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Alerta Venezuela: «La disputa es por los territorios»

Publicada

hace 7 años

25/01/2019

Por Emiliano Teran Mantovani en Rebelión.
Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.
Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.
Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización [1] y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.
Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc).
No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.
El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.
Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.
En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas
Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.
Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.
En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.
Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).
Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios .
Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.
En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José «Caballo» de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.
El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.
Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández , hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.
Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.
El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?
Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

*Emiliano Teran Mantovani es sociológo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)

Temas:

10 años sin Luciano Arruga: la marcha que hermana todas las luchas

UST: autogestión para surfear la crisis

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 5 días

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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hace 2 semanas

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.