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El mensaje de Cecilia: lecciones y preguntas tras el femicidio

Publicada

hace 5 años

01/08/2020

Ahora desde Capital Federal, los padres de Cecilia Basaldúa intentan reconstruir los últimos momentos de su hija, asesinada en Capilla del Monte en abril. La sospecha sobre la policía, el encubrimiento judicial y el entramado oscuro del lugar. Y la contracara de eso: la vida y obra de la joven viajera, recordada en este artículo que pretende ser además un homenaje. Por Lucrecia Raimondi.

El mensaje de Cecilia: lecciones y preguntas tras el femicidio — Foto: Martina Perosa

En el corazón del barrio de Belgrano, en Capital Federal, un mural exige verdad y justicia por Cecilia Gisela Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte. Eugenia es vecina, vive a la vuelta del mural, y acompaña a la familia porque sus hijos compartieron escuela con los Basaldúa; uno de ellos fue su compañero en la primaria. Para Eugenia, el rostro pintado de “Ceci Viajera” transmite un mensaje al barrio que la vio crecer: “Cuando vemos el mural la recordamos. Traemos al espacio público, a la vida, la memoria de toda su existencia. Yo creo que ella tiene un mensaje muy claro y muy fuerte, que se ve en su mirada, en su sonrisa, cuando decía en sus textos, en sus palabras, que si uno quiere un mundo de amor, implica no dejar nunca de soñarlo”.

Debajo de su nombre, escribieron el hashtag “Vivas nos queremos”. Al lado plantaron la pregunta: “¿Qué pasó Capilla del Monte?”. A tres meses de su femicidio, no hay respuestas.

Libre y viajera

La investigación judicial del femicidio de Cecilia Basaldúa llegó a un punto cero: no avanzó más después de la detención de un joven peón de albañil de 23 años; los organismos de derechos humanos locales denuncian que se autoincriminó por presión policial. Para la familia de Cecilia, los principales sospechosos siguen libres: desde que accedieron a la denuncia, apuntan contra la policía y la fiscalía por encubrimiento.

Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia, llevan colgado del cuello un collar de piedra envuelto en cobre atado a un cordel trenzado de hilo encerado. Lo tocan como un tesoro, como si pudieran acariciar a su hija a través de él. Es que Cecilia se los regaló para Navidad como parte de una serie de artesanías que repartió a cada integrante de la familia.

Susana y Daniel llevan 35 años de casados y construyeron una familia numerosa y amorosa, en este barrio porteño, Núñez. Pasaron crisis económicas, años de poco trabajo, pero –cuentan- juntxs se complementaron para la crianza de sus cuatro hijos. Daniel es cuentapropista, hace trabajos de electricidad, plomería, albañilería. Susana trabaja como oficinista. “Somos una familia unida, de juntarnos y conversar cada uno sus cosas. Se habla de todo. Los criamos libres: a los 18 les dijimos a todos que después de terminar el colegio, hacían lo que querían”.

Cecilia jugaba al hockey sobre patines, era cinturón negro de taekwondo, daba clases en el club Platense y entrenaba con el equipo nacional de hockey sobre hielo, con el que viajó a México en 2015: sacó un pasaje solo de ida e inició ahí su viaje por Latinoamérica.

Sus familiares y amigos la describen como una persona perceptiva, espiritual, de conversaciones profundas. No le gustaba discutir ni pelear, evitaba los conflictos y las fiestas con excesos, prefería una vida tranquila. Le interesaban la filosofía, la psicología y especialmente viajar. Por esta decisión de vida nómade, todas sus pertenencias están en la casa de sus padres, donde vivía cuando se quedaba en la ciudad. Susana y Daniel sienten aún su presencia y les resulta difícil saber que no va a volver. Lo que más les cuesta –revelan- es “dormir, porque aparecen los recuerdos”. “A la mañana me decía ‘vení a tomar mate conmigo antes de irte’ o yo le dejaba el mate preparado – se acuerda Daniel -. Es duro que ya no lo puedo hacer con ella, charlar de sus planes… Ahora que está todo parado le damos más bola a este tema: estamos todo el día con esto, y lo sobrellevamos como podemos”.

