#NiUnaMás

#NiUnaMenos: Con la sangre como tinta

Publicada

hace 10 años

03/06/2016

La feminista boliviana María Galindo analiza el femicidio como crimen de Estado. Es un concepto teórico basado en una experiencia concreta: el colectivo Mujeres Creando, que fundó e integra María, acompaña el proceso judicial del femicidio de Andrea, la hija de una de sus integrantes. Y con ese dolor ha bordado una bandera de lucha bajo que cobija a muchas víctimas que reclaman justicia. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que inspira esta reflexión parida en la trinchera.

Escribo estas reflexiones con la escalofriante sensación de estar escribiendo con la sangre de las mujeres como tinta. La sangre derramada en el asfalto de Andrea, la sangre derramada sobre la chacra que cultivaba Verónica cuando fue asesinada, la sangre de ella; de la de 50 años, de la 30, de la de 44, de la de 18.
Está ya claro que cuando hablamos de femicidio estamos hablando del “derecho universal” de todo hombre de disponer de la vida de una mujer, inclusive al punto de eliminarla, derecho que caracteriza a la sociedad como una sociedad patriarcal estructuralmente.
Sí, has leído bien.
No hay error en lo escrito: el femicidio visibiliza un derecho masculino de tomar la vida del “otro”, que somos nosotras, y disponer de esa vida a su antojo.
Cuando hablamos de femicidio estamos hablando de una figura penal introducida en nuestros códigos de forma muy reciente (quizás Bolivia es uno de los últimos países de la región en haberlo hecho). Una figura penal introducida, que ha sustituido la anterior figura del “crimen pasional” en la cual todo hombre podía decir -frente al femicidio de su pareja-, que sufrió de una emoción violenta, que sufrió de un impulso del que no era responsable.
Cuando hablamos de femicidio estamos hablando del derecho de sustituir una mujer matándola, el derecho de desechar a una mujer matándola, el derecho de frenar la libertad de una mujer matándola, el derecho de sobreponer el poder del macho sobre una mujer matándola: es eso lo que representa el femicidio.
Por eso es un crimen contra la libertad de las mujeres.
Porque es la libertad de ellas, de nosotras, lo que el femicidio ha querido frenar.
Así se entiende que muchísimas veces el femicida, en su relato criminal, no se reconoce como un asesino porque no se reconoce en el deseo de matar a una mujer, sino en el derecho de impedir, frenar, condicionar tal o cual comportamiento de ella.
Esto es muy importante porque nos permite entender que el femicidio no es la tragedia personal de una mujer que condujo mal su relación afectiva con un hombre o que se topó con el hombre equivocado en el momento equivocado. El femicidio es un arma patriarcal contra la libertad de las mujeres que consiste en eliminarlas.
El femicidio es hoy un problema estructural grave en las relaciones hombre-mujer en todas nuestras sociedades, porque representa una forma de respuesta violenta frente a un proceso de rebelión subterránea que estamos enfrentando las mujeres en los horizontes de vida personal que nos hemos planteado. Tenemos decenas de casos que nos hablan de escenas de femicidio donde es la mujer que quería cobrar la cuota alimentaria, o es la mujer que quería divorciarse, o es la mujer que quería terminar la relación. El femicidio es un relato sangriento de respuesta de disciplinamiento del conjunto de las mujeres a través de la eliminación y la muerte de algunas de nosotras.
El femicidio funciona socialmente como un de castigo patriarcal contra “la mala mujer”, por eso la insistencia en convertir todo femicidio en una suerte de juicio moral de la mujer asesinada, donde es ella -que ya está muerta- la que tiene que dar cuenta de su vida a la medida del relato del feminidad.
Este mecanismo del femicidio como castigo y del femicidio como derecho masculino universal sobre toda mujer, no funciona explícitamente, sino que es un mecanismo subconsciente colectivo frente al cual en la sociedad hay una negación neurótica. La sociedad no reconoce que es así, por lo tanto, para negar neuróticamente esta realidad, se desata en torno del femicidio una suerte de normalización de la muerte de las mujeres, de rutina necrófila, de consumo de la noticia de la muerte de las mujeres. Por eso se da pie y paso en los medios de comunicación, al interior del aparato judicial y policial al relato del femicida que no se reconoce como asesino y que, inclusive con muchísima frecuencia, se victimiza frente al “comportamiento” de la muerta.

