#NiUnaMás
Condenado

José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Las reacciones, la política de los hombres, y los detalles de una jornada histórica.
por Lucrecia Raimondi
El ex gobernador de Tucumán José Jorge Alperovich fue condenado a 16 años de prisión. Tras conocerse la sentencia leída por el juez Juan María Ramos Padilla en el Tribunal Oral enlo Criminal y Correccional Nº 29 de CABA, Alperovich fue detenido y puesto de inmediato a disposición del Servicio Penitenciario Federal por haber abusado sexualmente de su sobrina durante más de un año cuando trabajaba como su asistente personal durante la campaña en la que buscó un cuarto mandato como gobernador de la provincia de Tucumán en las elecciones de 2019.
El Tribunal consideró que el ex senador y tres veces gobernador era responsable de “abuso sexual en grado de tentativa por tres hechos y abuso sexual agravado por el acceso carnal en seis oportunidades, mediando la dependencia, el abuso de poder y el abuso de autoridad”. Además el juez dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Los fundamentos se conocerán el próximo 16 de agosto y hasta entonces no tendrá posibilidad de apelar la condena.
Ni cargos ni fama: justicia
«Estamos realmente muy conformes con la sentencia de condena”, expresaron Pablo Rovatti, Defensor Público a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y Carolina Cymerman, Defensora Pública con funciones en el Programa, ambos son abogados de la víctima. Sobre ella dijeron: “Está muy conmovida y aliviada, porque siente que luego de cinco años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos, ni fama, sino su sanación a través de la justicia”.
Milagro, amiga de la denunciante, contó cómo llevaron el proceso del juicio y la noticia de la condena: “Teníamos miedo pero confiábamos en el proceso judicial y ha sido conmocionante que el juez haya creído en la palabra de la víctima. La pena de 16 años es una pena muy alta, también que haya ido preso ahora es un mensaje muy fuerte contra la impunidad del poder. No solo se pudieron comprobar los abusos sexuales sino como funciona la política desde adentro, como se perpetúan esos lazos de poder, como se genera esa asimetría y la violencia contra las mujeres. No es un caso aislado, es como funciona la política de los hombres”.
En la audiencia final del juicio, con posibilidad de decir sus últimas palabras, no quiso agregar nada. El 3 de junio Alperovich ya se había despachado cuando cerró la etapa de testimoniales con 5 horas de declaración indagatoria. Tampoco quisieron él, ni sus cuatro hijos, ni su mujer, hacer declaraciones a la prensa. Durante el cuarto intermedio hasta la deliberación del Tribunal, esperó acompañado de su familia, que estaba inquieta y con los abogados fumaban en el patio del edificio, contestaban mensajes, iban y venían por el hall de entrada, o hacia la sala vacía donde esperaba Alperovich con custodia policial dispuesta desde el 9 de junio por el juez Ramos Padilla, luego de oír los argumentos de las acusaciones, el requerimiento de pena y de medidas preventivas. Antes de conocerse la sentencia, se vio nervioso al acusado.

La denunciante fue mamá
La denunciante prefirió preservarse de la exposición mediática. Y de cruzarse con la familia Alperovich, que intimida. F. vive en la provincia de Tucumán y hace dos meses fue mamá; siguió el juicio por zoom. La decisión que tomó en 2019 de denunciar a su tío poderoso no fue fácil. Intentó que tres espacios tomasen su caso pero ninguno vio posible enfrentarse a una personalidad tan influyente. Aceptó el peso político y judicial de su representación legal el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Pablo Rovatti, que llevó a juicio el caso junto a Carolina Cymerman y Esteban Galli. En su alegato, la querella rebatió la versión de que la joven acudió a la justicia para, en alianza con sus adversarios, desprestigiar la figura política de José Alperovich.
Hoy, el abogado Pablo Rovatti y la abogada Carolina Cymerman plantearon tras la sentencia: “Creemos que el mensaje que la condena expresa es importantísimo en términos más generales. Este es un hito más en la lucha de las víctimas de violencia sexual contra la impunidad de los más poderosos, y nos parece que, como tal, promueve el acceso a la justicia para muchas víctimas que callan por temor no ser creídas o porque piensan que no vale la pena denunciar”.
