Nota
La barbarie de la civilización: Lorena Cañuqueo
La activista y antropóloga mapuche repasa las raíces históricas del enfrentamiento permanente del Estado argentino con su pueblo y puntualiza por qué se perpetúan la persecución y el hostigamiento. La relación entre racismo y extractivismo. La desigualdad social y económica como trasfondo. La especulación inmobiliaria y política. El poder fascista que se teje en la zona de Bariloche. Y una pregunta: ¿a quién le sirve el “conflicto mapuche”? Por Francisco Pandolfi.
De fondo, el lago Nahuel Huapi, azul, imponente. Lo rodea un turismo que no para en ningún momento del año; edificios lujosos; hoteles ostentosos. A trescientos metros de ese espejo de agua bellísimo que atraviesa Río Negro y Neuquén, se levanta, bien escondido, el Centro Mapuche Bariloche. Allí están encerradas como presas políticas cuatro mujeres mapuche, luego de la represión y desalojo del 4 de octubre pasado a la Lof Lafken Winkul Mapu, ejecutado por obra y gracia del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras la orden de allanamiento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, del Juzgado Federal de Bariloche.
¿Qué hay de fondo, además de ese paisaje cautivante, en aquel violento desalojo y en la actual prisión domiciliaria? A orillas del Nahuel Huapi, y luego de haber visitado a Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan Nahuel, procesadas por el delito de “usurpación por despojo”, charla con MU Lorena Cañuqueo, activista mapuche, docente, licenciada en Comunicación Social y doctoranda en Antropología, para intentar deshilvanar los porqués, los quiénes y los cómos de un hostigamiento histórico y permanente.
(EX)TRACCIÓN A SANGRE
«No se puede entender la densidad de los conflictos territoriales sin focalizar en el modelo extractivista”, arranca, como un primer eje a desarrollar. “Desde hace mucho tiempo viene instalándose este sistema; acá, antes había experiencias como la industria forestal, la inmobiliaria, que en esta región siempre fueron súper importantes para el sostenimiento del neoliberalismo. A partir de los noventa se profundiza la extranjerización de la tierra, y eso se conjuga con que hoy en el marco global se demandan recursos que están en la Patagonia: agua, aire, tierras que no están pobladas y minerales”.
Lorena es miembro de la Lof Mariano Epulef, del paraje Anecón Chico, Río Negro, emplazado a 120 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche. “En la zona de mi comunidad hay proyectos de extracción de oro, uranio, plata; como en otras regiones de la meseta también las hay de litio. Y como sucede en Catamarca, San Juan, en tantas otras provincias de la Argentina y en América Latina.
El extractivismo sin el racismo, sin la estigmatización de las poblaciones que se oponen a ese modelo, no es viable”.
Ahí, la también integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina verbaliza otro eje insoslayable: el racismo. “Acá somos los mapuche, pero en otras regiones son otros pueblos indígenas, los campesinos, los ambientalistas, los colectivos que sufren la sanción del poder y que se construyen así como enemigos de la modernidad, del desarrollo; es un cuento repetido. Así como el extractivismo significa la profundización de un modelo neoliberal, también se profundizan las tensiones sociales. O sea, es necesario reforzar el estigma de las poblaciones para que se genere mayor polarización”.