El feminicidio no se mide en cifras

Esta reflexión nos lleva también a entender que el femicidio no puede ser medido en cifras. No es un crimen horroroso por la cantidad de mujeres. Es un crimen horroroso por el valor social que este crimen tiene, por la inmensa justificación social que carga el asesino, por la gran protección mediática con la que cuenta, por la presunción de inocencia que se convierte en una presunción de impunidad.
Las cifras son alarmantes, sí.
Actualmente en Bolivia estamos hablando de que cada 3 días se asesina a una mujer en un contexto de femicidio. Sin embargo, esa cifra es menor a la realidad porque son muchos los femicidios que se consigue tapar como suicidios, como accidentes o que simplemente ni siquiera se denuncian. Se mata a la mujer, se la entierra y se la sustituye por la siguiente en el pueblo, en el barrio, en la familia, en la facultad, en la comunidad o en el trabajo.
El femicidio se convierte en un castigo social porque funciona como mensaje para el conjunto de las mujeres que rodean a la muerta; para las amigas, las vecinas, las hijas y las parientas.
Casi me molesta tener que decirlo: no se trata de convertir a la mujer muerta en virtuosa porque ha muerto, no se trata de convertirla en mártir. Nosotras amamos la vida y de la salvación por la vía del martirio estamos históricamente agotadas. Lo que acontece es que la mujer asesinada ha sido asesinada debido al ejercicio de su libertad, debido al antagonismo entre sus decisiones personales y las de su pareja sentimental.
El mensaje que deja impreso el femicidio en el subconsciente social es: para salvar tu vida, para proteger tu vida, tienes que someterte. Que no se entienda que partimos de la necesidad de convertir a la mujer muerta en una falsa heroína porque eso sería hacerle el juego a la tesis de la salvación por el martirio.
La mujer muerta es aquella despojada de todo su valor social.
La mujer muerta es aquella que estaba en la lucha personal por su libertad personal individual.
Es la sustituible, es la incómoda, es el estorbo, es lo desechable.
Ese es el contenido político que el Estado le da a la víctima, y en ese contexto es que funciona como mensaje de castigo social sobre todas nosotras.
La consigna del Ni Una Menos -que no me gusta y que ha ido recorriendo varias movilizaciones contra el femicidio (en varios países)- nos habla de esa percepción colectiva que las mujeres, quizás de forma muy intuitiva, tenemos. Es la confirmación de que la colectividad de mujeres recibimos el mensaje de que cuando se mata a una mujer, hay por detrás una suerte extraña de aniquilamiento y sustitución de nosotras. Por eso sin pensarlo gritamos: “NI UNA MENOS”.
Más que una protesta, es una aceptación en el fondo de la muerte por femicidio como un aniquilamiento de la libertad de las mujeres.
Es una aceptación tácita del femicidio como una guerra física, violenta e ideológica contra las mujeres.
Cada muerta funciona como un espejo.
Cada muerta funciona como una lápida que cargamos sobre nosotras.
Cada muerta es un mensaje de castigo.

¿Son femicidio los crímenes contra las trans?

