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Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena

Publicada

hace 4 años

14/06/2020

La Compañía de Tierras del Sur, nombre con el que el grupo Benetton opera en Argentina, tiene cerrado un camino vecinal y se niega a permitir que mapuches circulen por el lugar. El celebrado “derecho a transitar libremente”, burlado por una corporación que permite que otros vecinos pasen, pero no los mapuche, obligándolos a dar grandes rodeos para acceder a la ruta que va a Esquel. El conflicto se generó tras la recuperación que integrantes de pueblos originarios realizaron en la zona de El Mayoco a unos 50 kilómetros de Esquel. La zona en la que están viviendo no es propiedad de Benetton, que sí está ocupando territorio mapuche. No es la primera vez que la empresa se enfrenta con los pueblos originarios: ya lo hizo con la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y con el Lof en Resistencia Cushamen. Una crónica patagónica, para comprender un conflicto de siempre. Desde Trevelin, Chubut, por Pablo Quintana para lavaca.org.

Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena — *Maira Antieco y María Luisa Hincaleo acompañan a Matilde Jofre en el territorio recuperado por los mapuches el año pasado*.

“Nos vinimos porque ya no teníamos leña, estábamos quemando bosta de vaca para calefaccionar la casa”, dice Matilde Jofré a horas de llegar a Esquel. De nada valieron los pedidos para que sean asistidos por el plan calor desde el cercano municipio de Gualjaina porque los municipales no tienen forma de acceder por algún sendero que sea transitable para los camiones.

Matilde y su familia volvieron al territorio que habitaban sus ancestros el pasado 13 de julio del 2019. Fue cuando un grupo de mapuches hizo posesión de las tierras que antaño ocupara don Serafín Jofré, abuelo de Matilde. Es sólo una porción del territorio que formaba parte de una de las grandes extensiones de reserva mapuche que hayan existido en la región y que, cómo siempre aconteció en estos casos, lo que el Estado otorgó el privado se lo adueño. Pero siempre con el consentimiento de las diversas gestiones gubernamentales.

La madre de Matilde, doña Isabel Carmen, nació y se crió en ese campo, en una casa de adobe que aún sigue en pie como testimonio mudo de una historia que va desde el despojo hasta la reivindicación. Ayer fue la pérdida del territorio, hoy es el regreso a sus orígenes.

El retorno al terruño que la vio nacer, con sus más de setenta años, no es sencillo. El camino natural que históricamente fue utilizado por los pobladores de la región, lo que hoy se conoce como la ex Ruta 40-25, está cerrado con tranquera y candado. Es parte de la vieja traza que unía Gualjaina con toda la Comarca Andina.

Ponele candado

Desde que se hizo el nuevo trayecto de la ruta para llegar a Gualjaina y se dividió el camino, al que ya había sido construido por el Estado y quedó en desuso, se lo apropió Benetton. Colocó tranquera y selecciona quien puede transitar por él. Ese viejo recorrido además tenía como propósito unir asentamientos por donde pasaba el tren. Allí, cerquita nomás, está la estación de El Mayoco.

Si los mapuches pudieran transitar libremente por el lugar, sólo 20 kilómetros los separarían del camino pavimentado que conduce a Esquel. Pero la tranquera y su candado con llave, que están en mano de la Compañía Tierras del Sur, impiden ese atajo. Entonces la travesía se transforma en tres horas de caminata o un poco menos en caso de conseguir los caballos que les ceden Zoila y Victoria, vecinas del lugar. La cabalgata conduce a Matilde y los suyos hasta dar con el Renault 9 que suele quedar en Costa de Lepá. Una vez en ese poblado, en auto podrá conducirse finalmente hasta Esquel. Claro que ese periplo suma un total de 50 kilómetros de más en el recorrido y una interminable vuelta que podría evitarse.

Doña Carmen Isabel fue operada recientemente de sus rodillas y las dolencias se suman a su diabetes. Ya no tiene esos 8 años que la vieron correr por ese mismo campo de pequeña. En este retorno, además de su familia, se suman sus 73 años.

Matilde, su hija, sufre de artritis reumatoide. Una enfermedad que le causas dolores, inflamación, rigidez y pérdida de la función en sus articulaciones. Ambas necesitan de compañía para trasladarse. Es por esto que diversas gestiones se realizaron y muchos actores tomaron intervención sin que una simple solución pusiera fin al conflicto.

