Nota
Masacre de San Miguel del Monte: una funcionaria municipal con vínculos con la Bonaerense
Las familias de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío presentaron una carta a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, en la que exigen que baje la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. Según denunciaron, la mujer fue policía, es familiar de uno de los oficiales detenidos y como abogada penalista defendió a efectivos involucrados en otros delitos. “Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable”, expresaron los familiares, a casi un mes de los hechos. La Comisión Provincial por la Memoria apuntó: “Es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”.
Los familiares de Aníbal Suárez, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliarello presentaron una carta a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en la que exigieron que dé marcha atrás con la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Según expresan, es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan las familias junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Las familias cuestionan que Contignola:
- Fue agente de la Bonaerense.
- Es familiar del subinspector José Alfredo Domínguez, uno de los 13 detenidos, acusado por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.
- Y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos.
La CPM apuntó que su designación “es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”, en un contexto en el que uno de los 13 detenidos es el exsecretario de Seguridad del distrito, Claudio Martínez. Las familias concluyen la carta: “Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”.
Los familiares ya habían manifestado su repudio a la intendencia cuando, después de 15 días de la masacre, se difundió una foto abrazada al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En ese entonces, publicaron un texto por redes sociales: “Parece un chiste, pero no. Esa es Sandra Mayol. Sandra, la que reprodujo el discurso de la policía y aseguró a las familias que no hubo disparos. Sandra, la que ideaba las estrategias de seguridad del pueblo con Claudio Martínez, el secretario de seguridad del municipio ya detenido por participar del asqueroso encubrimiento”.
Algunos familiares ya piden públicamente su renuncia.
Lo sistémico
El coordinador de la CPM, Roberto Cipriano García, subraya a lavaca la “enorme angustia” que generó la designación de Contignola a los familiares. “Ellos esperaban, al menos como una forma de reparación, que el Estado modifique sus políticas de seguridad, que cambie algo después del hecho. Porque lo pasó con los chicos fue la punta del iceberg de una serie de consecuencias arbitrarias y violentas: todas las violencias que se ejercían sobre los jóvenes empezaron a salir a la luz”.
Los profesionales de la Comisión fueron a Monte a relevar testimonios de los propios jóvenes. lavaca habló con ellos, que revelaron secuestros, golpizas y hostigamientos cotidianos. “Las familias aspiraban a que desde el Estado se deje de perseguir y hostigar, pero la designación de esta persona no hace más que reconfirmar la línea de seguridad de Monte”.
La “línea de seguridad” es la que se expresa en la causa judicial que instruye el fiscal Lisandro Damonte y la jueza Marcela Garmendia, con 13 personas detenidas:
- Cuatro policías fueron imputados por “cuádruple homicidio doblemente agravado (por abuso de función y por uso de arma) y tentativa de asesinato”.
- Otros ocho efectivos están imputados por “encubrimiento agravado y falsedad ideológica de documento público”. Es decir, por ocultar prueba para desviar la investigación. Es la misma acusación pesa sobre el funcionario Martínez, que es excomisario de la Bonaerense.
Cipriano García subraya que la causa viene avanzando con celeridad. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, apuntó que las defensas de los detenidos iban a solicitar la prisión preventiva, pero el hecho es que hay elementos de prueba para que sigan bajo arresto. Mientras tanto, la investigación está centrada ahora en el análisis de las comunicaciones teléfonicas. Sin embargo, y más allá de las hipótesis, el móvil de la persecución aún no está claro. “Lo que está claro es lo que pasó: fue una actuación policial violenta, sin ningún tipo de razonabilidad”.
De todas formas, las familias están con custodia: muchas fueron amenazadas y hostigadas. “Hay siete personas con custodia en el pueblo con Gendarmería y Federal”. Hay mucha preocupación, y la designación de una funcionaria con vínculos con la Bonaerense aquietó aún más el temor, a casi un mes de la masacre. Cipriano García: “Lo que genera es bronca, impotencia y temor, porque es una señal de seguir dando más poder a la policía. Ellos esperaban un cambio, que la muerte de sus hijos, al menos, tuviera un sentido en modificar algo de esa realidad. Una de las medidas reparatorias que encuentran muchos familiares es poder hacer algo para que no vuelva a ocurrir”.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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