Los asesinatos contra las mujeres trans, por la vía del odio social o del machismo de sus parejas, por supuesto que forman parte del fenómeno del femicidio. Me parece que debiera ser obvio, sin embargo quiero explicitarlo.
Cada mujer trans no deja de ser mujer por ser trans. Es más: deja de ser un hombre y se convierte en una mujer. Sin embargo, no se convierte simplemente en una mujer sino que carga sobre sí otra forma de odio patriarcal. Ella está sujeta a un examen machista de tener que demostrar si es mujer o no. En muchos casos acepta formas de condicionamiento en sus relaciones heterosexuales que una mujer -biológicamente vista como tal- no aceptaría, porque en una sociedad patriarcal una mujer trans no tiene la “legitimidad de serlo”.
Una mujer trans, además, carga tras de sí el odio de haber renunciado, impugnado, no deseado o no aceptado una supuesta condición de ventaja social como es la de “pertenecer al universo del macho” y por ello la misoginia que se desata contra ella tiene una gran carga violenta. Hay un gran deseo de aniquilarla.
Separar los femicidios a las mujeres trans de los femicidios a las mujeres biológicamente conceptuadas como mujeres es debilitarnos, es hacerle el juego a la homofobia, al machismo y al propio patriarcado. Porque ellas comparten la cuestión de ser mujeres que no están cumpliendo con el “concepto de ser mujeres”, y en ese contexto el femicidio de cada una de ellas suma a los femicidios cometidos contra las mujeres, contra nuestra libertad y como parte de la misma masacre.
El femicidio de una mujer trans se suscita bajo las mismas reglas de juego de poder patriarcal que el conjunto de los femicidios. Eso deberíamos comprenderlo nítidamente. Es la misma violencia machista y misógina de control del cuerpo y de la vida que se desata en un femicidio contra una mujer trans que el que se desata contra una mujer no trans.
Y si de femicidas se trata, los actores de unos y otros femicidios, actúan bajo el mismo código del “derecho de disponer la vida de otro”, cuya vida vale menos que la suya o cuya vida tiene el derecho de controlar.
Lo que si queda claro es que para entender el asesinato de una mujer trans como femicidio es necesario entenderlo dentro un marco feminista de análisis de ese crimen, y es eso lo que ni el Estado ni tampoco el movimiento Gelebetoso (GLBT) que se apropia de estas muertes quiere hacer.

