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Minería y posconflicto en Colombia

Una realidad compleja y violenta: la guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

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Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

Minería y posconflicto en Colombia

Derrumbe en una mina ilegal en la zona de Cauca. Foto: diario El Tiempo de Bogotá


Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.
Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.
Detrás de la uniformidad de las fachadas, el Cauca es el departamento más diverso del país: la mitad son indios y negros, a partes iguales; un cuarto, o más, mestizos. La zona montañosa es indígena. La costa del Pacífico es afro. Sin embargo, en la Universidad del Cauca no había sino estudiantes blancos, hasta que las autoridades abrieron cupos para las “minorías”: cien afros y 400 indígenas en 14.000 estudiantes es todo lo que consiguieron.

Tramas y Mingas

Del 9 al 11 de junio la Universidad del Cauca organizó la segunda edición del encuentro Tramas y Mingas, ordenado en torno a cuatro ejes: vida y resistencia; economía y comunidad; poder y autonomía; educación y comunicación. El espacio lo llenaron “sabedores” y “sabedoras” de comunidades indígenas, afros y campesinas, que entrelazaron sus experiencias compartiendo sus modos de resistir y crear nuevas formas de vida.
Por la minga (trabajo colectivo) desfilaron las palabras de mujeres como Concepción Matabanchoy, que lleva casi cuatro décadas en una experiencia campesina en La Cocha, en el sureño Pasto, donde las mujeres son las más activas. “El primer paso fue valorarnos a nosotras mismas” dijo, mientras explicaba cómo trabajan la tierra de forma sostenible, mientras los niños aprenden los ecosistemas jugando y los varones son presionados para superar el machismo.
Habló de cinco necesidades, bien diferentes a las “necesidades básicas” que define el Banco Mundial para implementar sus políticas hacia los pobres: necesidad de afecto, de capacitación, de entendimiento, de creatividad y de trascendencia, en referencia al relevo generacional que deben afrontar todos los movimientos. La Asociación para el Desarrollo Campesino recuperó el bosque desde que decidió que la madera no es mercancía sino protección del suelo, y recuperaron 49 variedades de papas.
Melba Patricia Arias del Comité de Mujeres de Inzá, explicó que las campesinas crearon 35 grupos de autoayuda económica de 20 personas cada uno, que funcionan como cajas de ahorro veredales. El fondo social de las 700 mujeres permite prestar con bajo interés a las socias y lo consideran un modo de “hacerle una pequeña brecha al capitalismo”.
Ever Castro y Socorro Andrade no necesitaron explicar lo que hace la escuela Vueltas del Patico, en el resguardo Puracé, porque fueron los propios niños los que nos mostraron cómo la currícula escolar se organiza en torno a una huerta orgánica, en la que participan maestros, padres y alumnos. Además de la huerta orgánica, erradicaron la comida chatarra y montaron una “guardería biótica” que se rige por el lema “aprender en movimiento”.
Los chicos eligen un Cabildo Escolar, igual que los indígenas, y llegaron al encuentro con sus bastones de mando. “Eso libera el liderazgo que cada uno llevamos dentro, les permite asumir responsabilidades y aprender conviviendo”, explicó Ever Castro. Defendió la idea de que “quien no hace soberanía alimentaria no puede hablar de soberanía alimentaria”, lo que pareció una buena forma de combatir a los técnicos que practican el doble discurso.
Hubo mucho más, imposible de resumir. El taita Javier Calambás, misak de Guambia de 80 años, fundador del CRIC, reflexionó sobre las diferencias entre los modos de organizarse de los sindicatos y de los pueblos indios. “Los cabildos (autoridad indígena) no caben en el movimiento campesino. No luchamos por la tierra sino por los ríos, el agua, la vida”.
Mario López, del resguardo coconuco y también fundador del CRIC, hizo una profunda reflexión sobre el trueque entre comunidades. “Los de tierra fría intercambian sus productos con los de tierra caliente, pero no les sirve el dinero para eso. Es lo que nosotros llamamos mercado”. Un intercambio por fuera de la lógica del capital. Dijo que “los dineros que manda el gobierno producen divisiones cuando no se sabe para qué se reciben esos fondos”.
Hugo Blanco, quechua del Perú, destacó la “ética indígena originaria de la humanidad” como camino para superar la crisis civilizatoria que atravesamos. Oscar Olivera, dirigente de la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), enfatizó en que los cambios vienen de abajo y que “se trata de construir alternativas por fuera del Estado”. Gracias a los indios, dijo, los obreros fabriles aprendimos “la construcción colectiva de las decisiones y la reapropiación social de lo público”.
Fue un encuentro en el que se destacaron las construcciones, en un departamento saturado de violencia y extractivismo salvaje. Se hablo de la “economía propia”, de los modos de producir y reproducir la vida en cada pueblo, en base a criterios propios. Una vez más constatamos que existen infinidad de emprendimientos para producir alimentos, casi todos promovidos por mujeres, que no distinguen entre producción y reproducción porque son dos facetas inseparables de la vida.

