#NiUnaMás
Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura
Nancy Segura fue asesinada en junio de 2017 por su pareja, Rafael Inglera, en Mar del Plata. El juicio comenzó dos años después, en agosto de 2019. Fue el primer femicidio juzgado por jurados: seis hombres y seis mujeres. Inglera fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. En las audiencias el fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. Inglera apeló y finalmente, durante este mes, la sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa, quedando firme la sentencia que firmó la Jueza Mariana Irianni. Compartimos la historia de Nancy Segura, y su hermana Yésica que quedó a cargo de sus sobrinos. Su historia revela hasta dónde llega el amor familiar y, también, la violencia estatal. La Ley Brisa que no se aplica, las denuncias que anticiparon la muerte de su hermana, la lucha junto a otros familiares para lograr justicia sin abogados, y para que se lo considere un femicidio.

Por Anabella Arrascaeta.
Nancy Segura se desangraba en la parte de atrás de la moto que conducía Rafael Inglera por la puñalada que el mismo hombre le había dado. Llegaron al centro de salud en la madrugada del 19 de junio de 2017. En el camino Nancy se cayó tres veces, lo cual le produjo además un traumatismo de cráneo. Por la gravedad de las heridas la trasladaron finalmente al Hospital Interzonal, donde murió.
Ocho meses antes, a esa misma sala de salud de Playa Serena ubicada en el sur de Mar del Plata, Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaban a Lucía Pérez, 16 años, quien llegó muerta. “Después de Lucía hubo más casos -dice Marta Montero, su mamá, cuando advierte la concidencia-. Es perverso ver la misma secuencia en el mismo lugar: una mujer tras otra”.

Robar la vida
Nancy tenía 27 años y dos hijxs: Mili, que vio cuando su papá mataba a su mamá y que ahora tiene 7 años; y Brian que tiene 15 y esa noche estaba en lo de su tía Yésica, hoy devenida en madre.
A Yésica la llamó su hermana más chica porque un vecino le había avisado que Mili estaba sola en la puerta de la casa de Nancy: le pidió que fuera a ver qué pasaba. Era invierno y llovía. “Nunca me imaginé lo peor”, dice y relata que agarró a su sobrina, le puso una campera blanca de su hermana que estaba embarrada y se la llevó a su casa. “Ese día jugando me reí como nunca, sin saber lo que pasaba. Después me llamaron. Y lloré como nunca, también. Por eso nunca más me reí así”.
Según la reconstrucción de los hechos Rafel Inglera apuñaló a Nancy en la puerta de la casa, luego de discutir adentro, con el cuchillo que usaba para filetear pescado. Dice Yésica: “En las pericias saltó todo: él decía que mi hermana se había acuchillado ella, pero Nancy tenía signos en el cuello de haber sido levantada, ahorcada y apuñalada”. Inglera tuvo tiempo -una hora- para buscar testigos que acreditarán que había sido una pelea. Recién después la llevó a la sala de salud.
Yésica llamó a uno de sus hermanos para que cuidara a los chicos y fue hasta allá. Tuvo un ataque de nervios. Cuando a Nancy la trasladaron al Hospital Interzonal, Yésica, con una hermana y un hermano, le pidieron a una vecina que los llevara con el auto. Fue uno de los cirujanos el que les dio la noticia: Nancy había muerto.
Mientras su familia la velaba, en la casa donde vivían entraron a robar. Le sacaron todo: televisor, microondas, ropa, hasta el inodoro. Yésica, su hermana, se encargó de volver a armar en ese lugar vacío un hogar fraterno. “Hice denuncias, fue preso el pibe que robó, pero no recuperamos nada. Y empecé: traje algunas cosas de mi casa y fui comprando lo otro de a poquito”, relata quien desde entonces cuida de sus sobrinxs a tiempo completo.
¿Qué pasa con los huérfanxs de un femicidio? “Cuando murió mi hermana primero los tuve en mi casa, pero era muy chiquita. El Tribunal me dijo que sí o sí tenían que estar en su casa porque le quitaron a la madre y no les podían quitar la casa. Acá tienen sus cosas pero fue muy aberrante llegar a donde se produjo la muerte de mi hermana. Tardamos siete meses en poder volver”. Cuando lo hicieron cambiaron todo de lugar “porque si no faltaba ella nomás”. Y después de comprar lo que les habían robado, de a poco compró los materiales para que uno de sus seis hermanos que es albañil agrandara la casa. Así reconstruyeron literalmente un hogar: sumaron un comedor y una cocina.
Además de sus sobrinos, Yésica tiene un hijo de 10 años, Thiago, y está embarazada de ocho meses. “No me separé, es el papá de mi bebé, pero yo quise estar sola con ellos acá y él se quedó en mi casa y me ayuda. Yo quedé media… no sé si mal, pero quería estar sola acá con los nenes. Me gusta ser independiente. Aparte, son mis sobrinos; los mantengo yo”.

