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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark

La plaza de General Pacheco es un punto de encuentro familiar el fin de semana. Se encuentra en un barrio de casas bajas, en el centro de la localidad tigrense, muy cercana a la entrada a los barrios privados, a dos cuadras del hospital, y a la vuelta de la comisaría. 

Hay juegos con hamacas y toboganes de colores; una calesita y pérgolas de madera pobladas de enredaderas. Algunas mesitas y bancos de cemento pintados de verde gastado sirven de pizarra para quienes tienen algo que decir: “Muerte al sistema” resalta en rojo sobre una de ellas.

La temperatura baja de golpe y el cielo se cubre. El viento empieza a molestar pero las familias siguen tomando mate en el pasto. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de un show que se armó en el centro de la plaza; del otro lado, Marisa y Facundo, madre y padre de Luna Ortiz, joven asesinada en 2017 en esa localidad, esperan a más familias. 

Acompañada por dos personas llega Lisette, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, asesinadas hace casi una década. Dejan el parlante con el micrófono al lado de la mesa, sacan el mate y un paquete de bizcochos. Los saludos y abrazos de encuentro son apretados y duran varios segundos. 

Marisa y Facundo despliegan un folio viejo sobre la mesa donde cargan ocho pancartas con distintas fotos y descripciones. La que primero se ve anuncia: “Viviana Altamirano, desaparecida el 28/04/04 en Generál Pacheco, Tigre”. 

Fany llega con una bolsa de paltas que trajo de su árbol, las reparte y se sienta. Es la madre de Valeria López, desaparecida desde hace dos años. Todavía la busca: por eso, abre su cartera y saca los volantes con la cara de su hija. 

Ahora sí, las tres familias sentadas en la plaza de Pacheco muestran con sus historias una máquina que se repite, un sistema de violencias hacia mujeres y niñas, sin pausa, desde hace décadas. 

Y que, además de la impunidad, tiene un territorio común: la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Una radio abierta para difundir todo lo que no se dice.

Causas partidas

El 2 de junio de 2017 fue la última vez que Marisa Rodriguez vio a su hija, Luna Ortiz, con vida; por eso ahora, sentada en la plaza, acaricia su foto en el cartel que lleva en sus manos. Luna tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. 

Breve racconto: Isaías Villarreal la contactó a través de las redes sociales, y la llevó a su casa, donde la esperaba con dos hombres más; ahí la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. El 3 de junio, fecha que repite cada año la salida masiva a las calles para exigir el fin de la violencia, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa de Villarreal. 

“Desde un principio salimos a la calle”, dice Marisa, su mamá. La reacción fue rápida y motivada por lo que encontraban del otro lado: “Todas negativas, siempre, por parte del Poder Judicial”. Esas negativas iban (y van) desde lo más pequeño como: no darles fotocopias de las causas; hasta lo más estructural: fragmentar la investigación de la muerte de Luna en distintas causas y no en una sola. 

Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio- como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Por ello se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Así, este año, Villareal consiguió la excarcelación. “Dejaron en libertad al único asesino”, resume Marisa. 

Además está la causa por abuso, que se abrió durante el juicio: “En esa causa nos cuestionan a nosotros como padres, nos quieren culpar por lo que le pasó a Luna”. Una tercera causa, que investiga una posible vinculación con trata de personas, fue archivada. “Fue la que primero archivaron y nunca nos dejaron como familia ser parte. Nos enteramos porque fuimos a la Fiscalía de Tigre y vimos el adjunto que decía trata de personas, pero no pudimos ver el contenido”. ¿Imaginan por qué? “Complicidad”, contesta Marisa. 

Marisa resume lo común entre las tres causas: “La investigaron más a Luna que a nadie; pusieron fotos intentando demostrar que ella era una ‘ buscona’ que le pasó lo que le pasó porque era atrevida… pasa con todas las causas: responsabilizan a las mujeres. Desde el principio nos costó acceder al expediente; tuvimos que hacer una marcha para que nos lo den porque decían que se cortaba la luz, o que no tenían papel. Así, todo el tiempo”.

Recientemente Marisa y Facundo Ortiz, papá de Luna, se reunieron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, que se comprometieron a formar “una mesa de trabajo”; iniciativa que deja Marisa con sabor amargo: “Deberían tener injerencia o por lo menos acompañarnos en los procesos. Dan muchas vueltas mientras como familiares andamos con las causas a cuestas”. 

La dimensión de la lucha que las familias dan cada día se evidencia en una de las últimas situaciones que tuvo que soportar la familia de Luna: en la última movilización al tribunal de San Isidro el juez Alejandro Lagos los convocó a hablar. Lagos compone el TOC 7 junto a Gustavo Gaig y María Coelho, tribunal que le otorgó la excarcelación a Villarreal. ¿Qué les dijo? “Que no nos podía ayudar en nada, que ellos no son responsables, que los responsables son los que cambiaron la carátula. Y dijo que no tenía conocimiento de la causa y que sólo adhirió a la decisión. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Marisa. Y remata: “Cuando salimos de ahí el juez Lagos nos hizo una denuncia por amenazas: fue una jugada para intentar hacernos callar”. 

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La foto de Valeria López, desaparecida.

La conexión narco

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y otra vez volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante Pato Cenizo, en la zona conocido por su relación con el narcotráfico. 

Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada. Ella y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. La investigación de la muerte de Micaela estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio.

Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, un año después también torturaron y asesinaron a su madre, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. Fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años. 

