Nota
Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena
La Compañía de Tierras del Sur, nombre con el que el grupo Benetton opera en Argentina, tiene cerrado un camino vecinal y se niega a permitir que mapuches circulen por el lugar. El celebrado “derecho a transitar libremente”, burlado por una corporación que permite que otros vecinos pasen, pero no los mapuche, obligándolos a dar grandes rodeos para acceder a la ruta que va a Esquel. El conflicto se generó tras la recuperación que integrantes de pueblos originarios realizaron en la zona de El Mayoco a unos 50 kilómetros de Esquel. La zona en la que están viviendo no es propiedad de Benetton, que sí está ocupando territorio mapuche. No es la primera vez que la empresa se enfrenta con los pueblos originarios: ya lo hizo con la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y con el Lof en Resistencia Cushamen. Una crónica patagónica, para comprender un conflicto de siempre. Desde Trevelin, Chubut, por Pablo Quintana para lavaca.org.
“Nos vinimos porque ya no teníamos leña, estábamos quemando bosta de vaca para calefaccionar la casa”, dice Matilde Jofré a horas de llegar a Esquel. De nada valieron los pedidos para que sean asistidos por el plan calor desde el cercano municipio de Gualjaina porque los municipales no tienen forma de acceder por algún sendero que sea transitable para los camiones.
Matilde y su familia volvieron al territorio que habitaban sus ancestros el pasado 13 de julio del 2019. Fue cuando un grupo de mapuches hizo posesión de las tierras que antaño ocupara don Serafín Jofré, abuelo de Matilde. Es sólo una porción del territorio que formaba parte de una de las grandes extensiones de reserva mapuche que hayan existido en la región y que, cómo siempre aconteció en estos casos, lo que el Estado otorgó el privado se lo adueño. Pero siempre con el consentimiento de las diversas gestiones gubernamentales.
La madre de Matilde, doña Isabel Carmen, nació y se crió en ese campo, en una casa de adobe que aún sigue en pie como testimonio mudo de una historia que va desde el despojo hasta la reivindicación. Ayer fue la pérdida del territorio, hoy es el regreso a sus orígenes.
El retorno al terruño que la vio nacer, con sus más de setenta años, no es sencillo. El camino natural que históricamente fue utilizado por los pobladores de la región, lo que hoy se conoce como la ex Ruta 40-25, está cerrado con tranquera y candado. Es parte de la vieja traza que unía Gualjaina con toda la Comarca Andina.
Ponele candado
Desde que se hizo el nuevo trayecto de la ruta para llegar a Gualjaina y se dividió el camino, al que ya había sido construido por el Estado y quedó en desuso, se lo apropió Benetton. Colocó tranquera y selecciona quien puede transitar por él. Ese viejo recorrido además tenía como propósito unir asentamientos por donde pasaba el tren. Allí, cerquita nomás, está la estación de El Mayoco.
Si los mapuches pudieran transitar libremente por el lugar, sólo 20 kilómetros los separarían del camino pavimentado que conduce a Esquel. Pero la tranquera y su candado con llave, que están en mano de la Compañía Tierras del Sur, impiden ese atajo. Entonces la travesía se transforma en tres horas de caminata o un poco menos en caso de conseguir los caballos que les ceden Zoila y Victoria, vecinas del lugar. La cabalgata conduce a Matilde y los suyos hasta dar con el Renault 9 que suele quedar en Costa de Lepá. Una vez en ese poblado, en auto podrá conducirse finalmente hasta Esquel. Claro que ese periplo suma un total de 50 kilómetros de más en el recorrido y una interminable vuelta que podría evitarse.
Doña Carmen Isabel fue operada recientemente de sus rodillas y las dolencias se suman a su diabetes. Ya no tiene esos 8 años que la vieron correr por ese mismo campo de pequeña. En este retorno, además de su familia, se suman sus 73 años.
Matilde, su hija, sufre de artritis reumatoide. Una enfermedad que le causas dolores, inflamación, rigidez y pérdida de la función en sus articulaciones. Ambas necesitan de compañía para trasladarse. Es por esto que diversas gestiones se realizaron y muchos actores tomaron intervención sin que una simple solución pusiera fin al conflicto.