Una brisita
Esta última frase parece común pero esconde no solo la insensibilidad del Estado sino el incumplimiento de una ley.
Nancy y Yésica vendían juntas kits de limpieza de forma ambulante. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrinxs. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, recibió como respuesta. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria. Hija de Olga Irma Cañueto, militante de la Juventud Peronista y docente desaparecida, y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, a quien asesinaron en la calle el 22 de diciembre de 1976.
Yésica la llamó y fue al estudio de Yamila, que ya había escuchado del caso. Fue la abogada quien la acompañó en la presentación para que sus sobrinxs reciban la “Ley Brisa”, un régimen de reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación -equivalente al monto de una jubilación mínima- es mensual y además contempla la atención integral de salud.
Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. En la votación de la ley que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018 la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de la ciudad costera, nombró a Mili y a Brian: “Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”, contó y habló también de Yésica como “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde pero que todos los días pelea para, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. Esa noche terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana.
Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa a través del “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”. Pero a dos años de la sanción de la ley, solo Brian es beneficiario de la reparación; Mili aún no. Antes del inicio del aislamiento Yésica llevó a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios que, por la pandemia, vencieron: “Me falta el certificado de discapacidad, ahora tengo que hacer todo de nuevo a ver si me lo dan”, cuenta. Mili tiene mielomeningocele, una afección en la columna. Y no tiene obra social.

“Hay mucho desconocimiento sobre esta ley”, dice Yamila Zavala Rodríguez, que durante la cuarentena fue designada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires como coordinadora territorial de la Unidad de Políticas Transversales de la quinta sección que incluye 27 municipios, Mar del Plata entre ellos. “Falta comunicación, información sobre la ley, que el sistema judicial y los efectores que trabajan la temática de género tengan conocimiento. Es una ley que repara lo irreparable, ayuda y ordena”. A veces ni eso.
Yésica -embarazada de ocho meses, dos niñes y un adolescente a cargo, vendedora ambulante en medio de una pandemia- cuenta que hoy se sostiene gracias a la ayuda de sus clientes, plata que cobra la estira, y la comida que nunca falta.
Mientras, espera que Mili reciba pronto lo que por ley y por vida le corresponde.

