#NiUnaMás
Condenado

José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Las reacciones, la política de los hombres, y los detalles de una jornada histórica.
por Lucrecia Raimondi
El ex gobernador de Tucumán José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión. Tras conocerse la sentencia leída por el juez Juan María Ramos Padilla en el Tribunal Oral enlo Criminal y Correccional Nº 29 de CABA, Alperovich fue detenido y puesto de inmediato a disposición del Servicio Penitenciario Federal por haber abusado sexualmente de su sobrina durante más de un año cuando trabajaba como su asistente personal durante la campaña en la que buscó un cuarto mandato como gobernador de la provincia de Tucumán en las elecciones de 2019.
El Tribunal consideró que el ex senador y tres veces gobernador era responsable de “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Además el juez dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Los fundamentos se conocerán el próximo 16 de agosto y hasta entonces no tendrá posibilidad de apelar la condena.
Ni cargos ni fama: justicia
«Estamos realmente muy conformes con la sentencia de condena”, expresaron Pablo Rovatti, Defensor Público a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y Carolina Cymerman, Defensora Pública con funciones en el Programa, ambos son abogados de la víctima. Sobre ella dijeron: “Está muy conmovida y aliviada, porque siente que luego de cinco años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos, ni fama, sino su sanación a través de la justicia”.
Milagro, amiga de la denunciante, contó cómo llevaron el proceso del juicio y la noticia de la condena: “Teníamos miedo pero confiábamos en el proceso judicial y ha sido conmocionante que el juez haya creído en la palabra de la víctima. La pena de 16 años es una pena muy alta, también que haya ido preso ahora es un mensaje muy fuerte contra la impunidad del poder. No solo se pudieron comprobar los abusos sexuales sino como funciona la política desde adentro, como se perpetúan esos lazos de poder, como se genera esa asimetría y la violencia contra las mujeres. No es un caso aislado, es como funciona la política de los hombres”.
En la audiencia final del juicio, con posibilidad de decir sus últimas palabras, no quiso agregar nada. El 3 de junio Alperovich ya se había despachado cuando cerró la etapa de testimoniales con 5 horas de declaración indagatoria. Tampoco quisieron él, ni sus cuatro hijos, ni su mujer, hacer declaraciones a la prensa. Durante el cuarto intermedio hasta la deliberación del Tribunal, esperó acompañado de su familia, que estaba inquieta y con los abogados fumaban en el patio del edificio, contestaban mensajes, iban y venían por el hall de entrada, o hacia la sala vacía donde esperaba Alperovich con custodia policial dispuesta desde el 9 de junio por el juez Ramos Padilla, luego de oír los argumentos de las acusaciones, el requerimiento de pena y de medidas preventivas. Antes de conocerse la sentencia, se vio nervioso al acusado.

La denunciante fue mamá
La denunciante prefirió preservarse de la exposición mediática. Y de cruzarse con la familia Alperovich, que intimida. F. vive en la provincia de Tucumán y hace dos meses fue mamá; siguió el juicio por zoom. La decisión que tomó en 2019 de denunciar a su tío poderoso no fue fácil. Intentó que tres espacios tomasen su caso pero ninguno vio posible enfrentarse a una personalidad tan influyente. Aceptó el peso político y judicial de su representación legal el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Pablo Rovatti, que llevó a juicio el caso junto a Carolina Cymerman y Esteban Galli. En su alegato, la querella rebatió la versión de que la joven acudió a la justicia para, en alianza con sus adversarios, desprestigiar la figura política de José Alperovich.
Hoy, el abogado Pablo Rovatti y la abogada Carolina Cymerman plantearon tras la sentencia: “Creemos que el mensaje que la condena expresa es importantísimo en términos más generales. Este es un hito más en la lucha de las víctimas de violencia sexual contra la impunidad de los más poderosos, y nos parece que, como tal, promueve el acceso a la justicia para muchas víctimas que callan por temor no ser creídas o porque piensan que no vale la pena denunciar”.