El terror de las retroexcavadoras

El 1 de mayo hubo un derrumbe en una mina ilegal en el Cauca. “Un talud de tierra sepultó por lo menos 23 personas en la mina de explotación aurífera, cerca del municipio de Santander de Quilichao en el Cauca, en el suroeste del país”, provocando la muerte de tres mineros .
Según la Defensoría del Pueblo, en la zona no se pueden realizar controles por las amenazas de los grupos armados. Según el organismo, “miembros del sexto frente de las FARC que tiene presencia en esa zona, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras” . El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que 5.000 niños trabajan en las minas, muchos de ellos usados para que exploren los delgados túneles por donde los adultos no caben.
Apenas una semana antes, otro accidente en una mina de oro en el municipio de Buriticá, Antioquia, que “dejó al menos cuatro muertos y 81 heridos” . En Colombia hay 14 mil unidades de producción minera, de las cuales el 56% carece de licencia de explotación.
En febrero, otro accidente minero con un saldo de cinco muertos y diez heridos en una mina de oro ubicada en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador . El boom minero y la ilegalidad facilitan la proliferación de explotaciones en pésimas condiciones de seguridad.
En 2010 se encontraban en trámite unas 26 millones de hectáreas para la minería, el 23% del territorio de Colombia. De las tres millones de hectáreas del departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.
En el departamento hay dos tipos de minería. Por un lado, la artesanal, que la practican desde siempre indígenas, afros y campesinos como forma de sobrevivencia, con tecnologías manuales. Por otro, la minería mediana, que utiliza retroexcavadoras, dragas y planchones, es informal e ilegal, y extrae sobre todo oro, plata y platino.
Las excavadoras comenzaron a llegar en la década de 1990 y están provocando un repliegue de la minería artesanal, en gran medida expulsada por los actores armados y también porque con las excavadoras “se destruyó gran parte de las pendientes en los alrededores de los ríos” .
En el Centro de Interacción del Macizo Colombiano (CIMA), convocaron una reunión para debatir el problema minero y convocar una Audiencia Minero-Energética Regional en el mes de octubre . Una gran ronda de treinta personas va desgranando los problemas zona por zona. Un integrante del Proceso Campesino de la Vega señala que “tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas en solicitud para minería de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país”.
Una mujer afro del colectivo Cococauca, del municipio de Timbiquí, sobre el Pacífico, detalla el modo de operar de la minería: “Las retroexcavadoras trabajan 22 horas al día y en las dos horas de descanso los artesanales entran a la mina. Contaminan todas las fuentes de agua que son las bases de la vida en la región. Ahora un minero artesanal gana seis millones de pesos a la semana (tres mil dólares) y eso cambia los valores y consumos de la gente”.
Los dueños de las retroexcavadoras contratan a la población de las veredas para que los ayuden a atravesar por los ríos y los lugares más difíciles, lo que hacen a pulso ayudados por cuerdas. Pagan muy bien. “Se disparó la prostitución y la deserción escolar”, explica con tristeza.
En la zona norte del Cauca, la población está dividida y las comunidades indígenas presentan actitudes opuestas. Algunos resguardos, como Caldono y Canoas, se pronunciaron contra la minería, pero en otros como Tacueyó y Las Delicias hace muchos años hay actividades mineras. “Depende de la fuerza del cabildo”, explica un joven nasa de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
“Algunas comunidades se dedicaron a tapar con tierra los socavones, pero en otras son los jóvenes los más empeñados en trabajar en la mina”. Con la minería no sólo se producen divisiones, sino que empieza la explotación entre los propios indígenas.
En el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento, la relación de la comunidad con la minería ilegal es bien compleja. La población es mayoritariamente negra, otra parte es indígena, pero han perdido el control sobre la extracción, dominada por los paramilitares del Bloque Calima. “La gente vende su tierra o la echan por la fuerza”, explica. “Excavan pozos gigantes donde se meten cientos de personas”.
Más de 10 mil hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales, La tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. “Cuando fuimos a sacar los retroexcavadores casi nos damos machete entre los mismos comuneros”, señala un nasa, destacando los problemas de alcoholismo que se registran en el entorno de las minas.

