El Poder Judicial provincial falló a favor de tres hábeas corpus preventivos colectivos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública chubutense y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia ante las 4551 detenciones que se produjeron desde el comienzo de la cuarentena. Las partes denunciaron que Chubut implicó el 10% de las detenciones nacionales en un territorio que representa el 1,2% de la población del país. Balazos a repartidores de comida, mujeres detenidas por baldear la vereda, otras desnudadas, y aperturas de gimnasios municipales como lugares de detención, son algunas de las imágenes de una provincia que dicta toque de queda todas las tardes. El ministro Massoni y el comisario que ordenó “tratá de meter gente en cana”. Dato de época: en plena crisis por falta de pago de sueldos, el gobierno de Arcioni contrató por 450.000 pesos a un consultor de las mineras para hacer “monitoreo de medios”, o ciberpatrullaje.

Dos historias.

• Un repartidor de comida estaba por llegar a su hogar en el barrio Cayetano, en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando fue interceptado por doce policías con los rostros cubiertos. Estaban distribuidos en seis motos: los acompañantes tenían escopetas con balas de goma. Le pidieron sus datos, su DNI. Se bajaron, lo empujaron contra la pared, lo palparon y le robaron 800 pesos que había trabajado en el día. Luego, uno de los efectivos le disparó un balazo en el tobillo. Dijo que se le había “escapado”. El oficial levantó el cartucho verde y se fueron, dejando al hombre tirado en el piso.

• En Trelew, un hombre que hace delivery para subsistir con su pizzería, cerró el comercio y estaba volviendo a su casa en moto cuando fue interceptado por un operativo: entre cuatro policías le sacaron su vehículo, lo tiraron contra la pared y le ataron las manos con precintos. Lo cargaron en una camioneta hasta la Comisaría 1ª junto a otras veinte personas más, hacinadas, a menos de la distancia social recomendada y sin barbijos. Así estuvo detenido dos horas. Lo liberaron sin su moto -la misma que utiliza para repartir- y obligándolo a caminar las veinte cuadras hasta su casa.

Estos abusos son sólo dos muestras de las decenas de denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la concejala de Trelew Mariela Flores Torres sintetizaron en tres hábeas corpus preventivos a los que la Justicia provincial dio lugar en la tarde de este lunes.

El foco de la resolución de la jueza Mirta Moreno son los abusos y las vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad que se masificaron en todo el territorio chubutense luego de la veintena de resoluciones que el Ministerio de Seguridad provincial, comandado por Federico Massoni, lanzó endureciendo las propias disposiciones del DNU presidencial sobre los permisos y las actividades a desarrollar en medio de la cuarentena obligatoria.

Ejemplos:

• Todos los días en todos los municipios chubutenteses, a las 19:30, suenan las sirenas de los bomberos para anunciar el toque de queda.
• Los permisos para circular se establecieron según la terminación del DNI. Los que terminan en par pueden salir para compras los lunes, miércoles y viernes. Los impares: martes, jueves y sábados.

Frente al rechazo social, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogará las medidas, cuestión que habrá que ver si se confirma en la práctica.

“En toda la provincia tenemos al día de hoy sólo dos contagios por Covid 19, pero ya vamos 4551 detenciones”, explica a lavaca la concejala Torres (Partido Municipal), autora de uno de los hábeas corpus en representación de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. “Las resoluciones no se ajustan a razonabilidad, porque el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, no está recomendando tomar ninguna medida de detención. Y tampoco es proporcional a la cantidad de casos. Mientras en términos sanitarios, sólo en Trelew, tenemos 54 respiradores para 120 mil habitantes. Ya veníamos en emergencia desde antes, y toda esta salida represiva como la única opción no puede ser razonable”.

Ministros rebotando

La audiencia prevista para esta tarde fue dispuesta por la doctora Moreno, jueza de turno en la Oficina Judicial de Trelew y Rawson, luego de dictar un cuarto intermedio durante todo el fin de semana. El ministro Massoni acudió acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Grazzini.  Presentaron un proyecto de DNU provincial en el que ajustarían los protocolos a los dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y, por ende, derogarían todas las resoluciones ministeriales.

