La Cámara Primera en lo Criminal de Formosa confirmó el procesamiento de Félix Díaz y otros cuatro qompi por “robo de armas” y lesiones a policías, mientras que la causa que investiga la represión que dejó dos muertos sigue congelada, y el reclamo territorial irresuelto. El clima: causas armadas, campañas mediáticas, la presión provincial y la censura de los proyectos que buscan mejorar las condiciones de los qom en Formosa.

El procesamiennto por supuesto robo de armas de integrantes de la comunidad qom mereció estas reflexiones ante lavaca.
Federico Efron, integrante del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogado de la comunidad: “El principal vicio de la causa es que no se ha escuchado a la comunidad y se le ha dado preeminencia a lo que dice la policía, aunque todo esté basado en mentiras. No se escucha a la comunidad, que va con la verdad, con pruebas, con testigos. Eso no le ve nadie, y no les importa”.
Félix Díaz, cacique qom: “Nos quieren encerrar para que no se repita esta decisión política de las comunidades indígenas de defender nuestros territorios”.

El día que todo cambió

El 23 de noviembre del 2010 la comunidad qom La Primavera cortó la ruta nacional 86 en reclamo de una serie de hectáreas que mantienen, al día hoy, en disputa con una familia de apellido Celía; terrenos que plantean como propios dada la preexistencia de los pueblos originarios, avalada por distintas leyes nacionales e internacionales, violada en la práctica en el año 2007 cuando el gobierno formoseño da un reconocimiento de ocupación a los Celía.
Desde entonces se desató un conflicto que lleva muertos casi una decena de qom, un policía, audiencias en la Corte Intermericana de Derechos Humanos, más de cinco causas abiertas, represiones y heridos, todo como colorario de una discusión que tiene que ver con el territorio y que nunca fue tratada en profundidad. Desviar el eje del conflicto es parte de la estrategia que practican el gobierno provincial y el nacional, y vale la figura de Félix Díaz para entenderlo: su aparición como líder de la comunidad como parte de una necesidad práctica, pero también como simplificación mediática (a favor o en contra) que personaliza reclamos colectivos e históricos. En su prontuario figuran entonces tres casuas en curso (en dos fue ya sobreseído) que sintetizan cómo la justicia y el gobierno provincial tratan los problemas territoriales y a los pueblos originarios en Formosa.
La última novedad confirma el procesamiento de Félix, de Clemente Sanagachi y Miguel Kisinakai por la causa de aquél 23 de noviembre del 2010 en que se los acusa de “lesiones graves y leves” y de “robo de armas” (fue revocada la figura de “resistencia a la autoridad”, por la cual los volverán a indagar), durante la mañana del corte; otra de las causas investiga los sucesos que ocurrieron durante la tarde, entre ellos las muertes del qom Roberto López y el policía Heber Falcón. La separación entre mañana y tarde no es menor: “Nosotros estamos seguros que es una causa armada para darle el viso legal a lo que pasó a la tarde, que es la represión”, plantea el abogado del CELS que sigue la causa Federico Efron.

Justicia lenta, justicia rápida

Llamativamente, o no, las causas que investigan el accionar de los qom avanzan mucho más rápido que las que estudian la represión policial – que incluyó armas de fuego- de aquella jornada. Ejemplos:

• En julio del 2013 el Superior Tribunal de Justicia de Formosa – la máxima instancia provincial- revocó el sobreseimiento de Félix Díaz que había pedido el CELS junto a la abogada Marina Morales Ríos, ratificando lo dispuesto por la Cámara Primera en lo Criminal. En su escrito, el Superior Tribunal recomendó además la recalificación de Díaz como “instigador” del homicidio del policía, y confirmó el rechazo a que Erma Peteñi, viuda del qom muerto Roberto López, se constituyera como querellante en la causa.
• Ésas habían sido las últimas cartas que jugó la defensa en la justicia provincial, además de apelar el sobreseimiento de los policías imputados por la presunta autoría del homicidio de López, Gustavo Javier Coronel y Orlando Roberto Paredes. Nada de esto logró tener curso en la justicia formoseña, que ratificó una y otra vez las medidas de la Cámara Primera en lo Criminal, que se han centrado en criminalizar a los qom.

Causas armadas

Sobre la causa que confirma el procesamiento a Félix por “robo de arma”, el abogado Federico Efron dijo a lavaca: “El principal vicio de la causa es que no se ha escuchado a la comunidad y se le ha dado preeminencia a lo que dice la policía, aunque todo esté basado en mentiras. No se escucha a la comunidad, que va con la verdad, con pruebas, con testigos. Eso no le ve nadie, y no les importa”.
El propio Díaz reconoce que el procesamiento no le sorprende, que es lo que esperaba, y que va en la línea con lo que llama “discursos que están dirigidos a mí pero no directamente, que hacen alusiones de que yo soy el que trato de incidir en la violencia en la provincia a través de no acatar las órdenes judiciales y policiales, como forma de justificar el despojo usando la institución judicial”. Para Félix y para el CELS, las causas fueron armadas por el gobierno provincial y plantea su preocupación “porque las instituciones deberían ser independientes”.
En el marco de este procesamiento, la Cámara de Apelaciones, a cargo de Roberto Alberto Sala, revocó una la figura de “resistencia a la autoridad” que caía sobre Félix y cuatro compañeros, lo que habilita una nueva instancia de discusión: “Se lo va a volver a indagar a Félix por el delito de atentado a la autoridad. Ahora se van a disponer nuevas audiencias testimoniales de los policías que nosotros, por suerte, vamos a poder controlar. Luego, deberá resolver nuevamente el juez”, señala el Efron.
En esa causa también hay procesados otros integrantes de la comunidad: a Eugenio Fernández se le imputa el delito de “abuso sexual simple” a una policía. “Es una mentira. Está todo armado”, asegura.
La lectura política de Félix y la comunidad: “Nos quieren encerrar para que no se repita esta decisión política de las comunidades indígenas de defender nuestros territorios”.

El conflicto territorial

La causa que estudia el conflicto territorial está caratulada como “usurpación de tierras”, tiene como procesado a Félix Díaz y está en manos de los mismos magistrados que sostuvieron el procesamiento del qarashe por “robo de armas”.
Así como este revés, a fines del año pasado se concretó un postergado relevamiento de tierras a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno provincial, que dejó afuera 20 hectáreas, justo las del conflicto con los Celía. “Dentro de ese relevamiento nos dejaron afuera, omitieron el lugar donde estamos nosotros, para poder justificar que estamos fuera del reconocimiento oficial tanto de Nación como de Provincia. Eso abre la vía libre para la actuación de la justicia hacia mi persona”, plantea Díaz.
Cercado por distintas instituciones (que incluyen policías, gendarmes, jueces, fiscales, políticos y hasta el INAI) Félix se sincera y dice: “Me siento muy dañado y cansado por la persecución del gobierno nacional y provincial”. Sobre todo, más allá de estas causas que buscan acusarlo, plantea la “ignorancia de nuestra situación social” y enumera: “No nos dan acceso a la salud, y bloquean los proyectos que podrían mejorar nuestra calidad de vida”.
Uno de esos proyectos proponía un programa de cultivos sutentables en la comunidad, desarollado por la Facultad de Agronomía de la UBA: “Pero lastimosamente la Facultad no está aprobando el proyecto porque está a nombre de nuestra comunidad”, denuncia Félix. “Se suma a todo lo demás y eso a mí me preocupa, porque parecería que somos los enemigos”.