se privatizaron las obligaciones sociales de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa, el ejemplo del registro de femicidios es claro. La legislación internacional obliga a los Estados a llevar un registro y elaborar estadísticas de los casos de femicidios, entre otras medidas, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Las profesionales más aptas para denunciar el incumplimiento de esta obligación se convirtieron en elaboradoras de ese registro, financiadas por diferentes instituciones nacionales e internacionales. En lugar de exigirle al Estado que lo hiciera, lo hicieron. El resultado es incompleto, recortado, insuficiente, pero alcanza para que en los últimos años los medios obtengan y reproduzcan datos sobre los femicidios que presentan, siempre, como absolutos: “Estos son los femicidios ocurridos este año”, nos dicen. Pero no lo son: son apenas algunos, los que salieron en la prensa, porque esa base de datos se elabora a partir de recortes de prensa. Así, medios y oenegés se retroalimentan. Sin prensa no hay oenegé. Una necesita un Estado débil, la otra un Estado impotente, en falta.
No es este un señalamiento hacia una institución en particular, sino un ejemplo de todo el proceso que se inició a fines de los 80 para convertir la rica tradición de lucha de los organismos de derechos humanos en oenegés. Así una herramienta de presión, denuncia y acción directa se transformó en una ejecutora de servicios caritativos que, en realidad son derechos que obligan al Estado a destinar recursos para ejecutarlos: desde consultas jurídicas hasta procesamiento de datos.
La oenegé es -en el mejor de los casos- un organismo de derechos humanos con bozal. Dedicada a hacer -en el mejor de los casos- lo posible en lugar de exigir que lo imposible se convierta en política de Estado. El grito de aparición con vida expresa eso: que lo imposible es la impunidad. Que Ni una menos también lo logre depende de que no quede en manos de ese voluntarismo posibilista, propio de las oenegés.
Otra cosa sobre la cual nos permiten reflexionar las preguntas que citamos: las formularon varones. Muchas veces hemos proclamado que el patriarcado es un sistema de dominación, pero quizá haga falta explicitar –ahora más que nunca- que como todo sistema de dominación oprime la vida. Es decir, a todas las personas. ¿Por qué? Porque oprime, justamente, las relaciones sociales. El cómo nos relacionamos. Quién manda y quién obedece. Lo complejo del patriarcado es que a esta altura de la Historia ha diseñado un sistema de órdenes tan complejo, tan siniestro, tan controlador, que para desatar esa opresión es necesario desanudar múltiples órdenes, que provienen de diversos roles sociales. La punta de ese ovillo la tienen las mujeres, es cierto, porque en esa opresión se les va la vida y el cuerpo, pero son los hombres, especialmente los jóvenes (educados por mujeres, por cierto) los que nos van indicando cómo y a qué nivel de profundidad está operando este cambio. No sólo porque muchos ya comparten tareas y responsabilidades –que también- sino porque se permiten hacer preguntas que admiten un no saber (qué hacer, qué pensar), algo que cultural y socialmente no les estaba permitido. Sí la broma, sí la chicana, sí la palabra divorciada de la acción, sólo para recortar el campo y hacer foco en la cultura que domina la masculinidad de los sectores de universitarios, militantes y progres. Preguntar, entonces, representa la posibilidad de compartir la duda y, lo que es más importante, la creación de la respuesta.
Otra pregunta que surgió estos días: ¿quiénes son estos varones capaces de matar a patadas, descuartizar, quemar, acuchillar y, lo que es aún más siniestro, a veces hacer todo esto a la vez, sobre el cuerpo de una mujer? La inquietante frase escuchada en la charla con la mamá de Melina (“tomaron mate conmigo, acá, en mi casa”, nos dijo) sacudió aún más el interrogante.
La lista de casos deja en claro que esos hombres son maridos, novios, pareja, en su enorme mayoría. ¿Son monstruos? ¿Cómo identificarlos si se parecen a cualquiera, si son “normales”?
