(Observatorio de la ley anti-terrorista de lavaca.org) San Pedro, Jujuy. El 9 de marzo, la misma jueza que ordenara el desalojo en tierras del Ingenio Ledesma -4 muertos, decenas de heridos-, Ana Carolina Pérez Rojas, dictó una orden de detención contra cinco dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma y dos de sus asesores legales, que hasta el martes 13 continuaban detenidos. La acusación por “privación ilegítima de la libertad y coacción agravada” se remonta dos años atrás, marzo de 2010, cuando cientos de trabajadores con sus familias marcharon al juzgado de San Pedro para exigir que la jueza Lakatos se expida sobre la situación de quiebra del ingenio, que atentaba contra sus fuentes laborales. La causa, que estaba a meses de prescribir, fue reflotada por jueces residuales de un nuevo juzgado jujeño creado en 2011, mientras que la que investiga el brutal desalojo en Libertador, que dejó 4 muertos, continúa suspendida.

“Sabemos que esto se está dando en el marco de la Ley Antiterrorista aunque no se la nombra, pero se la aplica. No podemos decir que están usando la ley, pero si que es la misma predisposición de los jueces que tienen un viento de cola en la resolución de los conflictos y arremeten contra dirigentes y trabajadores”, interpreta José Del Frari, secretario general de CTA Jujuy, que encabeza los reclamos.
Tras que le jueza dictara la orden de detención, el 9 de marzo, fueron detenidos los dirigentes azucareros Raúl Maigua y Jorge Álvarez, privados de la libertad, al menos, hasta el martes 13, a pesar de lo excarcelable del delito que se les imputa. Desde la justicia aseguran que los liberarán luego de tomarles declaraciones. Bajo esa promesa, el lunes 12 de marzo se presentaron el resto de los dirigentes y los asesores legales de los imputados, Enrique Waschneider y Fabián Tejerina, también acusados. Todos –dirigentes sindicales y abogados- hasta la tarde del lunes 12 seguían esperando a que le tomen declaración, detenidos.
Una causa a punto de prescribir
Según Del Frari, los voceros oficiales del gobierno –que son, en muchos casos, periodistas o canales de televisión regionales- argumentan el reflotamiento de la causa por el reacomodamiento de la justicia jujeña, la creación de nuevos juzgados y los llamados “jueces residuales”, encargados de revisar causas antiguas. “¿Por qué no revisan las causas por asesinato y desaparición de personas, y en cambio tienen tiempo para criminalizar a los trabajadores?”, pregunta Del Frari.
La causa había sido iniciada tras una movilización al juzgado sampedreño, en marzo de 2010, para evitar la quiebra del ingenio La Esperanza. El plazo para que le jueza encargada, Cristina Lakatos, autorizara un acuerdo de financiamiento con otro ingenio estaba expirando. Finalmente los trabajadores tomaron los tribunales al saberse que Lakatos se aprestaba a autorizar un acuerdo de financiamiento con el ingenio El Tabacal por 26 millones de pesos y sin el consentimiento de la dirigencia sindical. Imputación mediante, lograron así que el 25 de marzo Lakatos resolviera aceptar una propuesta de advenimiento y arrendamiento del grupo cordobés Reggio favorable a los trabajadores.
Dos años después, los jueces residuales consideraron la reapertura de la causa, que estaba a punto de proscribir. La jueza en cuestión, Pérez Rojas, tiene historia en el mundo azucarero: junto al juez Saman fue quien ordenó el desalojo del asentamiento de Libertador, propiedad de Ledesma, una violenta represión que terminó con la vida de Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Féliz Reyes y Juan Velázquez; también, cuenta Del Frari, desprotegió a un dirigente sindical que era sistemática y sospechosamente amenazado: “El muchacho recibió varios impactos de bala en su casa y ella ni siquiera le puso custodia”.
El viernes 9 de marzo, la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE) y sus asesores legales se desayunaron con la noticia que estaban siendo buscados. “Esto no es casualidad, sino que es una causalidad en función del trabajo unificado que venimos desarrollando los gremios azucareros de Jujuy y Salta, porque unificamos el reclamo del salario mínimo en 5 mil pesos coordinando con todos los gremios en hacer respetar los derechos de los compañeros y mejorando nuestras condiciones de trabajo. Se ve que esto les toca los intereses al empresariado y vemos que tienen poder para hacer este tipo de cosas y usar las herramientas para avanzar sobre los derechos de los trabajadores”, dijo el dirigente Rafael Vargas, secretario general de los azucareros de Ledesma.
En efecto, la reagrupación de los trabajadores y la coordinación de estos gremios en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma va por fuera de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), que hasta 2011 negociaba las paritarias y otros derechos de los trabajadores. Otro referente de CTA Jujuy, Nando Acosta, explica la diferencia: “Todos los años anteriores el que normalmente firma o termina arreglando los salarios de los sindicatos era la FOTIA, que arreglaban con la empresa por abajo”. Estos otros gremios, nucleados por la CTA, firmabanen julio de 2011 –las mismas semanas de la represión el Libertador- un salario récord para la industria.
La orden de detención motivó una inmediata respuesta por parte de los trabajadores de La Esperanza y otros ingenios, que se manifestaron al juzgado local y luego cortaron la Ruta Nacional Nº 34, desde las 12 hasta las 18 de la tarde del fin de semana. Las consignas: “Libertad a Maigua y Álvarez, proscripción de la causa” por movilizarse al juzgado. Del Frari dice sobre lo que sigue: “Vamos a usar todas las vías leales y gremiales para garantizar que los compañeros tengan las condiciones adecuadas”. Por ahora, eso sería que, tras prestar declaración, liberen a los siete dirigentes y abogados detenidos. Luego comienza otra lucha. Acosta la define así: “Si buscan amedrentar, no lo han conseguido. La respuesta fue inmediata y el apoyo y respaldo de los otros trabajadores de los sindicatos de azúcar de la zona habla de eso. Lo que creo es que hay un intento de mostrar que al que pelea, lo van a criminalizar. Nosotros vamos a demostrar lo contrario: al que pelea nosotros lo vamos a bancar, y vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores”.