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Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo

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El fiscal que investiga qué le pasó a la joven en la Comisaría Comunal le dijo a este medio que no tiene certeza sobre la causa de muerte. En tanto la Comisión Provincial por la Memoria le reclama “dilatar demasiado” una segunda autopsia, el titular de la investigación asegura que no tiene cómo trasladar el cuerpo y que las fotos del primer examen se hicieron con un celular. Y, en las calles de Laprida el recuerdo Dai —“La Sole” como le dice su familia— rompió el silencio: ¿Quién nos cuida de la policía?, se preguntan. 

Tercera entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. 

Por Bernardita Castearena y Facundo Lo Duca

Fotos: Mauro Arias

Laura Abregú solo lava los miércoles y los sábados, pero ese domingo lavó. Cuando sonó la puerta, estaba dándose una ducha para ir a la iglesia después de haber prendido la estufa a leña y colgado toda la ropa que unos minutos antes había dado vueltas en el lavarropas a paleta que usa desde que se le rompió el automático. Una de sus hijas abrió y Laura se enroscó la toalla alrededor del cuerpo para gritarle que ya iba. Unos segundos después un grito desgarrador retumbó en toda la casa: a las seis menos diez de la tarde, Victor Mallón bajó de un patrullero junto a otra oficial para comunicarle a la familia de Daiana Soledad Abregú que “lamentablemente, Daiana decidió quitarse la vida”. 

Al lado de Laura estaba su hija Sheila sosteniéndola, del otro Morena, que antes de que el policía emitiera sonido, salió corriendo descalza a buscar a Roberto Arias, su papá y marido de Laura, que estaba tomando mates en la casa de un amigo.

 —¿Qué te pasa? ¡Pará de gritar! —le dijo a Laura cuando llegó y la encontró con un ataque de nervios.

 —¿Cómo querés que no grite si se mató la Sole? 

Un mes después de aquel  5 de junio, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— sigue igual. Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional de Azul que investiga la muerte de la joven de 26 años, confirmó a este medio que aún no tiene una línea de investigación clara. “No llegamos a una certeza en el causal de muerte. Las hipótesis de un homicidio o suicidio todavía se están analizando”, detalló. 

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Los policías

 —¿Puedo verla? —le preguntó Laura al Comisario Inspector Marcelo Amaya ese domingo cuando llegó a la comisaría, unos minutos después de recibir la noticia.

 —Quedate con los recuerdos de cuando ella salió de tu casa porque es horrible verla así —le respondió el policía entre lágrimas. 

Desde el escritorio de al lado, el comisario Cristian Barrios le dijo que estaba la Policía Científica y que no podía tocar el cuerpo. 

Amaya y Barrios, encargados de dirigir la comisaría, serían desplazados hacia otra dependencia de Bahía Blanca a los pocos días. 

Otros cinco efectivos bonaerenses, además, fueron separados de sus tareas en la fuerza: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. Desde que Daiana entró en la comisaría por una contravención a las siete de la mañana hasta que se la encontró muerta entre las cuatro y cinco de la tarde, estos policías estuvieron presentes en diferentes horarios. Calonje ordenó allanamientos en sus domicilios. Allí secuestraron celulares que están siendo peritados.

Sin embargo, el fiscal confirmó que —por el momento— no piensa citar a ningún agente para tomarle una declaración testimonial. “Hasta que no tenga certezas en la línea de investigación, no puedo citar a alguien que no sé si es culpable, cómplice o autor”, señaló. Por otro lado, reveló que los primeros exámenes toxicológicos del cuerpo respecto a drogas y a alcohol “dieron negativo”, contrariando la versión policial de que Daiana fue detenida en un “estado alcoholizado”. También se refirió al estudio de las cámaras alrededor de la dependencia: “Encontramos algunas imágenes relevantes y aún restan por analizar otras”, detalló. 

