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Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo

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El fiscal que investiga qué le pasó a la joven en la Comisaría Comunal le dijo a este medio que no tiene certeza sobre la causa de muerte. En tanto la Comisión Provincial por la Memoria le reclama “dilatar demasiado” una segunda autopsia, el titular de la investigación asegura que no tiene cómo trasladar el cuerpo y que las fotos del primer examen se hicieron con un celular. Y, en las calles de Laprida el recuerdo Dai —“La Sole” como le dice su familia— rompió el silencio: ¿Quién nos cuida de la policía?, se preguntan. 

Tercera entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. 

Por Bernardita Castearena y Facundo Lo Duca

Fotos: Mauro Arias

Laura Abregú solo lava los miércoles y los sábados, pero ese domingo lavó. Cuando sonó la puerta, estaba dándose una ducha para ir a la iglesia después de haber prendido la estufa a leña y colgado toda la ropa que unos minutos antes había dado vueltas en el lavarropas a paleta que usa desde que se le rompió el automático. Una de sus hijas abrió y Laura se enroscó la toalla alrededor del cuerpo para gritarle que ya iba. Unos segundos después un grito desgarrador retumbó en toda la casa: a las seis menos diez de la tarde, Victor Mallón bajó de un patrullero junto a otra oficial para comunicarle a la familia de Daiana Soledad Abregú que “lamentablemente, Daiana decidió quitarse la vida”. 

Al lado de Laura estaba su hija Sheila sosteniéndola, del otro Morena, que antes de que el policía emitiera sonido, salió corriendo descalza a buscar a Roberto Arias, su papá y marido de Laura, que estaba tomando mates en la casa de un amigo.

 —¿Qué te pasa? ¡Pará de gritar! —le dijo a Laura cuando llegó y la encontró con un ataque de nervios.

 —¿Cómo querés que no grite si se mató la Sole? 

Un mes después de aquel  5 de junio, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— sigue igual. Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional de Azul que investiga la muerte de la joven de 26 años, confirmó a este medio que aún no tiene una línea de investigación clara. “No llegamos a una certeza en el causal de muerte. Las hipótesis de un homicidio o suicidio todavía se están analizando”, detalló. 

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Los policías

 —¿Puedo verla? —le preguntó Laura al Comisario Inspector Marcelo Amaya ese domingo cuando llegó a la comisaría, unos minutos después de recibir la noticia.

 —Quedate con los recuerdos de cuando ella salió de tu casa porque es horrible verla así —le respondió el policía entre lágrimas. 

Desde el escritorio de al lado, el comisario Cristian Barrios le dijo que estaba la Policía Científica y que no podía tocar el cuerpo. 

Amaya y Barrios, encargados de dirigir la comisaría, serían desplazados hacia otra dependencia de Bahía Blanca a los pocos días. 

Otros cinco efectivos bonaerenses, además, fueron separados de sus tareas en la fuerza: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. Desde que Daiana entró en la comisaría por una contravención a las siete de la mañana hasta que se la encontró muerta entre las cuatro y cinco de la tarde, estos policías estuvieron presentes en diferentes horarios. Calonje ordenó allanamientos en sus domicilios. Allí secuestraron celulares que están siendo peritados.

Sin embargo, el fiscal confirmó que —por el momento— no piensa citar a ningún agente para tomarle una declaración testimonial. “Hasta que no tenga certezas en la línea de investigación, no puedo citar a alguien que no sé si es culpable, cómplice o autor”, señaló. Por otro lado, reveló que los primeros exámenes toxicológicos del cuerpo respecto a drogas y a alcohol “dieron negativo”, contrariando la versión policial de que Daiana fue detenida en un “estado alcoholizado”. También se refirió al estudio de las cámaras alrededor de la dependencia: “Encontramos algunas imágenes relevantes y aún restan por analizar otras”, detalló. 

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Un cuerpo que todavía no habló

La lucha por ver el cuerpo duró casi 24 horas: el día de la muerte de Daiana Soledad, la Policía le dijo a la familia que a las ocho de la mañana del lunes iban a trasladar el cuerpo a Azul para hacerle la autopsia. El lunes bien temprano llegaron los familiares platenses de Laura y Roberto, y salieron todes en patota para la comisaría. “Entramos con Antonella y nos dijeron que se habían llevado el cuerpo la noche anterior porque habían decidido adelantar la autopsia y que la comisaría estaba intervenida”. 

De ahí salieron corriendo hasta la Ayudantía Fiscal de Laprida, donde les recibió su titular, Alejandro Braga, diciéndoles que la Estación de Policía no estaba intervenida, y que tenía un auto preparado para que fueran hasta Azul a ver el cuerpo antes de que le hicieran la autopsia.

En la esquina les avisaron que el cuerpo ya estaba llegando a Laprida, con la autopsia realizada, y que si no tenían plata para cubrir los gastos del velatorio, elles se iban a encargar de todo. La autopsia fue ordenada por el primer fiscal de la causa, Christian Urlezaga, y realizada por la Asesoría Pericial de Azul, que determinó una muerte por asfixia mecánica. Ese examen sería duramente criticado por la Comisión por la Memoria (CPM), dado que no se había respetado el protocolo de Minessota, medida que evita que funcionarios del Estado sospechados de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en una investigación en curso. En este caso, la misma policía. 

“Detectamos, además, varias falencias en el procedimiento”, señalaron desde la CPM. El faltante de radiografías, la ausencia de análisis para determinar si algunas marcas o heridas en el cuello de la joven fueron generadas con anterioridad o son posteriores a su muerte y el carácter limitado del registro fotográfico y fílmico fueron algunas de las fallas detalladas por el organismo. A su vez, remarcaron la falta de especialidad de la médica que llevó adelante la autopsia. Si bien estaba habilitada para realizar ese tipo de exámenes, explicaron en un informe, el protocolo Minesotta obliga en estos casos a que se constituya “un equipo apto, con distintas especialidades para el análisis científico”. Desde entonces, la CPM insiste en avanzar con una segunda autopsia. Mientras tanto, el cuerpo de Daiana está en un depósito del cementerio local a la espera de una sepultura o un nuevo examen.

A un mes, sin certezas ni explicaciones

Roberto, el padrastro de Daiana, fue el primero que la vio. Antes de pensar en llorar o sentarse al lado del cajón, empezó a revisarla toda. Luchaba con los dedos para descubrir qué había debajo de las capas y capas de maquillaje que tenía encima el cuerpo de quien “se parecía más a él que sus hijas de sangre”, según Laura. Ahí descubrió que el cuerpo tenía marcas en la frente y en los brazos, y el tabique roto.

“Entiendo que la familia dijo haber visto otros rasgos de violencia en el rostro, pero eso fue producto de la autopsia que altera considerablemente las facciones”, señaló el fiscal Calonje. La posibilidad de hacer una segunda autopsia trajo un contrapunto entre la CPM y Calonje. El organismo criticó al fiscal por “dilatar demasiado” la cuestión y poner en riesgo el cuerpo de la víctima al no conservarlo de “una manera adecuada en una cámara de frío”.  La CPM, además, denunció que si no se aplica pronto un nuevo examen —con los protocolos debidos—, se perderán “pruebas valiosas e irreproducibles” ante la inevitable descomposición del cuerpo. 

Para Calonje, en cambio, la segunda autopsia no es una alternativa sencilla: “La realidad es que las asesorías periciales más cercanas a Laprida, como la de Azul o Junín, no realizan ese tipo de procedimientos. También hay un tema de recursos. Yo no dispongo de vehículos especiales para trasladar cuerpos. Para que te des una idea, las fotos de la primera autopsia fueron tomadas con un celular”, agregó. “Consideramos que el primer examen del cuerpo arrojó elementos suficientes para proseguir con la investigación. Valoro el trabajo que hace la CPM y por eso seguimos buscando alternativas teniendo en cuenta los tiempos de descomposición”. El organismo de derechos humanos sugirió que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora sea quien realice los nuevos exámenes. “Lo estamos evaluando”, concluyó el fiscal.

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

Un pueblo que empieza a hablar

Roberto dice que hay muchas cosas que no le cierran y que “todo el pueblo se enteró antes que nosotros”. Laura agrega: “Ese día todos teníamos el mismo pensamiento: ¿por qué se va a querer matar? Acá hacía lo que se le daba la gana, cuando cobraba compraba ropa para ella y para el nene, no tenía depresión, no tomaba pastillas. Éramos muy compañeras, ella siempre estaba pegada con nosotros”.

En base a datos del Ministerio de Seguridad, la CPM informa que actualmente el 39% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires están en dependencias clausuradas administrativas o judicialmente. En total:1687 personas. 

Daiana Soledad ya había sido demorada dos veces en la comisaría por otras contravenciones. En ambas oportunidades le contó a Laura que le habían pegado. Ahora, en todas las marchas se les acerca gente de diferentes edades a contarles que también sufrieron violencia institucional en la Estación de Policía Comunal de Laprida.

El 8 de junio, tres días después del hecho, una multitud se agolpó frente a la Policía Comunal de la calle Carlos Pellegrini. “En 20 años en Laprida nunca había visto algo igual. Esto nos marcó”, dice Cecilia, una vecina que asistió a esa primera convocatoria por justicia. Sin embargo, el apoyo a la familia no solo se sostenía de vecinos. 

La CPM también había llegado a Laprida esa jornada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y junto a les padres de Daiana y Calonje, actual fiscal del caso, ingresaron a la comisaría por primera vez para su inspección. La dependencia no contaba con capacidad para alojar personas y registraba una clausura tanto administrativo como judicial. La información se desprende de un informe que el Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense envió a la CPM el 31 de mayo de 2022, donde detalla un estado similar en otras comisarías de la Provincia. 

Ese mismo día, tras salir de la dependencia, la familia comenzaría el arduo camino en la Justicia para saber qué pasó con Daiana.