La hermana de Micaela, Lisette Fernández, tomó el reclamo de justicia cuando cumplió la mayoría de edad. Tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Con el ceño fruncido detrás de los anteojos sostiene con fuerza sus fotos y cuenta que desde el inicio los procedimientos se hicieron mal, con los policías a quienes denuncia siendo parte. 

Las falsas carátulas con las que las causas son investigadas son otra de las maniobras utilizadas en el entramado de impunidad. A fines de 2020, en una marcha a la Fiscalía de Pacheco para reclamar que se investigue, la familia de Nancy se enteró de que la causa por su femicidio había sido trasladada a la Fiscalía de Munro. 

A pesar del cambio sin aviso de distrito, la causa tampocó avanzó. “Fue difícil llegar hasta acá. Me acuerdo que hasta tuvimos que hacer una movilización para que la fiscal me entregara el expediente de mi mamá”, dice su hija. Acompañarse y movilizar son algunas de las estrategias que junto a otras familias de víctimas sostienen para obtener respuestas. “Nos quieren cansar” repite Lisette: “Pero yo ya no tengo miedo”.

Cuando consiguió el expediente y reactivar la causa de su madre, nueve años después logró también reabrir la causa de su hermana, hasta entonces archivada, que sigue caratulada como suicidio. “Todo fueron trabas”. Y relata que las excusas de la fiscal para no entregar el expediente iban desde “no tengo quien saque fotocopias” hasta “no hay luz”. Al igual que en el caso de Luna Ortiz, la metodología de destrato y violencia se repite. 

Culpar a la víctima

Valeria López salió de su casa un 26 de enero de 2020 y jamás volvió. Iba al cumpleaños de un compañero de trabajo en el lavadero “Bob Esponja”, donde también trabajaba, en la avenida Sobremonte y Gandolfo, en Virreyes. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. Desde ese momento la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó?

La causa se caratuló como “averiguación de paradero” pero su madre, Fany Román, asegura que Valeria no se fue por sus propios medios y que algo le pasó. Sigue exigiendo a la justicia que cambie la carátula a “desaparición forzada”. Cree que su entorno y la pareja que en ese momento tenía están involucrados, pero ni la policía ni la justicia pueden darle alguna respuesta. “Ni una pista, ni una punta tenemos”. El último rastro de Valeria fue captado por una cámara de San Fernando en la madrugada del 27 de enero de 2020 caminando hacia un kiosco con otra mujer. Después de esa imagen, nada más, aun cuando el Municipio se jacta de la cantidad de cámaras de seguridad que tienen: una cada 3.500 habitantes. 

Mientras tanto en la causa se encuentran actas de búsqueda erróneas (ponían mal su nombre) o incompletas, otro dato recurrente en muchos casos que muestran el vicio judicial de entorpecer procesos y reforzar la impunidad. La policía hizo trascender que se la buscaba como “una adicta sin recuperación, sucia y desaliñada”. “A ella la victimizan porque salía por la noche y salía con chicos diferentes”, dice Fanny, que tuvo que organizar una búsqueda por sus propios medios: pidió plata prestada para hacer fotocopias y volantes y salió puerta a puerta. “Sabemos que los vecinos saben algo pero tienen miedo de hablar”.

Durante la pandemia, familiares y amigos de Valeria acompañaron a Fany a la puerta de la Quinta de Olivos a llevarle un pedido al Presidente para que se federalizara la búsqueda. Ese día coincidió con la histórica protesta de la policía bonaerense en la quinta de Olivos por el reclamo salarial. Ahí estaba Juan Villarruel, jefe del Gabinete táctico que en su momento investigaba el caso pero luego fue desplazado. “Él mismo arrancaba los carteles, nos seguía y amenazaba”. Tanto Villarruel como Andrea del Valle Lobo, que era titular de la Comisaría 2ª de San Fernando, primera dependencia en tomar el caso, fueron trasladados. 

La ultima reunión que Fanny tuvo con la policía y su abogada le dijeron que la búsqueda por trata de personas está desvinculada. Se pregunta: “¿Son incompetentes o son cómplices?” y se responde a sí misma: “Las dos cosas”. 

La causa está en la Fiscalía de género de San Isidro y ella también cree que “quieren encajonarla como a todas”. La investigación sigue parada. “Ellos creen que matándonos a todas nos vamos a dejar de mover y no es así: ya no tenemos miedo”.

El sistema

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registra 35 femicidios en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, 8 de ellas menores de edad. La más chica, Paloma, tenía un año, hija de Sabrina Cernnamo, también asesinada; y la más grande, Ángela Nuccio, 90 años. 

Si el zoom se amplía hacia los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre, el registro histórico arroja 131 femicidios y travesticidios; 24, menores de edad. 

El primer femicidio registrado en zona norte es el de una menor. Era Carolina Aló, y tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada en Tigre de 113 puñaladas por quien entonces era su novio: Fabián Tablado. 

En los 90 el femicidio de Carolina Aló se convirtió en un caso emblemático que movilizó y conmovió a toda la sociedad, una joven asesinada atrozmente por su novio. 

Hoy, en ese mismo territorio, las historias de las mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas se tejen en una trama compleja de complicidades territoriales y estatales, mucho más allá del ámbito doméstico. 

¿Qué pasó en estos años? 

La experiencia de estas familias arroja una serie de pistas sobre el rol del Estado, fundamentalmente de la policía y la justicia, en la compleja trama que hoy envuelve estos crímenes.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

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«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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