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Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental

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Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes semillas trangénicas y agrotóxicos, junto al Estado nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios por la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esa fue la notificación que recibieron según una inédita demanda colectiva que les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales. 
Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas trangénicas y fabricantes de agrotóxicos ya han sido notificadas de la inédita demanda colectiva que se les sigue desde junio de 2015 por daños ambientales y morales –entre otros- producidos por lo que la presentación llama “liberación incontrolada a campo abierto de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos)”. Entre los demandados también se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Así se logró invertir la carga de prueba: «“Ahora los notificados deben contestar y presentar pruebas de que lo que hacen es inocuo” explicó a lavaca Daniel Sallaberry, uno de los abogados que impulsa la causa.
A partir de haberse notificado, las corporaciones y el Estado tienen 15 días hábiles para responder a esta demanda que solicita, por ejemplo:

  • que se ordene al Poder Ejecutivo suspender la comercialización de soja transgénica y la “liberación incontrolada” de estos productos a camp abierto,
  • que se suspenda provisionalmente la autorización de todos los eventos transgénicos hasta que exista una determinación científica sobre la inocuidad de los mismos,
  • en defensa de los consumidores, que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacado al ojo humano” de los productos alimenticios de venta masiva que contengan derivados de OGM.
  • que se suspenda en todo el país la aplicación de agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta que científicamente se demuestre la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas y la salud de los seres vivos.

Adjunta, la apelación del Fiscal Fabián Canda en la que apoya que se suspendan las fumigaciones hasta que se demuestre que no hacen daño

Sallaberry, junto a los abogados Santiago Kaplun, Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya representan a un grupo de víctimas de los efectos de las fumigaciones. Pero esas víctimas están representando a su vez a toda la ciudadanía argentina a través de la demanda colectiva o “acción de clase”  que habilita a juicios masivos, según suele ser práctica en países como Estados Unidos.
“La ‘clase’ afectada, en este caso, es toda la comunidad” explica Sallaberry: “La jueza Claudia Rodríguez Vidal reconoció a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos de los que no se conocen sus efectos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por esta matriz productiva”.

Suspensión de fumigaciones

La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza.
Pero en diciembre de 2016 el fiscal federal Fabián Canda apeló ese rechazo y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano. L apelación deberá ser resuelta por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3.
La demanda busca además condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. “Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, dice la presentación. El rol estatal en estas materias no ha cambiado desde que se inició el caso, gestión Cristina Kirchner, hasta ahora.

La demanda colectiva completa contra 14 corporaciones y el Estado por daño ambiental: DEMANDA COLECTIVA GIMENEZ A Y OTROS (v1.6f)

Cómo reparar el daño

Los demandantes exigen que se condene a las multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.

  • A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
  • En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
  • Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
  • Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización. Explica Sallaberry: “El daño punitivo ocurre cuando se daña a otro a sabiendas y sin importarle el prójimo, y la idea es que se transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan”.

El valor económico de esa sanción podría basarse en las ganancias de las multinacionales en estos años (hay estimaciones que ponen esa cifra en unos 80.000 millones de dólares) o en ideas como la de reinstalar toda la red ferroviaria argentina, que se calcula en unos 4.000 millones de dólares. Sallaberry: “No hacemos el cálculo, ya nos pasó en la Causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) en la que ante un pedido de equivalencia, propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza”.
Otro argumento del abogado: “Las empresas demandadas y el propio Estado, vía el Ministerio de Agroindustria, quieren descalifican nuestra demanda diciendo que nos oponemos a la biotecnología y su desarrollo y a los avances científicos para paliar el hambre en el mundo o bien combatir enfermedades. Nada más alejado de la realidad. La demanda no es contra la investigación científica desarrollada en laboratorio para tales fines; nuestra demanda va contra la siembra a campo abierto y sin control de 30 millones de hectáreas fuera de laboratorio o campos de experimentación, y las fumigaciones que en cada campaña derraman más de 300.000.000 de litros de agrotóxicos, o sea veneno, sobre 12.000.000 de personas de población rural.

¿Y el progreso?

Sobre el tema del progreso supuesto, Sallaberry cita directamente a la Corte Suprema: «La tutela o preservación del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.
Otra idea: “Acá se está afectando a un todo, a una comunidad. Eso no es progreso. Ni es progreso que ni siquiera podamos leer en un envase si el producto contiene transgénicos, como para al menos optar libremente si quiero o no consumir. Y si no me quedo corto, estamos hablando del 90 % de lo que comemos en el país”.
A mediados de marzo se cumplirán los días previstos para que las empresas y el Estado respondan a la notificación. “No hay estudios de impacto ambiental, son ellos los que deberían contar con pruebas sobre la inocuidad de lo que hacen. Nosotros mientras tanto hemos mostrado todos los trabajos y estudios, incluyendo los del propio Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente en 2008, en los que se plantea que el monocultivo de soja es perjudicial para el ambiente, produce desforestación, desertificación, despoblamiento”.
Entre las curiosidades del caso puede contarse que una causa de semejante envergadura, no ha tenido casi repercusión mediática. “Es que los medios convencionales promueven el modelo que estamos cuestionando en esta demanda”. En un signo de cohrencia, el silencio abarcó a los medios convencionales tanto oficialistas como opositores, de antes y de ahora.
A mediados de marzo tanto el Estado como las empresas demandadas deberían haber contestado y presentado pruebas que demuestren que no existe daño ambiental. Sallaberry: “Veremos qué hacen. Ahí va a comenzar la gran batalla”.

La nota que cuenta el caso completo en la MU 92

 

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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

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“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

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Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

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Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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