De la coca al oro

La minería suele asentarse sobre los territorios étnicos. Lo hace por la fuerza, subordinando o desplazando a las poblaciones que están asentadas desde hace siglos. Un modo muy similar al de los monocultivos.
El informe de Coconauca , señala que en la región del Pacífico “el territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado cuyas consecuencias se reflejan en la migración y desplazamiento forzado” .
Agrega que el ministerio de Minas y Energía ha expedido títulos sobre los territorios étnicos que tienen propiedad colectiva, a favor de empresas multinacionales y agentes locales. En los tres municipios de la costa del Cauca (Guapi Timbiquí y Micay), hay casi 200 retroexcavadoras en una región de apenas 70 mil habitantes.
“Los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades violando los derechos de las comunidades. La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros)” .
El Código Minero aprobado en 2001 tiene un efecto negativo para los mineros artesanales, que podrían frenar el despliegue de la minería mecanizada. “Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las llamadas Unidades Productivas Mineras en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista” .
En Colombia la minería sigue una lógica y un modo de operar muy similar al negocio de la coca y la cocaína. Un informe de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), sostiene que “la minería ilegal no ha desplazado al narcotráfico, por el contrario se sirve de ella para el lavado de sus activos y en algunos casos para ayudar en las finanzas de estos grupos” .
El informe de Indepaz asegura que en los departamentos de Cauca y Nariño, son las FARC y grupos paramilitares como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, los que “controlan actualmente la explotación minera ilegal en la Costa Pacífico” . Las conclusiones del informe son tremendas y abren interrogantes sobre el futuro.
“En zonas como Timbiquí en el Cauca e Istmia en Chocó, la minería ilegal es el alimento de los grupos armados al margen de la ley que protegen os corredores selváticos por los cuales se mueven los estupefacientes. La presencia de actores armados se justifica por parte de los mineros como un instrumento de prestar seguridad para evitar los atracos y extorsiones” .
La maquinaria pesada debe pasar por retenes donde debe pagar un peaje a los grupos armados. Los modos de operar son idénticos a los que se conocen para la coca. Se paga un “gramaje minero” para autorizar la explotación; los grupos armados negocian con los dueños de las retroexcavadoras para ingresar la maquinaria y tienen control sobre la cantidad de oro que se extrae para cobrar su porcentaje.
Según el trabajo mencionado, hay variaciones por regiones y por presencia de cada grupo armado en cuanto a los porcentajes que perciben los diversos actores. En todo caso hay coincidencia en el papel corruptor de la actividad minera ilegal, que genera una vasta red de complicidades muy difíciles de desmontar . Los grandes afectados son los pueblos afros e indígenas, los campesinos y las mujeres y niños que viven en los territorios que albergan oro y otras riquezas.
Al parecer, los diferentes actores se van posicionando de cara a la posible finalización del conflicto armado. En las negociaciones de paz, las FARC han reconocido que en sus planes figura, respecto a la coca, “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” . Algunos observadores, que prefieren el anonimato, creen que la minería puede ser una estrategia de financiamiento alternativa para los grupos que hoy están en armas.

