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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

“No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad”, dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

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El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

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Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas”, dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. “El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: “Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

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Este domingo 12 de mayo falleció Andrea Amarante (42 años), con el cuerpo quemado en un 75%. Era la tercera de las víctimas del incendio provocado en Barracas, Buenos Aires, hace una semana. El domingo pasado Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de un hotel de la calle Olavarría al 1600 donde vivían cuatro mujeres, vecinas suyas. Pamela Cobas, 52 años, murió el lunes. El miércoles falleció Mercedes Roxana Figueroa (52) y Andrea hoy. Sofía continúa internada. Barrientos intentó suicidarse cortándose el cuello con una sierra: también fue internado pero apenas le dieron el alta quedó detenido. Lavaca estuvo en el lugar tratando de reconstruir lo que ocurrió. Las voces de los vecinos y vecinas y de la dueña del hotel.

Texto Francisco Pandolfi.

Afuera no quedan rastros de lo que pasó el domingo rozando la medianoche. Ya no hay consigna policial. Ni conmoción ni medios de comunicación.

La puerta de calle –de chapa, bordó, gastada– está cerrada. De un lado, una persiana de metal amarrada entre cables. Del otro, las persianas abiertas de par en par: si no fuera por Juan, el vecino que desde su habitación trabaja arreglando ropa, daría la sensación que este hotel familiar estuviese totalmente abandonado.

Olavarría 1621, Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó parte de la habitación quemada.

Allí Justo Fernando Barrientos, uno de los inquilinos del hotel, prendió fuego la habitación donde vivían dos parejas de mujeres. La investigación judicial reside en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione. Pamela Cobas, de 52 años, falleció por las quemaduras el lunes en el Hospital del Quemado. Mercedes Figueroa murió este miércoles 8 de mayo y Andrea Amarante hoy, una semana después. Sofía, internada en el Penna, está fuera de peligro. Justo Fernando Barrientos intentó suicidarse, lo internaron en el Argerich y luego quedó detenido por la Policía de la Ciudad.

Juan acepta hablar con lavaca. Cuenta que vive en el hotel desde hace 22 años, que siempre la debió remar un montón: muestra los callos de la mano para acreditarlo. Cuenta que vivió un año en el Parque Lezama, que se la rebuscó trabajando toda la vida, que mucho tiempo fue mantero y otras muchas, también, fueron las veces que terminó en un calabozo porque la policía le quería sacar su poca mercadería. Y que cuando no había nada que vender, se tomaba el tren Roca en Constitución, hasta Glew, donde se colgaba de los árboles, cosechaba eucaliptus, laurel y romero, y con ellos hacía ramitos que ofrecía para parar la olla.

Dice que ahora la cosa está muy jodida. Que vende en la feria de la calle Patricios. Que hasta hace una semana pagaba 50 mil pesos la piecita, pero que el viernes pasado le aumentaron a 60 mil. Y está enojado, también, porque el mismísimo lunes, un puñado de horas después del incendio, el yerno de la dueña pasó a cobrar y le pidió 70. “Acá no tenemos agua caliente; me tengo que bañar calentándome una ollita. ¿A vos te parece? Tampoco tenemos luz en los baños ni en la cocina, que son compartidos”.

Juan dice que conocía sólo de vista a las chicas y a Justo Fernando Barrientos; que nunca había escuchado ningún problema, y que estaba durmiendo cuando pasó lo que pasó. Y también me aconseja, cuando lo ve venir a Eduardo: “ahí está el encargado; hablá con él”.

Mientras abre la puerta, Eduardo se presenta como un “changarín” que trabaja como pintor “y de lo que haga falta”. Tiene 59 años bien disimulados y vive en el hotel desde el 2016, a cambio de la limpieza y la mantención del lugar. “Estamos muy mal económicamente; los precios en el supermercado no bajan y hay que dejar de comer; o elegir cuándo hacerlo. ¡Andá a comprar un litro de aceite hoy! Para vivir hay que gastar diez lucas por día, ¿y quién tiene esa plata?”.

Contextualiza la trama social del hotel: “Lo habita gente trabajadora y también que está en la indigencia; que vivía en la calle y se viene acá porque no es un alquiler caro. Por esta zona hay cada vez más gente en situación de calle, porque no hay laburo”. Sigue: “Todo se está poniendo más bravo. Lo veo en mí y en el resto: para que alcance, hay que levantarse más temprano y volver más tarde de hacer changas. En el hotel somos todos pobres, y ni trabajando a full llegás a fin de mes. Está jodida la vida”.