En la Patagonia la colocación de tranqueras en caminos vecinales, en este caso, no es una salvedad. La tendencia a cercenar el libre tránsito bien podría entenderse como el resguardo que algunos propietarios pretenden hacer de sus respectivos animales o simplemente sus propiedades. Pero se torna incomprensible cuando de espacios públicos o cuestiones humanitarias se trata.

El caso más emblemático quizás sea el pretendido acceso a Lago Escondido en Rio Negro. Desde los “90 el octogenario poseedor de la sexta fortuna del Reino Unido, Joseph Lewis -como lo presenta Gonzalo Sánchez en el libro “La Patagonia Vendida”-, se niega a permitir la circulación por el camino que conduce hasta el espejo de agua. Ni los fallos judiciales han podido con esa negativa.

Pero no hace falta cruzar el distrito provincial. Chubut tiene lo suyo. La metodología tiene claros ejemplos en esta parte de la Patagonia.

En febrero del 2001 el diario El Chubut publicó una serie de notas que tenía como eje la explotación irracional que se llevó a cabo a mediados de los ‘90 en el paraje conocido como Rincón del Aceite en el corazón de la cordillera. Uno de los artículos rezaba en su título “Candado y tranquera para un puente sobre el río Hielo”. La crónica relata cómo el puente que fue edificado por Vialidad Provincial a unos 10 kilómetros de la ruta que une Trevelin con Corcovado y que era una demanda de pobladores de la zona, se concretó finalmente por gestiones de la empresa forestal del empresario Sánchez Cabezudo y que realizó desastres en esa zona boscosas. El puente de unos 64 metros de largo fue construido entre 1996 y 1997 sobre él único camino que conduce al lugar y contaba no sólo con tranquera sino con candado en uno de sus extremos. Es el mismo lugar que hoy conduce, no sólo a donde se realizó una de las explotaciones forestales más espantosas de los últimos tiempos, sino a la propiedad que se hizo el ex vicegobernador Mario Vargas bajo la gestión del fallecido Mario Das Neves. Un título de propiedad que generó diversas polémicas por tratarse de una zona de frontera.

La ocupación de espacios públicos viene de hace tiempo y cada vez han ido cercenando más lugares claves para pobladores y lugareños.

En su ambición por marcar territorio, el alambrado y las tranqueras de Benetton no han tenido límite. A la polémica en la zona de El Mayoco hay que sumar varias tranqueras que impiden la circulación de quienes transiten por la región. Hay una en cercanía del arroyo La Cancha, a unos pocos kilómetros del cruce a Gualjaina, que impide llegar a esa estación si se quisiera acceder desde la ruta que hoy une Esquel con El Bolsón. En esa misma dirección esta la que le cierra el paso a la gente, con la excepción de a quienes la Compañía les clava el visto bueno. Si se sigue la ruta hacia Leleque (desde Esquel hacia El Bolsón), se puede observar hacia mano derecha al cruzar el puente El Mayoco.

Pero el dato más insólito son los portones de campo sobre los rieles del ferrocarril. Una serie de tranqueras cruzan las estrechas vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, algunas de las cuales fueron quitadas después que quedaran en evidencia. Hoy la atracción turística que en otros tiempos sirvió como transporte para unir los más de 400 kilómetros que separan Esquel de Ingeniero Jaccobacci, realiza un recorrido que sólo llega hasta el Nahuelpan. Pero en algunas oportunidades suele ir hasta El Maitén, donde están los talleres del ferrocarril o bien cuando se realizan viajes turísticos extraordinarios. En esos caso el tren de trocha angosta más austral del mundo, aún en funcionamiento, debe sortear las tranqueras que estuvieron en cada una de las estaciones: La Cancha, Montoso, Mayoco, Lepa y Leleque.

A lo largo del territorio ocupado por Benetton las vías cruzaban históricamente los denominados guardaganados o barrera canadiense, esos vallados que sirven como confinamiento de animales en sus respectivos cuadros o parcela. Pero desde hace un tiempo no bastó con los guardaganados sino que se impusieron las tranqueras de hierro y con candados.