La responsabilidad del Estado

¿Formamos las mujeres parte de la Humanidad?
Imagínense ustedes si los crímenes cometidos por las dictaduras en América Latina se convirtieran, en un abrir y cerrar los ojos, en un problema individual del asesinado porque se comportó mal.
Imagínense ustedes si de pronto los genocidios que la Humanidad juzga como crímenes de lesa humanidad porque dañan a la Humanidad se convirtieran en un problema personal, individual, de cada uno de los muertos.
Imagínense si borraríamos el Holocausto nazi contra el pueblo judío, o si borráramos los crímenes del colonialismo como fallas de los conquistados por no haberse sometido.
El femicidio -si bien ha sido tipificado en el Derecho Penal y recibe en la teoría la pena máxima- sigue siendo considerado por nuestro Código Penal y por los códigos penales a escala mundial crímenes individuales y no colectivos.
No se los juzga como crímenes contra las mujeres, ni como crímenes contra la Humanidad, sino que se ha colocado el femicidio al interior del Código Penal como un caso de crimen que se suma a los asesinatos, y a todas las otras formas de crimen de un individuo contra otro.
Entonces la primera operación que convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal es en la forma teórica como ha sido conceptualizado dentro del Derecho Penal. No tiene conceptualmente el carácter de crimen contra la Humanidad, no se lo compara con el genocidio y el Estado, en esa medida, no lo reconoce como un crimen contra las mujeres en un orden social patriarcal y, en ese contexto, no asume de forma directa el Estado ninguna forma de responsabilidad.
El femicida atenta contra la vida de una mujer y no contra la vida de las mujeres como parte de la Humanidad; eso cambia completamente el relato de la tragedia en un relato personal, donde lo que se examina es la vida de la mujer y no la del femicida. El relato jurídico de un femicidio no trasciende el caso de un hombre concreto que ha matado a una mujer concreta, por razones particulares, en contextos particulares.
El Estado, al no asumir ninguna forma de responsabilidad ni de reconocimiento del femicidio como un crimen análogo al genocidio, no asume la pérdida de las mujeres, ni asume la defensa de la vida de las mujeres, en cuanto mitad de la Humanidad. Y en ese contexto se convierte en una suerte de cómplice tácito del femicida, convirtiendo al femicidio en un crimen de Estado.
Si entendemos el femicidio como efecto de una sociedad patriarcal, lo estamos reconociendo como un problema social estructural y no como un tipo de crimen -de uno cualquiera- que se comete contra otra cualquiera.
El clima que tenemos que enfrentar cuando tenemos un caso de femicidio en ese contexto es un Estado que nos restriega en la cara todo el tiempo, como gran avance y logro, la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal. Y pareciera que debiéramos aplaudir y agradecer de rodillas semejante avance cuando, en realidad, se trata de una suma de confusiones conceptuales muy importantes.
No soy abogada, ni aficionada al Derecho, por lo que pido que estas reflexiones se entiendan desde el contexto de la reflexión política y filosófica que es anterior a la reflexión conceptual jurídica.
Despojar de su contenido de crimen de lesa humanidad al femicidio no ha sido la única operación que convierte al femicidio en un crimen de Estado.
La segunda operación ha sido la de aislar un caso del otro. Cada mujer que sufre un femicidio aparece como una historia aparte y en sí misma. Por lo tanto, cada juicio es uno, y cada madre, hermana, hija o hermano que reclama justicia se encuentra atrapada en las redes de un proceso judicial que tiene características que luego vamos a abordar. Lo que me interesa dejar claro en esto es que una víctima se encuentra aislada de la otra. No pueden luchar conjuntamente, ni establecer bases de interpretación común de los crímenes que enfrentan. Eso dispersa a las victimas e impide no sólo que el Estado reconozca el carácter de crimen contra la Humanidad que tiene el femicidio, sino que impide que las victimas mismas puedan unificarse, manifestarse conjuntamente, dibujar la magnitud del problema, sumar fuerzas y demostrar que estamos frente a crímenes de la dictadura patriarcal de la cual el Estado es parte articuladora.
Y ustedes me dirán que el Derecho Penal es así.
Repito: no soy abogada.
Pero considero que se debieron hacer operaciones conceptuales diferentes y que la tradición liberal de simple incorporación de derechos o de figuras penales dentro el mismo esquema, a las mujeres no nos ha servido cuasi para nada. Por eso, en realidad, la incorporación de la figura del femicidio ha sido parte de una rutina del “copy paste” vía oenegés y agencias de cooperación, que se ha dado de forma cuasi automática dentro de nuestra legislación porque todo el aparato no ha sentido ningún impacto ni cambio estructural en sumar una figura penal más.
Aislar a las victimas una de la otra e impedir la colectivización de los casos convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal que marca la impunidad del femicida y la imposibilidad social de construir nuevas formas de consciencia colectiva sobre el valor de la vida de las mujeres.
Un torturado, perseguido y muerto por un Estado se convierte en un crimen de Estado.
Una cantidad de crímenes contra un colectivo por razones étnicas se convierte en un genocidio.
Un femicidio, en cambio, no se convierte en un crimen contra las mujeres, contra la sociedad, ni menos aún de lesa humanidad.
Se trata de crímenes aislados, de victimas aisladas, de victimadores aislados y se impide conceptual y políticamente la asociación de las víctimas por la dispersión e individualización que el propio Derecho Penal impone. Es decir, se incorpora la figura del femicidio, pero no se cambia la lógica de abordaje en ninguno de los pasos.

