Nota
Minería vs Derechos Humanos
¿Quién manda los mensajes de texto? El avance minero en Chubut contra la iniciativa popular que busca prohibir la actividad en la provincia, permitió que se detectara el diálogo por mensaje telefónico de uno de los legisladores con Gastón Berardi, gerente local de la empresa canadiense Yamana Gold.
Las mineras canadienses, justamente, incluyendo a Yamana Gold, han sido vinculadas por primera vez a la violación de los derechos humanos en América Latina, tema que provocó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocurrida el 28 de octubre último, en Washington.
La audiencia fue fruto de un trabajo de años realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, que conforman diversas organizaciones ciudadanas, humanitarias y profesionales de todo el continente. El trabajo se publica aquí en su versión completa.
Esa investigación, y la presentación ante la CIDH fueron acompañadas por Mining Watch de Canadá, organización no gubernamental cuya representante Jenifer Moore habló de “omisión” y “complicidad”, al referirse al gobierno canadiense, al que exigió un cambio radical en su política exterior para no convalidar con su silencio la acción de las empresas mineras. Las organizaciones del Grupo de Trabajo pidieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y vecinos afectados por las actividades de las mineras en el continente.
“La política del Estado canadiense es vacía y es cómplice en las violaciones que estamos viendo”, dijo Moore. Para la Comisión, se trata de una novedad. Su incumbencia en casos de violaciones a los derechos humanos se refiere a los Estados. En este caso, el planteo de las organizaciones sociales es que el Estado canadiense tiene responsabilidad con respecto a lo que hacen las empresas de ese país en el extranjero.
¿Cómo respondió Canadá? Dana Cryderman, representante alterna de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que las presuntas violaciones o abusos denunciados “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional. Planteó que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos. El mensaje: vayan a cuestionar a los Estados que permiten esas actividades en sus propios territorios.
Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, replicó que para las ganancias económicas no hay fronteras. “pero cuando aparecen las violaciones a los derechos humanos dicen: ese no es nuestro problema”.
La Relatora para Canadá ante la CIDH, Rose Marie Antoine, comentó: “Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías”. La jurista es además relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Personas Afrodescendientes, cosa que se encargó de recordar durante la audiencia para consignar que hace tiempo conoce las acusaciones contra empresas extractivas canadienses.
Antoine enumeró, entre los conflictos provocados por este tipo de compañías, los desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.
El director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, denominó a este encuentro como parte de las “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, dijo, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.
El argumento en discusión, no explícito aún, es si considerar a las empresas mineras como una suerte de “agente estatal” del país en el que residen, como una forma de volcar responsabilidad hacia dicho país sobre lo que hacen estas corporaciones en el extranjero.
Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC– (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales – ANAA– ( México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú). Otras organizaciones han colaborado con el Grupo de Trabajo, proporcionado información sobre las principales violaciones a derechos humanos ocasionadas por empresas mineras canadienses en los proyectos examinados. En ese sentido, la realización del informe no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de: la Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería –REDAJ– (Argentina), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y losDH–FOCO– (Argentina), Bienaventurados los Pobres –BEPE–(Argentina), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA– (Colombia), Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay –FOA– (Ecuador), Periódico Intag (Ecuador), Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay –UNAGUA– (Ecuador), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (El Salvador), Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos –COPAE– (Guatemala), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LA VIDA -(México), Centro de Derechos Humanos de laMontaña –TLACHINOLLAN– (México),Coordinadorade losPueblosUnidosdelValledeOcotlán (México), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria –CRAC-PC– (México), Frente de Defensa Wirikuta (México), Organización Campesina Emiliano Zapata (México), Pro San Luis Ecológico (México), Centro de Incidencia Ambiental –CIAM– (Panamá), Comité Pro‐Cierre de Mina Petaquilla (Panamá), Comité Pro-Defensa de Donoso (Panamá), Coordinadora Campesina por la Vida (Panamá), Servicio Paz y Justicia –SERPAI– (Panamá), Asociación de Defensa de la Tierra, El Agua, La vida y el Medio Ambiente de los caseríos afectados por el Proyecto Minero Huaquillas S.AC. Distrito y Provincia San Ignacio, Cajamarca (Perú), Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, Cajamarca (Perú), Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo (Perú), Red Agua, Desarrollo y Democracia –REDAD– (Perú), Vicaría del Medio Ambiente –VIMA– del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén (Perú).
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.

Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final


El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

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