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Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba
Giuliana Silva venía denunciando que su ex pareja la amenazaba de muerte. Ella tenía 19 años y un botón antipánico. Él, 42 años y una perimetral. Nada impidió que él violara la medida judicial días antes del asesinato. La justicia no lo detuvo, y finalmente la mató a balazos. Hablan la fiscal de la causa, la familia y las trabajadoras del sistema de botones y tobilleras que revelan cómo (no) funciona el sistema de “protección” frente a la violencia machista. AGOSTINA PARISÍ
Diego Silva está sentado en el banco de una plaza junto a su hija más chica. Son las 6 de la tarde de un lunes y el frío de julio se cuela en los huesos. El hombre habla pausado y suspira profundo; la nena juega y, cuando se detiene, irrumpe el silencio. Frente a ellos está la entrada del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba.
En ese lugar sepultaron hace días a Giuliana, la mayor de las hijas, y esa placita es ahora un espacio alejado donde sentarse a pensar entre tanto ruido y dolor. “A Giuliana le dieron la espalda”, dice su papá. “Ella hizo todas las denuncias que podía hacer y no la escucharon. Esto que hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera”.
Lo predecible
El 7 de julio Rodolfo Tissera apareció a las 22.30 en la puerta de la vivienda de Giuliana Silva ubicada en barrio Suárez, al sur de la ciudad, y con un calibre 38 le disparó dos veces en el cuerpo y una vez en la cabeza.
Giuliana (19) y Rodolfo (42) habían sido pareja durante un tiempo y tenían un hijo en común, pero a principio de este año la joven había decidido ponerle fin a una relación marcada por la violencia. Desde entonces, vivía junto a su bebé de un año y cinco meses en una casa donde también estaban su abuelo, una concuñada y sus hijos chiquitos.
Contra Tissera pesaban distintas denuncias por violencia de género y órdenes de restricción que no sirvieron para impedir el femicidio. Apenas tres días antes del crimen, Tissera había aparecido en la vivienda de Giuliana rompiendo los vidrios de las ventanas. Ella activó el botón antipánico que la justicia le había brindado como protección, y a las pocas horas de hacer la denuncia en una sede policial un móvil la devolvió de regreso a su casa. A Tissera no lo detuvieron en ese momento, a pesar de que había violado una orden perimetral y había hecho una amenaza concreta: si no volvía con él, la mataría.
Pocos días antes Giuliana les había contado a algunos familiares y amigos que estaba embarazada. Sin embargo el padre confirmó a MU que la autopsia dio negativo en este sentido.
Para la familia de la joven se trató de una muerte anunciada, sobre todo después de la última amenaza días antes del femicidio. Sin embargo, según la fiscal Betina Croppi que hoy lleva adelante la causa, los mecanismos no fallaron. “Denuncias del tenor de la de Giuliana hay miles, y sería imposible meter presos a todos los varones que hacen amenazas de muerte. No daría abasto el país”, dijo la fiscal a MU. “La conducta humana es impredecible. A veces una situación que parecía inocua puede terminar en un femicidio, y situaciones que parecen más complicadas al final no terminan en nada. Es muy difícil establecer cuáles son los protocolos que sí o sí nos van a llevar a impedir que esto pase. Diría que es casi imposible saber qué es lo que tenemos que hacer”, agrega.
Con el de Giuliana, Córdoba ya suma 13 femicidios en lo que va del año. En 2018 el total de crímenes por violencia de género producidos en la provincia había sido 21.
La violencia cotidiana
En la cuenta de Facebook de Giuliana abundan fotos de amigas, amigos, familiares, salidas al baile, escapadas al río y a las sierras cordobesas. En algunas imágenes se la ve junto a su agresor. En otras, de hace dos años, luce su panza de embarazada a la espera del hijo de ambos. A los mensajes de felicitaciones los responde con palabras de agradecimiento y “bendiciones”. “Espero ser una buena madre como vos”, le comenta a una de sus amigas que la saluda por su embarazo. “Giuli era muy chica. Era una persona muy buena y generosa. Tenía muchas ganas de vivir, pero le faltaban oportunidades”, dice su amiga Jenifer.
