Nota
Cuatro años sin Tehuel: ¿dónde está?

El 11 de marzo de 2021 Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que soñaba con un trabajo para construir su hogar y formar una familia, salió de su casa de San Vicente, a 51 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la dirección de una persona que le había ofrecido empleo. Fue la última vez que se lo vio.
La transformación de una identidad, de un cuerpo, y la búsqueda de trabajo, chocaron con el odio, el crimen y una desaparición más en democracia. El año pasado hubo un juicio con condena a prisión perpetua para uno de los acusados. Las reflexiones de Norma, la mamá de Tehuel, y los detalles de un fallo tremendo que explica el caso y brinda a la vez una lección sobre el presente: “¿Cómo te lo puedo decir? Llegó el juicio pero no tengo cuerpo. No tengo a mi hijo. Y es más duro que si vos tenés el cuerpo porque sabés que por lo menos le podés llevar una flor. Llorar ahí. Yo no. Hasta a veces pienso que va a entrar por esa puerta. Y no. Toda la prueba dio que lo mató, ¿pero dónde busco ese cuerpo?”.
Por Lucas Pedulla
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org

Los perros cachorros y saltones saludan del otro lado de la cerca –unas cañas con alambre– moviendo la cola. Una gatita flaca y negra con ojos vivos se asoma a través del umbral de una puerta que se abre ni bien un auto que no es del barrio se estaciona sobre la calle de tierra. Del lado izquierdo, las paredes son de madera. Del lado derecho, ladrillo grueso. El techo es de chapa con planchas de telgopor en el interior, y alrededor hay cientos de plantas porque Norma Nahuelcura, la mamá de Tehuel, dice que las colecciona.
“Antes tenía muchas más”, sonríe. En el patio hay materiales de obra y dentro de la casilla hay bolsas de cemento apiladas debajo de un cuadro que le regaló un vecino que trabaja en la Quinta de Perón. Hace unos días empezaron los albañiles, lo que quiere decir que Norma hace tres años está luchando en estas condiciones.
El 11 de marzo de 2021, su hijo Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que soñaba con un trabajo para construir su hogar y formar una familia, salió de esta casa de San Vicente, a 51 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la casa de una persona que le había ofrecido empleo. Fue la última vez que lo vio.
Desde entonces, Tehuel de la Torre es un desaparecido.
Su sonrisa –en fotos, en murales– se convirtió en bandera. Norma, acompañada de organizaciones sociales, a través de Familiares y Amigos de Tehuel en el Frente Orgullo y Lucha, encabezó el pedido de justicia, que el año pasado tuvo una sentencia histórica. El 30 de agosto del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a Luis Ramos por homicidio calificado por haber sido cometido por odio a la identidad de género. Dos días antes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dicho que “la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología son inventos subjetivos”.
El fallo fue contundente: no solo fue el primero en el país que incorporó el odio a la identidad de género, sino que tomó como agravante la desaparición del cuerpo.
Entender qué significa es lo que explica Norma, entre plantas y materiales de una casa que está empezando a construir, mientras sigue buscando a su hijo.
Estallido
«No es que estoy contenta, pero el fallo sí fue un alivio para mí”, ubica Norma. A su lado está Mónica Galván, la persona que la acompañó a todos lados y fue clave para tejer la red de afecto y militancia con la que se bordó el juicio: “A Tehuel lo asesinan en un contexto de extrema vulneración y lo desaparecen cuando lo que intentaba es ir a buscar trabajo. Al Estado le estalla en la cara esa desaparición. La fuerza de las organizaciones fue lo que permitió cristalizar el reclamo. Sin ellas, no hubiéramos llegado”.
Norma coincide: “Necesitábamos una condena fuerte, no que cumplan nueve años y salgan. Las pruebas fueron contundentes. Le dieron la condena porque realmente lo mató. Y por odio”.
Ramos fue el único acusado en este juicio. Su amigo Oscar Montes también está acusado, pero tendrá un juicio por jurados, aún sin fecha. “Es una revictimización para Norma –apunta Mónica–. Hay que aclarar que este juicio, además, tenía fecha para 2027, pero reclamamos y logramos que se adelante, en plena feria judicial. Fue una respuesta contundente”.
El veredicto tiene 83 páginas.
Los indicios
La defensora de Ramos planteó en el juicio que sin cuerpo no podía acreditarse la muerte porque no existían pruebas “directas e inmediatas” de ello.