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Un cuerpo que todavía no habló

La lucha por ver el cuerpo duró casi 24 horas: el día de la muerte de Daiana Soledad, la Policía le dijo a la familia que a las ocho de la mañana del lunes iban a trasladar el cuerpo a Azul para hacerle la autopsia. El lunes bien temprano llegaron los familiares platenses de Laura y Roberto, y salieron todes en patota para la comisaría. “Entramos con Antonella y nos dijeron que se habían llevado el cuerpo la noche anterior porque habían decidido adelantar la autopsia y que la comisaría estaba intervenida”. 

De ahí salieron corriendo hasta la Ayudantía Fiscal de Laprida, donde les recibió su titular, Alejandro Braga, diciéndoles que la Estación de Policía no estaba intervenida, y que tenía un auto preparado para que fueran hasta Azul a ver el cuerpo antes de que le hicieran la autopsia.

En la esquina les avisaron que el cuerpo ya estaba llegando a Laprida, con la autopsia realizada, y que si no tenían plata para cubrir los gastos del velatorio, elles se iban a encargar de todo. La autopsia fue ordenada por el primer fiscal de la causa, Christian Urlezaga, y realizada por la Asesoría Pericial de Azul, que determinó una muerte por asfixia mecánica. Ese examen sería duramente criticado por la Comisión por la Memoria (CPM), dado que no se había respetado el protocolo de Minessota, medida que evita que funcionarios del Estado sospechados de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en una investigación en curso. En este caso, la misma policía. 

“Detectamos, además, varias falencias en el procedimiento”, señalaron desde la CPM. El faltante de radiografías, la ausencia de análisis para determinar si algunas marcas o heridas en el cuello de la joven fueron generadas con anterioridad o son posteriores a su muerte y el carácter limitado del registro fotográfico y fílmico fueron algunas de las fallas detalladas por el organismo. A su vez, remarcaron la falta de especialidad de la médica que llevó adelante la autopsia. Si bien estaba habilitada para realizar ese tipo de exámenes, explicaron en un informe, el protocolo Minesotta obliga en estos casos a que se constituya “un equipo apto, con distintas especialidades para el análisis científico”. Desde entonces, la CPM insiste en avanzar con una segunda autopsia. Mientras tanto, el cuerpo de Daiana está en un depósito del cementerio local a la espera de una sepultura o un nuevo examen.

A un mes, sin certezas ni explicaciones

Roberto, el padrastro de Daiana, fue el primero que la vio. Antes de pensar en llorar o sentarse al lado del cajón, empezó a revisarla toda. Luchaba con los dedos para descubrir qué había debajo de las capas y capas de maquillaje que tenía encima el cuerpo de quien “se parecía más a él que sus hijas de sangre”, según Laura. Ahí descubrió que el cuerpo tenía marcas en la frente y en los brazos, y el tabique roto.

“Entiendo que la familia dijo haber visto otros rasgos de violencia en el rostro, pero eso fue producto de la autopsia que altera considerablemente las facciones”, señaló el fiscal Calonje. La posibilidad de hacer una segunda autopsia trajo un contrapunto entre la CPM y Calonje. El organismo criticó al fiscal por “dilatar demasiado” la cuestión y poner en riesgo el cuerpo de la víctima al no conservarlo de “una manera adecuada en una cámara de frío”.  La CPM, además, denunció que si no se aplica pronto un nuevo examen —con los protocolos debidos—, se perderán “pruebas valiosas e irreproducibles” ante la inevitable descomposición del cuerpo. 

Para Calonje, en cambio, la segunda autopsia no es una alternativa sencilla: “La realidad es que las asesorías periciales más cercanas a Laprida, como la de Azul o Junín, no realizan ese tipo de procedimientos. También hay un tema de recursos. Yo no dispongo de vehículos especiales para trasladar cuerpos. Para que te des una idea, las fotos de la primera autopsia fueron tomadas con un celular”, agregó. “Consideramos que el primer examen del cuerpo arrojó elementos suficientes para proseguir con la investigación. Valoro el trabajo que hace la CPM y por eso seguimos buscando alternativas teniendo en cuenta los tiempos de descomposición”. El organismo de derechos humanos sugirió que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora sea quien realice los nuevos exámenes. “Lo estamos evaluando”, concluyó el fiscal.