El legendario maquinista del tren, Carlos Agüero recordó cómo el 15 de agosto del año pasado el ferrocarril se “terminó llevando puesta una de las tranqueras”. En ese momento el tren llegó hasta Lepá, cruzaron dos, una a la altura del aeropuerto de Esquel y otra en el km 3,5, aproximadamente. A la restante no la chocaron porque estaba abierta. Era un recorrido para verificar el estado de los carriles previo al charter que el tren iba a realizar días después con turistas que visitaban la región.

Es curioso pero de acuerdo a las normas técnicas de transporte ferroviario y su reglamento interno, las inspecciones a la que es sometido el histórico tren de Esquel se realizan cada año. Los inspectores controlan el estado del ferrocarril, el de las vías, la cartelería, etc. Sin embargo, algunas de las tranqueras de Benetton continúan obstruyendo ese recorrido.

En el 2016 cuando se produjo la recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia Cushamen, los medios y funcionarios pusieron el grito en el cielo en el momento en que los mapuches cortaron las vías del ferrocarril y exigían una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto. Sólo hubo dos encuentros que parecían prometedores. Uno en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala y otra en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las negociaciones tuvieron un abrupto desenlace después que el gobierno provincial de Mario Das Neves pusiera punto final a las negociaciones. Tras esa medida se produjo una importante represión por parte de Gendarmería Nacional ordenada por el juez federal Guido Otranto. Una de las tantas que fueron el presagio de lo que más tarde sucedería con la desaparición de Santiago Maldonado.

En ese momento primaba la importancia del tren, la disponibilidad del libre tránsito de un camino que es público y propiedad del Estado.

Al parecer en la actualidad, ni siquiera valdría su designación como Monumento Histórico Nacional que fue impuesto por decreto presidencial, tras la iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos el Viejo Expreso Patagónico. La medida establece que, en teoría, el tren estaría protegido de manera especial, tanto su infraestructura como su material rodante y sus estaciones. En la práctica, las tranqueras de la multinacional desestiman esas medidas.

En nuestro país hace tiempo que estancieros y chacareros pusieron alambres a sus campos para delimitar sus propiedades. En los inicios fueron alentados por Domingo Sarmiento -el mismo que sentía una repugnancia por los salvajes de estas tierras-. Los alambrados se remontan al año 1845 cuando Ricardo Newton lo introdujo y Francisco Halbach se convirtió en el primero en alambrar todo el perímetro de su estancia “Los Remedios”. Eran la contracara de lo que vivían los pueblos originarios, que como los definiera fray Félix de Amberga “los mapuches vivían en un estado de “comunismo primitivo”“. Según se puede leer en el libro “Los mapuche y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación”, del biólogo y psicólogo Julio Paillalef.

Lo que pareciera estar claro es que la lógica de la propiedad privada no sabe de cuestiones humanitarias, que como en el caso de Matilde, una persona con discapacidad, necesita de una rápida comunicación con Esquel que, sin afectar la actividad productiva de la multinacional, hace aún más inexplicable la cerrazón frente a la demanda.

El bis de Mac Donald

“Hablé personalmente con MacDonald en su casa de Esquel”, recuerda Matilde. Pero el hombre que lleva nombre de bufón contestó lacónicamente: “No voy a responder nada de manera verbal, envíe una nota”. La negativa era un hecho.

Matilde, desde que logró habitar la tierra que heredara de su bisabuelo Don Serafín Jofre, hizo cuanto pedido estuviera a su alcance. De puño y letra redactó una nota para que le permitieran acceder a una llave de la tranquera y poder transitar libremente por el camino público y asegurar un regreso a Esquel rápido y seguro.

El pedido para transitar tiene visos de ruego. “Hay veces que salimos con urgencia por nuestras inyecciones y también tengo una nieta de seis meses y de vez en cuando me visita y si por casualidad o de imprevisto o se llegase a enfermar tenemos hasta Costa de Lepa 6 horas caminando (sic)”, expresa la misiva.

“Es por ese motivo que necesitaría, tenga la amabilidad, de facilitarme una copia para poder usar ese camino vecinal, – y añade- también me comprometo a mantener cerrada la tranquera y también a respetar los requisitos que usted ponga”. Para finalmente expresar: “Sólo le pido que contemple el pedido que le estoy haciendo”.

