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Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura

Publicada

hace 5 años

01/08/2020

Nancy Segura fue asesinada en junio de 2017 por su pareja, Rafael Inglera, en Mar del Plata. El juicio comenzó dos años después, en agosto de 2019. Fue el primer femicidio juzgado por jurados: seis hombres y seis mujeres. Inglera fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. En las audiencias el fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. Inglera apeló y finalmente, durante este mes, la sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa, quedando firme la sentencia que firmó la Jueza Mariana Irianni. Compartimos la historia de Nancy Segura, y su hermana Yésica que quedó a cargo de sus sobrinos. Su historia revela hasta dónde llega el amor familiar y, también, la violencia estatal. La Ley Brisa que no se aplica, las denuncias que anticiparon la muerte de su hermana, la lucha junto a otros familiares para lograr justicia sin abogados, y para que se lo considere un femicidio.

Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura — Foto: Romina Elvira

Por Anabella Arrascaeta.

Nancy Segura se desangraba en la parte de atrás de la moto que conducía Rafael Inglera por la puñalada que el mismo hombre le había dado. Llegaron al centro de salud en la madrugada del 19 de junio de 2017. En el camino Nancy se cayó tres veces, lo cual le produjo además un traumatismo de cráneo. Por la gravedad de las heridas la trasladaron finalmente al Hospital Interzonal, donde murió.

Ocho meses antes, a esa misma sala de salud de Playa Serena ubicada en el sur de Mar del Plata, Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaban a Lucía Pérez, 16 años, quien llegó muerta. “Después de Lucía hubo más casos -dice Marta Montero, su mamá, cuando advierte la concidencia-. Es perverso ver la misma secuencia en el mismo lugar: una mujer tras otra”.

Robar la vida

Nancy tenía 27 años y dos hijxs: Mili, que vio cuando su papá mataba a su mamá y que ahora tiene 7 años; y Brian que tiene 15 y esa noche estaba en lo de su tía Yésica, hoy devenida en madre.

A Yésica la llamó su hermana más chica porque un vecino le había avisado que Mili estaba sola en la puerta de la casa de Nancy: le pidió que fuera a ver qué pasaba. Era invierno y llovía. “Nunca me imaginé lo peor”, dice y relata que agarró a su sobrina, le puso una campera blanca de su hermana que estaba embarrada y se la llevó a su casa. “Ese día jugando me reí como nunca, sin saber lo que pasaba. Después me llamaron. Y lloré como nunca, también. Por eso nunca más me reí así”.

Según la reconstrucción de los hechos Rafel Inglera apuñaló a Nancy en la puerta de la casa, luego de discutir adentro, con el cuchillo que usaba para filetear pescado. Dice Yésica: “En las pericias saltó todo: él decía que mi hermana se había acuchillado ella, pero Nancy tenía signos en el cuello de haber sido levantada, ahorcada y apuñalada”. Inglera tuvo tiempo -una hora- para buscar testigos que acreditarán que había sido una pelea. Recién después la llevó a la sala de salud.

Yésica llamó a uno de sus hermanos para que cuidara a los chicos y fue hasta allá. Tuvo un ataque de nervios. Cuando a Nancy la trasladaron al Hospital Interzonal, Yésica, con una hermana y un hermano, le pidieron a una vecina que los llevara con el auto. Fue uno de los cirujanos el que les dio la noticia: Nancy había muerto.

Mientras su familia la velaba, en la casa donde vivían entraron a robar. Le sacaron todo: televisor, microondas, ropa, hasta el inodoro. Yésica, su hermana, se encargó de volver a armar en ese lugar vacío un hogar fraterno. “Hice denuncias, fue preso el pibe que robó, pero no recuperamos nada. Y empecé: traje algunas cosas de mi casa y fui comprando lo otro de a poquito”, relata quien desde entonces cuida de sus sobrinxs a tiempo completo.

