Nota

Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena

Publicada

hace 5 años

14/06/2020

La Compañía de Tierras del Sur, nombre con el que el grupo Benetton opera en Argentina, tiene cerrado un camino vecinal y se niega a permitir que mapuches circulen por el lugar. El celebrado “derecho a transitar libremente”, burlado por una corporación que permite que otros vecinos pasen, pero no los mapuche, obligándolos a dar grandes rodeos para acceder a la ruta que va a Esquel. El conflicto se generó tras la recuperación que integrantes de pueblos originarios realizaron en la zona de El Mayoco a unos 50 kilómetros de Esquel. La zona en la que están viviendo no es propiedad de Benetton, que sí está ocupando territorio mapuche. No es la primera vez que la empresa se enfrenta con los pueblos originarios: ya lo hizo con la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y con el Lof en Resistencia Cushamen. Una crónica patagónica, para comprender un conflicto de siempre. Desde Trevelin, Chubut, por Pablo Quintana para lavaca.org.

Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena — *Maira Antieco y María Luisa Hincaleo acompañan a Matilde Jofre en el territorio recuperado por los mapuches el año pasado*.

“Nos vinimos porque ya no teníamos leña, estábamos quemando bosta de vaca para calefaccionar la casa”, dice Matilde Jofré a horas de llegar a Esquel. De nada valieron los pedidos para que sean asistidos por el plan calor desde el cercano municipio de Gualjaina porque los municipales no tienen forma de acceder por algún sendero que sea transitable para los camiones.

Matilde y su familia volvieron al territorio que habitaban sus ancestros el pasado 13 de julio del 2019. Fue cuando un grupo de mapuches hizo posesión de las tierras que antaño ocupara don Serafín Jofré, abuelo de Matilde. Es sólo una porción del territorio que formaba parte de una de las grandes extensiones de reserva mapuche que hayan existido en la región y que, cómo siempre aconteció en estos casos, lo que el Estado otorgó el privado se lo adueño. Pero siempre con el consentimiento de las diversas gestiones gubernamentales.

La madre de Matilde, doña Isabel Carmen, nació y se crió en ese campo, en una casa de adobe que aún sigue en pie como testimonio mudo de una historia que va desde el despojo hasta la reivindicación. Ayer fue la pérdida del territorio, hoy es el regreso a sus orígenes.

El retorno al terruño que la vio nacer, con sus más de setenta años, no es sencillo. El camino natural que históricamente fue utilizado por los pobladores de la región, lo que hoy se conoce como la ex Ruta 40-25, está cerrado con tranquera y candado. Es parte de la vieja traza que unía Gualjaina con toda la Comarca Andina.

Ponele candado

Desde que se hizo el nuevo trayecto de la ruta para llegar a Gualjaina y se dividió el camino, al que ya había sido construido por el Estado y quedó en desuso, se lo apropió Benetton. Colocó tranquera y selecciona quien puede transitar por él. Ese viejo recorrido además tenía como propósito unir asentamientos por donde pasaba el tren. Allí, cerquita nomás, está la estación de El Mayoco.

Si los mapuches pudieran transitar libremente por el lugar, sólo 20 kilómetros los separarían del camino pavimentado que conduce a Esquel. Pero la tranquera y su candado con llave, que están en mano de la Compañía Tierras del Sur, impiden ese atajo. Entonces la travesía se transforma en tres horas de caminata o un poco menos en caso de conseguir los caballos que les ceden Zoila y Victoria, vecinas del lugar. La cabalgata conduce a Matilde y los suyos hasta dar con el Renault 9 que suele quedar en Costa de Lepá. Una vez en ese poblado, en auto podrá conducirse finalmente hasta Esquel. Claro que ese periplo suma un total de 50 kilómetros de más en el recorrido y una interminable vuelta que podría evitarse.

Doña Carmen Isabel fue operada recientemente de sus rodillas y las dolencias se suman a su diabetes. Ya no tiene esos 8 años que la vieron correr por ese mismo campo de pequeña. En este retorno, además de su familia, se suman sus 73 años.

Matilde, su hija, sufre de artritis reumatoide. Una enfermedad que le causas dolores, inflamación, rigidez y pérdida de la función en sus articulaciones. Ambas necesitan de compañía para trasladarse. Es por esto que diversas gestiones se realizaron y muchos actores tomaron intervención sin que una simple solución pusiera fin al conflicto.