El presidente del tribunal, Claudio Joaquín Bernard, que lideró el voto del fallo (acompañado por el juez Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr), no lo compartió y argumentó:
- “No debe confundirse ‘cuerpo del delito’ con la prueba del mismo, pues aquel es objeto y no medio de prueba. De allí, por ejemplo, que los rastros o vestigios en sí mismos no deben probarse, pues ellos son justamente los medios con que se acredita el cuerpo del delito”.
- “Por ello es que, tratándose de un homicidio, el cuerpo del delito no es el cadáver, ni los instrumentos, rastros, huellas, etc., ni las piezas de convicción, sino el hecho de que alguien haya sido muerto por obra de otro, esto es la acción consumada de matar a un hombre, con todos los elementos constitutivos: acción u omisión, nexo causal y resultado típico. El resto, concierne a la prueba”.
- “Lamentablemente, al día de hoy el cuerpo de Tehuel de la Torre no ha aparecido, pero existen indicios precisos y contundentes que permiten tener por acreditado no solo que lo mataron entre las últimas horas del día 11 y las primeras del día 12 del mes de marzo del año 2021 en la casa ubicada en la calle Mansilla N° 1203 de la localidad de Alejandro Korn, sino que Luis Alberto Ramos es uno de sus autores penalmente responsables”.
¿Qué valoraron los jueces para sostener esta argumentación?
Geolocalización del crimen
El juez enumera:
- La acreditación de que Tehuel el 11 de marzo de 2021 salió de su casa para dirigirse a la de Ramos, quien lo había convocado para participar como mozo en un evento conociendo su necesidad de trabajo. Toma como “incuestionables” las declaraciones de la pareja y la tía del joven, la visualización de las cámaras del colectivo de la empresa San Vicente, y el informe de la tarjeta SUBE (que ubica a Tehuel en la línea 435, pasadas las 19 horas, sin movimientos posteriores).
- La geolocalización del celular, que apareció entre las 19.49 y las 00.24 del día siguiente a muy pocos metros de la vivienda de Ramos, en Alejando Korn, donde dejó de funcionar. Del móvil de Ramos se extrajo además una selfie en la que se lo ve con Tehuel y Montes (el otro acusado) alrededor de una mesa. Para la justicia, esto prueba que Ramos mintió cuando dijo que solo había visto unos minutos al joven para decirle que el evento se había cancelado. Luego, en otras imágenes, Ramos aparece bailando frente a “una persona que continúa sentada que no puede ser otra que Tehuel”, por su vestimenta.
- En la ligustrina que rodea la casa de Ramos, la justicia encontró restos calcinados de la campera que llevaba puesta Tehuel. En una zanja de la vereda hallaron también la carcasa quemada de su celular. La pareja los reconoció como elementos pertenecientes al joven.
- El juez estimó “de indubitable contundencia probatoria” una muestra de manchas hemáticas halladas en las paredes de la vivienda de Ramos. El informe estableció que se trataba de sangre humana y las pericias determinaron que correspondía en un 99,99% a un hijo de Norma y Félix, mamá y papá de Tehuel: “Adviértase que ninguna explicación, fuera de la muerte violenta de la víctima, resulta plausible para justificar la existencia de tales manchas hemáticas, que observables a simple vista, en forma de gota y a una altura aproximada de un metro cincuenta, se encontraban en la pared interior de la casa que habitaba Luis Ramos”.
- La “actitud de fuga” asumida por Ramos después de la desaparición.
- Finalmente, el juez destaca que luego de salir de su casa en dirección a lo de Ramos, Tehuel nunca más volvió a ser visto.
Ramos había integrado el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) local. Tehuel lo conocía y habían coincidido en marchas. Una integrante de la organización declaró como testigo en el juicio que había pedido que apartaran a Ramos porque le había llegado el rumor de que vendía cocaína. A su vez, la ex de Ramos declaró que había abusado de su hijo y que perdió a su bebé “como consecuencia de los golpes que le propinó”. Al tribunal tampoco se le escapó un antecedente: Ramos tenía otra condena por homicidio en 2009.
Odio
Los jueces no tienen dudas: “El hecho descripto en el veredicto constituye el delito de homicidio calificado por haber sido perpetrado por odio a la identidad de género en los términos del art. 80 inciso 4° del Código Penal”.
Citan jurisprudencia internacional:
- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) ha analizado en profundidad en diferentes fallos el concepto de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y las personas cuyos cuerpos no se ajustan a los estándares sociales de corporalidad femenina o masculina. Muchas manifestaciones de estas violencias se presentan en el deseo del perpetrador de castigar dichas expresiones o comportamientos que difieren de los ‘estándares tradicionales’ o que son contrarios al sistema binario hombre–mujer”.
