#NiUnaMás
4° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 175 femicidios en 2020, 102 cometidos durante la cuarentena
Julio de 2020
175 femicidios en los primeros seis meses de 2020, 102 cometidos durante la cuarentena.
55 travesticidios y transfemicidios.
95 intentos de femicidios, sólo durante la cuarentena.
41 mujeres desaparecidas.
194 huerfanos, 10 durante el mes de julio.
9 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
2 muertas por aborto clandestino.
20 femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen.
No son cifras: son las vidas de hijas, madres, hermanas, amigas, vecinas, que la violencia patriarcal nos arrebató en formas cada vez más crueles.
¿Cómo poner fin a estas violencias?
¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?
Ese es el desafío social que nos toca.
De las familias destrozadas por estos crímenes dolorosamente aprendimos algunas cosas que podemos aportar:
- El Poder Judicial tiene una responsabilidad central, que no cumple. En este informe detallamos la situación del tribunal de Familia de Neuquén para dar un ejemplo concreto de cómo se construye la impunidad de los femicidios y cómo el aparato judicial violenta a las familias.
- El Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal tiene una responsabilidad ineludible, que no cumple. En este informe citamos el ejemplo de Rawson para ilustrar una forma concreta de construir prevención, alerta y participación social para enfrentar estas violencias. Que sea una excepción y no la regla demuestra la falta de compromiso y voluntad de las autoridades estatales para intentar nuevas y múltiples formas, hasta encontrar la más eficiente y correcta.
- Ambos poderes del Estado todavía no han informado en forma clara y transparente qué responsabilidades tienen y a través de qué organismos y personas las cumplirá, de manera tal de que ante cada femicidio ocurrido en cualquier punto del país tanto las familias como las comunidades sepan desde el primer momento a dónde ir y quién es la persona y la institución responsable de hacer cumplir los derechos que como víctima les corresponde.
- Exijimos entonces un mapa de responsabilidades, con nombres y direcciones de funcionarixs y organismos encargados de cumplir con las obligaciones que los tratados internacionales y las leyes nacionales imponen al Estado argentino. Cada localidad, cada barrio, cada rincón de este país debe tener ese mapa local, que además detalle qué recursos están asignados para enfrentar estas violencias, tanto para contener a las familias de las víctimas como para prevenirlas socialmente. Que esos recursos sean públicos y transparentes es nuestro derecho y es una obligación del Estado.
Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar. Resumimos en este informe con imágenes y breves comentarios seis marchas que se hicieron durante el aislamiento obligatorio y en diferentes ciudades del país con un mismo reclamo: justicia.
31 de julio: Una marcha organizada por el grupo de Mujeres Autoconvocadas de Berabevú reiteró el «pedido de justicia por Julieta Del Pino”.

18 de julio: Maira Castillo, según información aportada por las autoridades judiciales se habría quitado la vida. Sin embargo familiares y amigos de la joven sostienen que podría haber participación y responsabilidad directa de su pareja. Con una multitudinaria marcha reclamaron a la justicia por avances concretos en la investigación del hecho, y que se cambie la caratula de la causa.

15 de julio: El femicidio de Rocío Vera conmocionó a la localidad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. La joven de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado y con signos de haber sido golpeada. Tras el hecho, vecinos autoconvocados de la ciudad se movilizaron para reclamar que se esclarezcan los hechos y pedir justicia por el femicidio.
La marcha se inició en el ingreso al barrio Carmen Luisa, de la ciudad de Reconquista. Desde Lisandro de la Torre y la Interbarrial, caminaron hasta una casa de Avenida San Martín al 4100, en cuyas inmediaciones fue hallado el cuerpo de Rocío.

5 de junio: En La Rioja se realizó una marcha para exigir justicia por el femicidio de Micaela Gordillo.

18 de mayo y 26 de abril: La familia de Cecilia Gisela Basaldúa, la mujer asesinada cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 25 de abril en Capilla del Monte, Córdoba, encabezó dos marchas para reclamar que se esclarezca el crimen y se busquen y encuentren a otros posibles involucrados en el femicidio.

