Nota
Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena
La Compañía de Tierras del Sur, nombre con el que el grupo Benetton opera en Argentina, tiene cerrado un camino vecinal y se niega a permitir que mapuches circulen por el lugar. El celebrado “derecho a transitar libremente”, burlado por una corporación que permite que otros vecinos pasen, pero no los mapuche, obligándolos a dar grandes rodeos para acceder a la ruta que va a Esquel. El conflicto se generó tras la recuperación que integrantes de pueblos originarios realizaron en la zona de El Mayoco a unos 50 kilómetros de Esquel. La zona en la que están viviendo no es propiedad de Benetton, que sí está ocupando territorio mapuche. No es la primera vez que la empresa se enfrenta con los pueblos originarios: ya lo hizo con la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y con el Lof en Resistencia Cushamen. Una crónica patagónica, para comprender un conflicto de siempre. Desde Trevelin, Chubut, por Pablo Quintana para lavaca.org.
“Nos vinimos porque ya no teníamos leña, estábamos quemando bosta de vaca para calefaccionar la casa”, dice Matilde Jofré a horas de llegar a Esquel. De nada valieron los pedidos para que sean asistidos por el plan calor desde el cercano municipio de Gualjaina porque los municipales no tienen forma de acceder por algún sendero que sea transitable para los camiones.
Matilde y su familia volvieron al territorio que habitaban sus ancestros el pasado 13 de julio del 2019. Fue cuando un grupo de mapuches hizo posesión de las tierras que antaño ocupara don Serafín Jofré, abuelo de Matilde. Es sólo una porción del territorio que formaba parte de una de las grandes extensiones de reserva mapuche que hayan existido en la región y que, cómo siempre aconteció en estos casos, lo que el Estado otorgó el privado se lo adueño. Pero siempre con el consentimiento de las diversas gestiones gubernamentales.
La madre de Matilde, doña Isabel Carmen, nació y se crió en ese campo, en una casa de adobe que aún sigue en pie como testimonio mudo de una historia que va desde el despojo hasta la reivindicación. Ayer fue la pérdida del territorio, hoy es el regreso a sus orígenes.
El retorno al terruño que la vio nacer, con sus más de setenta años, no es sencillo. El camino natural que históricamente fue utilizado por los pobladores de la región, lo que hoy se conoce como la ex Ruta 40-25, está cerrado con tranquera y candado. Es parte de la vieja traza que unía Gualjaina con toda la Comarca Andina.
Ponele candado
Desde que se hizo el nuevo trayecto de la ruta para llegar a Gualjaina y se dividió el camino, al que ya había sido construido por el Estado y quedó en desuso, se lo apropió Benetton. Colocó tranquera y selecciona quien puede transitar por él. Ese viejo recorrido además tenía como propósito unir asentamientos por donde pasaba el tren. Allí, cerquita nomás, está la estación de El Mayoco.
Si los mapuches pudieran transitar libremente por el lugar, sólo 20 kilómetros los separarían del camino pavimentado que conduce a Esquel. Pero la tranquera y su candado con llave, que están en mano de la Compañía Tierras del Sur, impiden ese atajo. Entonces la travesía se transforma en tres horas de caminata o un poco menos en caso de conseguir los caballos que les ceden Zoila y Victoria, vecinas del lugar. La cabalgata conduce a Matilde y los suyos hasta dar con el Renault 9 que suele quedar en Costa de Lepá. Una vez en ese poblado, en auto podrá conducirse finalmente hasta Esquel. Claro que ese periplo suma un total de 50 kilómetros de más en el recorrido y una interminable vuelta que podría evitarse.
Doña Carmen Isabel fue operada recientemente de sus rodillas y las dolencias se suman a su diabetes. Ya no tiene esos 8 años que la vieron correr por ese mismo campo de pequeña. En este retorno, además de su familia, se suman sus 73 años.
Matilde, su hija, sufre de artritis reumatoide. Una enfermedad que le causas dolores, inflamación, rigidez y pérdida de la función en sus articulaciones. Ambas necesitan de compañía para trasladarse. Es por esto que diversas gestiones se realizaron y muchos actores tomaron intervención sin que una simple solución pusiera fin al conflicto.
