Nota

El Cordobazo verde

Publicada

hace 7 años

23/10/2017

Inundaciones históricas y desertificación son dos efectos de la eliminación del 90% del bosque nativo en la provincia. Movilizaciones inéditas hicieron visibles cientos de conflictos contra los negociados y la especulación. Las comunidades, la política y el lugar de la democracia. Por Sergio Ciancaglini.
Córdoba – Urgente. Núcleos del establishment político oficial junto a sectores del agronegocio y del quehacer inmobiliario, lograron estimular de un modo inédito en la historia cordobesa la defensa de los bosques nativos, el medio ambiente, y la participación social.
El logro se obtuvo mediante el intento de votar una ley que podría eliminar lo que queda de bosque autóctono. Eligieron una fecha que tal vez simboliza la relación que las llamadas clases dirigentes suelen tener con los supuestos dirigidos: 28 de diciembre.
El Día de los Santos Inocentes habilita a hacerle creer al prójimo cosas falsas –como suelen hacer el periodismo y la política- con fines supuestamente humorísticos. Se recuerda así la leyenda bíblica sobre la matanza de inocentes, o indefensos: los menores de dos años fueron pasados por la espada en Belén, acto de tolerancia cero para que el rey Herodes no perdiera el poder según lo habían vaticinado los magos, oráculos y encuestadores de la época. Matando a todos los indefensos, Herodes eliminaría al nuevo Mesías, a quien creía su rival en la interna del futuro. No lo logró.
Los cordobeses no se resignaron a la indefensión, a los oráculos, ni a que la inocencia les valga. Desde el 28 de diciembre de 2016 hasta ahora se movilizaron para frenar esa ley. La mutilación ya producida de más del 90% del bosque originario es el origen de al menos dos desastres actuales: la desertificación y las inundaciones.
Nació así la CoDeBoNa, Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, red que reúne a cientos de conflictos socioambientales que venían ocurriendo al mismo tiempo en toda la provincia pero aisladamente entre sí. “Suena irónico pero somos una creación del gobierno. Estábamos, pero no nos habíamos dado cuenta” dice Atilio Palacios, ingeniero agrónomo. Ahora se conocieron, se conectaron y actúan en común, lo cual demostraría que el árbol no les tapó el bosque.

Dólares originarios

El origen de esta movida inédita ocurrió cuando sectores ruralistas junto al oficialismo que conduce el gobernador Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) plantearon en 2016 una idea: que la actualización de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que debe hacerse cada cinco años redujera la zona roja –bosque que no se puede desmontar- de casi 2 millones de hectáreas a 600.000.
“De ese modo, 1.400.000 hectáreas se hubieran valorizado automáticamente en unos 300 dólares más cada una como promedio, porque pasaban a estar liberadas para otros usos agropecuarios o inmobiliarios. Es un negocio de 420 millones de dólares” explica el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental de Córdoba.
Hipótesis docta: el gobierno nacional había eliminado, o casi, las retenciones al campo. Al dejar de recibir su parte de esas retenciones, la provincia resolvió actualizar el impuesto inmobiliario rural que estaba congelado desde hacía 10 años. La nueva ley aparecía entonces como una compensación para no enfurecer ruralistas y asfaltar negocios territoriales para los cuales los bosques son una molestia.
Algunos detalles del proyecto político-empresarial:

Además de intentar reducir la zona roja a la tercera parte, el nuevo proyecto borra de un plumazo 254.000 hectáreas de bosque intangible (inviolable) mediante un mecanismo sintáctico: no las menciona.
No figuran las áreas en infracción por desmonte ilegal: en lugar de cumplir con la obligación de reponer montes, se amnistía de hecho a quienes los mutilaron ilegalmente, y ya no se considera a esas zonas como parte siquiera potencial del bosque.
Garantiza el proceso de “participación pública” hacia adelante: ahora convalidan un ordenamiento ilegal, pero la participación pública queda para 2022.
Levanta la prohibición actual de desmonte con agrotóxicos, y se reducen las multas por desmontes ilegales.
El texto presenta trampas sintácticas. Habla de “restauración en bosques nativos” en lugar de “restauración de bosques nativos”.
No presentaron el mapa vectorial –que define con standard tecnológico el territorio- sino uno impreso en una hoja de A4, lo cual conduce a todas las confusiones imaginables, ya se sabe a favor de quiénes.