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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Nota

65 facultades tomadas (y contando) en todo el país: el veto por la culata

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El veto presidencial y su aval en el Congreso de la Nación al presupuesto universitario desataron una ola de facultades tomadas en todo el país, en un contagio sin precedentes: Exactas, FADU, Ingienería y Medicina y otras como Derecho de Córdoba que nunca habían ejercido esta medida de lucha. Se suman así a una lista que al cierre de esta nota contabilizaba 65 facultades tomadas en el país, otras en proceso de y todas con planes que aseguran que el conflicto recién comienza.

Mientras garantizan que las clases continúen, las y los estudiantes y docentes desmienten las fake news del gobierno y piensan cómo hacer para ganarla, junto a otros sectores: la lucha universitaria ya recibió la solidaridad tanto de colegios como de asambleas barriales y de trabajadores de la salud y jubiladas y jubilados. Un símbolo de todo lo que está en juego. Comienza, entre otras cosas, a planificar se una nueva “marcha blanca” de estudiantes y sectores de la salud. En tanto el próximo l lunes una gran asamblea interfacultades planificará las acciones conjuntas para darle continuidad a la palabra del día: “Unidad”. Por Franco Ciancaglini

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1846196236019224737

El color de la unidad

Gonzalo tiene una remera verde, Cecilia una violeta, Micaela una roja y Valentina, celeste: son de distintas agrupaciones estudiantiles y charlan parados en la calle, juntes. Están coordinando que el corte parcial de la Avenida Independencia garantice las clases públicas en la Facultad de Psicología de la UBA.

Ayer por la noche estos cuatro estudiantes levantaron la mano junto a otros 1.500 que votaron que esta facultad sea tomada hasta el día lunes, fecha en la que harán una nueva asamblea para definir cómo seguir. “Tenemos un objetivo muy claro todas las agrupaciones, que es defender la universidad pública: partimos desde ahí”, cuenta Valentina – de El Impulso, a cargo del Centro de Estudiantes-, sobre cómo conseguir la unidad. “Obviamente tenemos diferencias. Lo más rico que tiene una asamblea es que hay libertad de voces y todos pueden opinar. Pero el objetivo es el mismo: defender la educación pública”, repite.

Pareciera obvio si no fuera literal: el presupuesto asignado actualmente no garantiza que las universidades puedan seguir funcionando. La norma vetada proponía declarar la emergencia presupuestaria para las universidades en este 2024 y actualizar las partidas del Presupuesto 2023. Actualmente están funcionando con ese presupuesto prorrogado (elaborado a su vez en 2022), y no actualizado. La consecuencia: no hay sueldos dignos para docentes, ni para no docentes. Este ahogo financiero es acompañado con una demonización de la universidad pública a fuerza de fake news. Cecilia, de la agrupación MotorPsico, las repasa: “El gobierno nacional fue tirando distintas mentiras para desviar la discusión: primero las auditorias, después los alumnos fantasma, ahora que la universidad es de hijos de ricos… A mí lo que me parece es que eso no cala en la sociedad. En la marcha del 2 de octubre mostramos el gran acompañamiento que tiene la defensa de la educación. Y esta intención del gobierno de querer confundirnos se les va a volver en contra. Lo que me hace pensar eso es que los funcionarios no conocen ni saben que acá está lleno de primera generación de universitarios y de trabajadores”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1846004570335436868

Los números avalan lo que dice Cecilia, y no lo que dijo el Presidente: según la Encuesta Permanente de Hogares, 7 de cada 10 estudiantes son primera generación y, encima, 4 de cada 10 son pobres. Ni ricos ni hijos de ricos.

Gonzalo de la agrupación EDI: “Creo que ciertas ideas calan porque hay gente que, por no investigar, les termina creyendo. Por ejemplo, lo de las auditorías: eso ya sucede, todos los años, las podés ver en la página web. Y con respecto a lo de que la universidad es solo es hijo de ricos, eso no llegó a penetrar porque la mayoría de los estudiantes somos justamente hijos de trabajadores: eso lo sabemos todos”.

