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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

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4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

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Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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Crimen perpetuo: el caso de Paula Martínez

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Denunció a sus violadores, ocho hombres, hace seis años. Desde entonces sufrió amenazas por parte de ellos y sus familiares. Encaró una lucha para “que no le pase a ninguna piba más”, pero en diciembre de 2021, agobiada, sin justicia ni contención estatal, se quitó la vida. Su familia sostiene el reclamo de justicia. Por Delfina Pedelacq.

Foto: Agustina Olivera
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