Nota
Justicia con ingenio: cinco sindicalistas y dos abogados presos en Jujuy
(Observatorio de la ley anti-terrorista de lavaca.org) San Pedro, Jujuy. El 9 de marzo, la misma jueza que ordenara el desalojo en tierras del Ingenio Ledesma -4 muertos, decenas de heridos-, Ana Carolina Pérez Rojas, dictó una orden de detención contra cinco dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma y dos de sus asesores legales, que hasta el martes 13 continuaban detenidos. La acusación por “privación ilegítima de la libertad y coacción agravada” se remonta dos años atrás, marzo de 2010, cuando cientos de trabajadores con sus familias marcharon al juzgado de San Pedro para exigir que la jueza Lakatos se expida sobre la situación de quiebra del ingenio, que atentaba contra sus fuentes laborales. La causa, que estaba a meses de prescribir, fue reflotada por jueces residuales de un nuevo juzgado jujeño creado en 2011, mientras que la que investiga el brutal desalojo en Libertador, que dejó 4 muertos, continúa suspendida.
“Sabemos que esto se está dando en el marco de la Ley Antiterrorista aunque no se la nombra, pero se la aplica. No podemos decir que están usando la ley, pero si que es la misma predisposición de los jueces que tienen un viento de cola en la resolución de los conflictos y arremeten contra dirigentes y trabajadores”, interpreta José Del Frari, secretario general de CTA Jujuy, que encabeza los reclamos.
Tras que le jueza dictara la orden de detención, el 9 de marzo, fueron detenidos los dirigentes azucareros Raúl Maigua y Jorge Álvarez, privados de la libertad, al menos, hasta el martes 13, a pesar de lo excarcelable del delito que se les imputa. Desde la justicia aseguran que los liberarán luego de tomarles declaraciones. Bajo esa promesa, el lunes 12 de marzo se presentaron el resto de los dirigentes y los asesores legales de los imputados, Enrique Waschneider y Fabián Tejerina, también acusados. Todos –dirigentes sindicales y abogados- hasta la tarde del lunes 12 seguían esperando a que le tomen declaración, detenidos.
Una causa a punto de prescribir
Según Del Frari, los voceros oficiales del gobierno –que son, en muchos casos, periodistas o canales de televisión regionales- argumentan el reflotamiento de la causa por el reacomodamiento de la justicia jujeña, la creación de nuevos juzgados y los llamados “jueces residuales”, encargados de revisar causas antiguas. “¿Por qué no revisan las causas por asesinato y desaparición de personas, y en cambio tienen tiempo para criminalizar a los trabajadores?”, pregunta Del Frari.
La causa había sido iniciada tras una movilización al juzgado sampedreño, en marzo de 2010, para evitar la quiebra del ingenio La Esperanza. El plazo para que le jueza encargada, Cristina Lakatos, autorizara un acuerdo de financiamiento con otro ingenio estaba expirando. Finalmente los trabajadores tomaron los tribunales al saberse que Lakatos se aprestaba a autorizar un acuerdo de financiamiento con el ingenio El Tabacal por 26 millones de pesos y sin el consentimiento de la dirigencia sindical. Imputación mediante, lograron así que el 25 de marzo Lakatos resolviera aceptar una propuesta de advenimiento y arrendamiento del grupo cordobés Reggio favorable a los trabajadores.
Dos años después, los jueces residuales consideraron la reapertura de la causa, que estaba a punto de proscribir. La jueza en cuestión, Pérez Rojas, tiene historia en el mundo azucarero: junto al juez Saman fue quien ordenó el desalojo del asentamiento de Libertador, propiedad de Ledesma, una violenta represión que terminó con la vida de Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Féliz Reyes y Juan Velázquez; también, cuenta Del Frari, desprotegió a un dirigente sindical que era sistemática y sospechosamente amenazado: “El muchacho recibió varios impactos de bala en su casa y ella ni siquiera le puso custodia”.
El viernes 9 de marzo, la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE) y sus asesores legales se desayunaron con la noticia que estaban siendo buscados. “Esto no es casualidad, sino que es una causalidad en función del trabajo unificado que venimos desarrollando los gremios azucareros de Jujuy y Salta, porque unificamos el reclamo del salario mínimo en 5 mil pesos coordinando con todos los gremios en hacer respetar los derechos de los compañeros y mejorando nuestras condiciones de trabajo. Se ve que esto les toca los intereses al empresariado y vemos que tienen poder para hacer este tipo de cosas y usar las herramientas para avanzar sobre los derechos de los trabajadores”, dijo el dirigente Rafael Vargas, secretario general de los azucareros de Ledesma.
En efecto, la reagrupación de los trabajadores y la coordinación de estos gremios en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma va por fuera de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), que hasta 2011 negociaba las paritarias y otros derechos de los trabajadores. Otro referente de CTA Jujuy, Nando Acosta, explica la diferencia: “Todos los años anteriores el que normalmente firma o termina arreglando los salarios de los sindicatos era la FOTIA, que arreglaban con la empresa por abajo”. Estos otros gremios, nucleados por la CTA, firmabanen julio de 2011 –las mismas semanas de la represión el Libertador- un salario récord para la industria.
La orden de detención motivó una inmediata respuesta por parte de los trabajadores de La Esperanza y otros ingenios, que se manifestaron al juzgado local y luego cortaron la Ruta Nacional Nº 34, desde las 12 hasta las 18 de la tarde del fin de semana. Las consignas: “Libertad a Maigua y Álvarez, proscripción de la causa” por movilizarse al juzgado. Del Frari dice sobre lo que sigue: “Vamos a usar todas las vías leales y gremiales para garantizar que los compañeros tengan las condiciones adecuadas”. Por ahora, eso sería que, tras prestar declaración, liberen a los siete dirigentes y abogados detenidos. Luego comienza otra lucha. Acosta la define así: “Si buscan amedrentar, no lo han conseguido. La respuesta fue inmediata y el apoyo y respaldo de los otros trabajadores de los sindicatos de azúcar de la zona habla de eso. Lo que creo es que hay un intento de mostrar que al que pelea, lo van a criminalizar. Nosotros vamos a demostrar lo contrario: al que pelea nosotros lo vamos a bancar, y vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores”.
Documental a un año de la represión del 12 de marzo
Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha y la jubilada