Agrega: “La sociedad en Bariloche siempre fue muy racista. Tiene un modelo local imaginario muy arraigado a la civilización y la barbarie, y a la selección bien fina de qué tipo de migrantes se busca, replicando el modelo hegemónico nacional. Acá el chileno es la peor mierda que hay. Es el migrante menos deseado, porque el deseable responde al ideal europeo civilizado. El modelo extractivista refuerza las desigualdades y también profundiza esos modelos que ya existen. Porque no es de ahora la idea de que el indio es extranjero, peligroso, terrorista; tiene un arraigo histórico. Desde la colonización a esta parte nos moldearon de una manera: hay indígenas y no indígenas, con lo que se potencian las arbitrarias condiciones de identidad que se les asignan a los grupos. Cierra la idea: “Que somos indios salvajes, violentos, atrasados es un discurso re viejo, que hoy se reactiva porque tiene arraigo en el sentido común social, ahora reforzado por el encasillamiento de indio flojo, vago, borracho. Una descripción cercana más a la barbarie que a la civilización, que viene a horadar los cimientos de la Nación. Entonces, para mí lo que está sucediendo con la comunidad Lafken Winkul Mapu condensa todo este escenario, porque en ese territorio hay proyectos inmobiliarios muy grandes”.
TIERRA, AVIONES Y EL GOLF
Las hectáreas desalojadas del territorio ancestral –que habían sido recuperadas por la comunidad en noviembre de 2017, en medio del asesinato de Rafael Nahuel– son alrededor de 30. Lorena compara: “Cualquier persona que transite por Bariloche ve la cantidad de emprendimientos inmobiliarios que hay, uno tras otro, a los cuales ni la clase media argentina puede acceder, porque es económicamente imposible. Sin embargo, los únicos cuestionados somos los indios”.
Profundiza: “Hay un sistema desigual en términos de la distribución de la tierra, que refuerzan los modelos económicos que vienen de larga data. Testaferros, magnates como Joe Lewis que son la cara visible de corporaciones muchísimo más grandes que exceden la imaginación de cualquiera sobre el capital, que mueven en el mundo, y que tienen incidencia política dentro de los gobiernos latinoamericanos. Además, hay un modelo de Estado que en sus discursos habla del cuidado del ambiente y en la práctica no es así”.
La Lof desalojada está dentro del territorio enmarcado como Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo intendente, Horacio Paradela, aún no accedió al pedido de entrevista realizado por MU en noviembre pasado. Lorena sí prefiere hablar: “Nos venden que están preservando el medioambiente a través de los Parques Nacionales cuando vemos a diario la cantidad de emprendimientos turísticos que dentro de los Parques violan permanentemente cualquier tipo de preservación, porque extraen material, talan bosques, contaminan el lago, no tienen un cuidado armonioso con la naturaleza. El bosque nativo está lleno de hosterías, hoteles, cuartos privados, helipuertos, miles de hectáreas en manos extranjeras donde en áreas de frontera no debería suceder… pero después los extranjeros somos nosotros. Los que venimos a degradar la soberanía somos nosotros, no las corporaciones ni las sociedades anónimas. Acá hay gente que viene de sus países de origen a pasar algunas horas una vez al año, y hay comunidades que fueron desplazadas de esos lugares para que pudieran hacerse campos de golf”.
Para ejemplo, un caso testigo: “Mientras estaban desalojando la comunidad, llegó un mega avión con el emir de Qatar, que tiene tierras en la naciente del río Chubut, cuando las nacientes de agua son del pueblo argentino, según rige en la Constitución Nacional. Pero lo cierto es que si querés entrar a la naciente, no podés. Entonces, ¿la soberanía la violan los mapuche?”
Lorena está sentada sobre la arena, repleta de piedritas. Delante, el esplendoroso Nahuel Huapi. Detrás, un edificio. Se da vuelta, lo señala y parece hablarle: “Este mega edificio no son módulos habitacionales, sino turísticos. Hace seis años había familias campesinas que habían venido a Bariloche buscando otra oportunidad económica de vida y andá a saber dónde fueron a parar tras ser desalojadas. Esto pasa todo el tiempo y nadie lo desnaturaliza. Un caso similar es la comunidad Lafken Winkul Mapu, formada por gente que se fue de Bariloche y que era la clase, ni siquiera proletaria, sino de lumpenaje para la visión de la sociedad moderna. Fueron a recuperar la tierra y resulta que esa comunidad es la violenta… ¿Y todo este modelo en que se cimienta el turismo patagónico? Por eso no se pueden buscar las explicaciones de lo que está sucediendo con la comunidad solamente en las condiciones coyunturales del presente; hay que buscarlas en términos históricos y dentro de lógicas globales”.