En la Patagonia la colocación de tranqueras en caminos vecinales, en este caso, no es una salvedad. La tendencia a cercenar el libre tránsito bien podría entenderse como el resguardo que algunos propietarios pretenden hacer de sus respectivos animales o simplemente sus propiedades. Pero se torna incomprensible cuando de espacios públicos o cuestiones humanitarias se trata.
El caso más emblemático quizás sea el pretendido acceso a Lago Escondido en Rio Negro. Desde los “90 el octogenario poseedor de la sexta fortuna del Reino Unido, Joseph Lewis -como lo presenta Gonzalo Sánchez en el libro “La Patagonia Vendida”-, se niega a permitir la circulación por el camino que conduce hasta el espejo de agua. Ni los fallos judiciales han podido con esa negativa.
Pero no hace falta cruzar el distrito provincial. Chubut tiene lo suyo. La metodología tiene claros ejemplos en esta parte de la Patagonia.
En febrero del 2001 el diario El Chubut publicó una serie de notas que tenía como eje la explotación irracional que se llevó a cabo a mediados de los ‘90 en el paraje conocido como Rincón del Aceite en el corazón de la cordillera. Uno de los artículos rezaba en su título “Candado y tranquera para un puente sobre el río Hielo”. La crónica relata cómo el puente que fue edificado por Vialidad Provincial a unos 10 kilómetros de la ruta que une Trevelin con Corcovado y que era una demanda de pobladores de la zona, se concretó finalmente por gestiones de la empresa forestal del empresario Sánchez Cabezudo y que realizó desastres en esa zona boscosas. El puente de unos 64 metros de largo fue construido entre 1996 y 1997 sobre él único camino que conduce al lugar y contaba no sólo con tranquera sino con candado en uno de sus extremos. Es el mismo lugar que hoy conduce, no sólo a donde se realizó una de las explotaciones forestales más espantosas de los últimos tiempos, sino a la propiedad que se hizo el ex vicegobernador Mario Vargas bajo la gestión del fallecido Mario Das Neves. Un título de propiedad que generó diversas polémicas por tratarse de una zona de frontera.
La ocupación de espacios públicos viene de hace tiempo y cada vez han ido cercenando más lugares claves para pobladores y lugareños.
En su ambición por marcar territorio, el alambrado y las tranqueras de Benetton no han tenido límite. A la polémica en la zona de El Mayoco hay que sumar varias tranqueras que impiden la circulación de quienes transiten por la región. Hay una en cercanía del arroyo La Cancha, a unos pocos kilómetros del cruce a Gualjaina, que impide llegar a esa estación si se quisiera acceder desde la ruta que hoy une Esquel con El Bolsón. En esa misma dirección esta la que le cierra el paso a la gente, con la excepción de a quienes la Compañía les clava el visto bueno. Si se sigue la ruta hacia Leleque (desde Esquel hacia El Bolsón), se puede observar hacia mano derecha al cruzar el puente El Mayoco.
Pero el dato más insólito son los portones de campo sobre los rieles del ferrocarril. Una serie de tranqueras cruzan las estrechas vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, algunas de las cuales fueron quitadas después que quedaran en evidencia. Hoy la atracción turística que en otros tiempos sirvió como transporte para unir los más de 400 kilómetros que separan Esquel de Ingeniero Jaccobacci, realiza un recorrido que sólo llega hasta el Nahuelpan. Pero en algunas oportunidades suele ir hasta El Maitén, donde están los talleres del ferrocarril o bien cuando se realizan viajes turísticos extraordinarios. En esos caso el tren de trocha angosta más austral del mundo, aún en funcionamiento, debe sortear las tranqueras que estuvieron en cada una de las estaciones: La Cancha, Montoso, Mayoco, Lepa y Leleque.
A lo largo del territorio ocupado por Benetton las vías cruzaban históricamente los denominados guardaganados o barrera canadiense, esos vallados que sirven como confinamiento de animales en sus respectivos cuadros o parcela. Pero desde hace un tiempo no bastó con los guardaganados sino que se impusieron las tranqueras de hierro y con candados.
