Nota
Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo

El fiscal que investiga qué le pasó a la joven en la Comisaría Comunal le dijo a este medio que no tiene certeza sobre la causa de muerte. En tanto la Comisión Provincial por la Memoria le reclama “dilatar demasiado” una segunda autopsia, el titular de la investigación asegura que no tiene cómo trasladar el cuerpo y que las fotos del primer examen se hicieron con un celular. Y, en las calles de Laprida el recuerdo Dai —“La Sole” como le dice su familia— rompió el silencio: ¿Quién nos cuida de la policía?, se preguntan.
Tercera entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia.
Por Bernardita Castearena y Facundo Lo Duca
Fotos: Mauro Arias
Laura Abregú solo lava los miércoles y los sábados, pero ese domingo lavó. Cuando sonó la puerta, estaba dándose una ducha para ir a la iglesia después de haber prendido la estufa a leña y colgado toda la ropa que unos minutos antes había dado vueltas en el lavarropas a paleta que usa desde que se le rompió el automático. Una de sus hijas abrió y Laura se enroscó la toalla alrededor del cuerpo para gritarle que ya iba. Unos segundos después un grito desgarrador retumbó en toda la casa: a las seis menos diez de la tarde, Victor Mallón bajó de un patrullero junto a otra oficial para comunicarle a la familia de Daiana Soledad Abregú que “lamentablemente, Daiana decidió quitarse la vida”.
Al lado de Laura estaba su hija Sheila sosteniéndola, del otro Morena, que antes de que el policía emitiera sonido, salió corriendo descalza a buscar a Roberto Arias, su papá y marido de Laura, que estaba tomando mates en la casa de un amigo.
—¿Qué te pasa? ¡Pará de gritar! —le dijo a Laura cuando llegó y la encontró con un ataque de nervios.
—¿Cómo querés que no grite si se mató la Sole?
Un mes después de aquel 5 de junio, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— sigue igual. Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional de Azul que investiga la muerte de la joven de 26 años, confirmó a este medio que aún no tiene una línea de investigación clara. “No llegamos a una certeza en el causal de muerte. Las hipótesis de un homicidio o suicidio todavía se están analizando”, detalló.

Los policías
—¿Puedo verla? —le preguntó Laura al Comisario Inspector Marcelo Amaya ese domingo cuando llegó a la comisaría, unos minutos después de recibir la noticia.
—Quedate con los recuerdos de cuando ella salió de tu casa porque es horrible verla así —le respondió el policía entre lágrimas.
Desde el escritorio de al lado, el comisario Cristian Barrios le dijo que estaba la Policía Científica y que no podía tocar el cuerpo.
Amaya y Barrios, encargados de dirigir la comisaría, serían desplazados hacia otra dependencia de Bahía Blanca a los pocos días.
Otros cinco efectivos bonaerenses, además, fueron separados de sus tareas en la fuerza: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. Desde que Daiana entró en la comisaría por una contravención a las siete de la mañana hasta que se la encontró muerta entre las cuatro y cinco de la tarde, estos policías estuvieron presentes en diferentes horarios. Calonje ordenó allanamientos en sus domicilios. Allí secuestraron celulares que están siendo peritados.
Sin embargo, el fiscal confirmó que —por el momento— no piensa citar a ningún agente para tomarle una declaración testimonial. “Hasta que no tenga certezas en la línea de investigación, no puedo citar a alguien que no sé si es culpable, cómplice o autor”, señaló. Por otro lado, reveló que los primeros exámenes toxicológicos del cuerpo respecto a drogas y a alcohol “dieron negativo”, contrariando la versión policial de que Daiana fue detenida en un “estado alcoholizado”. También se refirió al estudio de las cámaras alrededor de la dependencia: “Encontramos algunas imágenes relevantes y aún restan por analizar otras”, detalló.