El naguán (autoridad) de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón, cuenta a Mu un caso: “En nuestro territorio, en Bialet Massé, han desmontado con dos topadoras para hacer el loteo Valle Esmeralda. Pudimos frenarlos un día que habían tirado 200 metros de monte, pero han hecho un desastre. Es zona roja. La municipalidad no controla nada”. La publicidad ambientalmente correcta asegura que el barrio es “eco-sustentable”. Cada lote cuesta alrededor de 165.000 pesos.
Retoma Kopta: “Todo es bochornoso. La ley vigente de 2010 (9814) ya había sido una burla al proceso de participación pública. Hicimos todas las objeciones a la nueva ley, pero el gobierno cerró la Mesa de Diálogo en diciembre de 2016. Mandó todo a la Legislatura para que actúe como organismo técnico, lo cual es otro disparate porque es un órgano político”.
A comienzos de diciembre se creó la CoDeBoNa, y comenzaron las convocatorias a reunirse y movilizarse por las redes sociales y los medios comunitarios. Los legisladores olvidaron que, para aprobar la ley, debían llamar a una audiencia pública (es lo que establece la Ley de Política Ambiental que el gobierno cordobés promulgó mientras sucedía el conflicto en Ituzaingó Anexo). El 19 de diciembre llamaron a audiencia para dos días después, en Villa María del Río Seco, a 180 kilómetros de Córdoba.
La velocidad de la trampa fue menor que la de los vecinos. Melina Dassano, de Ecos Córdoba y la CoDeBoNa: “Hicimos una cola de 400 personas para firmar una cautelar. Recién nos conocíamos, no tuvimos tiempo de organizarnos, pero espontáneamente se generó confianza”. La confianza fue un capital de acción: la cautelar hizo caer la audiencia. Kopta: “De un lado quedó el interés económico. Del otro, el bien común”. Quedaba la sesión del 28 de diciembre para resolver semejante dilema.

Travesti rural

La Legislatura tuvo una excelente mala idea en esos días: hacerle un homenaje a José Luis Serrano, por sus 30 años como intérprete de Doña Jovita, una abuela entrañable, zarpada y tecnológica, personaje célebre en Córdoba y varias provincias. (Como los medios que se dicen nacionales en realidad son porteños, Doña Jovita es ignorada en Buenos Aires donde sólo se emite humorismo en algunos programas disléxicos y en los spots electorales).
Serrano recibió el reconocimiento, anunció a los legisladores que se iba a cambiar de ropa para volver en su rol de “primer travesti rural”, y dejó con el micrófono a Churly Carrozo, que cantó Pájaros Desalojados, toda una defensa del bosque nativo. Algunos legisladores aplaudían, otros simulaban mirar sus celulares. Doña Jovita-Serrano criticó luego el destrozo ambiental y viralizó un video que filmó con un palo de selfie hecho con una rama de bosque nativo, llamando a la marcha. Fue apoyada por Raly Barrionuevo y Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo.
Fisura oficialista: olfateando el ambiente social, el ex gobernador José Manuel De la Sota –que viene turnándose con Schiaretti en el poder desde 1999- llamó a Serrano para solidarizarse. Trascendió que “sus” diputados no tratarían la ley el 28 de diciembre. La sesión estaba llamada.
La marcha también.