El cúmulo de pruebas
Durante los cinco años y cinco meses que duró el proceso desde la denuncia en noviembre de 2019 hasta la condena en junio de 2024, para el Poder Judicial la acusación quedó probada. Declararon 69 testigos, se constataron conversaciones y pericias psicológicas que comprobaron la veracidad de la acusación: “El relato de la víctima fue claro, persistente, espontáneo, cargado de angustia y dolor, estuvo apoyado por el testimonio de aquellas personas que vieron su deterioro físico y psíquico, por aquellos que oyeron de su boca que había sido violada, su familia, sus amigas, las profesionales que la ayudaron a fortalecerse”, describieron sus abogados.
Además, la experta del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, Mónica Herrán, confirmó que el daño psíquico de la joven está asociado a la victimización sexual, y por los chats con Alperovich, donde le dice a su sobrina cosas como “te amo”, “sos mi dueña”, “podrías ser más cariñosa” -que jamás eran contestados por la víctima- entre otros muchos similares y los comentarios degradantes que le profería frente a su entorno de trabajo.
Los primeros abusos sexuales, cometidos en Puerto Madero -por eso se lo condenó en la justicia nacional de CABA- sucedieron cuando Alperovich “manda a mudar” a los asesores con que solía compartir el departamento, como Dante Loza y Jorge Gassembauer, que atestiguaron haberlo dejado solo con la víctima: una joven 35 años menor, que en diciembre de 2017 hacía pocos días que la había contratado para que lo asistiera personalmente durante su campaña electoral a gobernador y con la que tenía en vínculo familiar por ser la hija de un primo.
También pesaron los mensajes del entorno más cercano e íntimo de Alperovich que sabían, en mayor o menor medida, que pasaba algo: el rumor general que circulaba mal intencionadamente en el equipo de campaña, y que la defensa pretendió instalar en la opinión pública, era que la víctima había sido la “minita” de Alperovich, en un contexto de notable asimetría de poder en el que decenas de testigos declararon que “a Alperovich nadie le podía decir que no”.
Falsos testimonios
El silencio obediente llevó a que el juez ordene investigar por falso testimonio durante el juicio a tres personas de confianza de Alperovich: Víctor Hugo De Cataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayata, ex policía, ex custodio y chofer de Alperovich; y Manuel Frías, cocinero personal. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante. Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso. Hoy el Tribunal dispuso que se los investigue a los tres y a dos peritos psicólogas de parte de Alperovich por su desempeño profesional.
Garrido en vez de Cúneo
La defensa de Alperovich, a cargo de Augusto Garrido -que tomó el caso cuando Mariano Cúneo Libarona asumió como ministro de Justicia- intentó sostenerse en el poco vínculo familiar que tenían y argumentar que el proceso fue “una causa armada para los titulares de los diarios”, como dijo el condenado la última vez que se defendió ante el Tribunal. “Tenemos la excusa pueril del complot, un descargo en sí mismo inconsistente, plagado de contradicciones internas, inverosímil y reñido con toda la prueba reunida. A excepción de sus familiares, que poco saben de los hechos, de tres personas que se prestaron a mentir y pretenden relativizar sus propios mensajes escritos, y de dos psicólogas inescrupulosas que se prestaron a copiar y pegar, sin disimulo, el descargo del propio imputado. La conclusión es sencilla, Alperovich es culpable de todos los hechos por los cuales ha sido acusado”, enfatizó el abogado querellante Pablo Rovatti.
Durante el juicio se cayó de madura la versión de una campaña sucia orquestada en su contra para desprestigiar su candidatura, en la que F. habría sido usada por su ex pareja, David Mizrahi, aliado político del ex gobernador de Tucumán Juan Manzur y opositor de Alperovich. La denuncia se hizo a fines de noviembre de 2019 cuando la derrota electoral del condenado ya era un hecho aplastante: en octubre la fórmula de Alperovich quedó en cuarto lugar. Incluso, los abogados de F. explicaron durante el juicio que la joven renunció a su trabajo con él en mayo de ese año y era consciente que podría perjudicar la campaña -pero sobre todo a ella – denunciar por abuso sexual a uno de los hombres más poderosos de Tucumán, antes de las elecciones en las que buscaba un cuarto mandato como gobernador de la provincia.
F. pudo juntar fuerzas para decir “basta” y tomar distancia de su abusador, un político con impunidad, al que nunca nadie le puso un freno pese a saber cómo era su conducta con las mujeres. Hasta hoy: José Alperovich encontró un límite en la Justicia y deberá cumplir 16 años de prisión.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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