A los 17 años Giuliana se había sumado a participar de las actividades solidarias del Encuentro de Organizaciones, una agrupación popular con trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad. “Los martes, Giuli salía a repartir comida a la gente que duerme en la calle en el centro. Este tipo -su ex pareja- era muy celoso y no la dejaba ni siquiera hacer cosas de la organización. Cuando se volvía con los chicos después de repartir las viandas, ella les pedía que la alcanzaran a unas cuadras de su casa para que él no la viera llegar con nadie”, relata la joven. “Giuli siempre me contaba que él la trataba muy mal, que no la dejaba salir y tampoco arreglarse o tener amigos. Le controlaba hasta la ropa. Cuando se separaron y ella se mudó a barrio Suárez, pude ver muchas veces cómo él venía a molestarla e insultarla. Le gritaba frente a todos los vecinos”, agrega.
Un día de febrero, Giuliana apareció llorando en barrio Suárez con su bebé en brazos, y le tocó la puerta a su abuelo Juan Carlos diciendo que no aguantaba más. “Me contó que Rodolfo le pegaba todo el tiempo. En ese momento ellos estaban viviendo juntos en barrio La Lonja. Nosotros no teníamos mucha onda con el tipo. Lo conocimos después de que se separaron porque venía todos los días a molestarla. Supuestamente venía para ver al bebé, pero si realmente el bebé le hubiera importado no la hubiera matado a la madre como la mató”, dice su abuelo.
El 22 de julio Giuliana tenía pactada una cita en el Polo Integral de la Mujer, el organismo provincial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ya se había presentado ante esta institución en dos oportunidades a raíz de las denuncias contra Rodolfo Tissera. Sin embargo, nunca pudo llegar a esa tercera entrevista. Los disparos de su ex la alcanzaron antes.
A quemarropa
La noche del femicidio Giuliana estaba en su vivienda junto a su bebé, su concuñada y sus hijos. Eran las 22.30 del 7 de julio y su abuelo Juan Carlos había salido a trabajar como sereno del hogar “Madres de la esquina, donde Giuliana y otros voluntarios preparaban los platos de comida para repartir en la calle. “Parece que él esperaba a que yo me fuera, porque el día que la amenazó también se apareció en la casa después de las 10 de la noche”, recuerda hoy Juan Carlos. “Ese domingo yo ya estaba en el hogar. Estaba por acostarme pero escuché tres disparos”, relata el hombre. “Abrí una ventana que da a un pasaje acá en la villa, y lo vi pasar al tipo con un fierro en la mano. Al segundo cayó mi familia a buscarme a los gritos. Me cambié como pude y fui corriendo para mi casa, pero ya estaba todo hecho: Giuliana estaba muerta en el piso”.
Del otro lado de la ciudad, cerca de la plaza San Martín, el papá de Giuliana realizaba sus tareas como cocinero de un hotel, cuando recibió el peor llamado. “La tía de Giuli me dijo que mi hija estaba tirada en el suelo y que le habían pegado tres tiros”, dice Diego. “Salí a las corridas. En el camino me avisaron que la ambulancia ya la estaba trasladando al hospital. Era interminable, trataba de no pensar. Cómo podía ser que la haya matado. Cuando llegué me dejaron verla en una cama llena de sangre. Lo único que pensé fue en justicia”, dice el hombre.
Según la fiscalía, Giuliana no alcanzó ese día a usar el botón antipánico. El femicida fue detenido. La justicia sigue pendiente.
Mujeres en peligro
La noticia del femicidio de Giuliana sacudió al barrio y a la organización donde la joven y algunos de sus familiares dedicaban su tiempo y solidaridad. “Fue muy impactante, pero al mismo tiempo activó mucho la organización en el barrio. Después del funeral hicimos una asamblea para definir qué hacer y cómo canalizar tanta tristeza y dolor”, cuenta Candela, integrante del Encuentro de Organizaciones. “Lo que le pasó a Giuliana fue la punta del iceberg de un montón de otras violencias. No la mató solamente el arma de Tissera. La mataron muchas cuestiones conectadas: las denuncias previas que hizo y no fueron escuchadas, la falta de medidas de protección, la falta de políticas de género concretas en los territorios y en los barrios más vulnerables, la lucha por la comida, por el trabajo que ella no tenía, la falta de acceso a la vivienda”, agrega la joven.