NiUnÁrbolMenos

Datos: quedan en Córdoba 300.187 hectáreas de bosque prístino, casi sin intervención en los últimos 100 años (2,27% del bosque original); 865.808 hectáreas (6,56%) de bosques abiertos, que han sufrido talas de diversa magnitud; y 2.571.034 hectáreas que reúnen diversos tipos de matorrales que también son parte del monte. Desde que comenzó el modelo sojero, a fines de los 90, se devastaron 295.000 hectáreas. Argentina es uno de los 10 países del mundo más depredadores de sus bosques.
Lo que la CoDeBoNa (y hasta la ley de 2010) defienden es un total de casi 4 millones de hectáreas de bosques en distinto estado, de las cuales 1.986.158 son zona roja. Es el territorio en el que, si el bosque fue eliminado, puede regenerarse. “Es un error defender solo las 300.000 hectáreas de bosque prístino: los ruralistas estarían de acuerdo. Se defiende el total”, informa Kopta.
Hubo hasta ahora tres marchas en la capital convocadas a través de Facebook, medios comunitarios, Twitter, el poderoso boca a boca, y un mismo soporte técnico: la desesperación. La primera ocurrió el 28 de diciembre de 2016. En la Legislatura, el oficialismo precisaba 36 votos de 70, mientras afuera se iba amasando un acto que llegó a 15.000 manifestantes, aunque algunas agencias publicitarias como Cadena 3 informaron que había 300 personas. La ley ya se había caído, sin apoyo del FIT, Pro y Cambiemos, FpV y delasotistas.
La imagen en la calle: cientos, miles de personas con los brazos enlazados que casi danzan cada paso mientras cantan juntas, o corren y gritan: “Somos el monte que marcha”. Hay un árbol de la vida, con guirnaldas coloridas y pájaros de papel. Guitarras, bombos, cornetas, risas, candombe y chacarera.
Carteles: “El bosque es vida”, “Verdadera participación”, “No al desmonte, la corrupción mata”, “Derechos humanos, Derechos ambientales”. Y miles de pancartas hechas a mano denunciando inundaciones, contaminaciones, basureros, especulaciones. Todo tan distinto y tan similar: una sorpresiva fiesta popular referida a temas supuestamente sin rating.
El reclamo reunió a vecinas y vecinos autoconvocados de toda la provincia, Movimiento Campesino, científicos de las Universidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, pueblos originarios, el Conicet provincial, fundaciones, centros vecinales, cooperativas, oenegés, gremios, agrupaciones políticas, espacios agroecológicos: más de 200 experiencias de todo tipo.
El 1º de marzo hubo otra marcha, 40.000 personas, y reiteraron la movida el 28 de junio. Pero la movilización es más grande y menos visible: en todos los barrios, pueblos y ciudades, diferentes grupos y asambleas ciudadanas producen encuentros, recursos de amparo, eventos y comunicaciones que son una acción o un latido cotidiano.
Aldo Gómez, el naguán comechingón, lo define como “conciencia”. ¿Qué quiere decir eso? Respuesta de compleja sencillez: “Estar despiertos”.
Federico Kopta agrega: “Esto no pasó con ningún tema ambiental. Siempre la movilización es una respuesta a una amenaza directa: te contaminan, te enferman, te ponen una antena, te instalan a Monsanto. Aquí la amenaza es supuestamente más indirecta, pero se entendió que esto no da para más”.
Atilio Palacios, ingeniero agrónomo, profesor de la UNC y otro activo participante de la CoDeBoNa, enumera: “Hubo que perder 30.000 personas para llegar al Nunca Más. Miles de mujeres golpeadas y asesinadas para que digamos Ni Una Menos. Miles de muertes en la ruta para que haya tolerancia cero de alcoholismo”. Melina: “Avanzamos con tracción a sangre”. Atilio completa: “Y ahora tuvimos que perder gran parte del monte, pero al final nos dimos cuenta de que estamos en riesgo total y que hay que decir: ni un árbol menos, ni un bosque menos”.
¿A quién le importa el bosque?
El terremoto verde tiene antecedentes en Córdoba. Allí nacieron las Madres de Ituzaingó Anexo, barrio del sudeste de la capital: 272 muertes, 82 por tumores, 150 adultos y niños que padecen distintos tipos de cáncer por las fumigaciones vecinas. Las Madres lograron la primera condena en la historia contra un productor y un aplicador de agrotóxicos en 2012. Todavía resta un juicio, la llamada “causa madre”, con seis imputados en total.
Malvinas Argentinas logró impedir definitivamente en 2016 la instalación de Monsanto, tras cuatro años de asambleas y acampes. Las encuestas mostraban que más del 70% de los cordobeses apoyaron esa resistencia, en el límite de la propia capital.
En 2015 habían ocurrido las inundaciones en Sierras Chicas (Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Río Ceballos), también cerca de la capital: 13 muertos, 4.000 familias afectadas, incalculables daños materiales y psíquicos a quienes las padecieron. La Universidad de Córdoba (Equipo de Ordenamiento Territorial del Instituto Superior de Estudios Ambientales) había advertido en 2013 que el avance de la frontera urbana y el desmonte del bosque nativo implicaban serio riesgo de inundaciones. No era el oráculo: era la ciencia genuina.
Kopta: “Todo esto afectó mucho a la gente de la propia capital, que ve estos hechos muy cercanos, o los sufre directamente”. Cecilia Sánchez, docente de Punilla: “Y en cada lugar se viven situaciones similares”. Daniel Díaz Romero, periodista ambiental, revisa su agenda: “El acampe de la Asamblea Santa María sin Basura contra la instalación del megabasural de Cormecor. El conflicto de Vecinos del barrio San Antonio, capital, por contaminación de Porta Hermanos, planta de bioetanol. Todas las asambleas relacionadas con la contaminación, el desmonte y el desalojo de comunidades alrededor del Lago San Roque, y contra la construcción de la Autovía de Montaña. Candonga no se toca, contra los loteos en zona roja. La Asamblea San José de la Quintana y San Isidro en defensa de la Vida, que está frenando la instalación de una cantera. Asamblea Santa María sin Basura, contra la planta de residuos peligrosos de Taym. Las protestas por los desechos radiactivos en Los Gigantes. Calamuchita contra el avance inmobiliario que destruye bosque. La lucha vecinal contra el megaemprendimieto urbanístico del grupo Eurnekián en el ex Batallón 141. Y hay muchos más”.
La actitud cordobesa ha logrado otros triunfos, como el de la Asociación de Amigos del Río San Antonio contra el megaemprendimiento El Gran Dorado: la justicia obligó a la empresa a reforestar lo talado. Hubo 220 audiencias públicas por temas ambientales en cumplimiento de la Ley de Política Ambiental. Sólo en una se logró frenar el proyecto. El resto suelen ser actos de apuro más que de participación, aunque los vecinos están aprendiendo, como lo demuestra la Ley de Bosques.