La respuesta fue tan sucinta como previsible. El caporal de Benetton en el corazón de la Patagonia Argentina, el mismo que lleva el nombre del payaso de una importante cadena de comida chatarra, Ronald Mac Donald escribió: “en relación a su requerimiento de llave para ingresar y transitar por el establecimiento de propiedad de Compañía de Tierras (…) informar sobre la imposibilidad de acceder a lo peticionado”.

Por el contrario, la respuesta más efectiva fue la persecución judicial. La multinacional la denunció por presunto hechos de abigeato. Y volvía a cumplirse aquello de “se pierde un animal, fueron los mapuches”. Es cierto que se intentaron diversos medios para poder circular a través del camino público, como colocar una tranquera paralela, que inmediatamente fue desmantelada por la Compañía. Tiraron los postes y fueron colocados nuevos alambres. Nada resultó para hacer más corto el camino. Según relata la propia Matilde hasta en la propia policía les advirtieron que si eran “reprimidos” por el “personal” de la firma Benetton al intentar transitar por el camino vedado, “estarían en todo su derecho”.

Frente a la denuncia montada por la multinacional, el accionar del estado fue efectivo y sin demasiadas vueltas. El allanamiento que realizaron miembros de la policía provincial se cumplió de manera inmediata y en el que probablemente usaron la ex ruta 25-40, para acceder a la propiedad de la familia Jofré. Del procedimiento, llevado a cabo por los hombres de azul, se llevaron herramientas e inclusive cubiertos de la vivienda, que hasta el momento de escribir esta crónica no pudieron ser recuperadas.

Sin embargo, diálogo no ha faltado, o al menos ese ha sido el intento. En setiembre del año pasado se organizó un encuentro al que concurrieron diversos actores. Tuvo lugar en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Estuvieron todos o casi todos. Desde Soledad Amigorena, la jueza de paz de Gualjaina; Rubén Saihueque de la Dirección de Asuntos Indígenas Provinciales; Julián Fernández por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Humberto Galván por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC); integrantes de la Defensoría Pública; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pobladores de las comunidad indígena de la región, entre otros. Pero a los encuentros le faltaban personajes importantes. El terrateniente italiano o algunos de sus séquitos no estuvieron en ese cónclave desde donde surgió la necesidad imperiosa de la construcción de mesas de diálogos con la intervención de organismos competentes.

Lo cierto es que no hay entidad gubernamental que no esté al tanto de esta situación de aislamiento. Que no es por Covid-19 ni cuestión semejante. Sino como medida arbitraria y deshumanizada por parte del grupo italiano.

En febrero de este año una nota llegó al despacho de Magdalena Odarda, la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eusebio Antieco, kona de la comunidad Newentuaiñ Iñchiñ de Costa de Lepa, firma la misiva. El motivo era informar sobre la situación que están viviendo familias de la zona “por el cierre de la ruta nacional 40 alternativa (camino vecinal). Este cierre de paso se llevó a cabo por la compañía de tierras del sur (Benetton) y resulta perjudicial para la comunidad”, según reza la nota.

El texto agrega que “se ha pedido por escrito a esta misma compañía por la libre circulación de este camino y los señores Ronal Macdonald y Gustavo Eduardo Rigiani han manifestado su negativa (sic)”.

Flojo de papeles

La impresionante extensión que posee la multinacional italiana, superando las 900 mil hectáreas en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en la donación de título que en 1896 realizará el por entonces presidente José Evaristo Uriburu cuando cedió todo ese territorio a diez estancieros ingleses y se conoció como La Compañía.

El 27 de mayo 2004 el abogado Gustavo Macayo en su alegado durante el juicio que la multinacional le inició a los integrantes de la comunidad Santa Rosa Leleque expuso “lo flojo” de papeles que estaba Benetton.

Macayo describió cómo el Estado argentino cedió, vendió y transfirió diez estancias, entre las cuales estaban incluida la estancia Leleque, la de El Maiten, la de Lepa, entre otras, hasta llegar a siete en territorio chubutense. Su totalidad suman entre sí la impactante cifra de 630 mil hectáreas, sólo en esta provincia. Las restantes se encuentran en Neuquén y otra en Río Negro.