“Estamos seguros de que no intentó quitarse la vida”

“Lo primero que hice fue llamar a Sergio y explicarle que la causa hacía ruido por donde se mirase”, dice la abogada Pía Dufau desde su casa en Laprida. Junto al abogado Sergio Roldán ambos ofrecieron patrocinar gratuitamente a la familia Abregú. “Había ido a la marcha como vecina y también porque conocía a Daiana”, cuenta Dufau. Ambas cursaron en el mismo colegio secundario, cuando Daiana entró a mitad de año, tras llegar a Laprida desde La Plata. “Ella después abandonó. Y si bien no compartimos tantas cosas juntas, éramos hinchas del mismo club. Nos cruzábamos seguido”, cuenta. Hasta que les abogades fueron aceptados como particulares damnificados, la causa por el fallecimiento de la joven estuvo a cargo de Urlezaga, titular de la UFI 7 de Olavarría que junto a Braga —Ayudante Fiscal de Laprida—, tomaron las primeras medidas del caso.

Sin embargo, dos denuncias anticiparon la salida de Urlezaga. El primero —denunciado por Dufau y Roldán—, fue que el fiscal nunca separó a la bonaerense de la investigación, ni tampoco pidió que apartaran a los cinco policías que estaban ese día en la comisaría. “Era muy poco serio que el hecho haya ocurrido en manos de la policía y lo investigasen ellos mismos”, explica Dufau. El segundo —denunciado por la CPM—, fue en relación a la autopsia por no respetar el protocolo de Minessota.

“Estamos conformes con la primera autopsia y se lo transmitimos a la familia”, vuelve Dufau. “El cuerpo de Daiana habló y demostró pruebas que, si bien aún están siendo periciadas, apuntan a que no fue un suicidio”. Las pruebas a las que se refiere la defensa —y que aún no fueron confirmadas por el fiscal Calonje— tienen que ver con la posibilidad de que la joven haya sido asesinada, tras ser atacada con una bolsa en la cabeza. 

“Los exámenes arrojaron que sus pulmones están contaminados”, destaca Dufau. Si bien aún restan más pruebas con respecto a la hipótesis de un homicidio, como ver si debajo de sus uñas hay rastros de piel, los abogados están seguros de que Daiana “no intentó quitarse la vida”. La práctica de tortura con bolsas en la cabeza no sería ajena a la comisaría de Laprida. Según pudo recabar este medio, hay testigos que, de forma extrajudicial, aseguran haber sido atacados de esa forma por algunos efectivos, además de recibir fuertes golpizas.

El abogado Sergio Roldán también confirma estos métodos: “hay chicos que sé que les pasó, pero no se animan a denunciar”, cuenta. “Es una comunidad pequeña. Todos conocen a algún policía y eso genera miedo”, agrega. 

Otra hipótesis que los abogados evalúan es la negligencia. Daiana, señala Roldán, debería haber estado “bajo permanente vigilancia desde que entró a su celda”. Fuentes policiales de Laprida relataron a este medio cómo funcionan  los controles de los detenidos en la comisaría. Un efectivo debe permanecer monitoreando las celdas en todo momento. Cada dos horas, además, un superior debe presentarse, junto a otros dos guardias, para una inspección rutinaria. Sin embargo, explicaron, esos procedimientos “casi nunca se cumplían” y las guardias, muchas veces, “se falsificaban con una firma en la planilla oficial de la dependencia”. 

Tampoco se respetaba la dinámica judicial con los detenidos. “Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, retoma Roldán. “El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, detalla. 

Hasta el momento, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— continúa igual. Sin embargo, la querella apunta a que eso cambie. “La responsabilidad de todo lo que pasé en una comisaría es completamente de la policía. En el caso de Daiana estamos seguros de que no intentó suicidarse. Y lo vamos a probar”, finaliza Roldán. 

El recuerdo de Daiana, “La Sole”

Tobías —el hijo de Daiana Soledad—- tiene nueve años y fue la última persona de la casa que compartió tiempo con ella. El sábado a la tarde, su mamá lo cargó en la bicicleta y fue a lo de un amigo a tapar un tatuaje que ya no le gustaba. Un rato después de salir de su casa, en lugar de una frase tenía un ramo de flores en el centro del pecho. Daiana era fanática de los tatuajes: tenía el cuerpo intervenido con tinta desde el cuello hasta las piernas. Ese mismo amigo le tatuó el nombre de sus hermanes, de sus sobrines, frases y dibujos.

El 4 de mayo fue el último cumpleaños de Daiana. Como no le gustaba comer tortas, las hermanas le prepararon algo sencillo para soplar las velitas “porque ella con cualquier cosa era feliz”, dice Morena. Ese día tomaron mates, cenaron en familia, sacaron algunas fotos y escucharon música: algo que con Daiana Soledad nunca podía faltar. Antes de ponerse a limpiar, a cocinar o lavar la ropa a mano, conectaba el parlante con el teléfono por bluetooth y ponía alguna canción de cumbia o rock nacional. 

“La Sole no paraba”, coinciden todos alrededor de la mesa en la que servía canelones en tiempo récord. Ahora el parlante, que ocupa gran parte de la barra que separa la cocina del comedor, permanece en silencio. Un mes después de la muerte de Daiana, el parlante reproduce canciones feministas en la puerta de la comisaría.

Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo
Fotos: Mauro Arias.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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