¿Qué democracia?

Enigma: ¿Cómo entender tal nivel de movilización y respuesta en una provincia en la que ganan Macri (71% en 2015) o Unión por Córdoba, que simbolizan las políticas y negocios que llevan a los problemas ambientales? (sin olvidar que fue Cristina Kirchner quien anunció con bombos y platillos la instalación de Monsanto, que los vecinos lograron impedir). ¿Cómo entender la relación entre lo electoral y lo social? Estas no son respuestas, son a lo sumo propuestas o pistas para pensar esos misterios.
Vanesa Sartori, asambleísta de Malvinas Argentinas: “El voto de 2015 fue de castigo al kirchnerismo. Hasta muchos kirchneristas tenían la contradicción de apoyarnos pese a lo que decía el gobierno nacional. Hay gente arrepentida de haber votado a Macri. Pero hay una ingenuidad de creer lo que dicen los candidatos. Córdoba tuvo siempre una doble personalidad: la tradicional, conservadora, estructurada, y por otro lado la de la Reforma, el Cordobazo, la que sale a la calle y echa a Monsanto: una pulseada interna”.
¿Lo partidario es político? Víctor Mazzalay es también asambleísta de Malvinas Argentinas, politólogo y profesor de Teoría Política de la UCA local: “Si ‘política’ es la toma de decisiones colectivas sobre qué hacer con lo que nos es común, hay que decir que lo electoral se ha despolitizado. Está vacío. Hay adhesiones clientelares y comprensibles. Pero no sirve para canalizar tus intereses reales. Lo partidario es una puesta en escena, o a lo sumo un recorte muy pequeño que no permite la discusión sobre la vida, la salud, la producción, el futuro. Entonces aparecen esas experiencias y movimientos que dicen: acá estamos. Hacen política real. Pero no tienen a quién elegir. Entre males, votan el mal menor. Y después siguen movilizándose”.
Melina: “Lo que más enoja a la gente es que no den el derecho a la participación” dice, oponiendo lo representativo (diputados que en realidad representan intereses corporativos) y lo participativo (comunidades que quieren ser tenidas en cuenta). Atilio: “El ordenamiento territorial es demasiado importante para que sea verticalmente resuelto por un grupo de auto-autorizados que obedecen a corporaciones que están decidiendo nuestra calidad de vida”.
Marcela Fernández, abogada, ilustra: “El San Roque es un lago absolutamente contaminado, con aparición de virus y sustancias neurotóxicas que ya no se potabilizan. Pero abastece de agua a media capital. El gobierno se lleva por delante a los ciudadanos, su derecho a la salud, a la información y a la participación”.
Atilio calcula que vivimos una época nueva: “Te movilizás vos mismo, y descubrís que no necesitás a los partidos. De lo político partidario se pasa a lo ciudadano. He visto gente del Pro, kirchneristas, peronistas, del PO y radicales, que participan con la CoDeBoNa porque entienden que les están reventando la vida a sus hijos y nietos, y que sus propios partidos no mueven un dedo: ni hablan de estos temas”. La pregunta podría ser: ¿Dónde reside, en términos prácticos, una idea más lógica de democracia? ¿Entre quienes reclaman por los bienes comunes fuera de la Legislatura, o entre quienes están dentro? ¿En ambos?
El comechingón Aldo Gómez habla con esa calma y elegancia que los urbanos tantas veces perdemos: “La comunidad de los pueblos indígenas no delega en una minoría su responsabilidad y su poder de decisión. La autoridad no hace lo que quiere, sino lo que la comunidad dice. En el sistema representativo es diferente. Por eso se habla tanto de derechos y no de responsabilidades: los derechos son avasallados, son producto de algo negativo. El conquistador cree que tiene derechos, los pueblos atacados quieren recuperar sus derechos perdidos. Nosotros preferimos pensar en una vida con responsabilidades, que es lo que a uno le permite ser realmente libre. Una cultura en la que nadie viole derechos, y en la que se logre la autonomía”.
