Nota
Minería vs Derechos Humanos
¿Quién manda los mensajes de texto? El avance minero en Chubut contra la iniciativa popular que busca prohibir la actividad en la provincia, permitió que se detectara el diálogo por mensaje telefónico de uno de los legisladores con Gastón Berardi, gerente local de la empresa canadiense Yamana Gold.
Las mineras canadienses, justamente, incluyendo a Yamana Gold, han sido vinculadas por primera vez a la violación de los derechos humanos en América Latina, tema que provocó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocurrida el 28 de octubre último, en Washington.
La audiencia fue fruto de un trabajo de años realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, que conforman diversas organizaciones ciudadanas, humanitarias y profesionales de todo el continente. El trabajo se publica aquí en su versión completa.
Esa investigación, y la presentación ante la CIDH fueron acompañadas por Mining Watch de Canadá, organización no gubernamental cuya representante Jenifer Moore habló de “omisión” y “complicidad”, al referirse al gobierno canadiense, al que exigió un cambio radical en su política exterior para no convalidar con su silencio la acción de las empresas mineras. Las organizaciones del Grupo de Trabajo pidieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y vecinos afectados por las actividades de las mineras en el continente.
“La política del Estado canadiense es vacía y es cómplice en las violaciones que estamos viendo”, dijo Moore. Para la Comisión, se trata de una novedad. Su incumbencia en casos de violaciones a los derechos humanos se refiere a los Estados. En este caso, el planteo de las organizaciones sociales es que el Estado canadiense tiene responsabilidad con respecto a lo que hacen las empresas de ese país en el extranjero.
¿Cómo respondió Canadá? Dana Cryderman, representante alterna de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que las presuntas violaciones o abusos denunciados “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional. Planteó que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos. El mensaje: vayan a cuestionar a los Estados que permiten esas actividades en sus propios territorios.
Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, replicó que para las ganancias económicas no hay fronteras. “pero cuando aparecen las violaciones a los derechos humanos dicen: ese no es nuestro problema”.
La Relatora para Canadá ante la CIDH, Rose Marie Antoine, comentó: “Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías”. La jurista es además relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Personas Afrodescendientes, cosa que se encargó de recordar durante la audiencia para consignar que hace tiempo conoce las acusaciones contra empresas extractivas canadienses.
Antoine enumeró, entre los conflictos provocados por este tipo de compañías, los desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.
El director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, denominó a este encuentro como parte de las “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, dijo, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.
El argumento en discusión, no explícito aún, es si considerar a las empresas mineras como una suerte de “agente estatal” del país en el que residen, como una forma de volcar responsabilidad hacia dicho país sobre lo que hacen estas corporaciones en el extranjero.
Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC– (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales – ANAA– ( México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú). Otras organizaciones han colaborado con el Grupo de Trabajo, proporcionado información sobre las principales violaciones a derechos humanos ocasionadas por empresas mineras canadienses en los proyectos examinados. En ese sentido, la realización del informe no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de: la Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería –REDAJ– (Argentina), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y losDH–FOCO– (Argentina), Bienaventurados los Pobres –BEPE–(Argentina), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA– (Colombia), Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay –FOA– (Ecuador), Periódico Intag (Ecuador), Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay –UNAGUA– (Ecuador), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (El Salvador), Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos –COPAE– (Guatemala), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LA VIDA -(México), Centro de Derechos Humanos de laMontaña –TLACHINOLLAN– (México),Coordinadorade losPueblosUnidosdelValledeOcotlán (México), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria –CRAC-PC– (México), Frente de Defensa Wirikuta (México), Organización Campesina Emiliano Zapata (México), Pro San Luis Ecológico (México), Centro de Incidencia Ambiental –CIAM– (Panamá), Comité Pro‐Cierre de Mina Petaquilla (Panamá), Comité Pro-Defensa de Donoso (Panamá), Coordinadora Campesina por la Vida (Panamá), Servicio Paz y Justicia –SERPAI– (Panamá), Asociación de Defensa de la Tierra, El Agua, La vida y el Medio Ambiente de los caseríos afectados por el Proyecto Minero Huaquillas S.AC. Distrito y Provincia San Ignacio, Cajamarca (Perú), Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, Cajamarca (Perú), Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo (Perú), Red Agua, Desarrollo y Democracia –REDAD– (Perú), Vicaría del Medio Ambiente –VIMA– del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén (Perú).
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Lucrecia Martel y Nuestra Tierra, su nueva película: “Tenemos que recuperar la vida comunitaria”
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
La policía investigada
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