En la Patagonia la colocación de tranqueras en caminos vecinales, en este caso, no es una salvedad. La tendencia a cercenar el libre tránsito bien podría entenderse como el resguardo que algunos propietarios pretenden hacer de sus respectivos animales o simplemente sus propiedades. Pero se torna incomprensible cuando de espacios públicos o cuestiones humanitarias se trata.

El caso más emblemático quizás sea el pretendido acceso a Lago Escondido en Rio Negro. Desde los “90 el octogenario poseedor de la sexta fortuna del Reino Unido, Joseph Lewis -como lo presenta Gonzalo Sánchez en el libro “La Patagonia Vendida»-, se niega a permitir la circulación por el camino que conduce hasta el espejo de agua. Ni los fallos judiciales han podido con esa negativa.

Pero no hace falta cruzar el distrito provincial. Chubut tiene lo suyo. La metodología tiene claros ejemplos en esta parte de la Patagonia.

En febrero del 2001 el diario El Chubut publicó una serie de notas que tenía como eje la explotación irracional que se llevó a cabo a mediados de los ‘90 en el paraje conocido como Rincón del Aceite en el corazón de la cordillera. Uno de los artículos rezaba en su título “Candado y tranquera para un puente sobre el río Hielo”. La crónica relata cómo el puente que fue edificado por Vialidad Provincial a unos 10 kilómetros de la ruta que une Trevelin con Corcovado y que era una demanda de pobladores de la zona, se concretó finalmente por gestiones de la empresa forestal del empresario Sánchez Cabezudo y que realizó desastres en esa zona boscosas. El puente de unos 64 metros de largo fue construido entre 1996 y 1997 sobre él único camino que conduce al lugar y contaba no sólo con tranquera sino con candado en uno de sus extremos. Es el mismo lugar que hoy conduce, no sólo a donde se realizó una de las explotaciones forestales más espantosas de los últimos tiempos, sino a la propiedad que se hizo el ex vicegobernador Mario Vargas bajo la gestión del fallecido Mario Das Neves. Un título de propiedad que generó diversas polémicas por tratarse de una zona de frontera.

La ocupación de espacios públicos viene de hace tiempo y cada vez han ido cercenando más lugares claves para pobladores y lugareños.

En su ambición por marcar territorio, el alambrado y las tranqueras de Benetton no han tenido límite. A la polémica en la zona de El Mayoco hay que sumar varias tranqueras que impiden la circulación de quienes transiten por la región. Hay una en cercanía del arroyo La Cancha, a unos pocos kilómetros del cruce a Gualjaina, que impide llegar a esa estación si se quisiera acceder desde la ruta que hoy une Esquel con El Bolsón. En esa misma dirección esta la que le cierra el paso a la gente, con la excepción de a quienes la Compañía les clava el visto bueno. Si se sigue la ruta hacia Leleque (desde Esquel hacia El Bolsón), se puede observar hacia mano derecha al cruzar el puente El Mayoco.

Pero el dato más insólito son los portones de campo sobre los rieles del ferrocarril. Una serie de tranqueras cruzan las estrechas vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, algunas de las cuales fueron quitadas después que quedaran en evidencia. Hoy la atracción turística que en otros tiempos sirvió como transporte para unir los más de 400 kilómetros que separan Esquel de Ingeniero Jaccobacci, realiza un recorrido que sólo llega hasta el Nahuelpan. Pero en algunas oportunidades suele ir hasta El Maitén, donde están los talleres del ferrocarril o bien cuando se realizan viajes turísticos extraordinarios. En esos caso el tren de trocha angosta más austral del mundo, aún en funcionamiento, debe sortear las tranqueras que estuvieron en cada una de las estaciones: La Cancha, Montoso, Mayoco, Lepa y Leleque.

A lo largo del territorio ocupado por Benetton las vías cruzaban históricamente los denominados guardaganados o barrera canadiense, esos vallados que sirven como confinamiento de animales en sus respectivos cuadros o parcela. Pero desde hace un tiempo no bastó con los guardaganados sino que se impusieron las tranqueras de hierro y con candados.