Sin embargo, las partes representadas por la Secretaría de DDHH de la Nación, la Defensa Pública y la Comisión contra la Impunidad lo rechazaron, ya que el objeto de la audiencia eran los hábeas corpus, y no un proyecto de DNU.

La concejala Torres explica a lavaca el fallo de la jueza:

• “No escuchó a los testigos, porque consideró que las prueba presentadas por las partes eran suficientes.
• Dio lugar al hábeas corpus.
• Ordenó que las fuerzas de seguridad se ajusten al protocolo nacional.
• Pidió la derogación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia.
• Reconoció que hubo abusos”.

Torres apunta a lavaca que la jueza dispuso, además, la vigencia del hábeas corpus hasta que el DNU provincial se publique en el Boletín Oficial.

Lo grotesco y lo chimango

«Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El Ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos. Debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última los demoran en el lugar. Hacés un acta en el lugar o los llevás un minuto a la comisaría. Si buscan, encuentran. Gente que anda chimangueando».

Las palabras se conocieron tras un audio filtrado a los medios, y son del director de Seguridad provincial, el comisario general Paulino Gómez, ordenándole detenciones al Jefe de la Comisaría 1ª de Trelew. El propio Gómez salió a hablar tras el escándalo: “Soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo”.

El hábeas corpus de la concejala Torres es el que mejor explicó el caos y las arbitrariedades desatadas luego de las resoluciones dictadas por el ministro Massoni:

• Primero, el 19 de marzo (día que se estableció el aislamiento obligatorio) dispusieron que desde las 00 horas del 20 de marzo hasta las 00 horas del 25, se impediría la circulación en las ciudades e interciudades de la provincia, salvo emergencias médicas, laborales justificadas y transporte de cargas.
• La resolución fue dejada sin efecto tres días después para consignar que se restringiría el tránsito en todas las calles hasta las 20 horas.
• Advirtiendo el error, el mismo día corrigieron que el tránsito se restringiría “desde” las 20 horas, y por tiempo indefinido.
• El 24 de marzo –Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia- establecieron el cronograma de DNI. Corina Milán, directora de Escuela 23 de Marzo e integrante de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, cuenta a lavaca que ese mismo día comenzó también el toque de queda: “A las 19:30 escuchamos la sirena de los bomberos. Parecía un escenario de ciencia ficción, en un día de mucha sensibilidad. A las 20 horas ya nadie podía circular”.
• El 31 de marzo, ante los reclamos, se dispuso que los domingos pudieran salir a comprar cualquier ciudadano o ciudadana sin importar su DNI.

El Ministerio de la Defensa Pública subrayó en su presentación que estas resoluciones fueron publicadas todas juntas en el Boletín Oficial recién 1 de abril. “Es decir, comenzaron a aplicarse, a detenerse individuos en aplicación de las mismas sin estar publicadas, es decir sin que sean legalmente vigentes”.

Torres explica que lejos de ordenar la vida cotidiana, las resoluciones detonaron la confusión y escenas de películas grotescas: filas interminables y aglomeraciones en sedes de Pagó Fácil, con la dificultad para los impares de tener que salir los lunes -día que no les estaba permitido- porque era el habilitado para pagar en redes extrabancarias hasta las 12 del mediodía. Todo sumado a la cantidad de detenciones.

Torres aclara a lavaca: “Son resoluciones ministeriales que no tienen alcance porque no son DNUs provinciales. Y, a su vez, van contra el propio DNU nacional. A las 19:30 hay un toque de queda, por lo que ya no puede haber nadie en la calle, sólo por decisión del ministro de Seguridad, cuando en el DNU nacional no está establecido nada de eso. Lejos de generar resoluciones para cuidarnos de la pandemia, Massoni avanza en su abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba. En marzo tuvimos compañeras del área de Salud encadenadas al Ministerio por huelga de hambre, pidiendo la emergencia por insumos y salarios. Los únicos que cobran acá en tiempo y forma son el personal policial y los funcionarios”.    

En un escrito que compartió por Facebook, la concejala subrayó que a los catorce días de la cuarentena ya había 2300 detenciones en toda la provincia. El 5 de abril hubo 177 detenciones en solo una noche, la mayoría en Puerto Madryn. En ocho días las personas demoradas aumentaron un 160%. A este lunes contabilizaban 4551 detenciones.

El exsubsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Fernando Peralta, advirtió que desde la imposición de la cuarentena se detuvo “a casi el 10%” de todos los detenidos a nivel nacional, cuando la provincia implica sólo el 1,2% de la población del país.

Desnundando mujeres y matando mascotas

Mientras en todo el país las universidades, escuelas y hasta fábricas abren sus puertas para acondicionarlas con dispositivos sanitarios para atender a la población, en Trelew se habilitó el gimnasio municipal para alojar detenidos. El intendente tuvo que suspenderlo luego de un video que mostró cómo la policía golpeaba a un hombre. La gravedad de todas estas denuncias motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, cuyo responsable, Horacio Pietragalla, presentó otro de los hábeas corpus preventivos, donde reconoce que “los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut conforman un colectivo que vive constantemente expuesto a la amenaza de ser detenido u hostigado por las fuerzas de seguridad de la provincia”.

Otras denuncias recabadas por los hábeas corpus:

• Un hombre circulaba a las 13:30 hacia la casa de su madre de 65 años para asistirla. Si bien está dentro de los permisos, le secuestraron el vehículo y fue detenido porque el sábado circulan los pares: él es impar. No lo llevaron al Gimnasio porque tenía un conocido entre los efectivos, que “lo hizo zafar”.
• Una mujer fue detenida a las 14:30 por personal de la Comisaría 4ª mientras baldeaba y desinfectaba la vereda de su casa, en el barrio San José, en Trelew. Su hijo de 9 años quedó solo en su casa hasta las 16. La llevaron esposada desde su casa y esposada estuvo hasta una hora después. Le dijeron que no podía leer el acta antes de firmarla, luego de que manifestó que constara que su hijo había quedado solo. En el acta hicieron firmar a dos personas que habían sido testigos del hecho.
• En Puerto Madryn, obligaron a dos mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
• En Rawson, un policía mató a la mascota de una familia en un “operativo de control” para verificar si había albañiles trabajando e incumpliendo el aislamiento en un predio contiguo a la casa, donde ingresaron sin pedir permiso.

450.000 pesos para “monitorear medios”

Corina Milán, de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, ubica la actual situación dentro de la crisis en la que ya estaba inmersa la provincia, como relató MU en su edición 140. “A este gobierno le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo. Que sea un estado de excepción no habilita a que se avance sobre los derechos ciudadanos”.

Los sueldos estatales siguen atrasados entre 1 y 2 meses. “Hace pocos días cobré febrero. La gente está muy mal. Si no hubiera un aislamiento preventivo, es altamente probable que estuvieran las calles llenas de gente como el año pasado”. Corina pocas veces vio un estado de militarización como el actual. “El gimnasio municipal reconvertido como centro de detención recordó a las peores épocas. También abrieron escuelas para lo mismo. Es una barbaridad. Hay que pensar que toda esta movilización de policías también tiene un costo. Se están llevando a gente que salió a la calle a sacar la basura. Insultan a las personas que baldean las veredas en las puertas de sus casas”.

Los movimientos en torno a la megaminería (actividad prohibida por ley, y de fuerte rechazo social en todo el territorio provincial), sin embargo, no se detienen. “Pusieron como subsecretario de seguridad a Félix Sotomayor, uno de los diputados que votó contra la iniciativa popular en 2014”. Esa iniciativa, construida desde todas las asambleas chubutenses, planteaba ampliar la prohibición de sustancias tóxicas de la minería en la provincia: el proyecto fue modificado por los legisladores y votado bajo una dura represión en Rawson.

Sigue Corina: “La asamblea de Gan Gan publicó las fotos de las camionetas de la minera cargando nafta. ¿A todos nos restringen pero a ellos les permiten?».

Todo suma: la semana pasada se conoció el decreto en el Boletín Oficial del pago de 450 mil pesos a José Luis Gaud “por el servicio de monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”, tema más conocido últimamente como “ciberpatrullaje” Este señor cobra además como empleado del gobierno y fue consultor de la minera Pan American Silver. En su propio perfil de Linkedin Gaud cuenta que lo suyo es desarrollar “planes estratégicos de comunicación minera” y que elaboró un “Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.

Como puede intuirse, nada de esto representa errores o excesos, sino una política de Estado que en Chubut aprovecha la pandemia para que se contagien los negocios oscuros y el autoritarismo.