En la Patagonia la colocación de tranqueras en caminos vecinales, en este caso, no es una salvedad. La tendencia a cercenar el libre tránsito bien podría entenderse como el resguardo que algunos propietarios pretenden hacer de sus respectivos animales o simplemente sus propiedades. Pero se torna incomprensible cuando de espacios públicos o cuestiones humanitarias se trata.
El caso más emblemático quizás sea el pretendido acceso a Lago Escondido en Rio Negro. Desde los “90 el octogenario poseedor de la sexta fortuna del Reino Unido, Joseph Lewis -como lo presenta Gonzalo Sánchez en el libro “La Patagonia Vendida”-, se niega a permitir la circulación por el camino que conduce hasta el espejo de agua. Ni los fallos judiciales han podido con esa negativa.
Pero no hace falta cruzar el distrito provincial. Chubut tiene lo suyo. La metodología tiene claros ejemplos en esta parte de la Patagonia.
En febrero del 2001 el diario El Chubut publicó una serie de notas que tenía como eje la explotación irracional que se llevó a cabo a mediados de los ‘90 en el paraje conocido como Rincón del Aceite en el corazón de la cordillera. Uno de los artículos rezaba en su título “Candado y tranquera para un puente sobre el río Hielo”. La crónica relata cómo el puente que fue edificado por Vialidad Provincial a unos 10 kilómetros de la ruta que une Trevelin con Corcovado y que era una demanda de pobladores de la zona, se concretó finalmente por gestiones de la empresa forestal del empresario Sánchez Cabezudo y que realizó desastres en esa zona boscosas. El puente de unos 64 metros de largo fue construido entre 1996 y 1997 sobre él único camino que conduce al lugar y contaba no sólo con tranquera sino con candado en uno de sus extremos. Es el mismo lugar que hoy conduce, no sólo a donde se realizó una de las explotaciones forestales más espantosas de los últimos tiempos, sino a la propiedad que se hizo el ex vicegobernador Mario Vargas bajo la gestión del fallecido Mario Das Neves. Un título de propiedad que generó diversas polémicas por tratarse de una zona de frontera.
La ocupación de espacios públicos viene de hace tiempo y cada vez han ido cercenando más lugares claves para pobladores y lugareños.
En su ambición por marcar territorio, el alambrado y las tranqueras de Benetton no han tenido límite. A la polémica en la zona de El Mayoco hay que sumar varias tranqueras que impiden la circulación de quienes transiten por la región. Hay una en cercanía del arroyo La Cancha, a unos pocos kilómetros del cruce a Gualjaina, que impide llegar a esa estación si se quisiera acceder desde la ruta que hoy une Esquel con El Bolsón. En esa misma dirección esta la que le cierra el paso a la gente, con la excepción de a quienes la Compañía les clava el visto bueno. Si se sigue la ruta hacia Leleque (desde Esquel hacia El Bolsón), se puede observar hacia mano derecha al cruzar el puente El Mayoco.
Pero el dato más insólito son los portones de campo sobre los rieles del ferrocarril. Una serie de tranqueras cruzan las estrechas vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, algunas de las cuales fueron quitadas después que quedaran en evidencia. Hoy la atracción turística que en otros tiempos sirvió como transporte para unir los más de 400 kilómetros que separan Esquel de Ingeniero Jaccobacci, realiza un recorrido que sólo llega hasta el Nahuelpan. Pero en algunas oportunidades suele ir hasta El Maitén, donde están los talleres del ferrocarril o bien cuando se realizan viajes turísticos extraordinarios. En esos caso el tren de trocha angosta más austral del mundo, aún en funcionamiento, debe sortear las tranqueras que estuvieron en cada una de las estaciones: La Cancha, Montoso, Mayoco, Lepa y Leleque.
A lo largo del territorio ocupado por Benetton las vías cruzaban históricamente los denominados guardaganados o barrera canadiense, esos vallados que sirven como confinamiento de animales en sus respectivos cuadros o parcela. Pero desde hace un tiempo no bastó con los guardaganados sino que se impusieron las tranqueras de hierro y con candados.