El legendario maquinista del tren, Carlos Agüero recordó cómo el 15 de agosto del año pasado el ferrocarril se “terminó llevando puesta una de las tranqueras”. En ese momento el tren llegó hasta Lepá, cruzaron dos, una a la altura del aeropuerto de Esquel y otra en el km 3,5, aproximadamente. A la restante no la chocaron porque estaba abierta. Era un recorrido para verificar el estado de los carriles previo al charter que el tren iba a realizar días después con turistas que visitaban la región.

Es curioso pero de acuerdo a las normas técnicas de transporte ferroviario y su reglamento interno, las inspecciones a la que es sometido el histórico tren de Esquel se realizan cada año. Los inspectores controlan el estado del ferrocarril, el de las vías, la cartelería, etc. Sin embargo, algunas de las tranqueras de Benetton continúan obstruyendo ese recorrido.

En el 2016 cuando se produjo la recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia Cushamen, los medios y funcionarios pusieron el grito en el cielo en el momento en que los mapuches cortaron las vías del ferrocarril y exigían una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto. Sólo hubo dos encuentros que parecían prometedores. Uno en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala y otra en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las negociaciones tuvieron un abrupto desenlace después que el gobierno provincial de Mario Das Neves pusiera punto final a las negociaciones. Tras esa medida se produjo una importante represión por parte de Gendarmería Nacional ordenada por el juez federal Guido Otranto. Una de las tantas que fueron el presagio de lo que más tarde sucedería con la desaparición de Santiago Maldonado.

En ese momento primaba la importancia del tren, la disponibilidad del libre tránsito de un camino que es público y propiedad del Estado.

Al parecer en la actualidad, ni siquiera valdría su designación como Monumento Histórico Nacional que fue impuesto por decreto presidencial, tras la iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos el Viejo Expreso Patagónico. La medida establece que, en teoría, el tren estaría protegido de manera especial, tanto su infraestructura como su material rodante y sus estaciones. En la práctica, las tranqueras de la multinacional desestiman esas medidas.

En nuestro país hace tiempo que estancieros y chacareros pusieron alambres a sus campos para delimitar sus propiedades. En los inicios fueron alentados por Domingo Sarmiento -el mismo que sentía una repugnancia por los salvajes de estas tierras-. Los alambrados se remontan al año 1845 cuando Ricardo Newton lo introdujo y Francisco Halbach se convirtió en el primero en alambrar todo el perímetro de su estancia “Los Remedios”. Eran la contracara de lo que vivían los pueblos originarios, que como los definiera fray Félix de Amberga “los mapuches vivían en un estado de “comunismo primitivo»“. Según se puede leer en el libro “Los mapuche y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación”, del biólogo y psicólogo Julio Paillalef.

Lo que pareciera estar claro es que la lógica de la propiedad privada no sabe de cuestiones humanitarias, que como en el caso de Matilde, una persona con discapacidad, necesita de una rápida comunicación con Esquel que, sin afectar la actividad productiva de la multinacional, hace aún más inexplicable la cerrazón frente a la demanda.

El bis de Mac Donald

“Hablé personalmente con MacDonald en su casa de Esquel”, recuerda Matilde. Pero el hombre que lleva nombre de bufón contestó lacónicamente: “No voy a responder nada de manera verbal, envíe una nota”. La negativa era un hecho.

Matilde, desde que logró habitar la tierra que heredara de su bisabuelo Don Serafín Jofre, hizo cuanto pedido estuviera a su alcance. De puño y letra redactó una nota para que le permitieran acceder a una llave de la tranquera y poder transitar libremente por el camino público y asegurar un regreso a Esquel rápido y seguro.

El pedido para transitar tiene visos de ruego. “Hay veces que salimos con urgencia por nuestras inyecciones y también tengo una nieta de seis meses y de vez en cuando me visita y si por casualidad o de imprevisto o se llegase a enfermar tenemos hasta Costa de Lepa 6 horas caminando (sic)”, expresa la misiva.

“Es por ese motivo que necesitaría, tenga la amabilidad, de facilitarme una copia para poder usar ese camino vecinal, – y añade- también me comprometo a mantener cerrada la tranquera y también a respetar los requisitos que usted ponga”. Para finalmente expresar: “Sólo le pido que contemple el pedido que le estoy haciendo”.

