#NiUnaMás
4° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 175 femicidios en 2020, 102 cometidos durante la cuarentena
Julio de 2020
175 femicidios en los primeros seis meses de 2020, 102 cometidos durante la cuarentena.
55 travesticidios y transfemicidios.
95 intentos de femicidios, sólo durante la cuarentena.
41 mujeres desaparecidas.
194 huerfanos, 10 durante el mes de julio.
9 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
2 muertas por aborto clandestino.
20 femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen.
No son cifras: son las vidas de hijas, madres, hermanas, amigas, vecinas, que la violencia patriarcal nos arrebató en formas cada vez más crueles.
¿Cómo poner fin a estas violencias?
¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?
Ese es el desafío social que nos toca.
De las familias destrozadas por estos crímenes dolorosamente aprendimos algunas cosas que podemos aportar:
- El Poder Judicial tiene una responsabilidad central, que no cumple. En este informe detallamos la situación del tribunal de Familia de Neuquén para dar un ejemplo concreto de cómo se construye la impunidad de los femicidios y cómo el aparato judicial violenta a las familias.
- El Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal tiene una responsabilidad ineludible, que no cumple. En este informe citamos el ejemplo de Rawson para ilustrar una forma concreta de construir prevención, alerta y participación social para enfrentar estas violencias. Que sea una excepción y no la regla demuestra la falta de compromiso y voluntad de las autoridades estatales para intentar nuevas y múltiples formas, hasta encontrar la más eficiente y correcta.
- Ambos poderes del Estado todavía no han informado en forma clara y transparente qué responsabilidades tienen y a través de qué organismos y personas las cumplirá, de manera tal de que ante cada femicidio ocurrido en cualquier punto del país tanto las familias como las comunidades sepan desde el primer momento a dónde ir y quién es la persona y la institución responsable de hacer cumplir los derechos que como víctima les corresponde.
- Exijimos entonces un mapa de responsabilidades, con nombres y direcciones de funcionarixs y organismos encargados de cumplir con las obligaciones que los tratados internacionales y las leyes nacionales imponen al Estado argentino. Cada localidad, cada barrio, cada rincón de este país debe tener ese mapa local, que además detalle qué recursos están asignados para enfrentar estas violencias, tanto para contener a las familias de las víctimas como para prevenirlas socialmente. Que esos recursos sean públicos y transparentes es nuestro derecho y es una obligación del Estado.
Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar. Resumimos en este informe con imágenes y breves comentarios seis marchas que se hicieron durante el aislamiento obligatorio y en diferentes ciudades del país con un mismo reclamo: justicia.
31 de julio: Una marcha organizada por el grupo de Mujeres Autoconvocadas de Berabevú reiteró el «pedido de justicia por Julieta Del Pino”.
18 de julio: Maira Castillo, según información aportada por las autoridades judiciales se habría quitado la vida. Sin embargo familiares y amigos de la joven sostienen que podría haber participación y responsabilidad directa de su pareja. Con una multitudinaria marcha reclamaron a la justicia por avances concretos en la investigación del hecho, y que se cambie la caratula de la causa.
15 de julio: El femicidio de Rocío Vera conmocionó a la localidad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. La joven de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado y con signos de haber sido golpeada. Tras el hecho, vecinos autoconvocados de la ciudad se movilizaron para reclamar que se esclarezcan los hechos y pedir justicia por el femicidio.
La marcha se inició en el ingreso al barrio Carmen Luisa, de la ciudad de Reconquista. Desde Lisandro de la Torre y la Interbarrial, caminaron hasta una casa de Avenida San Martín al 4100, en cuyas inmediaciones fue hallado el cuerpo de Rocío.
5 de junio: En La Rioja se realizó una marcha para exigir justicia por el femicidio de Micaela Gordillo.
18 de mayo y 26 de abril: La familia de Cecilia Gisela Basaldúa, la mujer asesinada cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 25 de abril en Capilla del Monte, Córdoba, encabezó dos marchas para reclamar que se esclarezca el crimen y se busquen y encuentren a otros posibles involucrados en el femicidio.