PLAN TRANSNACIONAL
El Pueblo Mapuche es uno solo, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina). A todo el territorio ancestral preexistente a ambas naciones se lo denomina Wall Mapu. Al hablar de lo global, Lorena suma complejidad a la situación. Y hace una ligazón indispensable: “A Rafa (Nahuel) lo matan en noviembre de 2017, y en septiembre había venido a Bariloche el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, quien coordinaba el permanente estado de excepción que hay en la región de la Araucanía. Allí está nuestra gente luchando contra las forestales, la industria maderera extractivista que es terrible, como la soja en Argentina. Es una máquina de chupar hasta lo más ínfimo que tiene un árbol y destrozarlo en mil partes para vender. Ese tipo se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a los muy poquitos días se publicó el informe RAM, que era un chiste, un recorte arbitrario donde se muestran hechos sin demostrar autoría; una payasada. Lo mismo que pasaba en Chile, lo hicieron acá en 2017 y ahora lo volvieron a hacer: armaron fuerzas de seguridad especiales para intervenir, hostigar, violentar a un grupo de gente desarmada que estaba huyendo cerro arriba; inflaron un conflicto e inventaron una imagen, un imaginario, lo mismo que en la Araucanía.
Lamentablemente, la comunidad está siendo utilizada para crear ese imaginario, el encapuchado peligroso, el terrorista, sin ningún elemento contundente”.
Las relaciones no terminan ahí. La organización Consenso Bariloche, constituida por empresarios del poder concentrado, con fuertes vínculos en Juntos por el Cambio y en el gobierno de Río Negro, viene fomentando un clima antimapuche. “En la Araucanía hay un referente que se colocaba en lugar de la víctima del ‘conflicto mapuche’, y eso mismo están haciendo acá, con el empresario Diego Frutos, cercano al PRO. Se trata de la versión bizarra de una película que ya se contó en otro lugar. Este modelo no lo inventó el servicio de inteligencia argentino ni tampoco el chileno; se creó con los pueblos indígenas de Colombia y Ecuador, se importó hacia la Araucanía y ahora lo están llevando a cabo en la Patagonia. Se ve bien cómo funciona en el imaginario social la construcción del enemigo interno a la Nación, un enemigo que además tiene rasgos indígenas. Ese vocero de la Araucanía, que se presenta como víctima del conflicto mapuche, representa un conglomerado de empresarios madereros, que se articularon como empresarios víctimas. Y que no solamente consiguen que haya un estado de militarización permanente en la región, sino que logran que se les bajen los cánones de exportación, que haya ciertas garantías que otros empresarios no tienen; o sea, un montón de beneficios que van ligados a ese mote de víctima a cambio de una serie de cosas. Es un negocio redondo. Entonces, es importante pensar: ¿a quiénes les sirve el conflicto mapuche? Si mataron por la espalda a un pibe de 22 años (Rafael Nahuel) que estaba en un proceso de recuperación de tierras; y al poco tiempo matan a otro pibe jovencito (Elías Garay) y hieren a su compañero (Gonzalo Cabrera) en otro proceso de recuperación; si nosotros tenemos dos muertos y un intento de asesinato, ¿a quién le beneficia ‘el conflicto mapuche’? Si ahora tenemos gente que anda escapando de la represión de las fuerzas federales de seguridad y no podemos acceder al rewe, ¿a quién le beneficia el ‘conflicto mapuche’? Cada vez que se activa la idea del fantasma del terrorismo mapuche, de la violencia y qué sé yo cuánto, nosotros vemos retroceder nuestros derechos. Entonces insisto con esta pregunta: ¿a quién le sirve el ‘conflicto mapuche’? A nosotros, seguro que no.