Un cuerpo que todavía no habló
La lucha por ver el cuerpo duró casi 24 horas: el día de la muerte de Daiana Soledad, la Policía le dijo a la familia que a las ocho de la mañana del lunes iban a trasladar el cuerpo a Azul para hacerle la autopsia. El lunes bien temprano llegaron los familiares platenses de Laura y Roberto, y salieron todes en patota para la comisaría. “Entramos con Antonella y nos dijeron que se habían llevado el cuerpo la noche anterior porque habían decidido adelantar la autopsia y que la comisaría estaba intervenida”.
De ahí salieron corriendo hasta la Ayudantía Fiscal de Laprida, donde les recibió su titular, Alejandro Braga, diciéndoles que la Estación de Policía no estaba intervenida, y que tenía un auto preparado para que fueran hasta Azul a ver el cuerpo antes de que le hicieran la autopsia.
En la esquina les avisaron que el cuerpo ya estaba llegando a Laprida, con la autopsia realizada, y que si no tenían plata para cubrir los gastos del velatorio, elles se iban a encargar de todo. La autopsia fue ordenada por el primer fiscal de la causa, Christian Urlezaga, y realizada por la Asesoría Pericial de Azul, que determinó una muerte por asfixia mecánica. Ese examen sería duramente criticado por la Comisión por la Memoria (CPM), dado que no se había respetado el protocolo de Minessota, medida que evita que funcionarios del Estado sospechados de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en una investigación en curso. En este caso, la misma policía.
“Detectamos, además, varias falencias en el procedimiento”, señalaron desde la CPM. El faltante de radiografías, la ausencia de análisis para determinar si algunas marcas o heridas en el cuello de la joven fueron generadas con anterioridad o son posteriores a su muerte y el carácter limitado del registro fotográfico y fílmico fueron algunas de las fallas detalladas por el organismo. A su vez, remarcaron la falta de especialidad de la médica que llevó adelante la autopsia. Si bien estaba habilitada para realizar ese tipo de exámenes, explicaron en un informe, el protocolo Minesotta obliga en estos casos a que se constituya “un equipo apto, con distintas especialidades para el análisis científico”. Desde entonces, la CPM insiste en avanzar con una segunda autopsia. Mientras tanto, el cuerpo de Daiana está en un depósito del cementerio local a la espera de una sepultura o un nuevo examen.
A un mes, sin certezas ni explicaciones
Roberto, el padrastro de Daiana, fue el primero que la vio. Antes de pensar en llorar o sentarse al lado del cajón, empezó a revisarla toda. Luchaba con los dedos para descubrir qué había debajo de las capas y capas de maquillaje que tenía encima el cuerpo de quien “se parecía más a él que sus hijas de sangre”, según Laura. Ahí descubrió que el cuerpo tenía marcas en la frente y en los brazos, y el tabique roto.
“Entiendo que la familia dijo haber visto otros rasgos de violencia en el rostro, pero eso fue producto de la autopsia que altera considerablemente las facciones”, señaló el fiscal Calonje. La posibilidad de hacer una segunda autopsia trajo un contrapunto entre la CPM y Calonje. El organismo criticó al fiscal por “dilatar demasiado” la cuestión y poner en riesgo el cuerpo de la víctima al no conservarlo de “una manera adecuada en una cámara de frío”. La CPM, además, denunció que si no se aplica pronto un nuevo examen —con los protocolos debidos—, se perderán “pruebas valiosas e irreproducibles” ante la inevitable descomposición del cuerpo.
Para Calonje, en cambio, la segunda autopsia no es una alternativa sencilla: “La realidad es que las asesorías periciales más cercanas a Laprida, como la de Azul o Junín, no realizan ese tipo de procedimientos. También hay un tema de recursos. Yo no dispongo de vehículos especiales para trasladar cuerpos. Para que te des una idea, las fotos de la primera autopsia fueron tomadas con un celular”, agregó. “Consideramos que el primer examen del cuerpo arrojó elementos suficientes para proseguir con la investigación. Valoro el trabajo que hace la CPM y por eso seguimos buscando alternativas teniendo en cuenta los tiempos de descomposición”. El organismo de derechos humanos sugirió que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora sea quien realice los nuevos exámenes. “Lo estamos evaluando”, concluyó el fiscal.