Micaela, de Clave Roja: “Y no solo hijos de trabajadores: la mayoría trabajamos, también. Acá los estudiantes de psicología tienen salidas laborales ultra precarizadas, de acompañamientos terapéuticos, por ejemplo, o de inclusión escolar. No cobramos durante meses”.

Gonzalo reafirma: “La mayoría somos trabajadores que estudiamos. Ninguno es hijo de rico. Realmente”.  “La crisis que está habiendo la vivimos en carne propia, no solo como estudiantes, docente y no docentes, sino como pueblo trabajador” sigue Natalia, de remera roja. “Ayer en asamblea retomamos demandas históricas como los apuntes o el boleto educativo, no resueltas por este gobierno ni por los anteriores”.

Durante el día las y los estudiantes recibieron tres tipos de visita:

·         La de medios de comunicación, que mostraron cómo se desarrollaban las clases públicas en medio de una transitada Avenida, con bocinazos de apoyo por parte de los conductores que pasaban;

  • La de la Policía de la Ciudad, que se presentó temprano –camión hidrante incluido- para “liberar” la Avenida, y ante la negativa de los estudiantes liberaron nomás dos carriles, por donde circulan los autos, y luego volvieron con cámaras de filmación;

·         La de la asamblea del barrio de Boedo, que llevó comida y apoyo.

Resume Gonzalo. “Ayer se decidió juntarnos con el hospital Garrahan y el Bonaparte, así como con otras universidades y facultades. Vamos a hacer una marcha blanca que será justamente de universidades y de salud pública, porque ambas luchas van de la mano”.

La lucha (desde diciembre 2023) de asambleas barriales, la lucha por la salud (septiembre 2024) y la de ahora por la educación parecen ir lentamente confluyendo en una sola. Natalia: “Esta semana se demostró que la sociedad se está enterando de lo que está pasando y se está movilizando, y seguiremos: no nos vamos a ir para atrás, las medidas van a ser cada vez más radicales. Nos vamos a unir con otros sectores en lucha – hospitales, jubilados- y se están uniendo cada vez más estudiantes independientes”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1845997968966799540

Los independientes

Ian y Candela son alumnos de tercer año de la carrera de Psicología y acaban de aprontar el mate. Se sientan en uno de los pupitres vacíos que están sobre la calle, antes de entrar a una de las clases públicas. Son lo que las agrupaciones llaman “estudiantes independientes”, ya que no pertenecen a ninguna. Dicen: “Al ser tan crítica la situación, se genera una unidad. Estamos todos en la misma, así que vamos juntos para adelante”, dice ella. Ian: “Se tomaron Exactas, Ingeniería, Derecho en Córdoba: evidentemente esto moviliza, no es solo acá”.

¿Cuál fue el detonante? Candela arriesga: “El veto fue la gota que rebalsó el vaso. Esto viene desde hace un montón y el veto fue el colmo. Habiendo habido marchas tan masivas, hacen esto: es un montonazo. Me parece que estamos un poco cansados”. El cansancio para estos jóvenes incluye los alquileres, las tarifas, el trabajo precarizado. Y el alrededor: “Tenemos familiares jubilados: nos está golpeando por todos lados”, dice ella.

Pasa un motoquero que los insulta  con el  típico: “Vayan a laburar”. Ian le responde riendo: “¡Yo entro más tarde!”. Ella interpreta este tipo de gritos: “Somos estudiantes de psicología…. tenemos también que comprender que hay gente que no le queda otra que sostener lo que creyó en un principio, e intenta seguir adelante”.

¿Es esperanza o es odio? “Puede ser un poco de ambos, o que uno sea el motor del otro. Igualmente yo percibo en mis círculos y en mis redes que el apoyo bajó bastante. Hay gritos de bronca, pero hay mucho más apoyo”.

¿Qué ven hacia adelante? “El problema que veo es que esto no sea momentáneo y sea consistente. El 23 hay una asamblea Interfacultades para poder laburar ese tema”.