¿Percibís una relación entre el crimen y el contexto? “Sí, claro. La violencia sucede a raíz de lo que nos pasa a nivel social. Trae un montón de problemas el cómo vivimos. Este es un barrio tranquilo, este hotel es un lugar tranquilo para dormir, aunque ahora aparecen un montón de notas diciendo mentiras sobre lo que pasaba acá adentro”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

El baño al que llevaron a las chicas quemadas: “Se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

¿Por qué Justo Fernando Barrientos hizo lo que hizo? “Yo no sé lo que pasó. Nunca había escuchado una discusión entre ellos. Con él y las chicas mi relación era hola y chau. A él siempre lo veíamos andar en bicicleta, y hace dos o tres meses me llamó la atención que no la tenía y entonces le pregunté; me dijo que estaba mal porque se la habían robado en Pompeya. Hace changas, creo que es plomero”.

Se abre la puerta y María Rosa, la dueña del hotel, está sentada en uno de los escalones por los que se entra. Grita (me grita): “¿Vos querés saber qué pasó? Yo te voy a contar lo que pasó, porque acá todo el mundo viene a preguntar, pero nadie viene a traer soluciones”. María Rosa tiene 89 años, un crucifijo enorme en el pecho y la tonada gallega. “Hasta me hicieron una denuncia ahora, ¿vos podés creer? Algunos me deben 7, 8 meses de alquiler y encima me denuncian a mí, diciendo que no andaban los matafuegos cuando tengo todo en regla. Eso me tenés que venir a preguntar, que tuve que comprar unos materiales y ni le pude pagar a la señora de la ferretería, que me conoce y me fío; que estoy esperando que me paguen un alquiler y con eso pagarle al plomero que está haciendo arreglos”.

Después del inicio catártico, pregunta qué medio de comunicación es el que ahora está sentado a su lado. Y asegura: “Yo le digo toda la verdad. Hay que ver más allá del incendio; lo que pasó fue una desgracia. Porque yo le voy a decir una cosa, las dos chicas…”. La charla se interrumpe. Y María Rosa empieza a darle explicaciones, sin que se las pida, a la señora rubia que acaba de pararse frente a ella. “Ya estoy arreglándolo doñita, ¿le cayó agua?”. La mujer, de cuarentilargos o cincuentipocos, le responde con respeto, como si acabara de tomarse un sedante, o de apretar el freno de mano, para no mandarla a la mierda:

–No, no. Hace más de un mes que cae agua, pero cada vez más. Había una grieta, y después se hizo otra.

–Ahí está el plomero, ¿quiere ir a ver? Suba, suba pa’ que vea.

–No, no, yo quiero que lo resuelva, porque ya se me arruinó la cocina y me está arruinando todo.

–Lo que pasa es que la gente no me paga. Estoy cobrando 50 mil pesos y la gente no me paga. Me deben 7, 8, 9 meses, no puedo hacer milagros porque tengo que pagar la luz, el gas y el agua, porque si no me cortan y hay gente que sí paga.

–Yo sé que esta semana es complicada por lo que pasó, que por ahí no es momento, pero yo quiero que entienda una cosa: usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, y a mí se me está viniendo la casa abajo en aspectos que no son de mi injerencia, que no los puedo arreglar porque están dentro de su casa.

–Sí doña, lo sé; ya lo están arreglando. Entiéndame, doña; no hay plata, la gente no me paga.

La “doña” se va y María Rosa continúa su relato: “Decía que las chicas nunca tuvieron ningún problema, que ellas me pagaban siempre; y el hombre lo mismo, cumplía todos los meses”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó la habitación tras el incendio.

¿Qué pasó la madrugada del lunes? “Yo muy bien no sé; conmigo se comportaban siempre de manera normal, el señor y las chicas. Nunca tuve un problema, nunca. Ni un sí ni un no. Lo que sé es que las chicas dormían de día y de noche estaban levantadas; entonces si usted trabaja de día y quiere dormir de noche, hasta los pasos se sienten, y eso es lo que pasó. En los hoteles pasa esto, se habla fuerte y el hombre se habrá cansado de eso. Se ve que tiró algo inflamable y ahí prendió fuego”.

María Rosa llegó al país a sus 19 años de las Islas Canarias, tiene 4 hijos y hace cuatro décadas compró este hotel “con sangre”, porque el crédito que sacó “tenía unos intereses impagables”. Asocia: “Como los créditos UVA de hoy”. También comenta que las últimas horas estuvo yendo de hospital a hospital para ver a las chicas y al hombre. Cuando le menciono que Pamela murió (hasta el momento de la charla era la única fallecida), que Justo Barrientos la asesinó, me dice que no. Que no puede ser. Pero fue.

En el libro de actas del hotel estaban registradas dos de las cuatro mujeres: Pamela y Mercedes. La dueña sabía que se habían sumado otras dos hacía algunos meses, pero como vivían lejos les daba “lástima” decirles que se fueran. En el registro interno del hotel figura que Justo Fernando Barrientos tiene 72 años.