¿Qué pasa con los huérfanxs de un femicidio? “Cuando murió mi hermana primero los tuve en mi casa, pero era muy chiquita. El Tribunal me dijo que sí o sí tenían que estar en su casa porque le quitaron a la madre y no les podían quitar la casa. Acá tienen sus cosas pero fue muy aberrante llegar a donde se produjo la muerte de mi hermana. Tardamos siete meses en poder volver”. Cuando lo hicieron cambiaron todo de lugar “porque si no faltaba ella nomás”. Y después de comprar lo que les habían robado, de a poco compró los materiales para que uno de sus seis hermanos que es albañil agrandara la casa. Así reconstruyeron literalmente un hogar: sumaron un comedor y una cocina.

Además de sus sobrinos, Yésica tiene un hijo de 10 años, Thiago, y está embarazada de ocho meses. “No me separé, es el papá de mi bebé, pero yo quise estar sola con ellos acá y él se quedó en mi casa y me ayuda. Yo quedé media… no sé si mal, pero quería estar sola acá con los nenes. Me gusta ser independiente. Aparte, son mis sobrinos; los mantengo yo”.

Una brisita

Esta última frase parece común pero esconde no solo la insensibilidad del Estado sino el incumplimiento de una ley.

Nancy y Yésica vendían juntas kits de limpieza de forma ambulante. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrinxs. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, recibió como respuesta. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria. Hija de Olga Irma Cañueto, militante de la Juventud Peronista y docente desaparecida, y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, a quien asesinaron en la calle el 22 de diciembre de 1976.

Yésica la llamó y fue al estudio de Yamila, que ya había escuchado del caso. Fue la abogada quien la acompañó en la presentación para que sus sobrinxs reciban la “Ley Brisa”, un régimen de reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación -equivalente al monto de una jubilación mínima- es mensual y además contempla la atención integral de salud.

Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. En la votación de la ley que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018 la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de la ciudad costera, nombró a Mili y a Brian: “Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”, contó y habló también de Yésica como “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde pero que todos los días pelea para, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. Esa noche terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana.

Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa a través del “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”. Pero a dos años de la sanción de la ley, solo Brian es beneficiario de la reparación; Mili aún no. Antes del inicio del aislamiento Yésica llevó a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios que, por la pandemia, vencieron: “Me falta el certificado de discapacidad, ahora tengo que hacer todo de nuevo a ver si me lo dan”, cuenta. Mili tiene mielomeningocele, una afección en la columna. Y no tiene obra social.

“Hay mucho desconocimiento sobre esta ley”, dice Yamila Zavala Rodríguez, que durante la cuarentena fue designada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires como coordinadora territorial de la Unidad de Políticas Transversales de la quinta sección que incluye 27 municipios, Mar del Plata entre ellos. “Falta comunicación, información sobre la ley, que el sistema judicial y los efectores que trabajan la temática de género tengan conocimiento. Es una ley que repara lo irreparable, ayuda y ordena”. A veces ni eso.

Yésica -embarazada de ocho meses, dos niñes y un adolescente a cargo, vendedora ambulante en medio de una pandemia- cuenta que hoy se sostiene gracias a la ayuda de sus clientes, plata que cobra la estira, y la comida que nunca falta.

Mientras, espera que Mili reciba pronto lo que por ley y por vida le corresponde.

Sin defensa

Cuando Rafael Inglera llegó a la sala de salud con Nancy apuñalada quedó detenido en prisión preventiva. “Tuve que ir todos los días a Tribunales, porque no me daban bola. Ellos tenían plata y lo querían arreglar”, relata Yésica sobre todo lo que tuvo que hacer para que en agosto del año pasado comenzara finalmente el juicio. Fue el primer femicidio juzgado por jurados, “una estrategia de la defensa”, según ella, que agrega: “Quisieron instalar que fue una pelea y que no hubo intención de matarla”.

Doce jurados, seis hombres y seis mujeres, lo declararon culpable de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo.

El fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión.