El legendario maquinista del tren, Carlos Agüero recordó cómo el 15 de agosto del año pasado el ferrocarril se “terminó llevando puesta una de las tranqueras”. En ese momento el tren llegó hasta Lepá, cruzaron dos, una a la altura del aeropuerto de Esquel y otra en el km 3,5, aproximadamente. A la restante no la chocaron porque estaba abierta. Era un recorrido para verificar el estado de los carriles previo al charter que el tren iba a realizar días después con turistas que visitaban la región.
Es curioso pero de acuerdo a las normas técnicas de transporte ferroviario y su reglamento interno, las inspecciones a la que es sometido el histórico tren de Esquel se realizan cada año. Los inspectores controlan el estado del ferrocarril, el de las vías, la cartelería, etc. Sin embargo, algunas de las tranqueras de Benetton continúan obstruyendo ese recorrido.
En el 2016 cuando se produjo la recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia Cushamen, los medios y funcionarios pusieron el grito en el cielo en el momento en que los mapuches cortaron las vías del ferrocarril y exigían una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto. Sólo hubo dos encuentros que parecían prometedores. Uno en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala y otra en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las negociaciones tuvieron un abrupto desenlace después que el gobierno provincial de Mario Das Neves pusiera punto final a las negociaciones. Tras esa medida se produjo una importante represión por parte de Gendarmería Nacional ordenada por el juez federal Guido Otranto. Una de las tantas que fueron el presagio de lo que más tarde sucedería con la desaparición de Santiago Maldonado.
En ese momento primaba la importancia del tren, la disponibilidad del libre tránsito de un camino que es público y propiedad del Estado.
Al parecer en la actualidad, ni siquiera valdría su designación como Monumento Histórico Nacional que fue impuesto por decreto presidencial, tras la iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos el Viejo Expreso Patagónico. La medida establece que, en teoría, el tren estaría protegido de manera especial, tanto su infraestructura como su material rodante y sus estaciones. En la práctica, las tranqueras de la multinacional desestiman esas medidas.
En nuestro país hace tiempo que estancieros y chacareros pusieron alambres a sus campos para delimitar sus propiedades. En los inicios fueron alentados por Domingo Sarmiento -el mismo que sentía una repugnancia por los salvajes de estas tierras-. Los alambrados se remontan al año 1845 cuando Ricardo Newton lo introdujo y Francisco Halbach se convirtió en el primero en alambrar todo el perímetro de su estancia “Los Remedios”. Eran la contracara de lo que vivían los pueblos originarios, que como los definiera fray Félix de Amberga “los mapuches vivían en un estado de “comunismo primitivo”“. Según se puede leer en el libro “Los mapuche y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación”, del biólogo y psicólogo Julio Paillalef.
Lo que pareciera estar claro es que la lógica de la propiedad privada no sabe de cuestiones humanitarias, que como en el caso de Matilde, una persona con discapacidad, necesita de una rápida comunicación con Esquel que, sin afectar la actividad productiva de la multinacional, hace aún más inexplicable la cerrazón frente a la demanda.
El bis de Mac Donald
“Hablé personalmente con MacDonald en su casa de Esquel”, recuerda Matilde. Pero el hombre que lleva nombre de bufón contestó lacónicamente: “No voy a responder nada de manera verbal, envíe una nota”. La negativa era un hecho.
Matilde, desde que logró habitar la tierra que heredara de su bisabuelo Don Serafín Jofre, hizo cuanto pedido estuviera a su alcance. De puño y letra redactó una nota para que le permitieran acceder a una llave de la tranquera y poder transitar libremente por el camino público y asegurar un regreso a Esquel rápido y seguro.
El pedido para transitar tiene visos de ruego. “Hay veces que salimos con urgencia por nuestras inyecciones y también tengo una nieta de seis meses y de vez en cuando me visita y si por casualidad o de imprevisto o se llegase a enfermar tenemos hasta Costa de Lepa 6 horas caminando (sic)”, expresa la misiva.
“Es por ese motivo que necesitaría, tenga la amabilidad, de facilitarme una copia para poder usar ese camino vecinal, – y añade- también me comprometo a mantener cerrada la tranquera y también a respetar los requisitos que usted ponga”. Para finalmente expresar: “Sólo le pido que contemple el pedido que le estoy haciendo”.
