Bien temprano, familiares y amigos de Luciano Arruga tomaron este jueves 17 de octubre parte del ex destacamento policial de Lomas del Mirador donde se vio al joven de 16 años por última vez, como medida para reclamar dos cosas: avances en la investigación forense en esa dependencia, donde un georadar detectó movimientos de tierra; y el cumplimiento de la promesa del intendente de La Matanza de ceder el espacio a familiares y amigos, que planean convertirlo en un lugar social y cultural en defensa de los derechos humanos y la violencia institucional. Y de lo que llaman derecho a saber.

Vanesa Orieta, hermana de Luciano, aclara que “ahora está todo más tranquilo” pero no descarta que la sintonía de los gendarmes, apostados en la parte interior del ex destacamento, cambie de un momento a otro. Junto a otros familiares y amigos decidieron acampar en el frente del destacamento y plantar una radio abierta. “Venimos notando una serie de irregularidades en cuanto al control y cuidado de este lugar. Como ya venimos bastante agotados de que la causa no avance tomamos la decisión de hacernos presentes en el lugar y ver si de esta forma podemos lograr alguna respuesta”, dice Vanesa desde la calle Indart 106.

Espiar a los familiares

La medida se enmarca dentro de la campaña que lanzaron familiares y amigos de Luciano que llamaron “Derecho a saber”, que pregunta no sólo sobre el paradero de Luciano sino que interpela a todos los casos de desapariciones forzadas impunes, y traza una serie de acciones que hoy se condensan en la toma del ex destacamento.
Hace dos semanas, en un auditorio del CELS, informaron también acerca de la revelación de un legajo paralelo en la causa que habilitaba a pinchar los teléfonos de cuatro familiares de Luciano (su hermana Vanesa, su madre Mónica Alegre, la abuela Marta y su compañero) según el pedido de la fiscal Celia Cejas y el visto bueno de Gustavo Banco. En esa conferencia se informó además de un juicio político iniciado a estos magistrados por parte del CELS, la APDH de La Matanza y el abogado de la familia Juan Manuel Combi, por considerar “sin justificación” el espionaje.

El delito de Luciano

El ex destacamento policial de Lomas del Mirador supo ser una dependencia de la Comisaría 8° de la zona (que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención, llamado Sheraton como ironía hotelera de los represores). El destacamento fue abierto a pedido de una serie de vecinos conectados informalmente con la policía, fundamentalmente nucleados en la asociación VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador).
Luciano Arruga había pisado ese destacamento en septiembre de 2008 cuando fue detenido de manera ilegal, ya que no se puede retener personas si no es en una cárcel o una comisaría. Según relató su hermana a lavaca, lo tuvieron en la cocina, y la misma Vanesa cuando fue a buscarlo lo escuchó gritar por los golpes que le daban. Escuchó también una amenaza: “Negro de mierda, te van a violar en la 8° y vas a aparecer en un zanjón”.
El delito de Luciano fue no aceptar ser reclutado por la policía para delinquir para la propia fuerza, en zonas liberadas.

Colgado de un gancho

A pesar de la complicidad de los jueces del caso con la policía, evidente en los escasos avances y el seguimiento de las hipótesis policiales, en la causa se da por probado que Luciano fue levantado el día de su desaparición, el 31 de enero de 2009, por un móvil policial en la esquina de Perú y Pringles, frente a la placita del Barrio 12 de octubre donde vivía. Peritajes posteriores demostraron que estuvo luego en el destacamento de Lomas del Mirador. Un testigo declaró haber visto a Luciano golpeado y ensangrentado. Mónica Alegre, su madre, relató a lavaca: “Dice que lo colgaron como de un gancho. Un preso dijo que tuvo que limpiar la sangre de las paredes y del piso”.
Mónica y Vanesa fueron al propio destacamento a denunciar que Luciano no había vuelto a casa. “Quedate tranquila que debe estar con alguna minita”, relatan que les contestaron. “Vi al mismo policía que había visto en septiembre, haciéndose el que escribía algo y sin mirarme. Apenas me dijo que cualquier novedad me llamarían”. Ese día les tomaron declaración pero no le dieron copia. Cuando volvió otro día a reclamarla, se encontró con el penetrante olor de la lavandina en medio de un metódico ataque de limpieza del destacamento.

Cómo se organiza la impunidad

Luego de los primeros 35 días en que la fiscal Castelli congeló la investigación, y garantizó gran parte de la impunidad, la familia realizó una denuncia por “inacción” y se logró pasar las actuaciones a la UFI 1° de la fiscal Celia Cejas. En poco tiempo se logró que un expediente de un cuerpo pasara a tener quince y se tomaron más de 50 declaraciones, 25 de ellas de policías. En los meses siguientes se confirmó con los sistemas de identificación policiales que un patrullero estuvo esa noche varias horas en un descampado cercano y peritajes con perros parecieron confirmar que Luciano estuvo en el patrullero y en el Destacamento. Ocho oficiales y policías del destacamento fueron removidos (los apellidos son Sotelo, Borrego, Herrera, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz) y careados entre sí. “Hubo contradicciones evidentes entre ellos, pero ninguno está preso, ninguno está procesado, y lo más terrible: siguieron trabajando como si no hubiera pasado nada”, explica Vanesa.
Recién en junio del 2011 se imputó a dos de los policías pero no por la tortura y desaparición concreta de Luciano, sino por una causa paralela que investigaba a varios efectivos por “encubrimiento”.

Promesa por la mitad

El destacamento ya contaba con una serie de denuncias por detenciones arbitrarias, amenazas y torturas para cuando Luciano fue desaparecido. Fue por eso que el intendente de La Matanza se animó a prometer que lo cerraría en tanto hubiese un solo policía imputado, y en eso cumplió.
El 5 de junio Fernando Espinoza anunció el cierre definitivo del ex destacamento de Lomas del Mirador y prometió a los familiares y amigos que les cedería el espacio. El cumplimiento de esa promesa es una de las razones por la que hoy los familiares tomaron el lugar. Vanesa: “Queremos que sea expropiado y cedido a familiares para trabajarlo junto a organizaciones que no son estatales. La idea es convertirlo en un lugar en defensa de los derechos humanos y contra la violencia institucional”.
La otra razón del acampe: “Hace 2 años acá se ha pasado el georadar, y en algunos lugares se constataron movimientos de tierra; una vez terminado el paso del georadar se tiene que hacer una investigación minuciosa que depende de un equipo antropológico forense. Lo que reclamamos es define cuál va a ser ese equipo ,y la fecha exacta de cuando comienza a trabajar”.
Vanesa, junto a familiares y amigos, anuncia que se quedarán hasta que les llegue “una propuesta seria y una garantía de que la causa avance”.