- “El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) hace especial énfasis en que la mayoría de las personas trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que comienza desde muy temprana edad, por la violencia y exclusión sufrida desde sus hogares, centros educativos y dentro de las comunidades en donde desarrollan sus actividades”. El juez cita las dificultades que tenía Tehuel para encontrar trabajo. Su pareja declaró: “Fuimos a un supermercado, fue a pedir trabajo y le dijeron que no porque se podía arrepentir de su orientación sexual y podía quedar embarazada”.
- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia contra las personas LGBTIQ+ constituye “el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”.
- Los jueces agregan que la discriminación por razones de orientación e identidad sexuales pueden contribuir a “deshumanizar” a la víctima. Entendieron en este punto de “vital relevancia” la declaración de la militante del MST que señaló lo que Ramos dijo sobre la identidad sexual adoptada por Tehuel: “Qué desperdicio de mujer”. La frase “no pasó desapercibida” al tribunal, explican, como tampoco que la mujer le dijo a Tehuel que se cuidara de Ramos.
- Los jueces entienden que este “desprecio” no es exclusivo de nuestra sociedad, y citan un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Georgia por un ataque homofóbico en el Día Internacional contra la Homofobia, bajo la anuencia de la policía local, en un aviso por elevación de que los estados son responsables.
- Recuerdan además los magistrados el Principio N° 24 de Yogyakarta, que “reconoce el derecho de toda persona a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y que ninguna de ellas puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes”.
Llegan así a la dimensión del horror: “Ramos no se quedó con la retórica de las palabras ofensivas hacia Tehuel sino que llevó su odio al acto de provocarle la muerte. Y aun más allá, pues hizo desaparecer su cuerpo, impidiendo de tal modo el duelo de su familia y amigos ante tan dolorosa pérdida, procurando borrar todo vestigio de su accionar delictivo”.
El engaño
¿Por qué es un agravante? Explica la sentencia:
“Los hechos de la vida, lamentablemente, nos muestran que es posible la comisión de un homicidio de las características apuntadas pero acompañado de circunstancias que reflejan una gravedad tal que supera la captada por el tipo. Ramos no sólo le quitó la vida a Tehuel motivado por el odio a su identidad de género, sino que hizo desaparecer lo único tangible que queda de un ser humano cuando muere, impidiendo de este modo que sus seres queridos puedan tener su cuerpo para vestirlo por última vez, velarlo y despedirlo, tener sus restos sepultados o las cenizas de su cremación que simbolizan su presencia en este mundo. Pero, además, la imposibilidad de que la familia pueda certificar con sus sentidos que Tehuel fue efectivamente asesinado crea la ilusión –apoyada en la irracionalidad del sentimiento y la fe– de que puede estar vivo en algún lugar, de modo tal que impide a cada uno de sus seres queridos –en mayor o menor medida– alcanzar esa paz que solo se logra cuando la razón nos muestra que las cosas ya no pueden cambiar y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Este ocultamiento se transforma en un engaño para quienes lo buscaron y lo siguen buscando, al punto tal que se extendió al poder político del Estado provincial que siguió ofreciendo recompensa por su hallazgo tras varios años de su desaparición”.
Vida de psicópata
Norma se mira las manos: “¿Cómo te lo puedo decir? Llegó el juicio pero no tengo cuerpo. No tengo a mi hijo. Y es más duro que si vos tenés el cuerpo porque sabés que por lo menos le podés llevar una flor. Llorar ahí. Yo no. Hasta a veces pienso que va a entrar por esa puerta. Y no. Toda la prueba dio que lo mató, ¿pero dónde busco ese cuerpo?”.
Afuera, el canto de los pájaros acompaña este silencio. Mónica piensa: “Esto no es solo un asesinato, es mucho más profundo. Acá hay personas que van a quedar sufriendo de por vida porque no saben dónde está su ser querido. Tenemos asumida la muerte desde que nacemos, pero la desaparición es lo más antinatural que puede haber”.
Ramos no habló en todo el juicio. “Y no va a hablar –dice Norma–. Ya los expertos dijeron cómo es”. Norma se refiere a los peritos que declararon en las audiencias. Uno manifestó que “no podría hablar de sentimientos” en la actitud de Ramos. Sobre la “estructura psíquica” del asesino, los jueces ponderaron este fragmento: “No es neurótica para mí. (…) no se angustiaba. Y el que no se angustia, no se angustia, ante el dolor ni ante nada. La vida de un psicópata es una vida interesante, porque si le dicen: ‘vas a estar veinte años preso’, no va a llorar (…) no es afectivo, es manipulador. Se pone por encima de otro, tratando de mostrar una fachada, de mostrarse superador”.