María Rosa retoma la catarsis: “Acá hay 20 piezas divididas en tres pisos y hasta hace una semana cobraba 50 mil pesos cada una; están todas llenas, algunos me pagan por mes, otros por día. ¿Qué hago yo con esa plata? Este mes lo tuve que aumentar a 60 mil. O sea, 2 mil por día. ¿A usted le parece? Un litro de vino vale eso; un sachet de leche vale eso. ¿Estoy cobrando mucho? Y subí porque este mes vino muy cara la luz, el agua, el gas. ¡Más de 200 mil tengo que pagar de cada impuesto! Si antes pagaba un peso, ahora pago 6; es una barbaridad”.

Se explaya sobre el crimen: “Fue un momento de calentura. ¿No vio lo que pasa en los matrimonios? ¿Y cómo matan a los chicos? Es un momento donde la gente se aparta de Dios y el diablo la toma. Yo creo que pasó eso”. ¿Alguna vez Justo Fernando Barrientos le hizo algún comentario en contra de las chicas? “No, y eso que yo hablaba con él. Él vive en el hotel desde hace seis años; las chicas hace dos. Este lugar es tranquilo; fíjese, escuche; no se siente nada; pero bueno, se ve que de noche había ruido, aunque él nunca me dijo nada”.

¿Alguna vez escuchó que en el hotel discriminaran a las chicas porque eran pareja?

“No, no. Cada una hace de su cuerpo lo que quiere. Mire usted que hasta el Papa lo acepta”. Luego sugiere: “Tenés que hablar con Don Miguel, él fue quien las ayudó a las chicas, que las llevó al baño cuando se incendió la pieza”.

Miguel está en su habitación del primer piso, donde también vivían las chicas y Justo Fernando Barrientos. Miguel lleva puesta una camiseta de fútbol de la Juventus, de Italia. Pide no grabar la conversación y luego va a requerir, acentuando la voz, que esta nota refleje las palabras tal cual las dice. “Yo hablé en una nota televisiva y dije que ellas eran conflictivas y me empezaron a criticar, pero me sacaron de contexto; quise decir que discutían entre ellas. Yo sé que al decir esto van a decir que soy un machirulo. Fernando (lo llama por su segundo nombre) era un tipo que no hablaba con nadie, era educado. Ellas tenían una vida diferente; hacían ruido de noche y llegó un momento que el hombre explotó. No es justificable todo lo que hizo, no tiene perdón de Dios, pero explotó; le agarró un brote psicótico”.

Reitera: “Te pido que lo pongas como yo te lo digo”.

Y arranca su relato: “Eran como las doce y pico de la noche, estaba acostado y sentí como si hubiera explotado una pyrex. Empezamos a escuchar gritos. Para ese momento, Fernando ya había tirado lo que aparentemente fue una especie de bomba; tiró alcohol y salieron las dos chicas quemadas, gritando; con dos vecinos de arriba intentamos apagar el fuego, ayudarlas; las chicas fueron al baño, se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

Sigue: “Este hombre subió arriba, con una sierra y se cortó el cuello. Después vinieron los bomberos, la policía y el SAME. Eso es lo que ocurrió, nada más”.

Para usted ¿fue un crimen de odio por la orientación sexual de las chicas?

–No sé el pensamiento de Fernando al respecto.

–¿Alguna vez había tenido un brote similar al que describe?

–No. Que quede claro que no lo justifico: es atroz lo que hizo. Jamás… creo, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la cabeza de uno, me podría pasar a mí. Es una locura lo que ha pasado.

Miguel, que vive en el hotel desde hace 12 años, dice: “acá vive gente trabajadora” y señala con las manos a distintas piezas: “Jubilado; jubilado; jubilado (se señala); ese muchacho hace delivery; jubilado; ese es vendedor ambulante; jubilado; ese muchacho no sé a qué se dedica; el que entró recién acaba de volver de trabajar y se fue a las 6 de la mañana. Yo soy jubilado, pero tengo que seguir laburando: me levanto a las 4 de la madrugada porque a las 6 empiezo a preparar los paquetes que entrego en el correo”.

Afuera, en la puerta de entrada, no quedan rastros de lo que pasó, pero adentro hay un montón. No sólo en la pieza de las chicas, donde la ropa está apilada en el piso; mojada; quemada. También hay rastros en el estado general de este hotel de paredes descascaradas, de olor a humedad, de servicios básicos que escasean, de márgenes en el centro de un barrio que desde hace años es imán para inversores de proyectos inmobiliarios.

A las certezas de que Pamela, Mercedes y Andrea fueron asesinadas y de que Justo Fernando Barrientos fue quien las mató, le sigue una catarata de dudas: ¿Cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas complejidades atraviesan al crimen? ¿Qué nos dice esta mansión deteriorada de Barracas, además de decirnos que ellas ya no nos podrán decir? Miguel cree que para entender lo que pasó no alcanza con mirar el horror de esta pieza. Después de aclarar por enésima vez que ponga todo tal cual lo dijo, cierra: “Somos un país sin esperanza, somos una sociedad enferma”.

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102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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