La experiencia de Rawson
Rawson tuvo 300 casos de violencia de género denunciados durante la cuarentena y este mes buscó la forma de intentar prevenirla. Desde la Dirección de Familia se puso en marcha el programa de «Promotores Barriales para la Prevención de Violencia de género» que tiene como fin capacitar a los vecinos para detectar e intervenir en esta problemática. Recién se han realizado tres reuniones con los interesados en participar de esta propuesta, y fueron unos 100 los vecinos, en su mayoría mujeres, que ya se inscribieron para comenzar con la capacitación. «Recurrimos a la intervención de los vecinos porque son ellos los que están más cerca de las víctimas y con más posibilidades de saber cuándo y dónde ocurren estos casos»
Neuquén, un ejemplo de la emergencia
La Oficina de Violencia (OV) del Poder Judicial de la ciudad de Neuquén se encuentra, según el propio director provincial, Juan Pablo Durán, en una “crítica situación de emergencia” debido a que tiene un plantel de abogadas y abogados “diezmado”. Así detalló a la prensa la grave situación: “Hoy los cuatro juzgados de Familia de Neuquén tienen en trámite 2.500 expedientes de violencia, ¿quién crees que lleva adelante todo el proceso desde la admisión, el seguimiento y control de esos 2.500 expedientes? El juzgado de Familia, no, lo lleva la Oficina de Violencia aparte de las funciones específicas. De 20 funcionarias que tendría que tener, tengo 15 que encima no puedo darles vacaciones, ni licencia. Las funcionarias están trabajando entre 10 y 12 horas por día, de manera presencial, y desde sus casas”, aseguró.
El 1 de julio prácticamente todo el funcionariado del fuero de Familia resolvió no atender más el teléfono de guardia de la OV, de 14 a 8 de la mañana. En una nota dirigida al presidente del TSJ, Oscar Massei, manifestaron que desde el año pasado sostienen un reclamo porque entienden que esa es una función que no está regulada, por la que no reciben ningún tipo de remuneración, y que está siendo prestada por personas que no trabajan la temática.
Travesticidios y transfemicidios
Durante el año 2020 la agrupación La Rosa Naranja registró 55 travesticidios y transfemicidios. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Desde que se decretó el aislamiento fueron 42 estos crímenes, 11 durante julio.
Cuarentena y Violencia de género: relevamiento de denuncias en ocho provincias
- Ciudad de Buenos Aires
El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48% más en relación al mismo período del año pasado. Hubo, en promedio, 193 llamados por día: ocho por hora. El pico se registró en abril: 6.191 llamados, contra 4.065 en 2019.
Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36% (1.551).
En abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3% (4.065).
En mayo fueron 5.668, un 42,5% más que en 2019 (3.976).
En junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54%.
“Venimos verificando con preocupación un aumento significativo en los llamados y en las consultas a la 144”, confirmó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, en una conferencia de prensa compartida vía Zoom con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat; y Agustina Ciarletta, Directora General de la Mujer.
Por su parte la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema, informó que desde el 20 de marzo hasta el 17 de julio, ese organismo recibió 1.280 casos de violencia familiar y 1.455 consultas informativas y extrajurisdiccionales.
En los cuatro meses de aislamiento por la pandemia, la OVD asistió a 1623 personas y se iniciaron causas judiciales que determinaron 1000 medidas de prohibición de acercamiento y 230 exclusiones del hogar para los violentos, informó el organismo.
En ese periodo, 462 personas fueron amenazadas de muerte por las personas denunciadas.
Los agresores fueron principalmente varones (81 %) y el grupo con más denuncias fue el de entre 22 y 49 años (64 %).
Las mujeres siguieron siendo la más afectadas: de cada 10 personas atendidas, 6 fueron adultas y 3 niñas, niños y adolescentes, y hubo asistencia a cuatro mujeres trans/travesti.
6 de cada 10 afectadas fueron víctimas de violencia física.
La justicia emitió 1000 medidas de prohibición de acercamiento, 230 exclusiones del hogar a violentos, se otorgaron 345 dispositivos de alerta para mujeres agredidas y se regularon alimentos provisorios en 136 casos.
