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Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba

Publicada

hace 6 años

19/08/2019

Giuliana Silva venía denunciando que su ex pareja la amenazaba de muerte. Ella tenía 19 años y un botón antipánico. Él, 42 años y una perimetral. Nada impidió que él violara la medida judicial días antes del asesinato. La justicia no lo detuvo, y finalmente la mató a balazos. Hablan la fiscal de la causa, la familia y las trabajadoras del sistema de botones y tobilleras que revelan cómo (no) funciona el sistema de “protección” frente a la violencia machista. AGOSTINA PARISÍ
Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba
Diego Silva está sentado en el banco de una plaza junto a su hija más chica. Son las 6 de la tarde de un lunes y el frío de julio se cuela en los huesos. El hombre habla pausado y suspira profundo; la nena juega y, cuando se detiene, irrumpe el silencio. Frente a ellos está la entrada del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba.
En ese lugar sepultaron hace días a Giuliana, la mayor de las hijas, y esa placita es ahora un espacio alejado donde sentarse a pensar entre tanto ruido y dolor. “A Giuliana le dieron la espalda”, dice su papá. “Ella hizo todas las denuncias que podía hacer y no la escucharon. Esto que hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera”.

Lo predecible

El 7 de julio Rodolfo Tissera apareció a las 22.30 en la puerta de la vivienda de Giuliana Silva ubicada en barrio Suárez, al sur de la ciudad, y con un calibre 38 le disparó dos veces en el cuerpo y una vez en la cabeza.
Giuliana (19) y Rodolfo (42) habían sido pareja durante un tiempo y tenían un hijo en común, pero a principio de este año la joven había decidido ponerle fin a una relación marcada por la violencia. Desde entonces, vivía junto a su bebé de un año y cinco meses en una casa donde también estaban su abuelo, una concuñada y sus hijos chiquitos.
Contra Tissera pesaban distintas denuncias por violencia de género y órdenes de restricción que no sirvieron para impedir el femicidio. Apenas tres días antes del crimen, Tissera había aparecido en la vivienda de Giuliana rompiendo los vidrios de las ventanas. Ella activó el botón antipánico que la justicia le había brindado como protección, y a las pocas horas de hacer la denuncia en una sede policial un móvil la devolvió de regreso a su casa. A Tissera no lo detuvieron en ese momento, a pesar de que había violado una orden perimetral y había hecho una amenaza concreta: si no volvía con él, la mataría.
Pocos días antes Giuliana les había contado a algunos familiares y amigos que estaba embarazada. Sin embargo el padre confirmó a MU que la autopsia dio negativo en este sentido.
Para la familia de la joven se trató de una muerte anunciada, sobre todo después de la última amenaza días antes del femicidio. Sin embargo, según la fiscal Betina Croppi que hoy lleva adelante la causa, los mecanismos no fallaron. “Denuncias del tenor de la de Giuliana hay miles, y sería imposible meter presos a todos los varones que hacen amenazas de muerte. No daría abasto el país”, dijo la fiscal a MU. “La conducta humana es impredecible. A veces una situación que parecía inocua puede terminar en un femicidio, y situaciones que parecen más complicadas al final no terminan en nada. Es muy difícil establecer cuáles son los protocolos que sí o sí nos van a llevar a impedir que esto pase. Diría que es casi imposible saber qué es lo que tenemos que hacer”, agrega.
Con el de Giuliana, Córdoba ya suma 13 femicidios en lo que va del año. En 2018 el total de crímenes por violencia de género producidos en la provincia había sido 21.