La respuesta fue tan sucinta como previsible. El caporal de Benetton en el corazón de la Patagonia Argentina, el mismo que lleva el nombre del payaso de una importante cadena de comida chatarra, Ronald Mac Donald escribió: “en relación a su requerimiento de llave para ingresar y transitar por el establecimiento de propiedad de Compañía de Tierras (…) informar sobre la imposibilidad de acceder a lo peticionado”.
Por el contrario, la respuesta más efectiva fue la persecución judicial. La multinacional la denunció por presunto hechos de abigeato. Y volvía a cumplirse aquello de “se pierde un animal, fueron los mapuches”. Es cierto que se intentaron diversos medios para poder circular a través del camino público, como colocar una tranquera paralela, que inmediatamente fue desmantelada por la Compañía. Tiraron los postes y fueron colocados nuevos alambres. Nada resultó para hacer más corto el camino. Según relata la propia Matilde hasta en la propia policía les advirtieron que si eran “reprimidos” por el “personal” de la firma Benetton al intentar transitar por el camino vedado, “estarían en todo su derecho”.
Frente a la denuncia montada por la multinacional, el accionar del estado fue efectivo y sin demasiadas vueltas. El allanamiento que realizaron miembros de la policía provincial se cumplió de manera inmediata y en el que probablemente usaron la ex ruta 25-40, para acceder a la propiedad de la familia Jofré. Del procedimiento, llevado a cabo por los hombres de azul, se llevaron herramientas e inclusive cubiertos de la vivienda, que hasta el momento de escribir esta crónica no pudieron ser recuperadas.
Sin embargo, diálogo no ha faltado, o al menos ese ha sido el intento. En setiembre del año pasado se organizó un encuentro al que concurrieron diversos actores. Tuvo lugar en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Estuvieron todos o casi todos. Desde Soledad Amigorena, la jueza de paz de Gualjaina; Rubén Saihueque de la Dirección de Asuntos Indígenas Provinciales; Julián Fernández por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Humberto Galván por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC); integrantes de la Defensoría Pública; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pobladores de las comunidad indígena de la región, entre otros. Pero a los encuentros le faltaban personajes importantes. El terrateniente italiano o algunos de sus séquitos no estuvieron en ese cónclave desde donde surgió la necesidad imperiosa de la construcción de mesas de diálogos con la intervención de organismos competentes.
Lo cierto es que no hay entidad gubernamental que no esté al tanto de esta situación de aislamiento. Que no es por Covid-19 ni cuestión semejante. Sino como medida arbitraria y deshumanizada por parte del grupo italiano.
En febrero de este año una nota llegó al despacho de Magdalena Odarda, la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eusebio Antieco, kona de la comunidad Newentuaiñ Iñchiñ de Costa de Lepa, firma la misiva. El motivo era informar sobre la situación que están viviendo familias de la zona “por el cierre de la ruta nacional 40 alternativa (camino vecinal). Este cierre de paso se llevó a cabo por la compañía de tierras del sur (Benetton) y resulta perjudicial para la comunidad”, según reza la nota.
El texto agrega que “se ha pedido por escrito a esta misma compañía por la libre circulación de este camino y los señores Ronal Macdonald y Gustavo Eduardo Rigiani han manifestado su negativa (sic)”.
Flojo de papeles
La impresionante extensión que posee la multinacional italiana, superando las 900 mil hectáreas en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en la donación de título que en 1896 realizará el por entonces presidente José Evaristo Uriburu cuando cedió todo ese territorio a diez estancieros ingleses y se conoció como La Compañía.
El 27 de mayo 2004 el abogado Gustavo Macayo en su alegado durante el juicio que la multinacional le inició a los integrantes de la comunidad Santa Rosa Leleque expuso “lo flojo” de papeles que estaba Benetton.
Macayo describió cómo el Estado argentino cedió, vendió y transfirió diez estancias, entre las cuales estaban incluida la estancia Leleque, la de El Maiten, la de Lepa, entre otras, hasta llegar a siete en territorio chubutense. Su totalidad suman entre sí la impactante cifra de 630 mil hectáreas, sólo en esta provincia. Las restantes se encuentran en Neuquén y otra en Río Negro.
En el marco de ese juicio Macayo puso en evidencia los certificados del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chubut que poseía la multinacional. En uno, por la estancia denominada Leleque, y otro, por la estancia denominada Lepa (con 96 mil y 86 mil hectáreas, aproximadamente y de manera respectiva), el certificado de dominio esgrimía que estaría sujeto a la obligación de mensurar. Es decir, territorios que nunca fueron mensurados, eso sí, bien alambrados.
Es necesario recordar que el imperio territorial de Luciano Benetton se terminó por constituir entre 1991 y 1997, después que esa inmensa porción de tierra pasara por otra mano, como la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina.
Los pesares de Matilde llegaron hasta el despacho del actual presidente Alberto Fernández. En una nota que también lleva la firma de Antieco se explica la situación al primer mandatario. Allí se detallan los derroteros que han tenido los pueblos originarios en la región. “Las tierras fueron arrebatas a nuestro pueblo mapuche-tehuelche por el estado nacional a partir de 1897, después de la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, iniciando un período de despojo que aún continua. Los reclamos formales por las usurpaciones de nuestros territorios comenzaron en 1948 a través de una nota al Director de Protección Aborigen de la Nación (18 de noviembre de 1948). Dicha nota inició una larga lista de reclamos formales en los niveles provincial y nacional que nunca fueron respondidos”.
Pero aclara, poniendo nombre y apellido al despojo, que “entre quienes han usurpado nuestro
territorio la Compañía Tierras del Sur Argentino SA es la que más extensión ha ocupado, clausurando caminos vecinales que impiden la circulación necesaria para nuestra subsistencia y buen vivir. Esta compañía se ha negado sistemáticamente a dialogar para establecer acuerdos con la comunidad, desconociendo nuestra preexistencia”.
El primer kona Lof Newentuaiñ Iñchiñ remata la misiva aclarando que “para garantizar la vida en nuestros territorios es fundamental el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad. En ese sentido, le solicitamos que asuma políticas que defiendan nuestros territorios y bienes comunes del saqueo y la contaminación y que implemente la Consulta libre, previa e informada a nuestros pueblos. En la meseta estamos en resistencia, por el No a la megaminería y el sí a la vida”.
Celebrar lo sucedido y lo que sucederá
A pocos meses de haber recuperado el lugar, se iniciaron todos los preparativos para celebrar lo sucedido y lo que fuera a suceder. Apenas comenzó el mes de mayo se ultimaron detalles y fieles a su cultura, se fueron trazando los preparativos para iniciar una rogativa ancestral. Matilde y los suyos agradecieron y pidieron que las fuerzas de la naturaleza les asistieran. Antes del amanecer del 2 de mayo pasado, en ese recóndito lugar de la meseta chubutense, los protagonistas de la recuperación iniciaron el nguillatun para recibir el newen (fuerzas de la naturaleza), todos en semicírculos alrededor del rewe (lugar sagrado). Agradeciendo, a través de la ceremonia, lo sucedido y por lo que vaya a acontecer.
El campo donde está Matilde es parte de una recuperación aún mayor que comenzó enCosta del Lepa el 13 de julio de 2019, más precisamente a orilla de la Escuela N° 99. El edificio escolar lleva por nombre “Manuel y Zenón Antieco” en memoria de los dos hermanos que sobrevivieron a la matanza de Roca y la llamada Campaña del Desierto, que luego cobijaron en esos territorios a diversas familias mapuches.
Un mes más tarde, el 14 de agosto se desarrolló la recuperación en la zona de El Mayoco, allí donde Matilde y los suyos se reencuentran con sus ancestros.
Volver a ocupar el territorio no fue un acto que se efectuó de la noche a la mañana. Eusebio Antieco había notificado y advertido al particular que explotaba ese campo de las irregularidades que afrontaba su posesión. Pero los planteos nunca fueron respondidos. Entonces llegó la recuperación.