El cúmulo de pruebas
Durante los cinco años y cinco meses que duró el proceso desde la denuncia en noviembre de 2019 hasta la condena en junio de 2024, para el Poder Judicial la acusación quedó probada. Declararon 69 testigos, se constataron conversaciones y pericias psicológicas que comprobaron la veracidad de la acusación: “El relato de la víctima fue claro, persistente, espontáneo, cargado de angustia y dolor, estuvo apoyado por el testimonio de aquellas personas que vieron su deterioro físico y psíquico, por aquellos que oyeron de su boca que había sido violada, su familia, sus amigas, las profesionales que la ayudaron a fortalecerse”, describieron sus abogados.
Además, la experta del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, Mónica Herrán, confirmó que el daño psíquico de la joven está asociado a la victimización sexual, y por los chats con Alperovich, donde le dice a su sobrina cosas como “te amo”, “sos mi dueña”, “podrías ser más cariñosa” -que jamás eran contestados por la víctima- entre otros muchos similares y los comentarios degradantes que le profería frente a su entorno de trabajo.
Los primeros abusos sexuales, cometidos en Puerto Madero -por eso se lo condenó en la justicia nacional de CABA- sucedieron cuando Alperovich “manda a mudar” a los asesores con que solía compartir el departamento, como Dante Loza y Jorge Gassembauer, que atestiguaron haberlo dejado solo con la víctima: una joven 35 años menor, que en diciembre de 2017 hacía pocos días que la había contratado para que lo asistiera personalmente durante su campaña electoral a gobernador y con la que tenía en vínculo familiar por ser la hija de un primo.
También pesaron los mensajes del entorno más cercano e íntimo de Alperovich que sabían, en mayor o menor medida, que pasaba algo: el rumor general que circulaba mal intencionadamente en el equipo de campaña, y que la defensa pretendió instalar en la opinión pública, era que la víctima había sido la “minita” de Alperovich, en un contexto de notable asimetría de poder en el que decenas de testigos declararon que “a Alperovich nadie le podía decir que no”.
Falsos testimonios
El silencio obediente llevó a que el juez ordene investigar por falso testimonio durante el juicio a tres personas de confianza de Alperovich: Víctor Hugo De Cataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayata, ex policía, ex custodio y chofer de Alperovich; y Manuel Frías, cocinero personal. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante. Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso. Hoy el Tribunal dispuso que se los investigue a los tres y a dos peritos psicólogas de parte de Alperovich por su desempeño profesional.
Garrido en vez de Cúneo
La defensa de Alperovich, a cargo de Augusto Garrido -que tomó el caso cuando Mariano Cúneo Libarona asumió como ministro de Justicia- intentó sostenerse en el poco vínculo familiar que tenían y argumentar que el proceso fue “una causa armada para los titulares de los diarios”, como dijo el condenado la última vez que se defendió ante el Tribunal. “Tenemos la excusa pueril del complot, un descargo en sí mismo inconsistente, plagado de contradicciones internas, inverosímil y reñido con toda la prueba reunida. A excepción de sus familiares, que poco saben de los hechos, de tres personas que se prestaron a mentir y pretenden relativizar sus propios mensajes escritos, y de dos psicólogas inescrupulosas que se prestaron a copiar y pegar, sin disimulo, el descargo del propio imputado. La conclusión es sencilla, Alperovich es culpable de todos los hechos por los cuales ha sido acusado”, enfatizó el abogado querellante Pablo Rovatti.
Durante el juicio se cayó de madura la versión de una campaña sucia orquestada en su contra para desprestigiar su candidatura, en la que F. habría sido usada por su ex pareja, David Mizrahi, aliado político del ex gobernador de Tucumán Juan Manzur y opositor de Alperovich. La denuncia se hizo a fines de noviembre de 2019 cuando la derrota electoral del condenado ya era un hecho aplastante: en octubre la fórmula de Alperovich quedó en cuarto lugar. Incluso, los abogados de F. explicaron durante el juicio que la joven renunció a su trabajo con él en mayo de ese año y era consciente que podría perjudicar la campaña -pero sobre todo a ella – denunciar por abuso sexual a uno de los hombres más poderosos de Tucumán, antes de las elecciones en las que buscaba un cuarto mandato como gobernador de la provincia.
F. pudo juntar fuerzas para decir “basta” y tomar distancia de su abusador, un político con impunidad, al que nunca nadie le puso un freno pese a saber cómo era su conducta con las mujeres. Hasta hoy: José Alperovich encontró un límite en la Justicia y deberá cumplir 16 años de prisión.
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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
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