En el marco de ese juicio Macayo puso en evidencia los certificados del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chubut que poseía la multinacional. En uno, por la estancia denominada Leleque, y otro, por la estancia denominada Lepa (con 96 mil y 86 mil hectáreas, aproximadamente y de manera respectiva), el certificado de dominio esgrimía que estaría sujeto a la obligación de mensurar. Es decir, territorios que nunca fueron mensurados, eso sí, bien alambrados.

Es necesario recordar que el imperio territorial de Luciano Benetton se terminó por constituir entre 1991 y 1997, después que esa inmensa porción de tierra pasara por otra mano, como la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina.

Los pesares de Matilde llegaron hasta el despacho del actual presidente Alberto Fernández. En una nota que también lleva la firma de Antieco se explica la situación al primer mandatario. Allí se detallan los derroteros que han tenido los pueblos originarios en la región. “Las tierras fueron arrebatas a nuestro pueblo mapuche-tehuelche por el estado nacional a partir de 1897, después de la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, iniciando un período de despojo que aún continua. Los reclamos formales por las usurpaciones de nuestros territorios comenzaron en 1948 a través de una nota al Director de Protección Aborigen de la Nación (18 de noviembre de 1948). Dicha nota inició una larga lista de reclamos formales en los niveles provincial y nacional que nunca fueron respondidos”.

Pero aclara, poniendo nombre y apellido al despojo, que “entre quienes han usurpado nuestro

territorio la Compañía Tierras del Sur Argentino SA es la que más extensión ha ocupado, clausurando caminos vecinales que impiden la circulación necesaria para nuestra subsistencia y buen vivir. Esta compañía se ha negado sistemáticamente a dialogar para establecer acuerdos con la comunidad, desconociendo nuestra preexistencia”.

El primer kona Lof Newentuaiñ Iñchiñ remata la misiva aclarando que “para garantizar la vida en nuestros territorios es fundamental el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad. En ese sentido, le solicitamos que asuma políticas que defiendan nuestros territorios y bienes comunes del saqueo y la contaminación y que implemente la Consulta libre, previa e informada a nuestros pueblos. En la meseta estamos en resistencia, por el No a la megaminería y el sí a la vida”.

Celebrar lo sucedido y lo que sucederá

A pocos meses de haber recuperado el lugar, se iniciaron todos los preparativos para celebrar lo sucedido y lo que fuera a suceder. Apenas comenzó el mes de mayo se ultimaron detalles y fieles a su cultura, se fueron trazando los preparativos para iniciar una rogativa ancestral. Matilde y los suyos agradecieron y pidieron que las fuerzas de la naturaleza les asistieran. Antes del amanecer del 2 de mayo pasado, en ese recóndito lugar de la meseta chubutense, los protagonistas de la recuperación iniciaron el nguillatun para recibir el newen (fuerzas de la naturaleza), todos en semicírculos alrededor del rewe (lugar sagrado). Agradeciendo, a través de la ceremonia, lo sucedido y por lo que vaya a acontecer.

El campo donde está Matilde es parte de una recuperación aún mayor que comenzó enCosta del Lepa el 13 de julio de 2019, más precisamente a orilla de la Escuela N° 99. El edificio escolar lleva por nombre “Manuel y Zenón Antieco” en memoria de los dos hermanos que sobrevivieron a la matanza de Roca y la llamada Campaña del Desierto, que luego cobijaron en esos territorios a diversas familias mapuches.

Un mes más tarde, el 14 de agosto se desarrolló la recuperación en la zona de El Mayoco, allí donde Matilde y los suyos se reencuentran con sus ancestros.

Volver a ocupar el territorio no fue un acto que se efectuó de la noche a la mañana. Eusebio Antieco había notificado y advertido al particular que explotaba ese campo de las irregularidades que afrontaba su posesión. Pero los planteos nunca fueron respondidos. Entonces llegó la recuperación.