La experiencia de Rawson
Rawson tuvo 300 casos de violencia de género denunciados durante la cuarentena y este mes buscó la forma de intentar prevenirla. Desde la Dirección de Familia se puso en marcha el programa de «Promotores Barriales para la Prevención de Violencia de género» que tiene como fin capacitar a los vecinos para detectar e intervenir en esta problemática. Recién se han realizado tres reuniones con los interesados en participar de esta propuesta, y fueron unos 100 los vecinos, en su mayoría mujeres, que ya se inscribieron para comenzar con la capacitación. «Recurrimos a la intervención de los vecinos porque son ellos los que están más cerca de las víctimas y con más posibilidades de saber cuándo y dónde ocurren estos casos»
Neuquén, un ejemplo de la emergencia
La Oficina de Violencia (OV) del Poder Judicial de la ciudad de Neuquén se encuentra, según el propio director provincial, Juan Pablo Durán, en una “crítica situación de emergencia” debido a que tiene un plantel de abogadas y abogados “diezmado”. Así detalló a la prensa la grave situación: “Hoy los cuatro juzgados de Familia de Neuquén tienen en trámite 2.500 expedientes de violencia, ¿quién crees que lleva adelante todo el proceso desde la admisión, el seguimiento y control de esos 2.500 expedientes? El juzgado de Familia, no, lo lleva la Oficina de Violencia aparte de las funciones específicas. De 20 funcionarias que tendría que tener, tengo 15 que encima no puedo darles vacaciones, ni licencia. Las funcionarias están trabajando entre 10 y 12 horas por día, de manera presencial, y desde sus casas”, aseguró.
El 1 de julio prácticamente todo el funcionariado del fuero de Familia resolvió no atender más el teléfono de guardia de la OV, de 14 a 8 de la mañana. En una nota dirigida al presidente del TSJ, Oscar Massei, manifestaron que desde el año pasado sostienen un reclamo porque entienden que esa es una función que no está regulada, por la que no reciben ningún tipo de remuneración, y que está siendo prestada por personas que no trabajan la temática.
Travesticidios y transfemicidios
Durante el año 2020 la agrupación La Rosa Naranja registró 55 travesticidios y transfemicidios. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Desde que se decretó el aislamiento fueron 42 estos crímenes, 11 durante julio.
Cuarentena y Violencia de género: relevamiento de denuncias en ocho provincias
- Ciudad de Buenos Aires
El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48% más en relación al mismo período del año pasado. Hubo, en promedio, 193 llamados por día: ocho por hora. El pico se registró en abril: 6.191 llamados, contra 4.065 en 2019.
Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36% (1.551).
En abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3% (4.065).
En mayo fueron 5.668, un 42,5% más que en 2019 (3.976).
En junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54%.
“Venimos verificando con preocupación un aumento significativo en los llamados y en las consultas a la 144”, confirmó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, en una conferencia de prensa compartida vía Zoom con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat; y Agustina Ciarletta, Directora General de la Mujer.
Por su parte la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema, informó que desde el 20 de marzo hasta el 17 de julio, ese organismo recibió 1.280 casos de violencia familiar y 1.455 consultas informativas y extrajurisdiccionales.
En los cuatro meses de aislamiento por la pandemia, la OVD asistió a 1623 personas y se iniciaron causas judiciales que determinaron 1000 medidas de prohibición de acercamiento y 230 exclusiones del hogar para los violentos, informó el organismo.
En ese periodo, 462 personas fueron amenazadas de muerte por las personas denunciadas.
Los agresores fueron principalmente varones (81 %) y el grupo con más denuncias fue el de entre 22 y 49 años (64 %).
Las mujeres siguieron siendo la más afectadas: de cada 10 personas atendidas, 6 fueron adultas y 3 niñas, niños y adolescentes, y hubo asistencia a cuatro mujeres trans/travesti.
6 de cada 10 afectadas fueron víctimas de violencia física.
La justicia emitió 1000 medidas de prohibición de acercamiento, 230 exclusiones del hogar a violentos, se otorgaron 345 dispositivos de alerta para mujeres agredidas y se regularon alimentos provisorios en 136 casos.
