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Justicia por Lucía Correa: otra mujer asesinada en cuarentena

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Lucía Correa Arenas, 25 años, fue asesinada por su pareja de un tiro el sábado por la noche en Etcheverry, La Plata. Ambos eran agricultores y parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que quedó convulsionada por la noticia: “El impacto es muy triste. Al interior de la organización todos están posicionándose y saliendo a decir basta: hacia el interior y hacia afuera”, dice Camila Ortellado, una de las voceras. La denuncia sobre la falta de Estado en el sector rural y el impulso de justicia desde la Secretaría de Género de la UTT, que ya venía advirtiendo de la violencia machista. “Tenemos que seguir trabajando para hacer entender que hay una compañera menos por ser mujer. Hacemos un llamado al interior para que los compañeros tomen su posición, su lugar de debate y empezar a romper algunas estructuras de las que forman parte: es fundamental“. Quién era Lucía y la historia que suma un nuevo femicidio durante la cuarentena.

Lucía Correa Arenas tenía 25 años, una hija de 7 años y un hijo de 10 años. Había llegado hace algunos años de Bolivia y actualmente vivía en Ángel Etcheverry, La Plata, junto a su hijo y junto a quien era su pareja, Roger Ismael Cara Tarraga, de 24 años, quien el sábado por la noche la asesinó de un disparo.

Lucía era agricultora y, al igual que el femicida y su familia, formaba parte de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT). “Cuando pasa el hecho había testigos, parte de la familia del femicida, que lo que hace es denunciar. La familia de él es parte de la UTT, entonces inmediatamente avisan”, relata a lavaca Camila Ortellado, de la Secretaría de Género de la organización que que acompaña el pedido de justicia.

Según el relato de los hechos Roger Ismael Cara Tarraga le disparó delante de su hijo de 10 años, en la casa de familiares de él. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. El femicida intentó fugarse después de asesinarla, pero la policía lo encontró más tarde en la zona. Está imputado por “homicidio agravado por el vínculo en el marco de violencia de género”. En la investigación interviene el fiscal Martín Almirón.

Camila, de la UTT, explica que ni bien llegó la noticia desde la secretaría que integra empezaron a conectar con las promotoras territoriales que trabajan para erradicar la violencia en las bases de la organización. “Empezamos a rastrear en nuestra red si alguna promotora de genero había estado en contacto con ella, ninguna percibió esta situación, en ningún momento se denunció”, cuenta a lavaca. “Algunas compañeras comentan es que era muy reservada, que nunca exteriorizó que pasaba algo. Cuando pasa alguna situación al interior de la organización con una compañera, de cualquier tipo de violencia, lo que hacemos es que quienes acompañen situaciones sean promotoras de la base de la compañera, o de la familia que nos llama. En el caso de Lucia están acompañando dos compañeras de la base a la hermana, que es la que se hizo cargo de su hijo”.

El femicidio impactó de lleno en una organización que tiene en cada una de las bases una agricultora capacitándose para ser quien reciba y acompañe en casos de violencia machista. También cuentan con un equipo legal y psicóloga.

Sigue camila: “El femicidio de Lucía impacta de una manera muy triste. Hay mucho por hacer, mucho para trabajar, y obviamente pensamos si podríamos haber hecho algún taller, alguna intervención, algunas de las cosas que veníamos haciendo muy fuertemente en nuestros territorios para que esto se hubiera evitado. Pero también tiramos la pelota al Estado que realmente no está llegando a los territorios rurales. Así y todo con nuestro trabajo cotidiano constante hay algunas cosas a las que no podemos llegar. El impacto es muy triste. Al interior de la organización todos están posicionándose y saliendo decir basta: hacia el interior y hacia afuera.

Justicia por Lucía Correa: otra mujer asesinada en cuarentena
Lucía Correa tenía 25 años.

En el comunicado que difundieron marcan que para luchar contra la violencia machista necesitan el compromiso de los varones.

Es fundamental. Todo el tiempo estamos haciendo y pensando que hay que abarcar la mayor cantidad de compañeras posibles, que todas las bases de la UTT tienen que tener sus promotoras de género, y ahí hacer un llamado a los varones a la deconstrucción, a que debatan, que esto que pasó les haga ruido e impacte. Entender que hay una compañera menos en la organización por ser mujer: esa es la razón. Entonces, hacemos un llamado al interior para que los compañeros tomen su posición, su lugar de debate y empezar a romper algunas estructuras de las que forman parte. Es fundamental. Como compañeras esto nos pega el doble. Estamos pensando cómo seguir, y por supuesto exigiéndole al Estado también.

¿Qué falta del Estado?

Si bien hay políticas y algunas instituciones a las que podemos recurrir y acudir, y tenemos una red armada, el sector rural es una realidad completamente distinta a lo urbano donde las instituciones están más cerca. Sabemos también que los sectores populares tampoco llegan a los espacios de formación, de capacitación, de denuncia. Necesitamos no solo en tener comisarías de la mujer en el sector rural sino tener también equipos disciplinarios que estén trabajando para erradicar la violencia, campañas de capacitación, de formación. Hay lugares donde tenemos inexistencia total del Estado: compañeras que caminan kilómetros para salir de sus quintas, para tomar un colectivo, que no acceden a los bienes, ni al auto que tienen en la casa, ni a la tierra, ni siquiera al alquiler. Creemos que la desigualdad económica es potencial de la violencia y tenemos un montón de compañeras que no están accediendo al reconocimiento de su propio trabajo-; la mujer está trabajando la misma cantidad de horas que los compañeros varones y no recibe su salario porque al que le pagan es al varón de la familia. En ese sentido, cuando hay una política estatal, sea de transferencia de recursos económicos, o de políticas de acceso por ejemplo a nylos para los invernaderos, maquinarias, necesitamos que las mujeres puedan tener un cupo de acceso garantizado; esto es la posibilidad de autonomía. Empezamos a hacer emprendimientos productivos, tenemos toda una línea de plantas medicinales, y eso empieza a ser una fuente de ingreso para nuestras compañeras que por más chiquita que sea significa la autonomía, y la autonomía económica te da la posibilidad de elegir. Ahí el Estado tiene mucho por hacer.  

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Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.

Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela. 

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.


Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.

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Nota

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

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Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse. 

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”. 

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas. 

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales. 

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales. 

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette. 

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención. 

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia. 

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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.

De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.

Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.

Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez



Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez


Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país. 

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez



El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.

201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez


Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

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