¿Irán, como “estudiantes independientes”? Responden al unísono: “Obvio”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1845970725347188789

El piberío

Agus Mermet se considera de “la vieja guardia” del Centro de Estudiantes Filosofía y Letras y desde esa experiencia arroja otro dato esperanzador: “Hay más involucramiento del piberío”.

Mermet habla desde el célebre patio del pino en la sede que ayer fue sede de otra masiva asamblea (https://x.com/Lavacatuitera/status/1845970725347188789 ) “con muchas agrupaciones y estudiantes que se sumaron por primera vez”. El resultado fue una votación unánime a favor de tomar la facultad por tiempo indeterminado.

Hoy, estudiantes como Agustina amanecieron sacando bancos a la calle para garantizar las clases públicas que, a las 12 del mediodía, están repletas. Mientras, se organizan en comisiones: cultura, limpieza, articulación, comunicación. “Estamos invitando a sumarse a todos los sectores en lucha y a la comunidad, a abrazar las tomas de la facultad que más cerca le quede”, le cuenta a una señora de Caballito que pasa hacia la coqueta Avenida Pedro Goyena con gesto adusto.

Es la excepción. La palabra “unidad” también sobrevuela por esta Facultad que se caracteriza por el extenso abanico de miradas políticas. ¿Qué es lo que los une? Agus: “El veto fue lo definitivo, pero yo creo que empieza ya el año pasado, en la pelea electoral y la preocupación que marcamos distintos sectores más golpeados por las políticas de ajuste y los discursos de odio. Los estudiantes, les jubilados, la comunidad de las disidencias, el movimiento socio ambiental estábamos en alerta y cuando Milei gana, ya sabíamos que íbamos a salir. Si estos tipos pudieran, irían por todo, y ahí depende de nosotros. Ya fines del año pasado con los primeros cacerolazos, las organizaciones en las asambleas barriales se vio la coordinación; acá en la Facultad, en Filo fue darle continuidad a ese proceso. Nos unimos para llegar al consenso en lo común y después discutimos, pero el norte es tirar abajo todo el plan: ahora es la educación, pero son todos los sectores los afectados. Desde la Facultad queremos expresar la máxima unidad, y el no pasarán: no estamos dispuestos a negociar”.

La Facultad de Filosofía y Letras, a diferencia de otras que debutan en la cuestión tomas, tiene una larga historia de lucha. La última se dio en 2018 en reclamo de mayor presupuesto y una solución a los salarios docentes. Desde entonces no hubo medidas fuertes, pese a los contextos. Analiza Agus: “Post pandemia venimos de un proceso de desmovilización. En 2018 ya estaba más caldeado y ese proceso se plegó con todo el crecimiento de la marea verde, con el feminismo. Ahora le estamos poniendo mucha cabeza para hacer espacios amplios y democráticos, para fortalecer todo esto. El mayor desafío es el recambio generacional, somos cada vez menos los de la vieja guardia; hay mucho piberío que el 23 de abril fue la primera marcha  en su vida”, relata.

Agus se entusiasma al hablar de las y los jóvenes, porque cree que esa nafta –que hasta ahora no venía apareciendo con claridad- es la que faltaba para darle aire a lo gastado de la lucha: “Depende de la fuerza de que se le pueda dar a este movimiento, y a la coordinación, será que se pueda hacer retroceder al gobierno. Soy optimista y confió plenamente que todos los sectores en lucha organizados, si peleamos a fondo, podemos arrancarle la conquista del presupuesto y frenar la política de despidos y de recorte. Las respuestas de conjunto y rápida nos parecen fundamentales: esta semana es definitiva para generar esa unidad que nos fortalezca para lo que venga. Sostener la toma o no dependerá de qué pasa en otros lugares, en otras facultades, en el país. Tenemos todo para pelearla y ganar”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1845997390051917958

La voz docente

Yohia es docente de la materia Grupos de la carrera de Psicología. Está dando clases públicas “como una forma de visibilizar el reclamo y abrirlas a la comunidad. La decisión de darlas o no está, claro, en manos de los docentes y no de los estudiantes. Cuenta Yohia: “La mayoría definimos que vamos a darlas. Las clases virtuales vaciarían el reclamo; la mejor forma de apoyar es mostrar que las clases están garantizadas por los docentes y que sean públicas”. 

