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Aislamiento y violencia machista, parte I. En la justicia: cuarentena violenta

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En lo que va del año, al menos 102 mujeres y personas trans fueron asesinadas. La mayoría de ellas, por sus parejas. Acá la primera parte del especial Aislamiento y violencia: la radiografía de la justicia.

Aislamiento y violencia machista, parte I. En la justicia: cuarentena violenta
Ilustración: Magalí Araya Villalba.

Por lavaca.org y Lucrecia Raimondi

3 de abril. Maira Alejandra Sarmiento, 22 años, es asesinada a puñaladas delante de sus hijos por su ex pareja Luis Edmundo Martínez, 55 años, en Villa Mariano Moreno, Tucumán. Venía escapando de su agresor desde hacía meses. Encontró refugio en la casa de Cecilia, su cuñada y amiga, en el barrio Las Talitas al norte de San Miguel de Tucumán. No buscaba aislamiento por la pandemia de coronavirus: escapaba de la violencia.

En una llamada que Alejandra grabó, él le anunció que la quería a matar. Ella le dijo que no lo amaba, que no quería saber nada con él, que pensara en las hijas, que la deje tranquila. Pero Martínez insistía: “Yo te voy a matar porque yo te amo. Te voy a matar y me mato con vos”, le dijo por teléfono. Alejandra fue con el audio a la comisaría de El Colmenar para hacer la denuncia. La periodista tucumana Mariana Romero reconstruyó en su cuenta de Twitter la desidia: “Con el audio, se fue a la comisaría de El Colmenar. Le dijeron que le correspondía la comisaría de Villa Mariano Moreno, así que se fue para allá. Cuando llegó, le dijeron que le correspondía la comisaría de El Colmenar. Volvió. Le dijeron que le correspondía la de la Villa. Se hartó. Hizo que le tomen la denuncia y, cuando ella la fue a firmar, se dio cuenta de que no habían puesto el nombre del agresor. «Pucha se me pasó», cuenta su amiga Cecilia que les dijo el oficial, así que la tuvo que imprimir de nuevo. No quisieron escuchar los audios. Le dijeron que ahora tenía que ir a lo que llamamos la Comisaría de la Mujer. Pero, cuenta Cecilia, casi no había personal y le dijeron que cuando terminara la cuarentena la iban a hacer que haga «tratamiento psicológico». Alejandra les dijo que más que tratamiento psicológico lo que necesitaba era custodia, pero le respondieron que eso lo tenía que ordenar «tribunales».

En los 5 días que le quedaban de vida, ella nunca supo si su causa llegó a Tribunales. La mañana del 3 de abril Martínez quebró el aislamiento obligatorio por coronavirus, volvió a Las Talitas y esperó a que Cecilia abriera el portón de su casa para entrar la moto. El femicida la empujó y entró a la vivienda. Sacó a Alejandra de los pelos a la vereda, la arrinconó y la golpeó. La arrastró 20 metros y la hirió con una cuchilla de carnicero. Cecilia pidió ayuda a los gritos, solo una vecina se acercó. Lo apartaron de un golpe en la cabeza con un ladrillo. Pero se incorporó y volvió buscar a Alejandra para darle una puñalada en el pecho. Martínez fue detenido por un vecino policía que procedió después del ataque, con Alejandra muy mal herida. Murió en la vereda, a la vista de su hija de 5 años que salió de la casa y se horrorizó por encontrar a su madre desangrándose. La fiscal Adriana Giannoni imputó a Martínez por femicidio. Dos niñas pequeñas quedaron huérfanas.

El caso de Alejandra Sarmiento muestra las fisuras de un Estado que no sabe cómo actuar para proteger a una mujer en situación de violencia. Como le pasó también a Fátima Acevedo en Paraná, que denunció y las medidas que tomó el Estado no fueron suficientes para prevenir el asesinato en manos de su ex pareja. Las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación informaron que el 87 por ciento de los femicidios que se registraron en 2019 se cometieron en el hogar.

Fuerza mayor

La cuarentena agregó así un saldo sangriento de lo que va del 2020: 102 los femicidios y travesticidios confirmados: 87 mujeres y niñas, 3 asesinatos a travestis y otras 12 de esta comunidad LGBTTI fallecidas por el abandono del Estado.

Entre el 1 de marzo y el 7 de abril fueron halladas 29 mujeres y niñas víctimas de femicidio, según el relevamiento de organizaciones sociales y ONG a partir de noticias en los medios de comunicación o publicaciones en redes sociales. En los casos de travesticidios se suma otra dificultad: los medios de comunicación muchas veces no respetan sus identidades, además de que no todos salen publicados en las noticias, lo cual hace más difícil poder reconstruir la radiografía de la situación. El número al que llegó lavaca es a partir de un trabajo territorial de consulta a la comunidad trans que entiende la baja expectativa de vida como un travesticidio social. No hay datos oficiales actuales de estos crímenes.

Desde el 20 de marzo que empezó el aislamiento obligatorio por coronavirus fueron encontradas o asesinadas casi la mitad: 17 mujeres y niñas muertas por la violencia machista. De esos hallazgos, 13 mujeres y niñas fueron asesinadas durante el período de aislamiento. Algunas convivían con su agresor, otras fueron atacadas porque sus femicidas violaron la medida preventiva. Mientras lees esta nota la espantosa lista de femicidios y travesticidios posiblemente aumente.

