Las familias de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío presentaron una carta a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, en la que exigen que baje la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. Según denunciaron, la mujer fue policía, es familiar de uno de los oficiales detenidos y como abogada penalista defendió a efectivos involucrados en otros delitos. “Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable”, expresaron los familiares, a casi un mes de los hechos. La Comisión Provincial por la Memoria apuntó: “Es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”.
Los familiares de Aníbal Suárez, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliarello presentaron una carta a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en la que exigieron que dé marcha atrás con la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Según expresan, es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan las familias junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Las familias cuestionan que Contignola:

• Fue agente de la Bonaerense.
• Es familiar del subinspector José Alfredo Domínguez, uno de los 13 detenidos, acusado por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.
• Y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos.

La CPM apuntó que su designación “es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”, en un contexto en el que uno de los 13 detenidos es el exsecretario de Seguridad del distrito, Claudio Martínez. Las familias concluyen la carta: “Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”.
Los familiares ya habían manifestado su repudio a la intendencia cuando, después de 15 días de la masacre, se difundió una foto abrazada al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En ese entonces, publicaron un texto por redes sociales: “Parece un chiste, pero no. Esa es Sandra Mayol. Sandra, la que reprodujo el discurso de la policía y aseguró a las familias que no hubo disparos. Sandra, la que ideaba las estrategias de seguridad del pueblo con Claudio Martínez, el secretario de seguridad del municipio ya detenido por participar del asqueroso encubrimiento”.
Algunos familiares ya piden públicamente su renuncia.
Lo sistémico
El coordinador de la CPM, Roberto Cipriano García, subraya a lavaca la “enorme angustia” que generó la designación de Contignola a los familiares. “Ellos esperaban, al menos como una forma de reparación, que el Estado modifique sus políticas de seguridad, que cambie algo después del hecho. Porque lo pasó con los chicos fue la punta del iceberg de una serie de consecuencias arbitrarias y violentas: todas las violencias que se ejercían sobre los jóvenes empezaron a salir a la luz”.
Los profesionales de la Comisión fueron a Monte a relevar testimonios de los propios jóvenes. lavaca habló con ellos, que revelaron secuestros, golpizas y hostigamientos cotidianos. “Las familias aspiraban a que desde el Estado se deje de perseguir y hostigar, pero la designación de esta persona no hace más que reconfirmar la línea de seguridad de Monte”.
La “línea de seguridad” es la que se expresa en la causa judicial que instruye el fiscal Lisandro Damonte y la jueza Marcela Garmendia, con 13 personas detenidas:

• Cuatro policías fueron imputados por “cuádruple homicidio doblemente agravado (por abuso de función y por uso de arma) y tentativa de asesinato”.
• Otros ocho efectivos están imputados por “encubrimiento agravado y falsedad ideológica de documento público”. Es decir, por ocultar prueba para desviar la investigación. Es la misma acusación pesa sobre el funcionario Martínez, que es excomisario de la Bonaerense.

Cipriano García subraya que la causa viene avanzando con celeridad. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, apuntó que las defensas de los detenidos iban a solicitar la prisión preventiva, pero el hecho es que hay elementos de prueba para que sigan bajo arresto. Mientras tanto, la investigación está centrada ahora en el análisis de las comunicaciones teléfonicas. Sin embargo, y más allá de las hipótesis, el móvil de la persecución aún no está claro. “Lo que está claro es lo que pasó: fue una actuación policial violenta, sin ningún tipo de razonabilidad”.
De todas formas, las familias están con custodia: muchas fueron amenazadas y hostigadas. “Hay siete personas con custodia en el pueblo con Gendarmería y Federal”. Hay mucha preocupación, y la designación de una funcionaria con vínculos con la Bonaerense aquietó aún más el temor, a casi un mes de la masacre. Cipriano García: “Lo que genera es bronca, impotencia y temor, porque es una señal de seguir dando más poder a la policía. Ellos esperaban un cambio, que la muerte de sus hijos, al menos, tuviera un sentido en modificar algo de esa realidad. Una de las medidas reparatorias que encuentran muchos familiares es poder hacer algo para que no vuelva a ocurrir”.