La respuesta fue tan sucinta como previsible. El caporal de Benetton en el corazón de la Patagonia Argentina, el mismo que lleva el nombre del payaso de una importante cadena de comida chatarra, Ronald Mac Donald escribió: “en relación a su requerimiento de llave para ingresar y transitar por el establecimiento de propiedad de Compañía de Tierras (…) informar sobre la imposibilidad de acceder a lo peticionado”.

Por el contrario, la respuesta más efectiva fue la persecución judicial. La multinacional la denunció por presunto hechos de abigeato. Y volvía a cumplirse aquello de “se pierde un animal, fueron los mapuches”. Es cierto que se intentaron diversos medios para poder circular a través del camino público, como colocar una tranquera paralela, que inmediatamente fue desmantelada por la Compañía. Tiraron los postes y fueron colocados nuevos alambres. Nada resultó para hacer más corto el camino. Según relata la propia Matilde hasta en la propia policía les advirtieron que si eran “reprimidos” por el “personal” de la firma Benetton al intentar transitar por el camino vedado, “estarían en todo su derecho”.

Frente a la denuncia montada por la multinacional, el accionar del estado fue efectivo y sin demasiadas vueltas. El allanamiento que realizaron miembros de la policía provincial se cumplió de manera inmediata y en el que probablemente usaron la ex ruta 25-40, para acceder a la propiedad de la familia Jofré. Del procedimiento, llevado a cabo por los hombres de azul, se llevaron herramientas e inclusive cubiertos de la vivienda, que hasta el momento de escribir esta crónica no pudieron ser recuperadas.

Sin embargo, diálogo no ha faltado, o al menos ese ha sido el intento. En setiembre del año pasado se organizó un encuentro al que concurrieron diversos actores. Tuvo lugar en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Estuvieron todos o casi todos. Desde Soledad Amigorena, la jueza de paz de Gualjaina; Rubén Saihueque de la Dirección de Asuntos Indígenas Provinciales; Julián Fernández por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Humberto Galván por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC); integrantes de la Defensoría Pública; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pobladores de las comunidad indígena de la región, entre otros. Pero a los encuentros le faltaban personajes importantes. El terrateniente italiano o algunos de sus séquitos no estuvieron en ese cónclave desde donde surgió la necesidad imperiosa de la construcción de mesas de diálogos con la intervención de organismos competentes.

Lo cierto es que no hay entidad gubernamental que no esté al tanto de esta situación de aislamiento. Que no es por Covid-19 ni cuestión semejante. Sino como medida arbitraria y deshumanizada por parte del grupo italiano.

En febrero de este año una nota llegó al despacho de Magdalena Odarda, la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eusebio Antieco, kona de la comunidad Newentuaiñ Iñchiñ de Costa de Lepa, firma la misiva. El motivo era informar sobre la situación que están viviendo familias de la zona “por el cierre de la ruta nacional 40 alternativa (camino vecinal). Este cierre de paso se llevó a cabo por la compañía de tierras del sur (Benetton) y resulta perjudicial para la comunidad”, según reza la nota.

El texto agrega que “se ha pedido por escrito a esta misma compañía por la libre circulación de este camino y los señores Ronal Macdonald y Gustavo Eduardo Rigiani han manifestado su negativa (sic)”.

Flojo de papeles

La impresionante extensión que posee la multinacional italiana, superando las 900 mil hectáreas en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en la donación de título que en 1896 realizará el por entonces presidente José Evaristo Uriburu cuando cedió todo ese territorio a diez estancieros ingleses y se conoció como La Compañía.

El 27 de mayo 2004 el abogado Gustavo Macayo en su alegado durante el juicio que la multinacional le inició a los integrantes de la comunidad Santa Rosa Leleque expuso “lo flojo” de papeles que estaba Benetton.

Macayo describió cómo el Estado argentino cedió, vendió y transfirió diez estancias, entre las cuales estaban incluida la estancia Leleque, la de El Maiten, la de Lepa, entre otras, hasta llegar a siete en territorio chubutense. Su totalidad suman entre sí la impactante cifra de 630 mil hectáreas, sólo en esta provincia. Las restantes se encuentran en Neuquén y otra en Río Negro.

En el marco de ese juicio Macayo puso en evidencia los certificados del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chubut que poseía la multinacional. En uno, por la estancia denominada Leleque, y otro, por la estancia denominada Lepa (con 96 mil y 86 mil hectáreas, aproximadamente y de manera respectiva), el certificado de dominio esgrimía que estaría sujeto a la obligación de mensurar. Es decir, territorios que nunca fueron mensurados, eso sí, bien alambrados.