“Esta cuarentena obliga a muchas mujeres a estar en sus casas junto a los agresores”, dice María Inés Benítez, del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán y de la Campaña Nacional Todas Somos Lucía, y explica que cada organización difundió el teléfono de alguna de sus integrantes a quien poder llamar para tener asesoramiento o acompañamiento en situaciones de violencia. María Inés es una de las que recibe llamados: en un solo día fueron tres las mujeres que se comunicaron con ella, y cuenta que en uno de los casos tuvieron que conseguir que intervenga un móvil policial. Resume así la emergencia: “Es preocupante. Más allá de que las organizaciones tratemos de suplir, los casos han aumentado muchísimo”. Fuentes judiciales revelaron a MU que los delitos contra la propiedad son prácticamente nulos. Mientras tanto, que las denuncias telefónicas por violencia machista se mantuvieron igual o aumentaron. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron un incremento en los casos: de 1 o 2 por día a 4 o 5 por día desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la medida sanitaria. Otra de las fuentes judiciales agregó que considera que las medidas de protección que se están otorgando en este contexto se vuelven “endebles”.

A dieciséis días de que el Poder Ejecutivo Nacional decretase el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población con sus excepciones, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso en la Resolución 15/2020 que las salidas con fines de realizar las pertinentes denuncias por violencia serían permitidas para las mujeres y la comunidad LGBTTI. Ese mismo día se conoció la noticia de que el hombre que había acompañado a su cuñada a hacer una denuncia por violencia fue procesado por violar la cuarentena.

La única política pública nacional impulsada por este Ministerio en el período de aislamiento fue la iniciativa “barbijos rojos” que recibió duras críticas por no tener en cuenta que las mujeres quedaban expuestas frente a sus agresores y que las farmacias, además de no adherirse todas las federaciones que las nuclean dejando afuera a siete provincias y casi la mitad de los establecimiento de Capital, tampoco están capacitadas ni tienen la obligación de contener las demandas de auxilio. Sin contar que en muchísimos barrios a lo largo y ancho del país no hay farmacias cercanas.

Según Agustina Ciarletta, directora del espacio de la Mujer en la Legislatura porteña, el número de llamadas a la Línea 144 en la Ciudad se duplicó desde el inicio del aislamiento y explicó que el 43% son llamados de familiares y amigos de las víctimas. Cabe aclarar que las operadoras de esta línea no reciben denuncias, sino que brinda información, contención y asesoramiento a las personas que llaman. Pero frente a la situación actual de urgencia, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció hoy frente a la cámara de Diputados que en coordinación con el Ministerio de Mujeres y Géneros acordaron que todos los llamados recibidos por la línea 144 den aviso al 911 para atender las situaciones de emergencia. Además, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firmaron el lunes un convenio de cooperación para agilizar las medidas de protección judiciales en período de aislamiento. También la ministra de Justicia, Marcela Losardo, anunció que reforzaron con un número de WhatsApp la Línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar, que envía personal judicial para socorrer a las mujeres que llaman y las derivan a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para que hagan la denuncia penal.

La OVD, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está abierta las 24 horas los siete días de la semana y recibe todas las consultas de manera presencial, pero ahora atiende con una guardia reducida. El promedio habitual de denuncias que llegan a completarse -el tiempo de espera suelen ser de varias horas y muchas se van sin hacer la denuncia- es de un mínimo de 40 y un máximo de 52 casos por día; estiman que aumentarán cuando pase la emergencia sanitaria.

Durante el aislamiento obligatorio la atención es con un personal reducido y el tiempo de la entrevista que solía ser de una hora y media o dos, en cuarentena es menor. Analía Monferrer, directora de la OVD, informó a MU que del 20 de marzo al mediodía de hoy registran que recibieron un total 91 casos. Durante el aislamiento obligatorio tuvieron su pico de atenciones el 2 de abril con 11 casos. De las mujeres que se acercaron a la OVD durante el aislamiento, 36 conviven con sus agresores y en otros casos que no convivían el agresor violó la cuarentena y la restricción emitida por el juzgado de familia; todavía les resta analizar la situación de 15 casos. Monferrer atribuye la disminución de consultas al contexto de aislamiento obligatorio, y a la dificultad de circulación, pese al decreto ministerial.

La excepción fue la Provincia, que tiene la mayor densidad demográfica de todo el país. Allí se registró la mayor cantidad de femicidios. Mediante el Decreto 178/2020 publicado el 31 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se otorga al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual provincial la facultad para otorgar un subsidio que permita dar asistencia inmediata y acompañamiento a quienes estén en situación de violencia machista. El Fondo permanente especial de ayuda en la emergencia está destinado a afrontar gastos urgentes, de asistencia económica inmediata y en el lugar de los hechos, a las propias víctimas, sus familiares o las personas que acompañen la situación de crisis y emergencia.

“La pandemia nos colocó en un cono de excepcionalidad que transformó toda nuestra vida –dijo a MU Estela Díaz, a cargo de esa cartera- Veníamos planteando la estructuración de todo el Ministerio, los mecanismos para que esa transversalidad sea posible con municipios, organismos del Estado, con mesa interpoderes, y todo esto se puso ahora en función de la atención de la violencia. Es un subsidio que ayuda para la salida de la emergencia. Estamos impulsando el proceso, trabajando con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ayuda a la salida de esas situaciones, cuando necesitas irte, cuando tenes gastos porque saliste de tu casa, favorece la respuesta y se rinde por parte de los Municipios o mesas locales de manera muy simple, explicando el caso. Está pensado para casos urgentes”. El contexto en que se implementó la medida: “Estamos restableciendo las líneas de atención y estalla la cantidad de llamados en estos días”.

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

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El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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