Yohia cuenta emocionada que su mamá, trabajadora de comercio, terminó el secundario el año pasado, a sus 52 años. Y que el papá es empleado de mantenimiento, secundario incompleto. “Trabajaron desde muy chicos y no pudieron acceder a la educación superior. Muchos de los docentes que estamos acompañando somos primera generación de universitarios de nuestra familia. Eso que pudimos lograr para nosotros queremos que se multiplique. Yo, frente a los dichos de Milei, recordaría que el 48% de los estudiantes universitarios viven en hogares pobres según el INDEC. Que la docencia universitaria el 85% estamos bajo la línea de la pobreza. Entonces es al contrario: los pobres subsidiamos la fiesta de los ricos, a los cuales se les quitan impuestos”.

Yohia da cátedra mientras sus alumnos y alumnas se organizan. Y regresa de su historia personal a la macro para contar cómo el desfinanciamiento educativo es parte de un plan integral: “Es un plan conjunto de este gobierno que también se encarna con la reforma laboral – acompañada por sectores del radicalismo, la CGT- que tiene que ver con fomentar la precarización en nuestro país”. Yohia cuenta que desde 2015 los docentes perdieron alrededor de 45 puntos de poder adquisitivo. Sus números: cobra 126 mil pesos por 16 horas cátedra. Y cuenta: “Todos tenemos otros trabajos, en mi caso hasta el mes pasado tenía cuatro para intentar llegar a fin de mes. . Pero también hay algo más estructural que no dice el gobierno ni ningún medio, que es que las universidad públicas se sostienen también gracias a la docencia ad honorem, docentes que trabajan de forma gratuita. Hay algunas unidades donde cerca del 40% son ad honorem, es decir, dan clases gratis”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1845989079206580310

El poder del arte

Mathias es estudiante de la carrera Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de Artes (UNA). Su facultad no está tomada al momento de la charla, pero aclara que sobre la tarde noche una asamblea definirá la medida: las y los estudiantes llevarán esa propuesta que debe ser articulada con docentes y no docentes. “Queremos que la toma sea efectiva y se dé de la manera más colectiva posible”.

Frente a otras luchas estudiantiles, la de la UNA con sede en calle Bartolomé Mitre de Congreso parece cocinarse a fuego lento, lo cual no siempre es negativo. Las versiones del por qué son encontradas y no fomentan la unidad política, segmentada entre espacios panperonistas,que prefirieron esperar a post marcha contra el veto, y otros de izquierda,que buscaban precipitar medidas más radicales. Los y las llamadas estudiantes independientes promovían, en su mayoría, esta segunda postura y como estudiantes-artistas canalizaron su energía haciendo distintas acciones en los alrededores del Congreso.

Sin embargo, esta facu tiene un antecedente de toma en 2018. Mathías estuvo presente en ese entonces y con esa mirada larga aporta una clave: “Esta va a ser una lucha más ardua. En aquella instancia se podía hacer torcer el brazo de una manera más concreta:  se revisó el presupuesto. Acá ya quedó vetado por una instancia parlamentaria mucho más firme. Entonces la lucha va a tener que ser más prolongada; y en esa instancia ir construyendo nuevas formas de llevarla a cabo. Nosotros somos una universidad de cultura y de arte, y estamos siendo atacades  por todos lados. Estamos buscando estrategias nuevas – hacer festivales, muestras, perfomances, escrituras de lucha, intervenciones- que demuestren que el arte conlleva a crear también la firmeza del pueblo. Es un poder: cada expresión artística nos hace más fuertes”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1845997619899719682

Lunes de asambleas

“Se propone la toma de Ingeniería hasta el miércoles, y ahí confluir en la marcha al ex Ministerio de Educación”. Acto seguido, las manos de todas y todos los estudiantes arriba. Por unanimidad se vota la toma. 

Estas imágenes sucedieron ayer lunes, y al cierre de esta noche se seguían replicando.