El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.
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MU 211: Método Pablo

Todo lo que le salvó la vida a Pablo Grillo, fotorreportero herido tras un disparo de Gentarmería hace un año. Lo que enseña su pelea contra la muerte, que terminó ganando gracias a la solidaridad y una red de salud pública y afecto que sigue viva.

Pablo Grillo: Salvar la vida
¿Qué le salvó la vida al joven fotógrafo atacado por la Gendarmería? La gente que lo ayudó tras el disparo, la que lo atendió cuando se preveía que lo suyo era quedar en estado vegetativo. Los familiares y amigos: la red que estuvo en los momentos más difíciles y armó un mapa de cuidados para salir con solidaridad y energía de la violencia y la oscuridad. Detalles de casi un año destinado a volver a ver esa sonrisa. La recuperación continúa: la vida le ganó a la muerte. Compartimos el QR para releer en lavaca.org la primera entrevista periodística brindada por Pablo. LUCAS PEDULLA

El bordado: Beatriz Blanco, la “jubilada patotera”
Fue agredida por un policía y cayó de nuca al asfalto durante una manifestación de jubilados. La escena se hizo viral como símbolo de la represión de cada miércoles. Beatriz pensó que había muerto pero sobrevivió al golpazo. Una causa instruida por la jueza Servini de Cubría avanza para condenar al policía que la atacó. Fue acusada por Bullrich de “jubilada patotera” y ella lo lleva con orgullo en una remera creada por sus hijas. Tiene 83 años, sigue yendo a la Plaza con su bastón y sus reclamos por una vida digna, y hace bordados para reflejar cosas alegres. LUCAS PEDULLA

El aguante: Jonathan Navarro, herido durante la represión
Un oficial de Prefectura le disparó a la cabeza durante la manifestación de hinchadas y jubilados, la misma en la que tiraron al piso a Beatriz Blanco e hirieron a Pablo Grillo. Perdió la visión del ojo izquierdo para siempre. Jonathan Navarro fue aquel día a la calle convocado por hinchas de su club, Chacarita, e indignado porque a su papá le habían sacado el acceso gratuito a los medicamentos. Hoy está desocupado. “Pero no me arrepiento de haber ido”. LUCAS PEDULLA

Renacer es posible: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Fue la fábrica Aurora Grundig, la del televisor “caro, pero el mejor”. Colapsada tras el menemismo, sus trabajadoras y trabajadores organizados en cooperativa la recuperaron para resistir el abismo del desempleo. Hoy enfrentan más de lo mismo. Pero son 133 personas, crearon un bachillerato, consiguieron 60 viviendas. El industricidio visto desde la óptica de quienes logran llevar adelante lo que la patronal hundió: otra forma de crear y sostener trabajo, en una isla que el gobierno busca despoblar. FRANCISCO PANDOLFI

En movimiento: Movilizaciones 2026
Más allá de todo el protocolo de represión oficial las calles fueron otra vez, durante este verano 2026, un lugar de expresión y reclamo frente a la crisis que está ocurriendo en el país y en una sociedad muchas veces vapuleada por las políticas del gobierno. Algunas imágenes para recordar estos días que todavía no sabemos qué historia terminarán escribiendo.

Crecer bajo el terror: Infancias y dictadura
Un grupo de hijos e hijas de desaparecidos comenzó un proceso judicial para que el Estado reconozca que la violencia ejercida sobre esas infancias también constituyeron delitos. Es un proceso inédito que llega luego de un análisis y reconstrucción de testimonios sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en sus operativos, cautiverios y crímenes. Una investigación crucial que reúne los testimonios de Teresa Laborde, María Lucía Onofri, María Eva Basterra Seoane y Dafne Casoy. EVANGELINA BUCARI

Carta abierta: Masacre planificada 2026
Retomamos la Carta de un Escritor a la Junta Militar –enviada por Rodolfo Walsh el mismo día de su desaparición– para trazar una sintonía con el actual modelo económico. Lo ya vivido, frente a un presente alucinado. Y algunas pistas para intentar encarar lo que se viene. SERGIO CIANCAGLINI

Politizate: La Kalo
Es actriz, performer, canta, baila y agita en las calles y en las redes para combatir al fascismo y a la política tibia. Es drag y “vieja bruja”. Habla sobre dopamina, lucha de clases, therians, cultura, haters y kiosqueros. Historia y terapias para pelearle a la tristeza. FRANCO CIANCAGLINI

No podrán: Luciana Jury
Cantante y compositora con base en el folclore, causó revuelvo en el Festival de Cosquín por sus críticas al gobierno. La sobrina de Leonardo Favio y cómo protegerse y tejer alianzas en tiempos de hate, para que la cultura popular no solo resista sino también haga florecer. MARIA DEL CARMEN VARELA
Cabo suelto: Crónicas del más acá
Carlos Melone
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios

Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.

Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.

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