on 19 años y un bebé a su cargo, Giuliana era parte del entramado de mujeres jóvenes que en tiempos de extrema crisis sufren la falta de oportunidades para acceder a un empleo formal. Como parte de las políticas provinciales destinadas a cuidar a las víctimas de violencia de género, en los últimos meses había comenzado a percibir una ayuda económica para sobrevivir junto a su hijo. “Yo la ayudaba a Giuli en lo que podía, le compraba pañales para el bebé. El Polo le daba esa ayuda económica para que tuviera algo. Si esto no hubiera pasado se podría haber alquilado una casa. Esta violencia se tiene que acabar, y el Estado se tiene que hacer responsable, porque ella estaba en peligro y no la escucharon”, insiste su papá.
Botones y tobilleras
Sandra Cáceres es psicóloga, trabaja en el Polo Integral de la Mujer, donde todos los días atiende a mujeres que buscan escapar de distintas violencias machistas. A partir de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado, los llamados y denuncias de mujeres cordobesas, cuenta, se incrementaron al máximo. “Se nota que hay un cambio significativo que no tiene vuelta atrás. Hoy vemos que las mujeres tienen más recursos y se animan a hablar”, explica y sigue: “Cuando nos enteramos del femicidio de Giuliana, que era conocida por algunas de las profesionales del Polo, fue muy fuerte para todo el plantel de psicólogas y trabajadoras sociales. Fue muy duro ver a mis compañeras llorando desbordadas, y todavía estamos movilizadas”, señala.
Para Cáceres, en el caso de Giuliana fallaron los mecanismos judiciales y también los propios del Ejecutivo provincial. “Es prioridad que ante situaciones tan complejas y de riesgo la política estatal tenga un trabajo más afianzado de interacción entre tribunales. Vemos muchas carencias, como la formación prejuiciosa de quienes trabajan en el Poder Judicial, pero también en las medidas que se toman desde allí, por ejemplo, si ya hubo determinada cantidad de activaciones de un botón antipánico”, explica la psicóloga y se pregunta: “¿Cuántas veces hace falta activar un botón para que el agresor sea detenido?”. Desde la Brigada de Protección de la Mujer, el área del Polo que asiste telefónicamente a las mujeres que cuentan con un botón antipánico, María advierte que sobre esta población hay que prestar especial atención “porque justamente ya ha existido una denuncia contundente y se ha evaluado un alto riesgo”.
Según datos relevados por la titular del Polo, Claudia Martínez, desde que se inauguró la institución fueron entregados 5.483 botones antipánico y apenas 110 tobilleras duales, cuyo control se realiza desde el Centro de Monitoreo que funciona en coordinación con la Policía de Córdoba.
En la plaza frente al cementerio, Diego Silva piensa en el resto de sus hijos y en la necesidad de cobrar fuerza y salir adelante. “Si no fuera por ellos, no sé si me aguantaría todo esto que está pasando. Soy el único sostén de la familia y tengo que seguir”, dice el hombre.
Al igual que muchos familiares de víctimas de violencias estatales, se vio obligado a aprender los términos y códigos legales para pedir justicia por el femicidio de su hija. “Junto a una abogada que me está ayudando nos admitieron como querellantes y estamos a la espera de la información. Queremos saber todo sobre el caso. Giuliana me había comentado que posiblemente estaba embarazada porque un test le había dado positivo. Son muchas las cosas que necesitamos saber”, señala.
Según el relato de los familiares, días después del femicidio de Giuliana apareció un policía custodiando la casa de una vecina. “Ella tiene botón antipánico y después de lo que le pasó a mi hija le pusieron un custodio en la puerta. ¿Por qué no lo hicieron antes con Giuliana?”, pregunta su padre. “En el Polo de la Mujer me mostraron todo lo que hacen, y me trajeron una caja con 30 tobilleras para varones. Les pregunté por qué las tenían guardadas y no en los tobillos de algún agresor. Me mostraron también unas pantallas donde hacían todo el seguimiento de los botones. Ahora ya es tarde. ¿Cuántas denuncias más tenía que hacer mi hija para que la escucharan?”.
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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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