Mariano Lazzarini cursa la carrera de Informática y es uno de los estudiantes que, previo a votar a favor de la toma, agarró ayer el micrófono y le habló a sus pares. Dijo en asamblea: “Necesitamos informar más sobre lo que pasa, en nuestra facultad, en la última elección un 20% votó a la lista que representa a este gobierno que nos está sacando el presupuesto”. De la advertencia, pasó a lo propositivo: “Tenemos que hacer cosas que le molesten a este gobierno, no alcanza con poner cartelitos. Hay que tomar la calle,y hacer suficientes cosas para que sí o sí nos tengan que prestar atención, y sí o sí hagan algo al respecto”.

Día después de votar la toma, desde los pasillos de la universidad pública, le cuenta a lavaca: ““Por estos problemas, anoche hicimos una asamblea que es algo muy poco visto en Ingeniería. La última asamblea que hubo fue en 2010 y la anterior en 2003, o sea estamos en una facultad bastante apolítica, pero la situación es tan terrible que se tuvo que llamar a una asamblea para ver cómo estudiantado que hacemos con el veto de Milei. Después de muchas discusiones, llegamos al consenso que lo que se paga a los profesores no es suficiente y que si no hacemos algo al respecto no estamos seguros de que pueda terminar el cuatrimestre y que haya clases el año que viene”.  

Otra asamblea muy simbólica tuvo como escenario la Facultad de Exactas que reunió también a estudiantes de la FADU, quienes terminaron cortando la Avenida Cantilo al lado de la autopista Lugones.

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Las voces de esa asamblea, cuyo eco sigue aumentando, lo dicen todo:

Un hombre con un bebé en brazos: “Necesitamos saber a dónde queremos ir ahora. No nos sirve defender la universidad y la ciencia con todos los problemas que tiene. Tenemos que defender la universidad que queremos, no la que teníamos antes. Tenemos que defender la universidad pública de calidad. Saludo que tengamos un acuerdo en este plan de lucha y tenemos que tener claro que esta asamblea también es una respuesta para quienes nos dicen que no hay que luchar ahora. No habrá 2025 si no salimos ahora con una respuesta contundente”.

Rubén de Jubilados Insurgentes: “Hace muy poco también nos vetaron la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los jubilados, que ya tenemos algunos años, estamos muy emocionados de estar acá en esta asamblea entre trabajadores y estudiantes: evidentemente empezamos a recuperar la memoria de lo que fue la unidad. Acuérdense lo que cantábamos hace una semana: “qué cagazo, qué cagazo, obreros y estudiantes como en el Cordobazo”. Necesitamos la unidad de todos los trabajadores, de los estudiantes, de los desocupados y de todos aquellos que están siendo atacados. Nosotros no vamos a opinar sobre lo que ustedes tienen que hacer, simplemente decimos que necesitamos una lucha cada vez mucho más contundente: no va a alcanzar solamente con una movilización. Necesitamos la unidad desde abajo para empezar a pelear por una huelga general”.

Un joven con un buzo del Conicet: “Los estudiantes somos los que vamos a garantizar la lucha, a dormir en el piso, dirigir y planificar bien las medidas. El lunes nos volvimos a reunir masivamente no solo nosotros, todos tenemos que convocar a un amigue, a un docente que sabe que quiere defender la universidad pública para ser cada vez más y son menos los que apoyan a este gobierno de crueles. Somos nosotros los que vamos a definir los destinos de la universidad pública”.

Trabajador de Aerolíneas Argentinas: “Lo que están haciendo ustedes es enorme. nosotros no entendemos una pelea que no sea en unidad entre estudiantes y trabajadores, es una alianza que tenemos que construir. Por eso ante cada lucha que estén dando, nos van a ver a nosotros; ante cada movilización van a ver atrás de las banderas de Exactas y de FADU, las banderas de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas, porque creemos que la lucha es con ustedes. Porque si no no la vamos a ganar. Ahora eligieron a las universidades, antes a Aerolíneas Argentinas, antes de los trabajadores, antes a los jubilados, que marchan todos los miércoles y se comen los palazos. Ahora son ustedes, y cuenten con nosotros”.

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