INSUMOS INDÍGENAS
Además del empresariado, ¿quiénes son los accionistas de ese “negocio redondo”? ¿Quiénes son los cómplices, por acción u omisión? Lorena amplía el mapa: “Se alimenta de una maquinaria de propaganda muy importante. Sin los medios de comunicación hegemónicos esto no funcionaría, son parte esencial. El Grupo Clarín tiene sus articuladores locales, como Bariloche 2000 y El cordillerano, que son los diarios que leen mis vecinas. También tiene Canal 6, que es el único de aire que hay acá. Ellos son los responsables de la construcción de una imagen, de la cara tapada, vestido con ropa oscura como símbolo del extremismo mapuche. Es la misma imagen que utilizan en Chile, es la misma imagen que utilizaron en Colombia; ni siquiera renuevan el vestuario”.
¿Qué otros actores son insoslayables?
Si esta serie de emprendimientos inmobiliarios se sigue haciendo, así como la persecución a nuestro pueblo, es porque hay leyes que les aseguran la impunidad. Hay un Estado que no solo no devuelve las tierras que nos robaron, sino ni siquiera la pequeña parte que estamos demandando, y que calan en lo más hondo de la espiritualidad mapuche, que es un pueblo que se está re armando, que viene de un proceso de genocidio. ¿La respuesta son balas? ¿En serio? ¿Balas en vez de una política de reparación a largo plazo? Es grave lo que está pasando y la decisión política debe estar enmarcada dentro de la retórica de memoria, verdad y justicia que a este país tanto le costó conseguir. Muchas de esas personas víctimas del terrorismo de Estado están en el poder ahora, tienen lugares de decisión. No estamos pidiendo que se entienda una historia ilegible, incomprensible. No. Acá hay suficiente proceso de movilización política, social y de plasmar en políticas reales el proceso de reparación de la dictadura que pueden servir como insumos para asimilar las demandas indígenas.
¿Qué se reclama con el lema Memoria, Verdad y Justicia?
Se pide la reparación al genocidio de los indígenas y políticas concretas como la restitución del rewe (altar donde la Machi, autoridad ancestral mapuche, puede ver enfermedades y tratarlas). Reconocer que hubo un genocidio no solo sirve para que la historia no se repita, sino porque hay consecuencias y efectos bien concretos. Ese genocidio no incide solo para los pueblos originarios, sino para el conjunto de la sociedad, porque nadie acá se puede comprar un lote de tierra si no tenés un ingreso exorbitante en dólares. Entonces, parte de la desigualdad estructural del genocidio tiene que ver con quién puede y quién no acceder a la tierra que nos robaron a nosotros.
En cuanto a la decisión política, Lorena Cañuqueo describe un laberinto que parece no tener salida: “A la decisión política no puede acceder cualquiera; sus marcos son sumamente elitistas y eso tiene un origen. No hay que olvidar que la Conquista del Desierto no solamente significó la anexión de la Patagonia a lo que todavía no era Estado argentino, sino que creó un modelo económico profundamente extractivista. Y cuando se quiso hacer una reforma al impuesto sojero este país colapsó por impulso de la Sociedad Rural. Cada vez que la sociedad argentina se cuestiona los modelos, se les saltan los tapones a los dueños reales del país”.
¿Cuál creés que es el rol del Pueblo Mapuche, en este contexto y pensando a futuro?
Seguir tensionando a partir de nuestra sola existencia y la enunciación del proceso histórico, visibilizando los orígenes de una sociedad profundamente desigual. Porque si la gente común empieza a entender que hay condiciones estructurales de su vida cotidiana, falta de acceso a derechos que tienen relación directa con el despojo a los pueblos indígenas, ya está: ahí se jodió al actual modelo y podremos vivir mejor.
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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros
(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.
El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.
La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.
Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.
Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.
Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.
Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.
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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.
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