La historia de la región habla del despojo y la persecución a la que fueron sometidos los mapuches. Los reclamos tienen registro que vienen desde 1948, a pesar que desde el ’42 en la región se creó lo que se denominó la reserva indígena de la Colonia Gualjaina, que junto a la Colonia Cushamen fueron dos de los asentamientos más grandes de la región. Los reclamos por la restitución territorial figuran en expedientes de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Un territorio al que fueron a parar inclusive los desalojados de la reserva Nahuelpan en 1937, en cercanías de Esquel. El trabajo realizado por la doctora María Alma Tozzini (CONICET), permite reconstruir parte de esa historia negada. Convocada en el 2008 por la Oficina de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Ministerio Público de la Defensa de Esquel Tozzini coordinó una pericia interdisciplinaria en el marco del juicio por usurpación que un particular le seguía a un poblador indígena. Su trabajo fue clave.
Además de reconstruir el linaje de los Antieco, Tozzini puso en evidencia la presencia de los mapuches en ese corazón de la meseta. En el repaso de la documentación queda también en claro, por ejemplo, cómo por entonces (década del “40), la Compañía de Tierras del Sud Argentino operaba en Buenos Aires para que las personas desalojadas de Nahuelpan fueran reubicadas en Colonia Gualjaina y no en Colonia Cushamen. La Compañía temía que esas personas, ante la falta de tierras suficientes pusiera en juego las generosas extensiones que le había otorgado el Estado.
Lo cierto es que el 18 de mayo de 1942 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ramón Antonio Castillo mediante decreto ordenó la reserva “con fines de utilidad pública con destino a la concentración de indígenas argentinos”. Así lo señala, de manera textual. Para ese fin se destinaron 74.432 hectáreas. “Hoy no llegan a 6 mil hectáreas las que son usufructuada por los mapuches. Hay un robo que se fue cobijando a lo largo del tiempo”, nos aclara Eusebio Antieco.
Ni siquiera la constitución del estado provincial trajo soluciones en ese sentido. Más bien las profundizó. La ausencia de políticas desde 1954 fueron una constante hasta nuestros días, teniendo al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC) como un actor fundamental en el despilfarro de tierras. Lo que ayer eran reservas o colonias indígenas, comenzaron a transformarse en tierras fiscales y luego en propiedades privadas.
Bajo el primer gobierno del fallecido Mario Das Neves hubo un intento de desalojo por parte del estado chubutese. La iniciativa allá por el 2003 del ex gobernador justicialista, que negaba la pre-existencia del pueblo mapuche en la zona de Costa de Lepa, no prosperó.
“Hemos gestionado ante todas las autoridades. Inclusive hasta con el actual gobernador Mariano Arcioni que anduvo por la zona inaugurando una parada de colectivo”, añade Eusebio Antieco. Es entonces cuando lanza un presagio y vaticina que “si el Estado no se pone los pantalones y empieza a impartir verdadera justicia esto será un descontrol cada vez más”.
El hombre, por cuyo ADN corren las guías genéticas que lo conducen hasta su bisabuelo Manuel Antieco, sostiene que “las comunidades somos olvidadas porque el mismo Estado nos tiene olvidado”.
Don Serafín Jofré se ahorcó y puso fin a su vida en el campo donde vio crecer parte de su familia. En esas mismas tierras descansan sus restos. Los terratenientes del lugar comenzaron una serie de aprietes por presuntas deudas que habría adquirido a partir de los pastajes (un término que ni siguiera figura en el diccionario de la RAE), pero que quizás explique la incapacidad para comprender que podían tener los paisanos frente al avance de foráneos que comenzaban a disputar el territorio a integrantes de los pueblos originarios. Así como las deudas generadas en los boliches por la compra de mercaderías, incluido el alcohol, se transformaron en posesiones de tierras por parte de los presuntos acreedores, “la deuda de pastaje”, fue en la misma sintonía. Al día de hoy existe, por ejemplo, confusión en cuanto a los contratos de pastaje o pastoreo. Lo acorralaron exigiéndoles animales y hectáreas. “Eran personas indigentes que no se sabían explicar”, rememora hoy su bisnieta Matilde.
El territorio de Don Serafín se extendía por más de 1200 hectáreas que se fueron perdiendo a partir del reclamo de aquellas presuntas deudas.
En el 2001 se había extendido un “Permiso Precario de Ocupación” a Oscar Bestene de las 650 hectáreas que formaban parte del territorio del mapuche que años atrás se había quitado la vida. Son esas tierras las que hoy vuelven a recuperar sus descendientes. El mismo terruño donde hoy descansan sus restos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
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