Norma dice: “El único que esperemos que diga algo es Montes”.
¿Esperás eso?
–Ojalá. Es un pálpito que tengo siempre: que algo va a decir.
¿Qué pasaba si buscaban?
Mónica ubica el peso del fallo: “Es un contexto de odio, de discriminación. Nos quieren desmantelar. Fue un mensaje enorme para revalidar las conquistas y las decisiones disruptivas desde un DNI hasta el matrimonio igualitario en una sociedad pacata. El mensaje de la justicia fue superador”.
Destaca la amplitud que tuvo el proceso al escuchar los reclamos, los enfoques y la perspectiva que construyó todo el movimiento. Ambas ponderan el trabajo del fiscal Juan Pablo Caniggia y de su equipo de abogadas.
Sobre la organización desde la comunidad: “Estamos en un pueblo lejos de todo. La desaparición fue una explosión. Casi no hay organizaciones sociales. Rompió la quietud. Empezó a moverse todo”. Todos los 11 de cada mes, desde 2021, hacen bocinazos en las calles principales.
El valor de sostener, porque hay un momento en que las cámaras se apagan: “Hicimos mucha movida con pocos recursos y cero plata. Viajábamos en tren, lo preferíamos, porque no queríamos deberle nada a nadie. Ahora al gobierno le interesa que estemos porque Norma es una bandera de triunfo. Nosotros no lo tomamos así porque siempre lo que hubo fue una búsqueda de justicia. Pero cuando se ganó el juicio todos querían a Norma. Antes no. Norma necesitaba más respuesta, en sus necesidades económicas diarias. Vos, Estado, por inoperancia hacés que desaparezca un hijo; bueno, resolveme otras cosas, porque así no vas a tener un Tehuel, vas a tener muchos más. Estoy un poco enojada porque no estuvieron a la altura de una mamá que busca a su hijo”.
En el fallo, el Tribunal le corrió al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires las medidas de reparación integral que peticionó el fiscal:
1) la creación de un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTIQ+ desaparecidas, con enfoque de diversidad sexual y de géneros;
2) la declaración de la emergencia social sobre violencia por prejuicios hacia las personas travesti trans.
Hubo reuniones para motorizar estos pedidos. Mónica: “Queremos la Ley Tehuel de búsqueda de personas. Porque a Tehuel lo buscaron después de cuatro días desaparecido. No es un dato menor. ¿Qué pasaba si lo buscaban inmediatamente?”.
Miguel Bru. Iván Torres. Luciano Arruga. Santiago Maldonado.
La misma pregunta, que siempre continúa sin respuesta.
El ministerio no respondió los pedidos de entrevista de MU.
Para adelante
Norma actualmente está sin trabajo. “Yo tengo que meterle para adelante. Tengo hijos, tengo nietos y tengo que hacerlo por Tehuel. La lucha la voy a seguir –dice y repite–. Se lo extraña. Pero no quiero dejarme estar. Por lo menos seguir estudiando”.
¿Qué estudiás?
–Estoy terminando la secundaria para adultos.
También es sostén de otras mamás que se le acercan. “Me dicen que no quieren saber más nada, que están cansadas. Les digo que no, que cuando se levanten a la mañana piensen en su hijo. Yo tampoco quiero levantarme a veces, pero tengo que hacerlo. Por Tehuel. Hay mamás que me dicen que no quieren seguir. Pero hay que hacerlo”.
El juicio a Oscar Montes aún no tiene fecha. Mientras tanto, continúa la búsqueda: “A Tehuel lo seguimos buscando. La causa sigue abierta”.
Norma saluda del otro lado de las cañas, los cachorros, las plantas, los materiales y la gatita. Y anuncia: “Donde haya novedades, ahí estaremos”.
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.


Revista MuHace 1 semanaMu 208: Lara Brenda Morena

#NiUnaMásHace 2 semanasUn mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Soberanía AlimentariaHace 1 semanaMiryam Gorban: hasta siempre, maestra

#NiUnaMásHace 4 semanasLara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Derechos HumanosHace 1 semanaEstela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!




