El servicio médico de la Oficina atendió a 387 personas y constató lesiones en el 82 % de los casos.
https://www.telam.com.ar/notas/202007/494040-oficina-de-violencia-domestica-denuncias-meses-aislamiento-pandemia.html —
Otro informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detalló que se recibieron 2.844 denuncias «con indicadores de violencia de género» en la justicia porteña desde el 20 de marzo -fecha de inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)- hasta el 19 de junio.
El mayor porcentaje de denuncias -38%- se realizó en el último mes analizado (20 de mayo al 19 de junio) y la cantidad de presentaciones fue en aumento desde el inicio de la medida, teniendo en cuenta que durante el segundo mes se produjeron el 36% (1.036 casos) y en el primero el 26% (741 casos), de acuerdo a los datos aportados por la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades.
Del total de denuncias por violencia de género, 1.041 (37 %) indican la comisión de conductas contravencionales, mientras que 1.803 (el 63 %) se enmarcan dentro algún delito penal.
Además, el 77 % del total de casos involucraron violencia de género en su modalidad doméstica.
En relación con la calificación de los hechos según las figuras penales cuya competencia corresponde al fuero local, se advierte una prominencia de las lesiones con el 40% de las denuncias; seguidas por las «amenazas» (30%) y la «resistencia o desobediencia a la autoridad» (8%).
Sobre las conductas contravencionales, el 68% estuvo representado por la acción de «hostigar, intimidar y maltratar».
https://www.telam.com.ar/notas/202007/486057-caba-cuarentena-denuncias-violencia-genero.html
- Provincia de Buenos Aires
Según un informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020 fueron asesinadas en ese territorio 33 mujeres. Un año atrás, en ese mismo período, fueron 19 las mujeres asesinadas, de acuerdo con las estadísticas de las fiscalías de toda la provincia. Apenas un 20% de las víctimas de femicidio llegaron a denunciar.»
Los departamentos judiciales donde más asesinatos por causas de género hubo durante la cuarentena fueron Moreno/General Rodríguez (6); San Isidro (5) y Zára-Campana, Lomas de Zamora y Dolores (3 cada uno).
El 25% de los asesinatos fueron un sábado. Y en la madrugada se comete el 42% de los femicidios (entre las 0 y las 12), según el reporte de la Procuración.
Por su parte el el registro del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense informó que entre el 20 de marzo y el 19 de julio, las operadoras atendieron 5.903 consultas por violencia de género. El número representa una suba promedio del 35% en los pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena.
El 50% de los pedidos de ayuda se concentra en nueve municipios: La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.
En 8 de cada 10 casos, las víctimas denuncian que el agresor es su actual o ex pareja. Y el 96% de quienes ejercen la violencia son varones que, al igual que sus víctimas, tienen entre 25 y 44 años.
https://www.tiempoar.com.ar/nota/crecieron-un-35-los-pedidos-de-ayuda-por-violencia-de-genero-en-la-cuarentena
- Santa Fe
En cinco ciudades de Santa Fe (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 registros de violencia de género desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año. La ciudad de Rosario encabeza el mayor número de casos de violencia de género, con un promedio diario de 143. Los datos son del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y el Observatorio de Seguridad Pública (OSP).
- San Juan
En 77 días se registraron 89 casos de violencia sexual contra menores. Un 73% de esas denuncias fueron por ataques sexuales contra nenas. Es decir que cada 24 horas se denunció 1,15 casos. La mayor cantidad de denuncias fue por ataques sexuales contra menores provienen de una persona extrafamiliar, por ejemplo un amigo de la familia o un vecino cercano. Durante esta cuarenta fueron denunciadas 44 personas fuera del vínculo familiar.
El segundo puesto de los más denunciados desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros y tíos: en este periodo se acusó a 12 hombres parejas de las madres de las víctimas y a 12 tíos.
Respecto al rango de edad de la víctima 44 casos pertenecen a niñas, niños y adolescente entre 12 y 17 años, en segundo lugar con 26 denuncias se da en el rango entre los 6 y 11 años; y 19 casos de 0 a 5 años.