La historia de la región habla del despojo y la persecución a la que fueron sometidos los mapuches. Los reclamos tienen registro que vienen desde 1948, a pesar que desde el ’42 en la región se creó lo que se denominó la reserva indígena de la Colonia Gualjaina, que junto a la Colonia Cushamen fueron dos de los asentamientos más grandes de la región. Los reclamos por la restitución territorial figuran en expedientes de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Un territorio al que fueron a parar inclusive los desalojados de la reserva Nahuelpan en 1937, en cercanías de Esquel. El trabajo realizado por la doctora María Alma Tozzini (CONICET), permite reconstruir parte de esa historia negada. Convocada en el 2008 por la Oficina de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Ministerio Público de la Defensa de Esquel Tozzini coordinó una pericia interdisciplinaria en el marco del juicio por usurpación que un particular le seguía a un poblador indígena. Su trabajo fue clave.

Además de reconstruir el linaje de los Antieco, Tozzini puso en evidencia la presencia de los mapuches en ese corazón de la meseta. En el repaso de la documentación queda también en claro, por ejemplo, cómo por entonces (década del “40), la Compañía de Tierras del Sud Argentino operaba en Buenos Aires para que las personas desalojadas de Nahuelpan fueran reubicadas en Colonia Gualjaina y no en Colonia Cushamen. La Compañía temía que esas personas, ante la falta de tierras suficientes pusiera en juego las generosas extensiones que le había otorgado el Estado.

Lo cierto es que el 18 de mayo de 1942 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ramón Antonio Castillo mediante decreto ordenó la reserva “con fines de utilidad pública con destino a la concentración de indígenas argentinos”. Así lo señala, de manera textual. Para ese fin se destinaron 74.432 hectáreas. “Hoy no llegan a 6 mil hectáreas las que son usufructuada por los mapuches. Hay un robo que se fue cobijando a lo largo del tiempo”, nos aclara Eusebio Antieco.

Ni siquiera la constitución del estado provincial trajo soluciones en ese sentido. Más bien las profundizó. La ausencia de políticas desde 1954 fueron una constante hasta nuestros días, teniendo al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC) como un actor fundamental en el despilfarro de tierras. Lo que ayer eran reservas o colonias indígenas, comenzaron a transformarse en tierras fiscales y luego en propiedades privadas.

Bajo el primer gobierno del fallecido Mario Das Neves hubo un intento de desalojo por parte del estado chubutese. La iniciativa allá por el 2003 del ex gobernador justicialista, que negaba la pre-existencia del pueblo mapuche en la zona de Costa de Lepa, no prosperó.

“Hemos gestionado ante todas las autoridades. Inclusive hasta con el actual gobernador Mariano Arcioni que anduvo por la zona inaugurando una parada de colectivo”, añade Eusebio Antieco. Es entonces cuando lanza un presagio y vaticina que “si el Estado no se pone los pantalones y empieza a impartir verdadera justicia esto será un descontrol cada vez más”.

El hombre, por cuyo ADN corren las guías genéticas que lo conducen hasta su bisabuelo Manuel Antieco, sostiene que “las comunidades somos olvidadas porque el mismo Estado nos tiene olvidado”.

Don Serafín Jofré se ahorcó y puso fin a su vida en el campo donde vio crecer parte de su familia. En esas mismas tierras descansan sus restos. Los terratenientes del lugar comenzaron una serie de aprietes por presuntas deudas que habría adquirido a partir de los pastajes (un término que ni siguiera figura en el diccionario de la RAE), pero que quizás explique la incapacidad para comprender que podían tener los paisanos frente al avance de foráneos que comenzaban a disputar el territorio a integrantes de los pueblos originarios. Así como las deudas generadas en los boliches por la compra de mercaderías, incluido el alcohol, se transformaron en posesiones de tierras por parte de los presuntos acreedores, “la deuda de pastaje”, fue en la misma sintonía. Al día de hoy existe, por ejemplo, confusión en cuanto a los contratos de pastaje o pastoreo. Lo acorralaron exigiéndoles animales y hectáreas. “Eran personas indigentes que no se sabían explicar”, rememora hoy su bisnieta Matilde.

El territorio de Don Serafín se extendía por más de 1200 hectáreas que se fueron perdiendo a partir del reclamo de aquellas presuntas deudas.

En el 2001 se había extendido un “Permiso Precario de Ocupación” a Oscar Bestene de las 650 hectáreas que formaban parte del territorio del mapuche que años atrás se había quitado la vida. Son esas tierras las que hoy vuelven a recuperar sus descendientes. El mismo terruño donde hoy descansan sus restos.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: