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Cuando la resistencia es la alternativa

El 15M le cambió la cara a España. Por debajo de los nuevos partidos electorales, que modificaron la relación de fuerzas parlamentaria, autonómica y municipal, las evoluciones que están promoviendo los movimientos sociales son tan potentes como las que encarna Podemos, aunque con mucha menos visibilidad. Por Raúl Zibechi, publicada por Brecha.

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hace 9 años

18/05/2016

Actividad recreativa en Errekaleor. Foto: Facebook

“Esto me recuerda lo que vivimos allá”, dice Fabricio, un argentino que integraba el piquetero Frente Popular Darío Santillán y que ahora vive con su pareja y su hijo en Errekaleor, en la periferia de Gasteiz/Vitoria. Es que las crisis parecen despertar la creatividad de los seres humanos, a partir de recuperar tradiciones hurgando en la memoria comunitaria común a la especie.
Lo que a Fabricio le entusiasma es la capacidad de recrear la vida en los márgenes con iniciativas de vivienda, cultura y producción similares a las que conoció en su juventud en el conurbano bonaerense. En el Estado español abundan este tipo de emprendimientos que nacieron de la mano de los movimientos sociales, al calor de la desocupación y la precarización del empleo. Pueden verse en casi todas las periferias urbanas, desde los pueblos hortelanos que rodean Valencia hasta las ciudades vascas, gallegas y asturianas, pasando por Madrid y la estepa castellana.
Las iniciativas de los movimientos españoles tienen algunas características en común con las que tuvieron los piqueteros y conservan los sin tierra y los indígenas: el arraigo territorial de las resistencias es quizá la más importante, que permite la creación de formas de vida alternativa en espacios propios, el despliegue de culturas diferentes a las hegemónicas y espacios de formación autocontrolados. Nada de esto hubiera sido posible sin la crisis; pero el gran desafío, como en todas partes, es si resistirán cuando las cosas mejoren, aunque por ahora nada indica que eso sucederá.
Las tres experiencias sociales que se detallan abajo son hijas del 15 M, aunque algunas hayan nacido mucho antes de esa fecha. Fueron las masivas acampadas en plazas a partir de la toma de Puerta del Sol en marzo de 2011, las que dieron a los movimientos sociales el impulso y los objetivos para salir de la marginalidad y convertirse en alternativas de vida y dignidad para cientos de miles de españoles. La ocupación masiva de la Puerta del Sol, por poner apenas el primer caso, no fue sólo el pistoletazo de la salida sino sobre todo la demostración del “sí se puede” que hizo carne en los movimientos sociales. Fue el paso de la impotencia a la acción, del carácter de espectadores al de protagonistas. Fue, en suma, el comienzo de un viraje en la cultura política que se había establecido durante la transición, tras la muerte de Franco en 1975.
UN CURA CON BARRIO. Se llama Emiliano Tapia y llegó a la parroquia de Santa María Nazaret 22 años atrás, un 1 de mayo. Eligió el barrio Buenos Aires, el más marginado de la turística Salamanca, para hacer realidad sus sueños cristianos de trabajar con los más pobres, no por caridad sino para aprender juntos. Más de dos décadas después, las cosas empeoraron. Al aislamiento urbano se le deben sumar el desempleo y la precariedad, el abandono de las infraestructuras, el narcotráfico y los conflictos de convivencia en un barrio en el que dos tercios de sus habitantes son gitanos. En suma, un gueto. “Barrios sin retorno”, los califica el padre Emiliano, que se empeña en el “acompañamiento en el proceso de dignificar la vida”. Entre todos los problemas, destaca el enorme ausentismo escolar. “A partir de los 12 años el fracaso y el ausentismo son casi totales en los niños y niñas de familias relacionadas con el narcotráfico”, asegura.
“Desde el poder se entretienen los problemas pero no se solucionan”, asegura “el sacerdote rojo”, como lo conocen en otros lugares de la península. Para encarar problemas que no son de ahora, en la década de 1990 impulsó la creación de la Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires (Asdecoba), que complementa el trabajo de la asociación de vecinos y de la de mujeres.
Hacen educación de calle con niños y niñas a través del juego, pero reconocen que con la comunidad gitana los lazos son muy débiles. Una de las mujeres del nutrido grupo que trabaja en la parroquia muestra el coche del cura repleto de rayones en la pintura, signo del rechazo de los narcos a un sacerdote que los cuestiona. Lo han amenazado en varias ocasiones pero nunca se llegó a la agresión directa, por ahora.
El padre no es hombre de quejas sino de acciones. Sube al coche y se ofrece a mostrarnos todo lo que hacen desde Asdecoba para resolver los problemas cotidianos. La primera parada es en el mismo barrio, donde funciona un catering en el que trabajan 20 personas: pobres, ex presos e inmigrantes. Como parte de un convenio con el municipio, todos los días reparten 300 comidas a personas mayores que viven solas y no pueden cocinarse. El catering, de nombre Algo Nuevo, es gestionado por los propios trabajadores, que perciben el mismo ingreso y muestran orgullosos una cocina industrial con modernos equipamientos que compraron trabajando.