¿Qué es autonomía? “Ir gestando mi propio pensamiento, mi sentir, mi actuar, mi reciprocidad con los demás y con la Naturaleza. También en lo político, en lo económico, en toda la vida. Pero los que gobiernan no quieren que pensemos, que actuemos, ni siquiera quieren que comamos desde la autonomía”.
Aldo describe un choque entre lo legal y lo genuino: “Si el sistema representativo fuera genuino, las minorías a las que les delegamos el poder estarían representando el interés de todos. Pero en realidad es un poder que las minorías usan para someter a las mayorías. Digo someter porque si uno no accede a lo que dicen aparece la policía”.
Su definición sobre la época: “Es una cultura de la destrucción. Muy mezquina, muy ignorante, aunque saben cuáles son las consecuencias. Pero podrían ser más creativos y no usar la destrucción como forma de avanzar en la producción, ¿no?”. Aldo define lo que ha venido ocurriendo: “Una pueblada”.
José Luis Serrano es la abuela Doña Jovita. Los ruralistas lo cuestionaron, a él y a otros artistas, por su falta de “rigor científico cuando muestran atracción por el aplauso fácil de un público condescendiente”. El rigor científico de los ruralistas es un tanto gaseoso. Pero Serrano, además de vecino de Traslasierra y artista, es agrónomo. “Por mi vida y el estudio siempre tuve conciencia de cómo se pierde biodiversidad. Entre las personas, los que más pierden son los pobres. Se busca un productivismo y sobre todo rentabilidad. La excusa es alimentar el planeta, pero sabemos que eso es un cuento”.
Paisaje del presente: “Hay un espíritu capitalista que no está dando resultados, con 20 años totalmente desgobernados por el negocio de la soja, sin ningún análisis sobre sus efectos. En el campo hay un silencio de muerte, ni los grillos se escuchan. Además no hay una idea cooperativa, un pensamiento genuino en el otro. Las prácticas instalan un comportamiento corrupto en muchos productores, que se desentienden de los riesgos. Hay demasiadas enfermedades, mucho cáncer, una degeneración que llega a las conciencias”.
Con estos temas Serrano no gana un aplauso fácil, sino que se ha complicado la vida: “Me criticaron, me amenazaron, querrán perjudicarme, pero al final no saben a quién pegarle porque esto es como Fuenteovejuna: todos manifestándose. Las amenazas son lógicas: se les está cayendo un negocio inmobiliario de millones y millones”.
Doña Jovita se reivindica como vieja chillona. José Luis agrega algo que tal vez explique cierto clima cordobés, en las personas y en las comunidades: “No es sano resignarse. Hay que decir lo que uno cree y uno piensa. Si uno puede, hay que decirlo con alegría. No hablo de jarana, sino de pensar: me siento pleno por poder decir esto. Por estar aquí y poder expresarme. Por no quedarme callado y por hacer algo para que las cosas cambien. Puede parecer romántico, pero prefiero amar el legado de la vida y la Naturaleza, antes que creer que nuestro único destino en la existencia es ser exportadores de soja”.

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Documento: la declaración que activó el hallazgo del cuerpo de Santiago

Sin palabras

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: