Nota
La mafia tóxica: Entrevista con Gilles-Eric Séralini, biólogo francés
Es uno de los científicos más atacados por la compañía transgénica. Publicó un estudio que demuestra cómo el glifosato genera enfermedades a largo plazo. En esta nota describe a MU cómo fue la campaña para desacreditarlo, y equipara las técnicas de Monsanto con la mafia. Por Anabel Pomar.
El profesor Gilles-Eric Séralini es biólogo molecular. Francés, nacido en 1960, se especializa en los riesgos de los transgénicos y los agrotóxicos sobre la salud humana. Junto a su grupo de investigación en Caen desarrolló un trabajo crónico de la toxicidad del Roundup y un maíz transgénico, también propiedad de Monsanto: concluyó que ambos provocaban tumores y enfermedades . Es el único estudio de toxicidad a largo plazo existente hasta la fecha en el mundo entero. Por eso Séralini fue y es uno de los científicos más mencionados en los Papeles de Monsanto.
El científico francés aparece mencionado en los documentos que registran discusiones internas de la compañía en más de 55.000 citas conocidas hasta la fecha, en unas 20.000 páginas, entre cientos de interlocutores en todo el mundo a lo largo de casi quince años. Esta documentación es conocida como el “Séralini Affair” y junto a otros Papeles de Monsanto ha sido utilizada como prueba en los tres juicios que condenaron a esa corporación por actuar con malicia, negligencia y causar cáncer con su herbicida Roundup a Dewayne Johnson, Edwin Hardeman, Alva y Alberta Pilliods.
En agosto pasado se pusieron a disposición del público nuevos documentos, que se suman a los ya publicados en 2017 y a los desclasificados tras los juicios realizados. Ya no sorprende ver que, una vez más, Gilles-Eric Séralini es mencionado como el blanco de las más feroces campañas de descrédito y difamación organizadas por Monsanto.
Un paper bajo ataque
El episodio central en el caso Séralini gira en torno de la publicación, retractación y republicación de un estudio de 2012 que, bajo su dirección, mostró al mundo el daño que produce el herbicida Roundup de Monsanto y el maíz OGM NK 603.
El paper fue publicado inicialmente en 2012, en la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), pero luego fue retirado por “defectuoso”. Esa retractación fue producto del lobby de Monsanto. Finalmente el trabajo fue republicado dos años más tarde, en la revista Environmental Sciences Europe, pero la sombra de la duda plantada por la corporación continúa.
Al ingresar el nombre “Séralini” el buscador web traerá cerca de 141.000 resultados en solo 0.42 segundos. En esos resultados, en los primeros puestos, se podrá leer con claridad que el paper científico ha sido retirado o retractado por controversial o no cumplir con la metodología adecuada, según los cánones de la ciencia.
¿Cuál es la importancia de ese trabajo que mereció tantos esfuerzos por parte de Monsanto para desacreditarlo?
Por primera vez, en un estudio a largo plazo, se comprobó que el Roundup (inclusive en dosis infinitesimales menores a las que se permiten en los alimentos) y un maíz transgénico diseñado para tolerarlo, aplicados en ratas durante un período prolongado tenían efectos tóxicos, producían tumores y enfermedades, incluido daño hepático y renal grave.
Ninguna autoridad reguladora del mundo exige realizar pruebas a largo plazo sobre los alimentos transgénicos: eso también dejó expuesto el estudio. Séralini demostró que las pruebas de 90 días comúnmente realizadas sobre alimentos transgénicos no son lo bastante largas como para observar efectos a largo plazo como cáncer, daños en los órganos y muertes prematuras. Los primeros tumores no aparecieron hasta los 4-7 meses del inicio del estudio.
La investigación de Séralini desnudó así que la industria y las autoridades reguladoras cometen un error al desestimar los efectos tóxicos observados en los estudios de 90 días sobre alimentos transgénicos por “no ser biológicamente significativos”. Los signos de toxicidad detectados en los estudios de 90 días de Monsanto se convirtieron en daños en los órganos, cáncer y muertes prematuras en el estudio de Séralini de dos años.
Este es el segundo motivo que tenía Monsanto para “destrozar” esa investigación, que surge al leer los propios documentos: de ser válido, podía abrir las puertas a que reguladores y otros organismos de control pidieran estudios a largo plazo sobre los cultivos transgénicos y sus plaguicidas asociados. Según advierte el empleado de Monsanto Dan Goldstein en uno de los correos electrónicos desclasificados podía motivar que “un tercero procure fondos para verificar las observaciones de Séralini, ya sea a través de una agencia gubernamental o de los grupos contra los transgénicos/pesticidas”.
La campaña sucia
Los Papeles de Monsanto conocidos hasta ahora muestran con contundencia que esa corporación organizó la campaña para lograr que el paper de Séralini fuera retirado de la publicación. La revelación más impactante de los documentos divulgados es que A. Wallace Hayes, el editor de Food and Chemical Toxicology, celebró un acuerdo de consultoría con Monsanto justo antes de su participación en la retractación del estudio Séralini. Claramente Hayes tenía un conflicto de intereses entre su papel como asesor de Monsanto y su rol de editor: el estudio fue publicado el 19 de septiembre de 2012; el acuerdo de consultoría entre Hayes y Monsanto tenía fecha del 21 de agosto de 2012. Hayes fue contratado para prestar sus servicios a partir del 7 de septiembre de 2012.
Los documentos también revelan que Monsanto pagó a Hayes 400 dólares por hora por sus servicios y que a cambio se esperaba que “trabajara en la creación y el desarrollo de una red experta de toxicólogos, epidemiólogos y otros científicos en Sudamérica y además fuera participe de la reunión inicial celebrada en el región (en 2013)”.
La campaña de retractación fue liderada por el científico de Monsanto David Saltmiras con ayuda de “expertos externos”, científicos aparentemente independientes de Monsanto, quienes bombardearon con cartas al editor en jefe de la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), exigiendo que se retractara del estudio e inundaron “los medios” con las críticas a la metodología del paper. Saltmiras se jactó de haber facilitado las numerosas cartas de expertos al editor para señalar el diseño deficiente del estudio. Además, fue coautor de la carta de Monsanto al editor, que redactó junto con Dan Goldstein y Bruce Hammond, empleados de la corporación.
Saltmiras escribe en un correo que lo logró gracias a “buenos contactos”: “A lo largo de la publicación y campaña de medios del estudio de Séralini sobre cáncer en ratas, a fines de 2012, aproveché mi relación [con] el editor en jefe de la revista (…) y fui el único punto de contacto entre Monsanto y el Journal”.
Otro empleado de Monsanto, Eric Sachs, escribe en un correo electrónico sobre sus esfuerzos para reclutar científicos en la campaña de redacción de cartas en contra del estudio. Sachs se refiere a Bruce Chassy, un científico que dirige el sitio web Pro-OMG Academics Review y escribe: “Hablé con Bruce Chassy y él enviará su carta a Wally Hayes directamente y notificará a otros científicos para que hagan lo mismo. Entiende la urgencia”. En respuesta a la solicitud de Monsanto, Chassy instó a Hayes a retractarse del documento de Séralini. También fue el primero en firmar una petición que exigía la retractación del estudio Séralini y el coautor de un artículo publicado en la revista Forbes acusando a Séralini de fraude. En ninguno de los documentos Chassy declara vínculo alguno con Monsanto. En 2016 quedó expuesto que en menos de dos años había percibido más de 57.000 dólares por parte de Monsanto para viajar, escribir y hablar sobre transgénicos.
Esa carta fue firmada en Argentina por Moisés Burachik, en su rol de director de Asuntos Regulatorios de INDEAR (Agrobiotechnology Institute) de Rosario. Burachik se desempeñó como asesor científico de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. Estuvo involucrado con las actividades de regulación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) desde los inicios del sistema regulatorio nacional. Además fue miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) desde su creación en 1991 y su Secretario Ejecutivo entre 2004 y 2010, para luego pasar abiertamente a la industria privada.
La verdad y la duda
Séralini relata a MU qué sintió al leer los documentos en los que orquestaban ataques contra él. Y es contundente: “Me provoca náuseas por la magnitud de esos crímenes. Desde altos ejecutivos de Monsanto hasta gobiernos, incluidos científicos de las universidades más prestigiosas, reguladores de agencias internacionales, editores de revistas científicas, medios de comunicación, todos comprados, sobornados o utilizados por la empresa para continuar vendiendo Roundup”.
En un libro llamado La Duda es su Producto el investigador David Michaels señala cómo actúan las corporaciones con técnicas probadas y perfeccionadas por la industria del tabaco: “Estas industrias han aprendido que al enfocar la discusión sobre las incertidumbres en la ciencia (y la necesidad de más investigación), es posible evitar el debate sobre las políticas públicas. Esto puede retrasar por años los gastos necesarios para proteger la salud de la gente y el medio ambiente”.
Para Serálini, “las técnicas utilizadas (por Monsanto) son equiparables a la mafia. Teníamos sospechas de cómo actuaban, pero ahora tenemos evidencia sobre un mecanismo activo de corrupción que implica a editores científicos, agencias reguladoras,- redactando ellos las conclusiones de salud regulatorias en lugar de las propias agencias-, personalidades espiadas, según revelan documentos que describen hasta sus pasatiempos y gustos personales. Sabemos ahora que identificaban actores que pudieran ayudarlos en sus objetivos. Identificaban a quienes pudieran servirles o ser influenciados en un plan destinado a desprestigiar nuestro estudio que les avergonzaba por sus conclusiones. Y todo para poder seguir afirmando que son buenas personas, que se ocupan de nuestra agricultura y de nuestros alimentos, de nuestros jardines y nuestra salud”.
“Con mi grupo de investigación – explica el francés- hemos publicado científicamente la mayor parte de estudios en todo el mundo con datos experimentales sobre células humanas de bebés, animales y pacientes sobre la toxicidad de los OGM y pesticidas agrícolas. En mi caso me atacan por ello. Si no logran difamar mi investigación y a mí mismo, es obvio que sus productos, Roundup y OGM, deberían estar prohibidos en el mundo, lo que significaría resignar todos sus beneficios de miles y miles de millones”.
Según el biólogo los ataques no se han detenido, aunque se remontan a 2005. “Ya en ese año empezaron a atacarme personalmente por un trabajo publicado en Environmental Health Perspectives, una revista científica muy famosa, dónde dejaba en evidencia que el Roundup contenía venenos muy tóxicos; mucho más tóxicos que el propio glifosato aislado”, relata Séralini. “Hoy sabemos que en la formulación están presentes compuestos de derivados de petróleo cancerígenos y metales pesados como el arsénico. Esos descubrimientos los publiqué en diferentes artículos entre 2013 y 2018”.
¿Cómo se hace para continuar bajo tanta presión y bajo esa duda constante que plantaron sobre su trabajo? Séralini: “No es algo fácil, pero la verdad está de mi lado. Por eso es que logré ganar siete juicios contra los grupos de presión y lobby que respondían a la compañía e intentaban desacreditar mi trabajo”.
Arenas movedizas
Séralini cuenta a MU que su participación en los Papeles de Monsanto se produjo “desde el minuto cero” de su gestación. Parte de las pruebas documentales de sus investigaciones forman parte de los documentos junto a los obtenidos como pruebas por los abogados de los demandantes en Estados Unidos y los pedidos de acceso a la información pública de oenegés como USRTK. Irrefutables pruebas internas de la compañía que desnudan la manipulación de Monsanto sobre reguladoras y el corpus científico. “En 2005 gané un juicio usando como pruebas datos en bruto de la compañía, donde quedaba evidenciado estaban ocultado información sobre la toxicidad de un OGM (Organismo Genéticamente Modificado). He solicitado, a través de mecanismos de transparencia en la información, documentación relativa a eventos transgénicos, a muchos gobiernos de todo el mundo donde fui invitado a colaborar. En India, de este modo, pudimos frenar el evento GM Bt brinjal”, resume el científico.
En enero de 2016 en el hotel y restaurante medieval La Mère Poulard, en Mont Saint-Michel, un reconocido lugar que forma parte del recorrido del Camino de Santiago, Séralini conoció a la abogada Kathryn Forgie (entrevistada en la edición 130 de MU) y a uno de sus colegas de Nueva York. “Querían saber mi opinión sobre los daños del glifosato. Sentían que caminaban sobre arenas movedizas y me preguntaron por el vínculo entre el Roundup y el cáncer. Antes de comenzar a explicarles los estudios les conté que descubrimos que el Roundup contiene venenos ocultos (además del glifosato que es el más “famoso”), y le sugerí que primero miraran los documentos que Monsanto mantiene en secreto sobre las pruebas que ya han realizado sobre su producto. Las consecuencias de esa conversación siguen produciendo revelaciones explosivas en el mundo entero”.
Sobre la importancia de los Monsanto Papers, sigue Séralini: “Están permitiendo que la compañía y su accionar sea expuesta en cada juicio. Poco a poco, la evidencia del sistema de corrupción en la ciencia, regulación e información está empezando a ganar más lugar en la prensa y en los titulares. Es la corrupción sobre la ciencia la responsable de enfermedades y muertes en todo el planeta”.
Séralini afirma que encontrar una salida no solo es urgente, sino también posible. “Así como la ciencia, especialmente la Toxicología, y las agencias reguladoras están muy comprometidas o llenas de carencias ante los OGM y los pesticidas, hay numerosos científicos en el mundo entero que desarrollan ciencia independiente. Y uno solo de ellos puede denunciar a esos miles de supuestos científicos comprometidos. El Roundup es un veneno para la salud y el medio ambiente: debe prohibirse lo antes posible. Al igual que para todos los pesticidas, necesita de experimentos científicos transparentes para que la comercialización sea permitida. No podemos admitir este tipo de fraudes. El mundo está cambiando y todo el poder financiero de Bayer está siendo sofocado por la voz de decenas de miles de millones. Ganaremos”.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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