Esa misma semana nuestra compañera Julieta Colomer, hija de desaparecidos, participó del escrache que organizó H.I.J.O.S. para señalar a los cómplices civiles de la dictadura, aún impunes. Con esa experiencia en el cuerpo, los pies y la sensibilidad, Julieta nos dijo: “No son cualquiera, no somos todos, son algunos, pero están circulando entre nosotros y por eso es necesario construir en cada territorio condena social. Hay que ir al barrio a preguntar: ¿Por qué a nadie le importa que una chica de 14 años que vivía acá en la esquina aparezca en una bolsa? Cuando comenzamos a hacer escraches a nadie le importaba que los genocidas caminaran por su calle. Recuerdo que muchos de los vecinos nos decían: ‘eso es parte del pasado, hay que mirar para adelante, dejemos todo como está’. No. Así no. Así lo único que queda intacta, intocable, es la impunidad. Discutir estos temas con el vecino, la vecina, en el barrio, es una forma concreta de construir con los demás otras formas de relacionarnos, que no tienen que ser humillantes, no nos tienen que avergonzar. Tenemos que poder decir en voz alta y en ese barrio concreto: ‘Las mujeres no tenemos que vivir sometidas por el miedo’. Así no somos lo mismo que el monstruo que asesina”.
Lo que nos dice Julieta es que la forma de diferenciarnos del monstruo es no ser indiferentes, pasar a la acción, formular preguntas incómodas, impertinentes, en el espacio público, cara a cara. “Cuando hablamos de poner el cuerpo –nos dice Julieta- no es sólo porque esta violencia contra las mujeres se ejerza sobre el cuerpo, sino porque ese poner el cuerpo apela a asumir el compromiso de ser protagonistas de los cambios que queremos lograr”.
¿Hay más casos o ahora se difunden más? preguntó otro integrante (varón) de lavaca. Sin datos oficiales estamos a ciegas. Cualquier respuesta es una hipótesis imperfecta, un tanteo en la oscuridad. Nuestro trabajo con mujeres sobrevivientes de violencias nos hace intuir algunas posibles respuestas, que son solo eso: hipótesis que fueron escritas con la esperanza de que se lean en grupos que están pensando este tema. Por eso el cuadernillo que las resume La máquina abusadora: cómo dejar de ser víctimas acompaña esta edición.
Hay otra posible línea de análisis inspirada en el ejercicio mismo de esta profesión. Los reporteros que cubren situaciones de conflicto armado elaboraron hace años una serie de consejos basados en la propia experiencia de moverse en situaciones de riesgo vital. Uno de estos consejos es particularmente interesante. Dice, más o menos, así: “El día más peligroso, aquel en el que más fotógrafos y periodistas mueren, según demuestran todas las estadísticas, es el último día de un régimen autoritario. El problema es que nunca sabemos cuál es el último día, hasta el siguiente”.
La pregunta, entonces, que nos permite pensar este consejo -formulado por quienes han puesto el cuerpo en la batalla sin ser parte de esas violencias- es si estamos ante los últimos días de un régimen autoritario: el patriarcal. Si así fuera, son los días más peligrosos, también. ¿Por qué? Porque el dominador no tiene ya nada que perder. No hay nada para preservar, cuidar, proteger. Su poder ha caído. Lo sabe. Y está dispuesto a matar en nombre de un futuro que si si no lo domina él, no será tampoco de aquella (y aquel) que se le haya rebelado.
Si estos fueran los últimos días del patriarcado la tarea social que nos toca, entonces, no es sólo la de garantizar el fin del tirano sino también la de crear otras formas de estar juntos, juntas, en comunidad, sin violencias, sin sometimientos y con alegría.
Vivir, pero en el sentido que nos orienta el buen vivir. De eso se trata también Ni Una Menos.
#NiUnaMás
La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
(más…)#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
#NiUnaMás
Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

Revista MuHace 3 semanasMu 208: Lara Brenda Morena

#NiUnaMásHace 4 semanasUn mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Soberanía AlimentariaHace 3 semanasMiryam Gorban: hasta siempre, maestra

Derechos HumanosHace 4 semanasEstela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!

#NiUnaMásHace 4 semanasTransfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo



