El relato jurídico justifica al feminicida y promueve la impunidad

El relato jurídico de un juicio por femicidio está determinado no sólo por los prejuicios o el poder del victimador, que siempre es mayor que el poder de la víctima. Sino que está dado por las metodologías del Derecho Penal: el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario y es la parte acusadora que debe demostrar su culpabilidad. La parte acusadora, además, no es el Estado sino la madre o hermana de la víctima. Ahí queda sellada la garantía de impunidad, salvo en los casos en los que el femicida es atrapado infraganti o que se declara culpable, que son los menos. El juicio por femicidio, por tanto, es un interminable examen de la vida de la víctima. Es una interminable suma de las virtudes sociales del victimador y una banalización del valor central que es el de la vida. Quien dirime esos juicios es el Estado convirtiéndose en cómplice del femicida y, por lo tanto, convirtiendo el femicidio en un crimen de Estado.
La muerte de las mujeres por femicidio se diluye en la rutina judicial bajo miles de papeles y grandes confusiones conceptuales de fondo.
Sobre esto hay que añadir los prejuicios machistas de los operadores de justicia, la corrupción que en estos casos determina siempre la ventaja del victimador, porque indefectiblemente todo hombre tiene más dinero, más relevancia o más poder que su pareja asesinada, casi como un reflejo de la pirámide social en la que nos encontramos las mujeres: el obrero tendrá más relevancia que su pareja ama de casa u obrera, y el empresario tendrá más poder y relevancia que su pareja. Todo esto que es la única ventaja visible no es más que el último grupo de factores que determinan la impunidad social del femicida frente a la víctima.
Queda claro que no solo se pudieron hacer las cosas de otra manera, sino que se debieron haber hecho de otra manera.

La impunidad reproduce impunidad

Queda claro, también, que la única posibilidad que tenemos es construir plataformas colectivas, que se hacen muy difíciles porque cada caso penal no solo es un mundo, sino que es agotador: consume todas tus fuerzas. Y en ese sentido, demandar la participación de las víctimas en una segunda instancia colectiva es pedir más sangre y agotar completamente sus vidas. Si toda la plataforma tendría que asistir a todas las audiencias y analizar todas las irregularidades que se cometen -desde la autopsia hasta el proceso para impedir que se garantice la impunidad del femicidio- no nos dedicaríamos a otra cosa que no fuera eso y solo eso. Por eso nosotras hemos pedido y exigido a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, una comisión legislativa de auditoria jurídica que centralizara este trabajo y que hiciera este trabajo. Lo hicimos para que quede claro que tenemos una propuesta y que la tesis en la que nos basamos es en el hecho de que el femicidio es un crimen de Estado y no la tragedia personal de Carmen, Andrea, Julia o Verónica. Sabemos que el Estado boliviano no tiene ninguna voluntad de hacer esta comisión. Formulamos el pedido entonces como un acto político y como un horizonte de lucha, conscientes que hablábamos con una interlocutora sorda y que hablar con ella era como “hablar al sordo cielo”.
El femicidio debe recibir el tratamiento de genocidio y debería, por tanto, ser tratado por tribunales especiales, como crímenes de lesa humanidad.
Ese es el horizonte de lucha.
Esa es la base conceptual para frenar la impunidad.
Los crímenes de femicidio son análogos a los crímenes cometidos por la dictadura.

Transformando el dolor del femicidio en lucha por justicia

Aquello que tenemos en los brazos -además de los cuerpos muertos de nuestras amadas hijas, compañeras, amigas-, es entender que la justicia reproduce justicia y que la impunidad reproduce impunidad. Por eso valoramos todos y cada uno de los esfuerzos que hace cada víctima por luchar por justicia, aunque sea en medio de juicios que diluyen el delito, que ponen a las víctimas en el banquillo de las acusadas, que relativizan el valor de la vida de las mujeres, y que se pierden en la inmensidad de una tragedia mujeril de grandes magnitudes.
Entendemos, al mismo tiempo y de forma muy contradictoria, por qué descoloca los juicios en los que estamos inmersas que plantear el femicidio como un crimen de Estado es la forma más efectiva de lucha: porque simplemente al femicidio hay que crearle una base conceptual de comprensión feminista del problema.
María Galindo
La Paz, Bolivia
Junio de 2016

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 4 días

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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#NiUnaMás

El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.