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Masacre de San Miguel del Monte: una funcionaria municipal con vínculos con la Bonaerense

Publicada

hace 6 años

11/06/2019

Las familias de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío presentaron una carta a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, en la que exigen que baje la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. Según denunciaron, la mujer fue policía, es familiar de uno de los oficiales detenidos y como abogada penalista defendió a efectivos involucrados en otros delitos. “Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable”, expresaron los familiares, a casi un mes de los hechos. La Comisión Provincial por la Memoria apuntó: “Es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”.
Los familiares de Aníbal Suárez, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliarello presentaron una carta a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en la que exigieron que dé marcha atrás con la designación de María Alejandra Contignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la Bonaerense. Según expresan, es nada menos de quien dependería el control distrital sobre las fuerzas de seguridad. “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan las familias junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Las familias cuestionan que Contignola:

Fue agente de la Bonaerense.
Es familiar del subinspector José Alfredo Domínguez, uno de los 13 detenidos, acusado por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.
Y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos.

La CPM apuntó que su designación “es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”, en un contexto en el que uno de los 13 detenidos es el exsecretario de Seguridad del distrito, Claudio Martínez. Las familias concluyen la carta: “Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”.
Los familiares ya habían manifestado su repudio a la intendencia cuando, después de 15 días de la masacre, se difundió una foto abrazada al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En ese entonces, publicaron un texto por redes sociales: “Parece un chiste, pero no. Esa es Sandra Mayol. Sandra, la que reprodujo el discurso de la policía y aseguró a las familias que no hubo disparos. Sandra, la que ideaba las estrategias de seguridad del pueblo con Claudio Martínez, el secretario de seguridad del municipio ya detenido por participar del asqueroso encubrimiento”.
Algunos familiares ya piden públicamente su renuncia.
Lo sistémico
El coordinador de la CPM, Roberto Cipriano García, subraya a lavaca la “enorme angustia” que generó la designación de Contignola a los familiares. “Ellos esperaban, al menos como una forma de reparación, que el Estado modifique sus políticas de seguridad, que cambie algo después del hecho. Porque lo pasó con los chicos fue la punta del iceberg de una serie de consecuencias arbitrarias y violentas: todas las violencias que se ejercían sobre los jóvenes empezaron a salir a la luz”.
Los profesionales de la Comisión fueron a Monte a relevar testimonios de los propios jóvenes. lavaca habló con ellos, que revelaron secuestros, golpizas y hostigamientos cotidianos. “Las familias aspiraban a que desde el Estado se deje de perseguir y hostigar, pero la designación de esta persona no hace más que reconfirmar la línea de seguridad de Monte”.
La “línea de seguridad” es la que se expresa en la causa judicial que instruye el fiscal Lisandro Damonte y la jueza Marcela Garmendia, con 13 personas detenidas:

Cuatro policías fueron imputados por “cuádruple homicidio doblemente agravado (por abuso de función y por uso de arma) y tentativa de asesinato”.
Otros ocho efectivos están imputados por “encubrimiento agravado y falsedad ideológica de documento público”. Es decir, por ocultar prueba para desviar la investigación. Es la misma acusación pesa sobre el funcionario Martínez, que es excomisario de la Bonaerense.

Cipriano García subraya que la causa viene avanzando con celeridad. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, apuntó que las defensas de los detenidos iban a solicitar la prisión preventiva, pero el hecho es que hay elementos de prueba para que sigan bajo arresto. Mientras tanto, la investigación está centrada ahora en el análisis de las comunicaciones teléfonicas. Sin embargo, y más allá de las hipótesis, el móvil de la persecución aún no está claro. “Lo que está claro es lo que pasó: fue una actuación policial violenta, sin ningún tipo de razonabilidad”.
De todas formas, las familias están con custodia: muchas fueron amenazadas y hostigadas. “Hay siete personas con custodia en el pueblo con Gendarmería y Federal”. Hay mucha preocupación, y la designación de una funcionaria con vínculos con la Bonaerense aquietó aún más el temor, a casi un mes de la masacre. Cipriano García: “Lo que genera es bronca, impotencia y temor, porque es una señal de seguir dando más poder a la policía. Ellos esperaban un cambio, que la muerte de sus hijos, al menos, tuviera un sentido en modificar algo de esa realidad. Una de las medidas reparatorias que encuentran muchos familiares es poder hacer algo para que no vuelva a ocurrir”.
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Temas:

«Que sea Ley para que no mueran más chicas y para que no dejen hijos solos, como dejó Ana”

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Cien

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hace 4 días

29/04/2025

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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hace 6 días

27/04/2025

Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.

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Imágenes de la marcha a Plaza de Mayo: los jubilados siguen haciendo lío

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hace 1 semana

24/04/2025

Jubilados y jubiladas se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en una nueva jornada de reclamos y denuncia por los ingresos de pobreza que perciben y el fin de la moratoria previsional, cuya prórroga sigue durmiendo en Diputados. Como siempre, los carteles manuscritos fueron una forma de expresión y creatividad. En uno se leía: «Francisco está feliz. Jubilados haciendo lío!!!»

La marcha comenzó nuevamente con un operativo desproporcionado con las cuatro fuerzas federales -PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA- que reprimió la protesta pacífica: la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó una persona detenida y 13 heridos por efectos de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.

Frente a la Rosada, realizaron un acto donde distintas agrupaciones de jubilados se manifestaron contra el acuerdo con el FMI y cantaron por la salud de Pablo Grillo.

«Hasta el próximo miércoles», saludaron los jubilados y jubiladas.

La próxima semana, la marcha contará con la participación de los gremios de la CGT como previa al Día del Trabajador y la Trabajadora del 1 de mayo.