Cecilia era muy apegada a sus dos sobrinos, hijos de su hermana Soledad. En sus redes sociales se ven además imágenes de ella con mujeres originarias y niños jugando, a quienes fotografiaba, les pintaba la cara, les enseñaba artes marciales o malabares. Se interesaba por sus juegos, sus carencias, sus luchas. “Nos enteramos las cosas que ha dejado por gente a lo largo de toda América Latina. Muchos nos escriben por Facebook, vamos encontrando amigos que ella tiene por todos lados. Lo último que me había contado, me acuerdo, fue su amistad con un camionero que la llevó un viaje largo. Después el tipo siempre le escribía y le agradecía la conversación, se notaba que le sirvió. Lo que ella dejaba a la gente le servía: también pasa eso con la familia y los amigos”, rescata Daniel.

Quién era Cecilia

El próximo destino que tenía planeado Cecilia era África: “Quería ir en busca de sus orígenes cuando supo que su familia materna descendía de africanos”. Antes de emprender esas rutas quería hacer un libro sobre su viaje de cuatro años y medio por Latinoamérica. Plasmó en cuadernos escritos a mano todo lo que le pasaba, sentía y vivía al conocer lugares y comunidades. Como escribió en su Instagram, no se conformaba con una “efímera experiencia como turista”: descubrió y se apropió de una filosofía que comprendía la vida en la naturaleza.

En los viajes por el continente americano buscó y se acercó a comunidades originarias que ampliaron esa visión: acompañó reclamos por la tierra, escuchó sus necesidades, jugó y enseñó a los niños, aprendió recetas caseras para curar malestares. También hacía malabares con fuego, vendía artesanías, repartía fanzines con cuentos y poemas a cambio de comida, vivienda, dinero, o los regalaba para que conocieran su arte y pensamiento. Su familia y amigos íntimos la llamaban Gisela, mientras que la gente nueva que conocía le decía Cecilia.

Volvió decidida a compartir sus experiencias, reflexiones y observaciones. “Sabíamos que no la tendríamos con nosotros mucho tiempo, no le gustaba la ciudad”, sinceró Daniel. Cecilia regresó en diciembre a la Argentina. Visitó amigos, pasó el verano con sus padres y el 17 de marzo tomó un colectivo a Zárate para, desde ahí, hacer dedo hasta Capilla del Monte, Córdoba, donde se instalaría a escribir su libro.

Cargó su mochila con elementos de supervivencia, la computadora y los cuadernos del viaje. El 18 de marzo llegó al pueblo al tiempo que se implementaban las primeras medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Un mes y ocho días después, el 25 de abril, a sus 36 años, la encontraron asesinada tras estar 20 días desaparecida.

Verdad y justicia

Cuando llegaron a Capilla del Monte Susana y Daniel empezaron a investigar. Primero fueron al último lugar donde estuvo Cecilia, la casa de Mario Mainardi. Después visitaron a la última persona que supuestamente la vio viva: “Sentimos que mentía”. Por último, fueron a la casilla -en muy malas condiciones habitacionales- a orillas del río Calabalumba, donde primero habìa estado Cecilia y que pertenece al ex boxeador Wenceslao Falcón, apodado “Negro Niga”, que vive en El Rincón de San Marcos Sierra. La conexión entre ellos es una mujer llamada Viviana Juárez, que encontró a Cecilia en la Plaza San Martín sin lugar donde quedarse en plena pandemia y le ofreció tanto la casilla de Niga como luego la vivienda de Mainardi. Juárez se apoda “Vivir rasta”, se dice artesana, pero en el pueblo la señalan como parte de una trama de oficios más pesados.

Al día siguiente que Daniel y Susana empezaran a buscar, el cuerpo de Cecilia apareció en unos terrenos privados de Camino de Los Mogotes, cerca de un conglomerado de viviendas de la policía. La encontró un adolescente de 17 años al que habían mandado a buscar animales, hijastro de un tal Walter Luna, un tipo que alquila a pocos metros de donde encontraron el cuerpo y que justo el día que apareció no estaba en su vivienda.