Es necesario recordar que el imperio territorial de Luciano Benetton se terminó por constituir entre 1991 y 1997, después que esa inmensa porción de tierra pasara por otra mano, como la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina.

Los pesares de Matilde llegaron hasta el despacho del actual presidente Alberto Fernández. En una nota que también lleva la firma de Antieco se explica la situación al primer mandatario. Allí se detallan los derroteros que han tenido los pueblos originarios en la región. “Las tierras fueron arrebatas a nuestro pueblo mapuche-tehuelche por el estado nacional a partir de 1897, después de la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, iniciando un período de despojo que aún continua. Los reclamos formales por las usurpaciones de nuestros territorios comenzaron en 1948 a través de una nota al Director de Protección Aborigen de la Nación (18 de noviembre de 1948). Dicha nota inició una larga lista de reclamos formales en los niveles provincial y nacional que nunca fueron respondidos”.

Pero aclara, poniendo nombre y apellido al despojo, que “entre quienes han usurpado nuestro

territorio la Compañía Tierras del Sur Argentino SA es la que más extensión ha ocupado, clausurando caminos vecinales que impiden la circulación necesaria para nuestra subsistencia y buen vivir. Esta compañía se ha negado sistemáticamente a dialogar para establecer acuerdos con la comunidad, desconociendo nuestra preexistencia”.

El primer kona Lof Newentuaiñ Iñchiñ remata la misiva aclarando que “para garantizar la vida en nuestros territorios es fundamental el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad. En ese sentido, le solicitamos que asuma políticas que defiendan nuestros territorios y bienes comunes del saqueo y la contaminación y que implemente la Consulta libre, previa e informada a nuestros pueblos. En la meseta estamos en resistencia, por el No a la megaminería y el sí a la vida”.

Celebrar lo sucedido y lo que sucederá

A pocos meses de haber recuperado el lugar, se iniciaron todos los preparativos para celebrar lo sucedido y lo que fuera a suceder. Apenas comenzó el mes de mayo se ultimaron detalles y fieles a su cultura, se fueron trazando los preparativos para iniciar una rogativa ancestral. Matilde y los suyos agradecieron y pidieron que las fuerzas de la naturaleza les asistieran. Antes del amanecer del 2 de mayo pasado, en ese recóndito lugar de la meseta chubutense, los protagonistas de la recuperación iniciaron el nguillatun para recibir el newen (fuerzas de la naturaleza), todos en semicírculos alrededor del rewe (lugar sagrado). Agradeciendo, a través de la ceremonia, lo sucedido y por lo que vaya a acontecer.

El campo donde está Matilde es parte de una recuperación aún mayor que comenzó enCosta del Lepa el 13 de julio de 2019, más precisamente a orilla de la Escuela N° 99. El edificio escolar lleva por nombre “Manuel y Zenón Antieco” en memoria de los dos hermanos que sobrevivieron a la matanza de Roca y la llamada Campaña del Desierto, que luego cobijaron en esos territorios a diversas familias mapuches.

Un mes más tarde, el 14 de agosto se desarrolló la recuperación en la zona de El Mayoco, allí donde Matilde y los suyos se reencuentran con sus ancestros.

Volver a ocupar el territorio no fue un acto que se efectuó de la noche a la mañana. Eusebio Antieco había notificado y advertido al particular que explotaba ese campo de las irregularidades que afrontaba su posesión. Pero los planteos nunca fueron respondidos. Entonces llegó la recuperación.

La historia de la región habla del despojo y la persecución a la que fueron sometidos los mapuches. Los reclamos tienen registro que vienen desde 1948, a pesar que desde el ’42 en la región se creó lo que se denominó la reserva indígena de la Colonia Gualjaina, que junto a la Colonia Cushamen fueron dos de los asentamientos más grandes de la región. Los reclamos por la restitución territorial figuran en expedientes de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Un territorio al que fueron a parar inclusive los desalojados de la reserva Nahuelpan en 1937, en cercanías de Esquel. El trabajo realizado por la doctora María Alma Tozzini (CONICET), permite reconstruir parte de esa historia negada. Convocada en el 2008 por la Oficina de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Ministerio Público de la Defensa de Esquel Tozzini coordinó una pericia interdisciplinaria en el marco del juicio por usurpación que un particular le seguía a un poblador indígena. Su trabajo fue clave.