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Un pueblo que empieza a hablar

Roberto dice que hay muchas cosas que no le cierran y que “todo el pueblo se enteró antes que nosotros”. Laura agrega: “Ese día todos teníamos el mismo pensamiento: ¿por qué se va a querer matar? Acá hacía lo que se le daba la gana, cuando cobraba compraba ropa para ella y para el nene, no tenía depresión, no tomaba pastillas. Éramos muy compañeras, ella siempre estaba pegada con nosotros”.

En base a datos del Ministerio de Seguridad, la CPM informa que actualmente el 39% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires están en dependencias clausuradas administrativas o judicialmente. En total:1687 personas. 

Daiana Soledad ya había sido demorada dos veces en la comisaría por otras contravenciones. En ambas oportunidades le contó a Laura que le habían pegado. Ahora, en todas las marchas se les acerca gente de diferentes edades a contarles que también sufrieron violencia institucional en la Estación de Policía Comunal de Laprida.

El 8 de junio, tres días después del hecho, una multitud se agolpó frente a la Policía Comunal de la calle Carlos Pellegrini. “En 20 años en Laprida nunca había visto algo igual. Esto nos marcó”, dice Cecilia, una vecina que asistió a esa primera convocatoria por justicia. Sin embargo, el apoyo a la familia no solo se sostenía de vecinos. 

La CPM también había llegado a Laprida esa jornada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y junto a les padres de Daiana y Calonje, actual fiscal del caso, ingresaron a la comisaría por primera vez para su inspección. La dependencia no contaba con capacidad para alojar personas y registraba una clausura tanto administrativo como judicial. La información se desprende de un informe que el Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense envió a la CPM el 31 de mayo de 2022, donde detalla un estado similar en otras comisarías de la Provincia. 

Ese mismo día, tras salir de la dependencia, la familia comenzaría el arduo camino en la Justicia para saber qué pasó con Daiana.

“Estamos seguros de que no intentó quitarse la vida”

“Lo primero que hice fue llamar a Sergio y explicarle que la causa hacía ruido por donde se mirase”, dice la abogada Pía Dufau desde su casa en Laprida. Junto al abogado Sergio Roldán ambos ofrecieron patrocinar gratuitamente a la familia Abregú. “Había ido a la marcha como vecina y también porque conocía a Daiana”, cuenta Dufau. Ambas cursaron en el mismo colegio secundario, cuando Daiana entró a mitad de año, tras llegar a Laprida desde La Plata. “Ella después abandonó. Y si bien no compartimos tantas cosas juntas, éramos hinchas del mismo club. Nos cruzábamos seguido”, cuenta. Hasta que les abogades fueron aceptados como particulares damnificados, la causa por el fallecimiento de la joven estuvo a cargo de Urlezaga, titular de la UFI 7 de Olavarría que junto a Braga —Ayudante Fiscal de Laprida—, tomaron las primeras medidas del caso.

Sin embargo, dos denuncias anticiparon la salida de Urlezaga. El primero —denunciado por Dufau y Roldán—, fue que el fiscal nunca separó a la bonaerense de la investigación, ni tampoco pidió que apartaran a los cinco policías que estaban ese día en la comisaría. “Era muy poco serio que el hecho haya ocurrido en manos de la policía y lo investigasen ellos mismos”, explica Dufau. El segundo —denunciado por la CPM—, fue en relación a la autopsia por no respetar el protocolo de Minessota.

“Estamos conformes con la primera autopsia y se lo transmitimos a la familia”, vuelve Dufau. “El cuerpo de Daiana habló y demostró pruebas que, si bien aún están siendo periciadas, apuntan a que no fue un suicidio”. Las pruebas a las que se refiere la defensa —y que aún no fueron confirmadas por el fiscal Calonje— tienen que ver con la posibilidad de que la joven haya sido asesinada, tras ser atacada con una bolsa en la cabeza. 