Un pueblo que empieza a hablar
Roberto dice que hay muchas cosas que no le cierran y que “todo el pueblo se enteró antes que nosotros”. Laura agrega: “Ese día todos teníamos el mismo pensamiento: ¿por qué se va a querer matar? Acá hacía lo que se le daba la gana, cuando cobraba compraba ropa para ella y para el nene, no tenía depresión, no tomaba pastillas. Éramos muy compañeras, ella siempre estaba pegada con nosotros”.
En base a datos del Ministerio de Seguridad, la CPM informa que actualmente el 39% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires están en dependencias clausuradas administrativas o judicialmente. En total:1687 personas.
Daiana Soledad ya había sido demorada dos veces en la comisaría por otras contravenciones. En ambas oportunidades le contó a Laura que le habían pegado. Ahora, en todas las marchas se les acerca gente de diferentes edades a contarles que también sufrieron violencia institucional en la Estación de Policía Comunal de Laprida.
El 8 de junio, tres días después del hecho, una multitud se agolpó frente a la Policía Comunal de la calle Carlos Pellegrini. “En 20 años en Laprida nunca había visto algo igual. Esto nos marcó”, dice Cecilia, una vecina que asistió a esa primera convocatoria por justicia. Sin embargo, el apoyo a la familia no solo se sostenía de vecinos.
La CPM también había llegado a Laprida esa jornada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y junto a les padres de Daiana y Calonje, actual fiscal del caso, ingresaron a la comisaría por primera vez para su inspección. La dependencia no contaba con capacidad para alojar personas y registraba una clausura tanto administrativo como judicial. La información se desprende de un informe que el Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense envió a la CPM el 31 de mayo de 2022, donde detalla un estado similar en otras comisarías de la Provincia.
Ese mismo día, tras salir de la dependencia, la familia comenzaría el arduo camino en la Justicia para saber qué pasó con Daiana.
“Estamos seguros de que no intentó quitarse la vida”
“Lo primero que hice fue llamar a Sergio y explicarle que la causa hacía ruido por donde se mirase”, dice la abogada Pía Dufau desde su casa en Laprida. Junto al abogado Sergio Roldán ambos ofrecieron patrocinar gratuitamente a la familia Abregú. “Había ido a la marcha como vecina y también porque conocía a Daiana”, cuenta Dufau. Ambas cursaron en el mismo colegio secundario, cuando Daiana entró a mitad de año, tras llegar a Laprida desde La Plata. “Ella después abandonó. Y si bien no compartimos tantas cosas juntas, éramos hinchas del mismo club. Nos cruzábamos seguido”, cuenta. Hasta que les abogades fueron aceptados como particulares damnificados, la causa por el fallecimiento de la joven estuvo a cargo de Urlezaga, titular de la UFI 7 de Olavarría que junto a Braga —Ayudante Fiscal de Laprida—, tomaron las primeras medidas del caso.
Sin embargo, dos denuncias anticiparon la salida de Urlezaga. El primero —denunciado por Dufau y Roldán—, fue que el fiscal nunca separó a la bonaerense de la investigación, ni tampoco pidió que apartaran a los cinco policías que estaban ese día en la comisaría. “Era muy poco serio que el hecho haya ocurrido en manos de la policía y lo investigasen ellos mismos”, explica Dufau. El segundo —denunciado por la CPM—, fue en relación a la autopsia por no respetar el protocolo de Minessota.
“Estamos conformes con la primera autopsia y se lo transmitimos a la familia”, vuelve Dufau. “El cuerpo de Daiana habló y demostró pruebas que, si bien aún están siendo periciadas, apuntan a que no fue un suicidio”. Las pruebas a las que se refiere la defensa —y que aún no fueron confirmadas por el fiscal Calonje— tienen que ver con la posibilidad de que la joven haya sido asesinada, tras ser atacada con una bolsa en la cabeza.
