Dos abogadas analizan el fallo de la jueza Marta Yungano que condenó a Marian Gómez por besar a su esposa en la vía pública. La abogada experta en derechos humanos Verónica Heredia analiza las irregularidades del caso: la teoría del mechón de pelo, el argumento de garantizar el “orden” y el abuso de autoridad no investigado. Y la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse plantea que todxs tenemos derecho a resistir ante la ilegalidad de un funcionario.
El viernes 5 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de la Ciudad de Buenos Aires le entregó al abogado de Marian Gómez los fundamentos del fallo que, una semana antes, había sellado una condena a prisión en suspenso bajo el delito de “resistencia a la autoridad y lesiones leves».
Todo empezó el 2 de octubre de 2017, cuando Mariana Gómez y Rocío Girat hablan, se besan y fuman un cirgarrillo en la estación de trenes de Constitución. Un empleado de Metrovías se acerca y le dice que lo apague. Mariana le contesta que no hay ningún cartel que lo prohíba. El empleado entonces llama al policía Jonathan Rojo, que la trata de “pibe” y la anota como “soltera”, a pesar de que Rocío le dice que es su mujer. Luego llega la oficial Karen Villareal. Con forcejeos la arrestan y llevan hasta la oficina de la Policía de la Ciudad de la estación Boedo de la línea E. Estuvo detenida siete horas, acusada de resistencia a la autoridad y lesiones graves.
El final es conocido: en el Día Internacional del Orgullo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de la Ciudad de Buenos Aires sentenció a Marian Gómez a un año de prisión en suspenso y al pago de las costas del juicio.
Más allá de lo que el caso significa en términos sociales, lavaca habló con dos abogadas para analizar los argumentos que respaldan la acusación.

La mirada de Verónica Heredia:

La policía actuó de oficio ante un delito leve
La jueza Yungano considera en su fallo que “arrancar un mechón de pelo” es un hecho peligroso que atenta contra la seguridad pública y habilita al Estado a actuar de oficio. Pero el Código Penal establece como regla que todos los delitos deben ser investigados de oficio por el Estado, excepto algunos pocos, entre ellos las lesiones leves -arts. 71 y 72 Código Penal-. La jueza condena a Mariana por lesiones leves contra la oficial Karen Villareal porque presuntamente le arrancó un mechón de pelo. Pero Karen Villareal no denunció a Mariana. Sin embargo, el Estado actuó de oficio. Primer abuso.
Garantizar el “orden”
¿Por qué? Según la jueza, la prohibición de actuar de oficio no rige en este caso porque: “…resulta evidente que razones de seguridad pública, lo que ocurre si por la naturaleza o circunstancias el hecho resulta potencialmente peligroso para la incolumidad de las personas o bienes en general, o de interés público, si el hecho, excediendo el marco de lo individual respecto de la víctima, su conocimiento y juzgamiento resulta útil, conveniente o necesario para el orden o bienestar de la comunidad, así lo indica[n]”.
La señora jueza explica claramente cuál es ese hecho potencialmente peligroso para la seguridad pública: es conveniente para el orden, para el bienestar de la comunidad.
El mechón de pelo vs. la presunción de inocencia
Para ello estima algo insólito: “La cantidad considerable de pelo arrancado a Villareal”. La Jueza Yungano considera que la “cantidad de pelo arrancando” a la Oficial de Policia Karen Villareal es un valor mayor al derecho humano de Mariana a la presunción de inocencia consagrado en la Constitución de la Ciudad Autónoma, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Mariana explicó que no fue su intención arrancarle pelo a Villareal, sino que se agarró del él cuando se caía producto del accionar violento del Oficial Rojo.
No investiga abuso de autoridad
Ni a la jueza ni a la fiscal les interesó investigar la legalidad del accionar del personal policial. La defensa de Mariana sostuvo que el procedimiento policial y la detención de Mariana es ilegal; que fumar en lugar prohibido –mucho menos besar a su esposa- no habilita identificar a quien lo hace para labrarle un acta, como reconoció el Oficial Rojo era su intención.
La jueza admite que existe una presunción de ilegalidad del accionar policial ya que se lo investiga en la Fiscalía 49 por “apremios ilegales”. Es decir que ni a la jueza ni a la fiscal les interesa conocer si el personal policial actúo ilegalmente contra de Mariana: solo les interesó culpar a Mariana.
Es peor ser mujer
La fiscal general Diana Goral considere que la lesión que produce arrancar pelo es más grave en una mujer “que en un hombre”. Así lo afirmó en sus alegatos.

Un año de prisión en suspenso para Marian Gómez por besar: “Vamos a seguir resistiendo”

La mirada de Cristina Hendrickse: el derecho a resistir (durante la entrevista en el programa Es la política, grabada el mismo día del fallo)

Resulta sorpresivo que el Poder Judicial avale una actitud autoritaria de un funcionario público como lo es un policía. Él considera que está prohibido besarse. El funcionario está para hacer cumplir la ley, no lo que a él le parece. Y no hay ninguna ley que diga que no te podés besar, no hay ninguna ley que prohíba el amor. Ganas no le faltan a muchos, ¿no?
Todo lo que no está prohibido, está permitido. Los funcionarios deberían conocer un mínimo de derechos humanos: ellos solo están avalados a reprimir las conductas que están prohibidas. Besarse no está prohibido, y mucho menos besar a tu esposa, como es el caso de Mariana.
Un policía ve a una pareja lesbiana besándose, va y lo reprime. La persona cercenada de su derecho tiene derecho a besarse con la persona que ama. Se resiste frente a esa actitud ilegal, injusta. Y la autoridad deja de ser autoridad: si te saliste de la ley, ya no sos autoridad. Mariana se resiste, y el Estado lo que hace es, en lugar de castigar al funcionario que se apartó de la ley, sancionar a la persona que legítimamente se resiste a la autoridad.
Nuestra Constitución Nacional en el artículo 36 habla del derecho de resistencia contra los actos que quiebran el orden constitucional. Entonces yo tengo derecho de resistirme. Lo preocupane es que el Poder Judicial no castigue al funcionario que viola la ley y castigue a quien se resiste.