El legendario maquinista del tren, Carlos Agüero recordó cómo el 15 de agosto del año pasado el ferrocarril se “terminó llevando puesta una de las tranqueras”. En ese momento el tren llegó hasta Lepá, cruzaron dos, una a la altura del aeropuerto de Esquel y otra en el km 3,5, aproximadamente. A la restante no la chocaron porque estaba abierta. Era un recorrido para verificar el estado de los carriles previo al charter que el tren iba a realizar días después con turistas que visitaban la región.
Es curioso pero de acuerdo a las normas técnicas de transporte ferroviario y su reglamento interno, las inspecciones a la que es sometido el histórico tren de Esquel se realizan cada año. Los inspectores controlan el estado del ferrocarril, el de las vías, la cartelería, etc. Sin embargo, algunas de las tranqueras de Benetton continúan obstruyendo ese recorrido.
En el 2016 cuando se produjo la recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia Cushamen, los medios y funcionarios pusieron el grito en el cielo en el momento en que los mapuches cortaron las vías del ferrocarril y exigían una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto. Sólo hubo dos encuentros que parecían prometedores. Uno en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala y otra en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las negociaciones tuvieron un abrupto desenlace después que el gobierno provincial de Mario Das Neves pusiera punto final a las negociaciones. Tras esa medida se produjo una importante represión por parte de Gendarmería Nacional ordenada por el juez federal Guido Otranto. Una de las tantas que fueron el presagio de lo que más tarde sucedería con la desaparición de Santiago Maldonado.
En ese momento primaba la importancia del tren, la disponibilidad del libre tránsito de un camino que es público y propiedad del Estado.
Al parecer en la actualidad, ni siquiera valdría su designación como Monumento Histórico Nacional que fue impuesto por decreto presidencial, tras la iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos el Viejo Expreso Patagónico. La medida establece que, en teoría, el tren estaría protegido de manera especial, tanto su infraestructura como su material rodante y sus estaciones. En la práctica, las tranqueras de la multinacional desestiman esas medidas.
En nuestro país hace tiempo que estancieros y chacareros pusieron alambres a sus campos para delimitar sus propiedades. En los inicios fueron alentados por Domingo Sarmiento -el mismo que sentía una repugnancia por los salvajes de estas tierras-. Los alambrados se remontan al año 1845 cuando Ricardo Newton lo introdujo y Francisco Halbach se convirtió en el primero en alambrar todo el perímetro de su estancia “Los Remedios”. Eran la contracara de lo que vivían los pueblos originarios, que como los definiera fray Félix de Amberga “los mapuches vivían en un estado de “comunismo primitivo”“. Según se puede leer en el libro “Los mapuche y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación”, del biólogo y psicólogo Julio Paillalef.
Lo que pareciera estar claro es que la lógica de la propiedad privada no sabe de cuestiones humanitarias, que como en el caso de Matilde, una persona con discapacidad, necesita de una rápida comunicación con Esquel que, sin afectar la actividad productiva de la multinacional, hace aún más inexplicable la cerrazón frente a la demanda.
El bis de Mac Donald
“Hablé personalmente con MacDonald en su casa de Esquel”, recuerda Matilde. Pero el hombre que lleva nombre de bufón contestó lacónicamente: “No voy a responder nada de manera verbal, envíe una nota”. La negativa era un hecho.
Matilde, desde que logró habitar la tierra que heredara de su bisabuelo Don Serafín Jofre, hizo cuanto pedido estuviera a su alcance. De puño y letra redactó una nota para que le permitieran acceder a una llave de la tranquera y poder transitar libremente por el camino público y asegurar un regreso a Esquel rápido y seguro.
El pedido para transitar tiene visos de ruego. “Hay veces que salimos con urgencia por nuestras inyecciones y también tengo una nieta de seis meses y de vez en cuando me visita y si por casualidad o de imprevisto o se llegase a enfermar tenemos hasta Costa de Lepa 6 horas caminando (sic)”, expresa la misiva.
“Es por ese motivo que necesitaría, tenga la amabilidad, de facilitarme una copia para poder usar ese camino vecinal, – y añade- también me comprometo a mantener cerrada la tranquera y también a respetar los requisitos que usted ponga”. Para finalmente expresar: “Sólo le pido que contemple el pedido que le estoy haciendo”.
La respuesta fue tan sucinta como previsible. El caporal de Benetton en el corazón de la Patagonia Argentina, el mismo que lleva el nombre del payaso de una importante cadena de comida chatarra, Ronald Mac Donald escribió: “en relación a su requerimiento de llave para ingresar y transitar por el establecimiento de propiedad de Compañía de Tierras (…) informar sobre la imposibilidad de acceder a lo peticionado”.
Por el contrario, la respuesta más efectiva fue la persecución judicial. La multinacional la denunció por presunto hechos de abigeato. Y volvía a cumplirse aquello de “se pierde un animal, fueron los mapuches”. Es cierto que se intentaron diversos medios para poder circular a través del camino público, como colocar una tranquera paralela, que inmediatamente fue desmantelada por la Compañía. Tiraron los postes y fueron colocados nuevos alambres. Nada resultó para hacer más corto el camino. Según relata la propia Matilde hasta en la propia policía les advirtieron que si eran “reprimidos” por el “personal” de la firma Benetton al intentar transitar por el camino vedado, “estarían en todo su derecho”.
Frente a la denuncia montada por la multinacional, el accionar del estado fue efectivo y sin demasiadas vueltas. El allanamiento que realizaron miembros de la policía provincial se cumplió de manera inmediata y en el que probablemente usaron la ex ruta 25-40, para acceder a la propiedad de la familia Jofré. Del procedimiento, llevado a cabo por los hombres de azul, se llevaron herramientas e inclusive cubiertos de la vivienda, que hasta el momento de escribir esta crónica no pudieron ser recuperadas.
Sin embargo, diálogo no ha faltado, o al menos ese ha sido el intento. En setiembre del año pasado se organizó un encuentro al que concurrieron diversos actores. Tuvo lugar en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Estuvieron todos o casi todos. Desde Soledad Amigorena, la jueza de paz de Gualjaina; Rubén Saihueque de la Dirección de Asuntos Indígenas Provinciales; Julián Fernández por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Humberto Galván por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC); integrantes de la Defensoría Pública; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pobladores de las comunidad indígena de la región, entre otros. Pero a los encuentros le faltaban personajes importantes. El terrateniente italiano o algunos de sus séquitos no estuvieron en ese cónclave desde donde surgió la necesidad imperiosa de la construcción de mesas de diálogos con la intervención de organismos competentes.
Lo cierto es que no hay entidad gubernamental que no esté al tanto de esta situación de aislamiento. Que no es por Covid-19 ni cuestión semejante. Sino como medida arbitraria y deshumanizada por parte del grupo italiano.
En febrero de este año una nota llegó al despacho de Magdalena Odarda, la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eusebio Antieco, kona de la comunidad Newentuaiñ Iñchiñ de Costa de Lepa, firma la misiva. El motivo era informar sobre la situación que están viviendo familias de la zona “por el cierre de la ruta nacional 40 alternativa (camino vecinal). Este cierre de paso se llevó a cabo por la compañía de tierras del sur (Benetton) y resulta perjudicial para la comunidad”, según reza la nota.
El texto agrega que “se ha pedido por escrito a esta misma compañía por la libre circulación de este camino y los señores Ronal Macdonald y Gustavo Eduardo Rigiani han manifestado su negativa (sic)”.
Flojo de papeles
La impresionante extensión que posee la multinacional italiana, superando las 900 mil hectáreas en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en la donación de título que en 1896 realizará el por entonces presidente José Evaristo Uriburu cuando cedió todo ese territorio a diez estancieros ingleses y se conoció como La Compañía.
El 27 de mayo 2004 el abogado Gustavo Macayo en su alegado durante el juicio que la multinacional le inició a los integrantes de la comunidad Santa Rosa Leleque expuso “lo flojo” de papeles que estaba Benetton.
Macayo describió cómo el Estado argentino cedió, vendió y transfirió diez estancias, entre las cuales estaban incluida la estancia Leleque, la de El Maiten, la de Lepa, entre otras, hasta llegar a siete en territorio chubutense. Su totalidad suman entre sí la impactante cifra de 630 mil hectáreas, sólo en esta provincia. Las restantes se encuentran en Neuquén y otra en Río Negro.
En el marco de ese juicio Macayo puso en evidencia los certificados del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chubut que poseía la multinacional. En uno, por la estancia denominada Leleque, y otro, por la estancia denominada Lepa (con 96 mil y 86 mil hectáreas, aproximadamente y de manera respectiva), el certificado de dominio esgrimía que estaría sujeto a la obligación de mensurar. Es decir, territorios que nunca fueron mensurados, eso sí, bien alambrados.
Es necesario recordar que el imperio territorial de Luciano Benetton se terminó por constituir entre 1991 y 1997, después que esa inmensa porción de tierra pasara por otra mano, como la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina.
Los pesares de Matilde llegaron hasta el despacho del actual presidente Alberto Fernández. En una nota que también lleva la firma de Antieco se explica la situación al primer mandatario. Allí se detallan los derroteros que han tenido los pueblos originarios en la región. “Las tierras fueron arrebatas a nuestro pueblo mapuche-tehuelche por el estado nacional a partir de 1897, después de la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, iniciando un período de despojo que aún continua. Los reclamos formales por las usurpaciones de nuestros territorios comenzaron en 1948 a través de una nota al Director de Protección Aborigen de la Nación (18 de noviembre de 1948). Dicha nota inició una larga lista de reclamos formales en los niveles provincial y nacional que nunca fueron respondidos”.
Pero aclara, poniendo nombre y apellido al despojo, que “entre quienes han usurpado nuestro
territorio la Compañía Tierras del Sur Argentino SA es la que más extensión ha ocupado, clausurando caminos vecinales que impiden la circulación necesaria para nuestra subsistencia y buen vivir. Esta compañía se ha negado sistemáticamente a dialogar para establecer acuerdos con la comunidad, desconociendo nuestra preexistencia”.
El primer kona Lof Newentuaiñ Iñchiñ remata la misiva aclarando que “para garantizar la vida en nuestros territorios es fundamental el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad. En ese sentido, le solicitamos que asuma políticas que defiendan nuestros territorios y bienes comunes del saqueo y la contaminación y que implemente la Consulta libre, previa e informada a nuestros pueblos. En la meseta estamos en resistencia, por el No a la megaminería y el sí a la vida”.
Celebrar lo sucedido y lo que sucederá
A pocos meses de haber recuperado el lugar, se iniciaron todos los preparativos para celebrar lo sucedido y lo que fuera a suceder. Apenas comenzó el mes de mayo se ultimaron detalles y fieles a su cultura, se fueron trazando los preparativos para iniciar una rogativa ancestral. Matilde y los suyos agradecieron y pidieron que las fuerzas de la naturaleza les asistieran. Antes del amanecer del 2 de mayo pasado, en ese recóndito lugar de la meseta chubutense, los protagonistas de la recuperación iniciaron el nguillatun para recibir el newen (fuerzas de la naturaleza), todos en semicírculos alrededor del rewe (lugar sagrado). Agradeciendo, a través de la ceremonia, lo sucedido y por lo que vaya a acontecer.
El campo donde está Matilde es parte de una recuperación aún mayor que comenzó enCosta del Lepa el 13 de julio de 2019, más precisamente a orilla de la Escuela N° 99. El edificio escolar lleva por nombre “Manuel y Zenón Antieco” en memoria de los dos hermanos que sobrevivieron a la matanza de Roca y la llamada Campaña del Desierto, que luego cobijaron en esos territorios a diversas familias mapuches.
Un mes más tarde, el 14 de agosto se desarrolló la recuperación en la zona de El Mayoco, allí donde Matilde y los suyos se reencuentran con sus ancestros.
Volver a ocupar el territorio no fue un acto que se efectuó de la noche a la mañana. Eusebio Antieco había notificado y advertido al particular que explotaba ese campo de las irregularidades que afrontaba su posesión. Pero los planteos nunca fueron respondidos. Entonces llegó la recuperación.