Sin defensa
Cuando Rafael Inglera llegó a la sala de salud con Nancy apuñalada quedó detenido en prisión preventiva. “Tuve que ir todos los días a Tribunales, porque no me daban bola. Ellos tenían plata y lo querían arreglar”, relata Yésica sobre todo lo que tuvo que hacer para que en agosto del año pasado comenzara finalmente el juicio. Fue el primer femicidio juzgado por jurados, “una estrategia de la defensa”, según ella, que agrega: “Quisieron instalar que fue una pelea y que no hubo intención de matarla”.
Doce jurados, seis hombres y seis mujeres, lo declararon culpable de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo.
El fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión.
“Yo estuve todos los días del juicio -recuerda Yésica a quien en fotos de esa jornada se la ve abrazada a Marta Montero, mamá de Lucía-. Mi mamá se enfermó, mi papá no sabe nada de estas cosas, tuve que remar sola en el juicio. Dos meses antes el abogado se echó para atrás, dijo que no le cubría las horas. Para mí quería plata. Así que no tuve abogado, a mi hermana la defendió el fiscal, y la defendió con garra, bien defendida. Inglera dijo que la mató por amor, dijo que la amaba. Y la jueza le dijo: el que ama no mata”.
Yésica y su familia siguen exigiendo que el asesinato de Nancy sea nombrado como un femicidio para que no se siga invisibilizando la violencia machista. “Él se merecía una perpetua”, se enoja y recuerda que antes de que la asesinara, Nancy había denunciado a su pareja tres veces por violencia: “Dos veces la acompañé toda desfigurada”.
El 19 de junio, a tres años del asesinato, Nancy fue hasta los Tribunales con un pañuelo violeta a modo de barbijo. La acompañaron familias de víctimas de femicidios y organizaciones Allí desplegó una bandera que decía: “Nancy presente. Fue femicidio”.

Mamás de corazón
En la mesa de la cocina Brian, Mili, Thiago y Yésica hacen la tarea.
Sí: Yésica también.
Después de que su sobrino le preguntara algo que ella no supo contestar, Yésica empezó a estudiar séptimo grado con la idea de terminar la primaria y después la secundaria.
Brian y Mili lograron no interrumpir nunca la cursada escolar: “Hicieron todo lo mismo, nada más que les falta su mamá”, cuenta su tía y recuerda que al principio fue difícil. “Brian no quería hacer nada, no le sentía gusto a la vida. Mili lloraba de día y de noche. Fue un proceso muy duro. Brian estaba enojado con la vida, hasta ahora lo tenés que tratar con pinzas, es renegón. Y Mili se adaptó, ahora hasta me dice mamá. Yo no quería, pensaba que se iba a olvidar de mi hermana, pero la psicóloga me dijo: ‘Dejá que te diga, si ella tiene claro quién es su mamá y quién su mamá de corazón’”.
Yésica le reclama al Estado dos cosas: contención y justicia. “Cuando matan a una mujer la matan a ella y a toda la familia, a los hijos, a todo el mundo. Derrumban a toda la familia”. Pero sobre todo le reclama la escucha necesaria que puede poner freno a la violencia cuando todavía es posible hacerlo. “La forma de frenar los femicidios es que apenas una mujer va a hacer una denuncia tienen que escucharla, porque esto lleva a la muerte. Nancy fue toda golpeada y no la ayudaron, no la contuvieron. Tiene que haber contención y prevención cuando está viva. No les dan bola y vuelve a pasar lo mismo hasta que las matan”.
Yésica encontró otra forma de que sus reclamos no se diluyan en la cantidad de tareas que se sumaron a su vida. Fue durante una marcha cuando pensó que tenía que empezar a verse con otras familiares por fuera de las movilizaciones. Así, hasta que llegó la cuarentena, lo hacían los domingos en la casa de la familia de Lucía Pérez, para compartir almuerzo o mates. Dice Yésica. “Es un movimiento genuino: si pasa algo nos levantamos y salimos, y así nos acompañamos”. Cuenta Marta: “La sanación es luchar pero también encontrarnos, reírnos. Es hablar de las chicas, mencionarlas por su nombre, hablar bien sin angustiarnos, desde el corazón, recordándolas. Eso nos ayuda y nos fortalece”.
Ambas hoy forman parte del Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios que hasta el inicio de la pandemia una vez por mes se dio cita en Plaza de Mayo. El último encuentro fue en febrero; Yésica viajó con una remera en la que tenía estampada dos fotos, la de su hermana y la de Lucía. “Me siento acompañada por mamás que pasaron por lo mismo”, explica. Marta: “Es como si nos conociéramos de toda la vida: nos entendemos cuando lloramos, cuando reímos. Tenemos mucho amor y eso se vuelve unión”.
Yésica y Marta describen a este grupo de lucha y contención que se formó, también, como una nueva familia.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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