#NiUnaMás
Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político
El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi
«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.
Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.
Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.
El legislador Bussi
Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.
Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.
“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.
Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.
El intendente Najar
El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.
El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.
El juez Estofán
El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.
Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.
El concejal Romano
Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.
El defensor Navarro Dávila
Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.
Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.
“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.
El Jardín de la impunidad
“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.
Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.
Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.
Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.
“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.
Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.
#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón
Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá
El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.
El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.
La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.
Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Revista MuHace 1 semanaMu 188: ¿Que perdimos?
Mu187Hace 2 semanasAumentazos, corporaciones y orcos: las manos visibles del mercado
NotaHace 4 semanasNacida y asesinada en democracia: carta abierta para que se investigue un femicidio
Mu187Hace 4 semanasLa conexión vital. HIJAS: encuentro entre Teresa Laborde y Malena D’Alessio
NotaHace 2 semanasVaca Muerta: la legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a la consulta con el pueblo mapuche
NotaHace 1 semanaLa casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya
NotaHace 3 semanasCómo llegamos hasta acá, y cómo seguimos
NotaHace 3 semanasInsólito, pero solucionado: la justicia electoral garantiza que haya boletas