El servicio médico de la Oficina atendió a 387 personas y constató lesiones en el 82 % de los casos.
https://www.telam.com.ar/notas/202007/494040-oficina-de-violencia-domestica-denuncias-meses-aislamiento-pandemia.html —
Otro informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detalló que se recibieron 2.844 denuncias «con indicadores de violencia de género» en la justicia porteña desde el 20 de marzo -fecha de inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)- hasta el 19 de junio.
El mayor porcentaje de denuncias -38%- se realizó en el último mes analizado (20 de mayo al 19 de junio) y la cantidad de presentaciones fue en aumento desde el inicio de la medida, teniendo en cuenta que durante el segundo mes se produjeron el 36% (1.036 casos) y en el primero el 26% (741 casos), de acuerdo a los datos aportados por la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades.
Del total de denuncias por violencia de género, 1.041 (37 %) indican la comisión de conductas contravencionales, mientras que 1.803 (el 63 %) se enmarcan dentro algún delito penal.
Además, el 77 % del total de casos involucraron violencia de género en su modalidad doméstica.
En relación con la calificación de los hechos según las figuras penales cuya competencia corresponde al fuero local, se advierte una prominencia de las lesiones con el 40% de las denuncias; seguidas por las «amenazas» (30%) y la «resistencia o desobediencia a la autoridad» (8%).
Sobre las conductas contravencionales, el 68% estuvo representado por la acción de «hostigar, intimidar y maltratar».
https://www.telam.com.ar/notas/202007/486057-caba-cuarentena-denuncias-violencia-genero.html
- Provincia de Buenos Aires
Según un informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020 fueron asesinadas en ese territorio 33 mujeres. Un año atrás, en ese mismo período, fueron 19 las mujeres asesinadas, de acuerdo con las estadísticas de las fiscalías de toda la provincia. Apenas un 20% de las víctimas de femicidio llegaron a denunciar.»
Los departamentos judiciales donde más asesinatos por causas de género hubo durante la cuarentena fueron Moreno/General Rodríguez (6); San Isidro (5) y Zára-Campana, Lomas de Zamora y Dolores (3 cada uno).
El 25% de los asesinatos fueron un sábado. Y en la madrugada se comete el 42% de los femicidios (entre las 0 y las 12), según el reporte de la Procuración.
Por su parte el el registro del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense informó que entre el 20 de marzo y el 19 de julio, las operadoras atendieron 5.903 consultas por violencia de género. El número representa una suba promedio del 35% en los pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena.
El 50% de los pedidos de ayuda se concentra en nueve municipios: La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.
En 8 de cada 10 casos, las víctimas denuncian que el agresor es su actual o ex pareja. Y el 96% de quienes ejercen la violencia son varones que, al igual que sus víctimas, tienen entre 25 y 44 años.
https://www.tiempoar.com.ar/nota/crecieron-un-35-los-pedidos-de-ayuda-por-violencia-de-genero-en-la-cuarentena
- Santa Fe
En cinco ciudades de Santa Fe (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 registros de violencia de género desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año. La ciudad de Rosario encabeza el mayor número de casos de violencia de género, con un promedio diario de 143. Los datos son del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y el Observatorio de Seguridad Pública (OSP).
- San Juan
En 77 días se registraron 89 casos de violencia sexual contra menores. Un 73% de esas denuncias fueron por ataques sexuales contra nenas. Es decir que cada 24 horas se denunció 1,15 casos. La mayor cantidad de denuncias fue por ataques sexuales contra menores provienen de una persona extrafamiliar, por ejemplo un amigo de la familia o un vecino cercano. Durante esta cuarenta fueron denunciadas 44 personas fuera del vínculo familiar.
El segundo puesto de los más denunciados desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros y tíos: en este periodo se acusó a 12 hombres parejas de las madres de las víctimas y a 12 tíos.
Respecto al rango de edad de la víctima 44 casos pertenecen a niñas, niños y adolescente entre 12 y 17 años, en segundo lugar con 26 denuncias se da en el rango entre los 6 y 11 años; y 19 casos de 0 a 5 años.