La historia de la región habla del despojo y la persecución a la que fueron sometidos los mapuches. Los reclamos tienen registro que vienen desde 1948, a pesar que desde el ’42 en la región se creó lo que se denominó la reserva indígena de la Colonia Gualjaina, que junto a la Colonia Cushamen fueron dos de los asentamientos más grandes de la región. Los reclamos por la restitución territorial figuran en expedientes de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Un territorio al que fueron a parar inclusive los desalojados de la reserva Nahuelpan en 1937, en cercanías de Esquel. El trabajo realizado por la doctora María Alma Tozzini (CONICET), permite reconstruir parte de esa historia negada. Convocada en el 2008 por la Oficina de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Ministerio Público de la Defensa de Esquel Tozzini coordinó una pericia interdisciplinaria en el marco del juicio por usurpación que un particular le seguía a un poblador indígena. Su trabajo fue clave.
Además de reconstruir el linaje de los Antieco, Tozzini puso en evidencia la presencia de los mapuches en ese corazón de la meseta. En el repaso de la documentación queda también en claro, por ejemplo, cómo por entonces (década del “40), la Compañía de Tierras del Sud Argentino operaba en Buenos Aires para que las personas desalojadas de Nahuelpan fueran reubicadas en Colonia Gualjaina y no en Colonia Cushamen. La Compañía temía que esas personas, ante la falta de tierras suficientes pusiera en juego las generosas extensiones que le había otorgado el Estado.
Lo cierto es que el 18 de mayo de 1942 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ramón Antonio Castillo mediante decreto ordenó la reserva “con fines de utilidad pública con destino a la concentración de indígenas argentinos”. Así lo señala, de manera textual. Para ese fin se destinaron 74.432 hectáreas. “Hoy no llegan a 6 mil hectáreas las que son usufructuada por los mapuches. Hay un robo que se fue cobijando a lo largo del tiempo”, nos aclara Eusebio Antieco.
Ni siquiera la constitución del estado provincial trajo soluciones en ese sentido. Más bien las profundizó. La ausencia de políticas desde 1954 fueron una constante hasta nuestros días, teniendo al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC) como un actor fundamental en el despilfarro de tierras. Lo que ayer eran reservas o colonias indígenas, comenzaron a transformarse en tierras fiscales y luego en propiedades privadas.
Bajo el primer gobierno del fallecido Mario Das Neves hubo un intento de desalojo por parte del estado chubutese. La iniciativa allá por el 2003 del ex gobernador justicialista, que negaba la pre-existencia del pueblo mapuche en la zona de Costa de Lepa, no prosperó.
“Hemos gestionado ante todas las autoridades. Inclusive hasta con el actual gobernador Mariano Arcioni que anduvo por la zona inaugurando una parada de colectivo”, añade Eusebio Antieco. Es entonces cuando lanza un presagio y vaticina que “si el Estado no se pone los pantalones y empieza a impartir verdadera justicia esto será un descontrol cada vez más”.
El hombre, por cuyo ADN corren las guías genéticas que lo conducen hasta su bisabuelo Manuel Antieco, sostiene que “las comunidades somos olvidadas porque el mismo Estado nos tiene olvidado”.
Don Serafín Jofré se ahorcó y puso fin a su vida en el campo donde vio crecer parte de su familia. En esas mismas tierras descansan sus restos. Los terratenientes del lugar comenzaron una serie de aprietes por presuntas deudas que habría adquirido a partir de los pastajes (un término que ni siguiera figura en el diccionario de la RAE), pero que quizás explique la incapacidad para comprender que podían tener los paisanos frente al avance de foráneos que comenzaban a disputar el territorio a integrantes de los pueblos originarios. Así como las deudas generadas en los boliches por la compra de mercaderías, incluido el alcohol, se transformaron en posesiones de tierras por parte de los presuntos acreedores, “la deuda de pastaje”, fue en la misma sintonía. Al día de hoy existe, por ejemplo, confusión en cuanto a los contratos de pastaje o pastoreo. Lo acorralaron exigiéndoles animales y hectáreas. “Eran personas indigentes que no se sabían explicar”, rememora hoy su bisnieta Matilde.
El territorio de Don Serafín se extendía por más de 1200 hectáreas que se fueron perdiendo a partir del reclamo de aquellas presuntas deudas.
En el 2001 se había extendido un “Permiso Precario de Ocupación” a Oscar Bestene de las 650 hectáreas que formaban parte del territorio del mapuche que años atrás se había quitado la vida. Son esas tierras las que hoy vuelven a recuperar sus descendientes. El mismo terruño donde hoy descansan sus restos.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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