“Los exámenes arrojaron que sus pulmones están contaminados”, destaca Dufau. Si bien aún restan más pruebas con respecto a la hipótesis de un homicidio, como ver si debajo de sus uñas hay rastros de piel, los abogados están seguros de que Daiana “no intentó quitarse la vida”. La práctica de tortura con bolsas en la cabeza no sería ajena a la comisaría de Laprida. Según pudo recabar este medio, hay testigos que, de forma extrajudicial, aseguran haber sido atacados de esa forma por algunos efectivos, además de recibir fuertes golpizas.
El abogado Sergio Roldán también confirma estos métodos: “hay chicos que sé que les pasó, pero no se animan a denunciar”, cuenta. “Es una comunidad pequeña. Todos conocen a algún policía y eso genera miedo”, agrega.
Otra hipótesis que los abogados evalúan es la negligencia. Daiana, señala Roldán, debería haber estado “bajo permanente vigilancia desde que entró a su celda”. Fuentes policiales de Laprida relataron a este medio cómo funcionan los controles de los detenidos en la comisaría. Un efectivo debe permanecer monitoreando las celdas en todo momento. Cada dos horas, además, un superior debe presentarse, junto a otros dos guardias, para una inspección rutinaria. Sin embargo, explicaron, esos procedimientos “casi nunca se cumplían” y las guardias, muchas veces, “se falsificaban con una firma en la planilla oficial de la dependencia”.
Tampoco se respetaba la dinámica judicial con los detenidos. “Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, retoma Roldán. “El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, detalla.
Hasta el momento, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— continúa igual. Sin embargo, la querella apunta a que eso cambie. “La responsabilidad de todo lo que pasé en una comisaría es completamente de la policía. En el caso de Daiana estamos seguros de que no intentó suicidarse. Y lo vamos a probar”, finaliza Roldán.
El recuerdo de Daiana, “La Sole”
Tobías —el hijo de Daiana Soledad—- tiene nueve años y fue la última persona de la casa que compartió tiempo con ella. El sábado a la tarde, su mamá lo cargó en la bicicleta y fue a lo de un amigo a tapar un tatuaje que ya no le gustaba. Un rato después de salir de su casa, en lugar de una frase tenía un ramo de flores en el centro del pecho. Daiana era fanática de los tatuajes: tenía el cuerpo intervenido con tinta desde el cuello hasta las piernas. Ese mismo amigo le tatuó el nombre de sus hermanes, de sus sobrines, frases y dibujos.
El 4 de mayo fue el último cumpleaños de Daiana. Como no le gustaba comer tortas, las hermanas le prepararon algo sencillo para soplar las velitas “porque ella con cualquier cosa era feliz”, dice Morena. Ese día tomaron mates, cenaron en familia, sacaron algunas fotos y escucharon música: algo que con Daiana Soledad nunca podía faltar. Antes de ponerse a limpiar, a cocinar o lavar la ropa a mano, conectaba el parlante con el teléfono por bluetooth y ponía alguna canción de cumbia o rock nacional.
“La Sole no paraba”, coinciden todos alrededor de la mesa en la que servía canelones en tiempo récord. Ahora el parlante, que ocupa gran parte de la barra que separa la cocina del comedor, permanece en silencio. Un mes después de la muerte de Daiana, el parlante reproduce canciones feministas en la puerta de la comisaría.

Nota
MU 212: El fin de un mundo

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El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.
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El aguante: Jonathan Navarro, herido durante la represión
Un oficial de Prefectura le disparó a la cabeza durante la manifestación de hinchadas y jubilados, la misma en la que tiraron al piso a Beatriz Blanco e hirieron a Pablo Grillo. Perdió la visión del ojo izquierdo para siempre. Jonathan Navarro fue aquel día a la calle convocado por hinchas de su club, Chacarita, e indignado porque a su papá le habían sacado el acceso gratuito a los medicamentos. Hoy está desocupado. “Pero no me arrepiento de haber ido”. LUCAS PEDULLA

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