La violencia cotidiana

En la cuenta de Facebook de Giuliana abundan fotos de amigas, amigos, familiares, salidas al baile, escapadas al río y a las sierras cordobesas. En algunas imágenes se la ve junto a su agresor. En otras, de hace dos años, luce su panza de embarazada a la espera del hijo de ambos. A los mensajes de felicitaciones los responde con palabras de agradecimiento y “bendiciones”. “Espero ser una buena madre como vos”, le comenta a una de sus amigas que la saluda por su embarazo. “Giuli era muy chica. Era una persona muy buena y generosa. Tenía muchas ganas de vivir, pero le faltaban oportunidades”, dice su amiga Jenifer.
A los 17 años Giuliana se había sumado a participar de las actividades solidarias del Encuentro de Organizaciones, una agrupación popular con trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad. “Los martes, Giuli salía a repartir comida a la gente que duerme en la calle en el centro. Este tipo -su ex pareja- era muy celoso y no la dejaba ni siquiera hacer cosas de la organización. Cuando se volvía con los chicos después de repartir las viandas, ella les pedía que la alcanzaran a unas cuadras de su casa para que él no la viera llegar con nadie”, relata la joven. “Giuli siempre me contaba que él la trataba muy mal, que no la dejaba salir y tampoco arreglarse o tener amigos. Le controlaba hasta la ropa. Cuando se separaron y ella se mudó a barrio Suárez, pude ver muchas veces cómo él venía a molestarla e insultarla. Le gritaba frente a todos los vecinos”, agrega.
Un día de febrero, Giuliana apareció llorando en barrio Suárez con su bebé en brazos, y le tocó la puerta a su abuelo Juan Carlos diciendo que no aguantaba más. “Me contó que Rodolfo le pegaba todo el tiempo. En ese momento ellos estaban viviendo juntos en barrio La Lonja. Nosotros no teníamos mucha onda con el tipo. Lo conocimos después de que se separaron porque venía todos los días a molestarla. Supuestamente venía para ver al bebé, pero si realmente el bebé le hubiera importado no la hubiera matado a la madre como la mató”, dice su abuelo.
El 22 de julio Giuliana tenía pactada una cita en el Polo Integral de la Mujer, el organismo provincial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ya se había presentado ante esta institución en dos oportunidades a raíz de las denuncias contra Rodolfo Tissera. Sin embargo, nunca pudo llegar a esa tercera entrevista. Los disparos de su ex la alcanzaron antes.

A quemarropa

La noche del femicidio Giuliana estaba en su vivienda junto a su bebé, su concuñada y sus hijos. Eran las 22.30 del 7 de julio y su abuelo Juan Carlos había salido a trabajar como sereno del hogar “Madres de la esquina, donde Giuliana y otros voluntarios preparaban los platos de comida para repartir en la calle. “Parece que él esperaba a que yo me fuera, porque el día que la amenazó también se apareció en la casa después de las 10 de la noche”, recuerda hoy Juan Carlos. “Ese domingo yo ya estaba en el hogar. Estaba por acostarme pero escuché tres disparos”, relata el hombre. “Abrí una ventana que da a un pasaje acá en la villa, y lo vi pasar al tipo con un fierro en la mano. Al segundo cayó mi familia a buscarme a los gritos. Me cambié como pude y fui corriendo para mi casa, pero ya estaba todo hecho: Giuliana estaba muerta en el piso”.
Del otro lado de la ciudad, cerca de la plaza San Martín, el papá de Giuliana realizaba sus tareas como cocinero de un hotel, cuando recibió el peor llamado. “La tía de Giuli me dijo que mi hija estaba tirada en el suelo y que le habían pegado tres tiros”, dice Diego. “Salí a las corridas. En el camino me avisaron que la ambulancia ya la estaba trasladando al hospital. Era interminable, trataba de no pensar. Cómo podía ser que la haya matado. Cuando llegué me dejaron verla en una cama llena de sangre. Lo único que pensé fue en justicia”, dice el hombre.
Según la fiscalía, Giuliana no alcanzó ese día a usar el botón antipánico. El femicida fue detenido. La justicia sigue pendiente.

Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba

Mujeres en peligro

La noticia del femicidio de Giuliana sacudió al barrio y a la organización donde la joven y algunos de sus familiares dedicaban su tiempo y solidaridad. “Fue muy impactante, pero al mismo tiempo activó mucho la organización en el barrio. Después del funeral hicimos una asamblea para definir qué hacer y cómo canalizar tanta tristeza y dolor”, cuenta Candela, integrante del Encuentro de Organizaciones. “Lo que le pasó a Giuliana fue la punta del iceberg de un montón de otras violencias. No la mató solamente el arma de Tissera. La mataron muchas cuestiones conectadas: las denuncias previas que hizo y no fueron escuchadas, la falta de medidas de protección, la falta de políticas de género concretas en los territorios y en los barrios más vulnerables, la lucha por la comida, por el trabajo que ella no tenía, la falta de acceso a la vivienda”, agrega la joven.
on 19 años y un bebé a su cargo, Giuliana era parte del entramado de mujeres jóvenes que en tiempos de extrema crisis sufren la falta de oportunidades para acceder a un empleo formal. Como parte de las políticas provinciales destinadas a cuidar a las víctimas de violencia de género, en los últimos meses había comenzado a percibir una ayuda económica para sobrevivir junto a su hijo. “Yo la ayudaba a Giuli en lo que podía, le compraba pañales para el bebé. El Polo le daba esa ayuda económica para que tuviera algo. Si esto no hubiera pasado se podría haber alquilado una casa. Esta violencia se tiene que acabar, y el Estado se tiene que hacer responsable, porque ella estaba en peligro y no la escucharon”, insiste su papá.

Botones y tobilleras

Sandra Cáceres es psicóloga, trabaja en el Polo Integral de la Mujer, donde todos los días atiende a mujeres que buscan escapar de distintas violencias machistas. A partir de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado, los llamados y denuncias de mujeres cordobesas, cuenta, se incrementaron al máximo. “Se nota que hay un cambio significativo que no tiene vuelta atrás. Hoy vemos que las mujeres tienen más recursos y se animan a hablar”, explica y sigue: “Cuando nos enteramos del femicidio de Giuliana, que era conocida por algunas de las profesionales del Polo, fue muy fuerte para todo el plantel de psicólogas y trabajadoras sociales. Fue muy duro ver a mis compañeras llorando desbordadas, y todavía estamos movilizadas”, señala.
Para Cáceres, en el caso de Giuliana fallaron los mecanismos judiciales y también los propios del Ejecutivo provincial. “Es prioridad que ante situaciones tan complejas y de riesgo la política estatal tenga un trabajo más afianzado de interacción entre tribunales. Vemos muchas carencias, como la formación prejuiciosa de quienes trabajan en el Poder Judicial, pero también en las medidas que se toman desde allí, por ejemplo, si ya hubo determinada cantidad de activaciones de un botón antipánico”, explica la psicóloga y se pregunta: “¿Cuántas veces hace falta activar un botón para que el agresor sea detenido?”. Desde la Brigada de Protección de la Mujer, el área del Polo que asiste telefónicamente a las mujeres que cuentan con un botón antipánico, María advierte que sobre esta población hay que prestar especial atención “porque justamente ya ha existido una denuncia contundente y se ha evaluado un alto riesgo”.
Según datos relevados por la titular del Polo, Claudia Martínez, desde que se inauguró la institución fueron entregados 5.483 botones antipánico y apenas 110 tobilleras duales, cuyo control se realiza desde el Centro de Monitoreo que funciona en coordinación con la Policía de Córdoba.
En la plaza frente al cementerio, Diego Silva piensa en el resto de sus hijos y en la necesidad de cobrar fuerza y salir adelante. “Si no fuera por ellos, no sé si me aguantaría todo esto que está pasando. Soy el único sostén de la familia y tengo que seguir”, dice el hombre.
Al igual que muchos familiares de víctimas de violencias estatales, se vio obligado a aprender los términos y códigos legales para pedir justicia por el femicidio de su hija. “Junto a una abogada que me está ayudando nos admitieron como querellantes y estamos a la espera de la información. Queremos saber todo sobre el caso. Giuliana me había comentado que posiblemente estaba embarazada porque un test le había dado positivo. Son muchas las cosas que necesitamos saber”, señala.
Según el relato de los familiares, días después del femicidio de Giuliana apareció un policía custodiando la casa de una vecina. “Ella tiene botón antipánico y después de lo que le pasó a mi hija le pusieron un custodio en la puerta. ¿Por qué no lo hicieron antes con Giuliana?”, pregunta su padre. “En el Polo de la Mujer me mostraron todo lo que hacen, y me trajeron una caja con 30 tobilleras para varones. Les pregunté por qué las tenían guardadas y no en los tobillos de algún agresor. Me mostraron también unas pantallas donde hacían todo el seguimiento de los botones. Ahora ya es tarde. ¿Cuántas denuncias más tenía que hacer mi hija para que la escucharan?”.

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 2 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 1 mes

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.