La segunda parada son las parcelas cedidas por vecinos que ya no cultivan la tierra y se encuentran a varios quilómetros del barrio. Se trata de cinco espacios de unas tres hectáreas en total, donde plantan hortalizas, y un gran invernadero de donde salen plantines y cultivos de invierno. El año pasado cosecharon 24 toneladas de papas, y en este abren una pequeña procesadora de alimentos donde trabajarán cuatro personas.
Una ex monja riega con increíble tenacidad y una regadera las lechugas recién trasplantadas. Más allá, coles, chauchas, cebollas, remolachas y ajos donde se afanan varios trabajadores. “Cultivamos sin químicos, pero me niego a poner que son productos orgánicos, porque así son para ricos. Los que usan químicos son los que deben poner su etiqueta”, dice Emiliano en un tono enérgico y sereno.
Entre todos los emprendimientos consiguieron sacar a casi cien personas de las garras del narco, de las cárceles y de la pobreza sin dignidad. En algún momento cortaron la autopista reclamando soluciones que no llegan, lo que muestra que son creyentes devotos pero no confían en que Dios vaya a solucionar los problemas terrenales. Pertenecen a un colectivo estatal de nombre Baladre, que se define como“coordinación de luchas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social”.
UN BARRIO AUTOGESTIONADO. Los jóvenes que ocupan Errekaleor saben que es el barrio autogestionado más grande de España. “Errekaleor Bizirik” (Errekaleor vivo), es el lema que los impulsó tres años atrás a recuperar un amplio espacio nacido en la década de 1950 para acoger a los campesinos que llegaban a trabajar en la pujante industria alavesa.
Son 192 viviendas en bloques que albergaron en los momentos de esplendor a 1.200 personas, “en la periferia de la periferia de la ciudad”, como dice uno de los textos del barrio. Está rodeado de campos de cultivo y de un gran emprendimiento urbanístico que se quedó vacío cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. El municipio de Vitoria comenzó a realojar a los viejos pobladores en otras zonas con el objetivo de derribar todos los bloques, porque Errekaleor está situado en la franja de expansión de las grandes inmobiliarias.
El barrio estaba semiabandonado cuando un grupo de estudiantes tomó la iniciativa, en setiembre de 2013, de comenzar a repoblarlo. Acordaron con los pocos vecinos que aún quedaban para ocupar algunos bloques y de inmediato reabrieron el cine y el frontón, reformaron viviendas, plantaron una huerta y realizaron una amplia programación cultural utilizando a la iglesia como centro juvenil para conciertos, que es una de las formas como financian el proyecto.
Tres años después ya son 120. Abrieron una panadería y montaron un gallinero, porque trabajan por la soberanía alimentaria. Instalaron placas solares para alcanzar la soberanía energética. Utopías capaces de entusiasmar a unos cuantos habitantes de Vitoria que visitan por decenas el barrio autogestionado. De algún modo es una forma de disuadir al Ayuntamiento, que trató de forzar el desalojo a medida que el proyecto fue creciendo y ganando simpatías.
Las autoridades les cortaron tiempo atrás el suministro de luz con la excusa de que las instalaciones vetustas podían provocar accidentes. Decidieron hacer las comidas en las zonas comunes que tienen electricidad y las aprovechan para planificar las asambleas de los domingos. En el municipio cuentan con la complicidad del partido independentista vasco Bildu. A principios de mayo abrieron el barrio a la ciudad, montaron un mercado popular donde venden los productos de la huerta y de los talleres, sirvieron comidas, armaron bailes, zonas de juego para los niños y mostraron documentales.
No ha sido sencillo explicar a los que no son militantes que se trata de un proyecto integral, no sólo de vivienda. Un par de vecinos violentos fueron expulsados del barrio, cuando sus parejas aceptaron la propuesta de las mujeres jóvenes de combatir la violencia machista. Las ocupantes feministas montaron un grupo de apoyo a las mujeres golpeadas.
Cada cierto tiempo realizan un auzolan (trabajo colectivo, en euskera) al que asisten personas procedentes de todos los puntos del País Vasco. Colaboran en la pintura de murales, en la ampliación de la huerta, en la educación alternativa o simplemente en la limpieza. Los movimientos sociales se vuelcan en apoyo de la autogestión y parecen alertas ante un posible desalojo.
Jonbe Agirre, uno de los jóvenes estudiantes que participan desde el comienzo, dice que “al principio era un proyecto muy ligado a los jóvenes pero con el tiempo vimos que aquí pueden vivir personas de los más variados perfiles si comparten las bases del proyecto”. Las mayores energías hasta ahora las dedicaron a rehabilitar las viviendas que, con escasas diferencias, han sufrido un largo proceso de deterioro por abandono y humedades.
Experiencias similares suceden en otras latitudes españolas. La Asamblea de Parad@s y Precari@s, de la central sindical anarquista Cgt, en Valencia sostiene una oficina para asesorar a los desempleados sobre sus derechos y dar un apoyo solidario en alimentos mediante un sistema que bautizaron Cesta Obrera Autogestionada y Solidaria (Caos), que reparte alimentos donados por afiliados con empleo fijo, como forma de forjar vínculos entre ambos sectores. Un Ropero Solidario entrega ropa a quienes la necesitan y un taller textil emplea a tres personas de la asamblea que trabajan con una máquina industrial. No reciben ni un euro del gobierno y lucen con orgullo el lema “Frente a la dependencia del Estado, autonomía social”.
ESCUELA DE LOS MOVIMIENTOS. La autoformación ya no es patrimonio exclusivo de los movimientos sociales latinoamericanos (si alguna vez lo fue). El último fin de semana de abril casi cien activistas de colectivos de todo el Estado español participaron en tres jornadas de debates y formación en un predio en las afueras de Madrid. Por segundo año funcionó la Escuela Social Ramón Fernández Durán, en homenaje a uno de los más carismáticos militantes ecologistas y anticapitalistas. La escuela fue convocada por la Cgt, Ecologistas en Acción y Baladre, tres colectivos que vienen trabajando juntos desde hace unos cuantos años. Las dos sesiones principales estuvieron dedicadas a la reflexión sobre estrategias a partir de dos disparadores: “Análisis de la situación actual y de los escenarios posibles en diez o veinte años”, y la pregunta “¿Cómo relacionar las estrategias de toma de las instituciones, de movimientos sociales y de construcción de alternativas?”.
Especialistas de los propios movimientos tuvieron apenas 15 minutos para sintetizar sus ideas, evitando así largas disquisiciones. Luego se trabajó en grupos con dinámicas propias de la educación popular, métodos de trabajo casi idénticos a los que aplican los movimientos latinoamericanos. Uno de los debates más recurrentes fue cómo combinar el trabajo en las instituciones con el fortalecimiento de la actividad callejera, algo que también se discute en nuestro continente.
Presente en las discusiones estaba Toni Valero, de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa, un barrio dormitorio a ocho quilómetros de la ciudad de Valencia. Como Errekaleor, Alcosa nació en la década de 1960 al calor del desarrollismo franquista, para albergar las oleadas de inmigrantes andaluces y extremeños que abandonaban el mundo rural. Hoy viven unas 10 mil personas con los nuevos inmigrantes latinos y magrebíes. El parque presenta tasas de desocupación que oscilan en el 40 por ciento, el 70 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y ostenta elevadas tasas de drogodependencia y problemas de salud mental, además de ausentismo escolar y analfabetismo funcional.
La Koordinadora agrupa asociaciones que trabajan en proyectos sociales y culturales. Son 14 iniciativas de empleo social que crearon más de 140 puestos de trabajo y por las cuales pasaron más de 500 personas. Entre ellas destaca la cooperativa para la limpieza de las calles, que consiguió ganar licitaciones municipales frente a empresas privadas. Todo lo consiguieron con acciones audaces, ocupaciones, acampadas y huelgas de hambre. En 2013 estuvieron durante más de un mes en la Acampada de la Paciencia Infinita, nombre que ironiza sobre la actitud de las autoridades.
Toni enseña el realismo crudo de su cultura obrera que lo lleva a decir que la crisis es un cuento: “Para seguir acumulando tienen que dejar de crecer y chupar a otros, en un proceso de concentración que nunca se detiene. Por eso no podemos decir que el capitalismo está en crisis, el capitalismo es así, por momentos se expande y en otros se contrae, pero en los dos casos sigue acumulando”.
Para los vecinos de Parque Alcosa, sin embargo, la crisis en curso agravó las condiciones de marginación en que vivieron siempre. La coordinadora del barrio lleva 30 años trabajando con situaciones de marginación por desempleo, que ahora se ve engrosado por la precariedad laboral, contratos a corto plazo y salarios miserables. Allí están los trabajadores que no pueden organizarse en su lugar de trabajo y que optan por hacerlo en sus territorios, donde a pesar de la presencia policial se sienten más seguros y protegidos por otros y otras que sufren la misma situación.
En algún momento habrá tiempo para reflexionar sobre la relación entre las llamadas “microexperiencias locales” y los cambios a escala macro que pasan por los partidos de nuevo tipo (como Podemos y las candidaturas municipales Ahora Madrid, Barcelona en Común y tantas otras que hoy gobiernan varias ciudades españolas), y las grandes movilizaciones llamadas “mareas”. Entre los activistas va ganando espacio la convicción de que no es una cosa y la otra, sino alguna forma de retroalimentación entre ambas modalidades que permite, a la vez, fortalecer lo micro y lo macro. Nadie tiene fórmulas, pero ganas de cambiar las hay a borbotones.
La nota completa, publicada en Brecha.

Temas:

Hacia un autoritarismo reforzado

«¡Con razón eran secretos!»

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 2 días

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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hace 1 semana

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.