“Yo estuve todos los días del juicio -recuerda Yésica a quien en fotos de esa jornada se la ve abrazada a Marta Montero, mamá de Lucía-. Mi mamá se enfermó, mi papá no sabe nada de estas cosas, tuve que remar sola en el juicio. Dos meses antes el abogado se echó para atrás, dijo que no le cubría las horas. Para mí quería plata. Así que no tuve abogado, a mi hermana la defendió el fiscal, y la defendió con garra, bien defendida. Inglera dijo que la mató por amor, dijo que la amaba. Y la jueza le dijo: el que ama no mata”.

Yésica y su familia siguen exigiendo que el asesinato de Nancy sea nombrado como un femicidio para que no se siga invisibilizando la violencia machista. “Él se merecía una perpetua”, se enoja y recuerda que antes de que la asesinara, Nancy había denunciado a su pareja tres veces por violencia: “Dos veces la acompañé toda desfigurada”.

El 19 de junio, a tres años del asesinato, Nancy fue hasta los Tribunales con un pañuelo violeta a modo de barbijo. La acompañaron familias de víctimas de femicidios y organizaciones Allí desplegó una bandera que decía: “Nancy presente. Fue femicidio”.

Mamás de corazón

En la mesa de la cocina Brian, Mili, Thiago y Yésica hacen la tarea.

Sí: Yésica también.

Después de que su sobrino le preguntara algo que ella no supo contestar, Yésica empezó a estudiar séptimo grado con la idea de terminar la primaria y después la secundaria.

Brian y Mili lograron no interrumpir nunca la cursada escolar: “Hicieron todo lo mismo, nada más que les falta su mamá”, cuenta su tía y recuerda que al principio fue difícil. “Brian no quería hacer nada, no le sentía gusto a la vida. Mili lloraba de día y de noche. Fue un proceso muy duro. Brian estaba enojado con la vida, hasta ahora lo tenés que tratar con pinzas, es renegón. Y Mili se adaptó, ahora hasta me dice mamá. Yo no quería, pensaba que se iba a olvidar de mi hermana, pero la psicóloga me dijo: ‘Dejá que te diga, si ella tiene claro quién es su mamá y quién su mamá de corazón’”.

Yésica le reclama al Estado dos cosas: contención y justicia. “Cuando matan a una mujer la matan a ella y a toda la familia, a los hijos, a todo el mundo. Derrumban a toda la familia”. Pero sobre todo le reclama la escucha necesaria que puede poner freno a la violencia cuando todavía es posible hacerlo. “La forma de frenar los femicidios es que apenas una mujer va a hacer una denuncia tienen que escucharla, porque esto lleva a la muerte. Nancy fue toda golpeada y no la ayudaron, no la contuvieron. Tiene que haber contención y prevención cuando está viva. No les dan bola y vuelve a pasar lo mismo hasta que las matan”.

Yésica encontró otra forma de que sus reclamos no se diluyan en la cantidad de tareas que se sumaron a su vida. Fue durante una marcha cuando pensó que tenía que empezar a verse con otras familiares por fuera de las movilizaciones. Así, hasta que llegó la cuarentena, lo hacían los domingos en la casa de la familia de Lucía Pérez, para compartir almuerzo o mates. Dice Yésica. “Es un movimiento genuino: si pasa algo nos levantamos y salimos, y así nos acompañamos”. Cuenta Marta: “La sanación es luchar pero también encontrarnos, reírnos. Es hablar de las chicas, mencionarlas por su nombre, hablar bien sin angustiarnos, desde el corazón, recordándolas. Eso nos ayuda y nos fortalece”.

Ambas hoy forman parte del Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios que hasta el inicio de la pandemia una vez por mes se dio cita en Plaza de Mayo. El último encuentro fue en febrero; Yésica viajó con una remera en la que tenía estampada dos fotos, la de su hermana y la de Lucía. “Me siento acompañada por mamás que pasaron por lo mismo”, explica. Marta: “Es como si nos conociéramos de toda la vida: nos entendemos cuando lloramos, cuando reímos. Tenemos mucho amor y eso se vuelve unión”.

Yésica y Marta describen a este grupo de lucha y contención que se formó, también, como una nueva familia.

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 1 semana

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 3 semanas

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 1 mes

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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