Emanuel Torés, director de CISEM, también destacó que durante los primeros meses de cuarentena las llamadas para expresar que una mujer estaba siendo víctima de violencia sexista incrementaron notablemente. «Durante los fines de semana se observa una suba de llamadas, sobre todo en el día domingo».
- Mendoza
El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo, con 1.188 abordajes, según informó Stella Spezia, de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de Mendoza.
En la ciudad Capital se atendieron 267 casos de violencia de género durante el primer semestre, según un informe de la Subdirección de la Mujer dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad. El detalle mes por mes:
Enero: 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Febrero 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Marzo 39 (de los cuales fueron judicializados 29)
Abril 42 (de los cuales fueron judicializados 31)
Mayo 39 (de los cuales fueron judicializados 32)
Junio 37 (de los cuales fueron judicializados 27)
6. Tucumán
“En los últimos dos meses se recibieron más de 400 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar” informó el director de la oficina de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía provincial, Julio Fernández. Un promedio de 6 por día
Entre marzo y junio el total de las denuncias suman más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia en el periodo entre marzo y junio.
7. Salta
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial confirman que en entre el 1° de enero y el 1° de junio de este año se registraron 3.478 denuncias por violencia de género, de las cuales 1.476 corresponden a los cuatro meses de la cuarentena. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/cuatro-provincias-del-norte-tuvieron-la-tasa-de-femicidios-mas-alta-en-el-primer-semestre-nid2396055
8. Entre Ríos
El 31 de julio el Poder Judicial de Entre Ríos informó que en 130 días de aislamiento “se promovieron en materia de violencia familiar y contra la mujer 3171 causas judiciales en las que se registraron 3379 personas víctimas, de las cuales el 91 % son mujeres y niñas”. En ese mismo período: “se dictaron 2369 medidas de prohibición de acercamiento y 555 exclusiones del hogar a quienes ejercen violencia”.
Desde el 20 de marzo al 20 de julio “233 personas denunciaron que fueron amenazadas, 182 lesionadas y 160 abusadas sexualmente por las personas denunciadas y ocurrieron 2 femicidios. El tipo de violencia más denunciado fue la psicológica (38%), seguida de física (31%) y sexual (21%). Los agresores fueron principalmente varones (98%) y el grupo con más denuncias fue el de entre 21 y 30 años (31%).”
El 13 de abril se implementó una plantilla para denuncias online, desde ese día se recibieron “165 denuncias de violencia familiar y contra la mujer en Entre Ríos provenientes de diversos departamentos y todas ellas remitidas al fuero competente para su tramitación. Por ese canal, 7 personas con discapacidad accedieron al servicio de Justicia”.
Además la Oficina de Violencia de Género (OGV) tramitó 34 teléfonos celulares para la instalación de la aplicación de botones de pánico solicitados por diferentes organismos judiciales de la provincia para aquellas mujeres que no disponen de dispositivos propios.
El alerta mundial
- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) predice que podría haber hasta 7 millones de embarazos no deseados en todo el mundo debido a la crisis, con potencialmente miles de muertes por aborto inseguro y partos complicados debido al acceso inadecuado a la atención de emergencia.
En Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia, al menos dos mujeres murieron durante el 2020 a causa de abortos clandestinos.
- En el informe de las Naciones Unidas titulado “Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental”, se aborda la violencia machista detallando que“la violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”.
https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó durante julio una nota acerca del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el informe detallan “a la luz de la actual crisis de la COVID-19, el Convenio y la Recomendación son ahora más relevantes que nunca, ya que la pandemia está revelando y empeorando las desigualdades existentes y las inseguridades económicas que incrementan el riesgo de acoso y violencia en el mundo del trabajo”. También agregan que “Los trabajadores poco remunerados—en su mayoría mujeres—ya corrían un mayor riesgo de ser objeto de agresiones y de acoso en el lugar de trabajo antes de la crisis. Ahora muchas mujeres con empleos poco remunerados hacen trabajos esenciales de primera línea en la crisis de la COVID-19 y constituyen uno de los grupos más golpeados por la pérdida de empleos”.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/briefingnote/wcms_749792.pdf
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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