El único detenido, tres días después, fue Lucas Bustos, integrante de una familia campesina que vive en esa zona rural y sufre hostigamiento por parte de la policía. El dueño de las tierras donde apareció Cecilia, Víctor Eduardo Jaime, señaló a Bustos como responsable. Sospechan que Mainardi, Niga y Juárez tienen conexiones con la policía, y que Jaime y Luna, también.

Daniel y Susana siguieron los pasos de Cecilia, ataron cabos, e investigaron a la par de la fiscalía, que tras 20 días de desaparecida y una vez encontrada, no averiguaron nada sobre estas conexiones, en un pueblo de 11 mil habitantes donde todos se conocen. “Estábamos muy controlados y no nos dejaban que ahondemos. Nos perseguían, no querían que nos metiéramos – apunta Daniel –. Los policías nos decían que ahí había cuarentena y que nosotros nos teníamos que quedar en la casa. Era todo mentira: en el pueblo la cuarentena es diferente. La fiscalía no quiso incorporar lo que nosotros averiguamos, nunca le vimos la cara a la fiscal y en el informe plantea la teoría de Mainardi que Cecilia tuvo un brote psicótico que miente: mi hija nunca tuvo nada”.

La fiscalía a cargo de Paula Kelm avanza a paso lento, arrastrando muchas de estas dudas y acumulando agujeros negros. El informe sobre el perfil de Cecilia lo elaboraron basándose en prejuicios sobre sus creencias y filosofía de vida, que refuerzan la versión del brote psicótico presentada por Mainardi. A tres meses del hallazgo del cuerpo no está el informe de ADN ni terminaron los análisis completos de la autopsia que podrían revelar si fue drogada; aunque los primeros resultados establecen que Cecilia fue asesinada entre el 5 y el 7 de abril. Pero apareció 20 días después, el 25 de abril. Entonces, ¿dónde estuvo ese tiempo? La búsqueda se inició sin una foto para que fuera reconocida y como “paradero de personas ausentes por motivos desconocidos”, cuando se aplica un protocolo específico si se busca a una mujer que pudo haber sido agredida. La declaración indagatoria a Wenceslao Falcón se registró como Negro Niga, solo su apodo sin nombre y apellido, cuando el golpe que dejó inconsciente a Cecilia podría coincidir con la piña de un boxeador. Este hombre tiene denuncias por violencia de género.

Además, la fiscalía se basa solo en lo que aporta la policía; no profundiza sobre las conexiones entre las personas que podrían estar implicadas, ni sus actividades, ni una posible complicidad policial. En el pueblo nadie declara por miedo, pero todos hablan.

Mientras manejan distintas hipótesis, ahora desde el barrio de Nuñez, Daniel y Susana aseguran que Cecilia tenía cosas para decir, que estaba preparada para dejar un legado en el mundo. Que no le dieron tiempo, que ella confió en las personas pero que en Capilla del Monte le hicieron daño: “Ella quería que se conociera su mensaje, no así, no de esta manera. Yo lo veo muy injusto, no le dejaron hacer lo que estaba a punto de dar a conocer. Ahora tenemos que estar luchando por verdad y justicia por ella, cuando no tendría que ser así”.

La experiencia de otros familiares que perdieron a sus hijas por femicidios les sirvió de ejemplo para encarar la lucha. Como el caso de Natalia Melmann, secuestrada, violada y asesinada por tres policías bonaerenses en Miramar el verano de 2001, condenados a prisión perpetua; hay una sentencia pendiente para un cuarto efectivo imputado. Gustavo, el papá de Natalia, se comunicó con la familia Basaldúa para ofrecer su ayuda y acompañamiento: “Me llamó el papá, que luchó un montón, y el caso era muy parecido: fueron los policías, pero él logró que los metan presos. Y hablé con él, nos dijo todo lo que me iban a pedir mis abogados, nosotros no teníamos nada ni sabíamos nada de qué hacer con todo esto. Él está trabajando en una organización para ayudar a los padres a quienes les pasa esto. Como yo ahora puedo ayudar a otro que le pasa y le voy a contar la experiencia”.

¿Qué le dirías?

Fijate cuando investigan las cosas.

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 3 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 2 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.