Emanuel Torés, director de CISEM, también destacó que durante los primeros meses de cuarentena las llamadas para expresar que una mujer estaba siendo víctima de violencia sexista incrementaron notablemente. «Durante los fines de semana se observa una suba de llamadas, sobre todo en el día domingo».
- Mendoza
El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo, con 1.188 abordajes, según informó Stella Spezia, de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de Mendoza.
En la ciudad Capital se atendieron 267 casos de violencia de género durante el primer semestre, según un informe de la Subdirección de la Mujer dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad. El detalle mes por mes:
Enero: 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Febrero 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Marzo 39 (de los cuales fueron judicializados 29)
Abril 42 (de los cuales fueron judicializados 31)
Mayo 39 (de los cuales fueron judicializados 32)
Junio 37 (de los cuales fueron judicializados 27)
6. Tucumán
“En los últimos dos meses se recibieron más de 400 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar” informó el director de la oficina de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía provincial, Julio Fernández. Un promedio de 6 por día
Entre marzo y junio el total de las denuncias suman más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia en el periodo entre marzo y junio.
7. Salta
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial confirman que en entre el 1° de enero y el 1° de junio de este año se registraron 3.478 denuncias por violencia de género, de las cuales 1.476 corresponden a los cuatro meses de la cuarentena. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/cuatro-provincias-del-norte-tuvieron-la-tasa-de-femicidios-mas-alta-en-el-primer-semestre-nid2396055
8. Entre Ríos
El 31 de julio el Poder Judicial de Entre Ríos informó que en 130 días de aislamiento “se promovieron en materia de violencia familiar y contra la mujer 3171 causas judiciales en las que se registraron 3379 personas víctimas, de las cuales el 91 % son mujeres y niñas”. En ese mismo período: “se dictaron 2369 medidas de prohibición de acercamiento y 555 exclusiones del hogar a quienes ejercen violencia”.
Desde el 20 de marzo al 20 de julio “233 personas denunciaron que fueron amenazadas, 182 lesionadas y 160 abusadas sexualmente por las personas denunciadas y ocurrieron 2 femicidios. El tipo de violencia más denunciado fue la psicológica (38%), seguida de física (31%) y sexual (21%). Los agresores fueron principalmente varones (98%) y el grupo con más denuncias fue el de entre 21 y 30 años (31%).”
El 13 de abril se implementó una plantilla para denuncias online, desde ese día se recibieron “165 denuncias de violencia familiar y contra la mujer en Entre Ríos provenientes de diversos departamentos y todas ellas remitidas al fuero competente para su tramitación. Por ese canal, 7 personas con discapacidad accedieron al servicio de Justicia”.
Además la Oficina de Violencia de Género (OGV) tramitó 34 teléfonos celulares para la instalación de la aplicación de botones de pánico solicitados por diferentes organismos judiciales de la provincia para aquellas mujeres que no disponen de dispositivos propios.
El alerta mundial
- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) predice que podría haber hasta 7 millones de embarazos no deseados en todo el mundo debido a la crisis, con potencialmente miles de muertes por aborto inseguro y partos complicados debido al acceso inadecuado a la atención de emergencia.
En Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia, al menos dos mujeres murieron durante el 2020 a causa de abortos clandestinos.
- En el informe de las Naciones Unidas titulado “Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental”, se aborda la violencia machista detallando que“la violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”.
https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó durante julio una nota acerca del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el informe detallan “a la luz de la actual crisis de la COVID-19, el Convenio y la Recomendación son ahora más relevantes que nunca, ya que la pandemia está revelando y empeorando las desigualdades existentes y las inseguridades económicas que incrementan el riesgo de acoso y violencia en el mundo del trabajo”. También agregan que “Los trabajadores poco remunerados—en su mayoría mujeres—ya corrían un mayor riesgo de ser objeto de agresiones y de acoso en el lugar de trabajo antes de la crisis. Ahora muchas mujeres con empleos poco remunerados hacen trabajos esenciales de primera línea en la crisis de la COVID-19 y constituyen uno de los grupos más golpeados por la pérdida de empleos”.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/briefingnote/wcms_749792.pdf
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido
Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.
Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta
Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:
Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida
Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
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