“Los exámenes arrojaron que sus pulmones están contaminados”, destaca Dufau. Si bien aún restan más pruebas con respecto a la hipótesis de un homicidio, como ver si debajo de sus uñas hay rastros de piel, los abogados están seguros de que Daiana “no intentó quitarse la vida”. La práctica de tortura con bolsas en la cabeza no sería ajena a la comisaría de Laprida. Según pudo recabar este medio, hay testigos que, de forma extrajudicial, aseguran haber sido atacados de esa forma por algunos efectivos, además de recibir fuertes golpizas.

El abogado Sergio Roldán también confirma estos métodos: “hay chicos que sé que les pasó, pero no se animan a denunciar”, cuenta. “Es una comunidad pequeña. Todos conocen a algún policía y eso genera miedo”, agrega. 

Otra hipótesis que los abogados evalúan es la negligencia. Daiana, señala Roldán, debería haber estado “bajo permanente vigilancia desde que entró a su celda”. Fuentes policiales de Laprida relataron a este medio cómo funcionan  los controles de los detenidos en la comisaría. Un efectivo debe permanecer monitoreando las celdas en todo momento. Cada dos horas, además, un superior debe presentarse, junto a otros dos guardias, para una inspección rutinaria. Sin embargo, explicaron, esos procedimientos “casi nunca se cumplían” y las guardias, muchas veces, “se falsificaban con una firma en la planilla oficial de la dependencia”. 

Tampoco se respetaba la dinámica judicial con los detenidos. “Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, retoma Roldán. “El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, detalla. 

Hasta el momento, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— continúa igual. Sin embargo, la querella apunta a que eso cambie. “La responsabilidad de todo lo que pasé en una comisaría es completamente de la policía. En el caso de Daiana estamos seguros de que no intentó suicidarse. Y lo vamos a probar”, finaliza Roldán. 

El recuerdo de Daiana, “La Sole”

Tobías —el hijo de Daiana Soledad—- tiene nueve años y fue la última persona de la casa que compartió tiempo con ella. El sábado a la tarde, su mamá lo cargó en la bicicleta y fue a lo de un amigo a tapar un tatuaje que ya no le gustaba. Un rato después de salir de su casa, en lugar de una frase tenía un ramo de flores en el centro del pecho. Daiana era fanática de los tatuajes: tenía el cuerpo intervenido con tinta desde el cuello hasta las piernas. Ese mismo amigo le tatuó el nombre de sus hermanes, de sus sobrines, frases y dibujos.

El 4 de mayo fue el último cumpleaños de Daiana. Como no le gustaba comer tortas, las hermanas le prepararon algo sencillo para soplar las velitas “porque ella con cualquier cosa era feliz”, dice Morena. Ese día tomaron mates, cenaron en familia, sacaron algunas fotos y escucharon música: algo que con Daiana Soledad nunca podía faltar. Antes de ponerse a limpiar, a cocinar o lavar la ropa a mano, conectaba el parlante con el teléfono por bluetooth y ponía alguna canción de cumbia o rock nacional. 

“La Sole no paraba”, coinciden todos alrededor de la mesa en la que servía canelones en tiempo récord. Ahora el parlante, que ocupa gran parte de la barra que separa la cocina del comedor, permanece en silencio. Un mes después de la muerte de Daiana, el parlante reproduce canciones feministas en la puerta de la comisaría.

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

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Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

  • Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
  • El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
  • La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
  • Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas. 
  • Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”. 

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”. 

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”. 

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”. 

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”. 

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Foto: Juan Valeiro

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”. 

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos: 

  • “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y 
  • “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”. 

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán 

  • junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
  • Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
  • De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
  • De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

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Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

  • Docentes con sueldos indecentes.
  • Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
  • Basta de mentiras, amenazas y presión.
  • Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
  • Salud mental es llegar a fin de mes.
  • Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–. 

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”. 

 ¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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