Además de reconstruir el linaje de los Antieco, Tozzini puso en evidencia la presencia de los mapuches en ese corazón de la meseta. En el repaso de la documentación queda también en claro, por ejemplo, cómo por entonces (década del “40), la Compañía de Tierras del Sud Argentino operaba en Buenos Aires para que las personas desalojadas de Nahuelpan fueran reubicadas en Colonia Gualjaina y no en Colonia Cushamen. La Compañía temía que esas personas, ante la falta de tierras suficientes pusiera en juego las generosas extensiones que le había otorgado el Estado.

Lo cierto es que el 18 de mayo de 1942 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ramón Antonio Castillo mediante decreto ordenó la reserva “con fines de utilidad pública con destino a la concentración de indígenas argentinos”. Así lo señala, de manera textual. Para ese fin se destinaron 74.432 hectáreas. “Hoy no llegan a 6 mil hectáreas las que son usufructuada por los mapuches. Hay un robo que se fue cobijando a lo largo del tiempo”, nos aclara Eusebio Antieco.

Ni siquiera la constitución del estado provincial trajo soluciones en ese sentido. Más bien las profundizó. La ausencia de políticas desde 1954 fueron una constante hasta nuestros días, teniendo al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC) como un actor fundamental en el despilfarro de tierras. Lo que ayer eran reservas o colonias indígenas, comenzaron a transformarse en tierras fiscales y luego en propiedades privadas.

Bajo el primer gobierno del fallecido Mario Das Neves hubo un intento de desalojo por parte del estado chubutese. La iniciativa allá por el 2003 del ex gobernador justicialista, que negaba la pre-existencia del pueblo mapuche en la zona de Costa de Lepa, no prosperó.

“Hemos gestionado ante todas las autoridades. Inclusive hasta con el actual gobernador Mariano Arcioni que anduvo por la zona inaugurando una parada de colectivo”, añade Eusebio Antieco. Es entonces cuando lanza un presagio y vaticina que “si el Estado no se pone los pantalones y empieza a impartir verdadera justicia esto será un descontrol cada vez más”.

El hombre, por cuyo ADN corren las guías genéticas que lo conducen hasta su bisabuelo Manuel Antieco, sostiene que “las comunidades somos olvidadas porque el mismo Estado nos tiene olvidado”.

Don Serafín Jofré se ahorcó y puso fin a su vida en el campo donde vio crecer parte de su familia. En esas mismas tierras descansan sus restos. Los terratenientes del lugar comenzaron una serie de aprietes por presuntas deudas que habría adquirido a partir de los pastajes (un término que ni siguiera figura en el diccionario de la RAE), pero que quizás explique la incapacidad para comprender que podían tener los paisanos frente al avance de foráneos que comenzaban a disputar el territorio a integrantes de los pueblos originarios. Así como las deudas generadas en los boliches por la compra de mercaderías, incluido el alcohol, se transformaron en posesiones de tierras por parte de los presuntos acreedores, “la deuda de pastaje”, fue en la misma sintonía. Al día de hoy existe, por ejemplo, confusión en cuanto a los contratos de pastaje o pastoreo. Lo acorralaron exigiéndoles animales y hectáreas. “Eran personas indigentes que no se sabían explicar”, rememora hoy su bisnieta Matilde.

El territorio de Don Serafín se extendía por más de 1200 hectáreas que se fueron perdiendo a partir del reclamo de aquellas presuntas deudas.

En el 2001 se había extendido un “Permiso Precario de Ocupación” a Oscar Bestene de las 650 hectáreas que formaban parte del territorio del mapuche que años atrás se había quitado la vida. Son esas tierras las que hoy vuelven a recuperar sus descendientes. El mismo terruño donde hoy descansan sus restos.

Temas:

Ciencia más allá de la pandemia: la voz de Carrasco y una nueva publicación

Coronavirus: el Estado y los signos de un cambio de época

Nota

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 5 días

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Seguir leyendo

Nota

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

Publicada

hace 2 semanas

09/10/2025

Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza — Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

Seguir leyendo

Nota

9 años sin Lucía Pérez

Publicada

hace 2 semanas

09/10/2025

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”