#NiUnaMás
#NiUnaMenos: un grito urgente que recorrió todo el país
En un nuevo aniversario, las movilizaciones en Argentina no se detuvieron a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En Mar del Plata, y con la presencia de las familias de Lucía Pérez y Agustina Fredes, la marcha fue con barbijo hasta Tribunales para también exigir justicia por los femicidios de Claudia Repetto y Belén Rivero. En Córdoba, el pedido de verdad y justicia por Cecilia Basaldúa, asesinada en abril, fue uno de los gritos más urgentes, en una movilización que recorrió todas las instituciones del Estado en el municipio. Las acciones también se replicaron en Bariloche, Rosario, Salta y San Luis. Marta Montero, mamá de Lucía, subraya a lavaca: “Que tengamos que salir a la calle para decir que no nos maten más es tristísimo”.

“La calle es el lugar en el que tenemos que estar”, afirmó a lavaca Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en el 2016, horas antes de concentrarse frente a los Tribunales marplatenses para después marchar hacia el monumento de la Plaza San Martín.
“Si los femicidas siguen transitando libremente la ciudad, nosotres estaremos en las calles exigiendo justicia”, fue la consigna con la que se convocó a movilizar con barbijo y con distanciamiento social este 3 de junio, nuevo aniversario del grito Ni Una Menos en Argentina. Marta llevó la foto de Lucía, mientras Guillermo y Matias, papá y hermano de Lucía, llevaron la bandera en la que se lee: “Lucía, tus pasos por esta vida quedarán marcados en nuestros corazones”. Blanca, mamá de Agustina Fredes, caminó con la foto de su hija en el pecho, mientras desde una campera estampada también se gritaba justicia por Nancy Segura, asesinada en 2017.
Fue Marta quien dio el contexto de la marcha: “Mar del Plata es una ciudad sumamente violenta con la mujer. Se caracteriza por ser un lugar de muchísima violencia, ¿Cuántos femicidios hubo antes y después de Lucía? Se la conoce como ciudad feliz, ¿feliz de qué?, porque no creo que una familia a la que le matan a una hija pueda seguir siendo feliz, es una ciudad feliz para algunos, porque acá el Estado no se hace cargo, ni la justicia se hace cargo”.
Frente a esa falta de respuesta, la propuesta fue encontrarse frente a Tribunales, para señalar así su responsabilidad. En lo que va del año, en la ciudad balnearia hubo, al menos, dos femicidios: Claudia Repetto, de 53 años, que estuvo desparecida 27 días y fue su familia la que terminó deteniendo al femicida, Ricardo Rodríguez, que caminaba por la ciudad; y Jordana Belén Rivero, de 28 años, arrojada desde un balcón por su pareja Bernardo Bara.
“Que tengamos que salir a la calle para decir que no nos maten más es tristísimo”, subrayó Marta, que aún espera la anulación del fallo por el cual el poder judicial dejó impune el femicidio de su hija. “Salir a pedir al Estado que se haga presente, que no nos maten, salir por nuestros derechos. Lo vamos a seguir haciendo porque nada ha cambiado: si algo hubiera cambiado no estaríamos en la calle”.
Capilla del Monte: la marcha que recorrió las instituciones estatales
“Soy Lucía y Micaela, soy Ada, soy Susana y soy Florencia, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas y soy esa que te hará pagar las cuentas”, cantaron en San Marcos Sierra, Córdoba, las mujeres que salieron a marchar contra las violencias machistas.
“En Capilla cantamos el mismo tema, fue muy emocionante”, contó a lavaca Liliana Martín, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que movilizó a las 11 de la mañana. Este 3 de junio, por tercera vez, pintaron un banco de rojo en el Jardín de la Memoria “para mantener la memoria de las víctimas de femicidio en nuestra localidad”. El banco rojo representa para ellas “un emblema universal del lugar ocupado por una mujer que fue víctima de femicidio por ‘aquellos que decían amarlas’”. Desde ahí arrancaron la marcha con postas en distintas instituciones: Comisaría y Juzgado de Paz, Hospital, Escuela, Municipio, Consejo deliberante y terminaron en el Servicio local de asistencia a víctimas de violencia.

“A pesar de que hace un frío brutal y hoy sin sol, estuvo muy concurrida, quedamos felices”, apuntó Liliana. “Recordamos todos los femicidios de Capilla que no son pocos. Lo que se siente estar con las compañeras es impresionante porque estamos convencidas que la red de mujeres es lo que nos sostiene y este Ni Una Menos fue notorio y muy importante”.
Y aseveró: “Ya no hay excusas para seguir escondiendo bajo la alfombra todo lo que pasó en Capilla y lo que sigue pasando. Sentimos que solo nosotras movilizadas logramos cosas. Por ejemplo, el intendente y los concejales se sienten obligados a participar, no nos coartaron en ningún momento y la marcha salió perfecta”.
En la marcha participaron familiares de Yamila Garay y Sabrina Ochoa, asesinadas por sus parejas; los hijos de Sabrina pintaron una bandera que fue una de las que encabezó la marcha. En cada posta reclamaron lo que era inherente a cada una de las instituciones y expusieron demandas propias de la localidad, que leyeron en voz alta, y que el Movimiento Plurinacional publicó en su cuenta de Facebook.
Sobre la situación actual, enfatizaron en el comunicado: “La pandemia profundizó todas las desigualdades estructurales que afectan principalmente a mujeres, niñes e integrantes del colectivo LGBTIQ. Sabemos que para las víctimas que conviven con su agresor, el hogar no es un lugar seguro. Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron desde el inicio de la cuarentena, por eso es urgente que se declare la emergencia”.
Liliana explica que la sociedad de Capilla del Monte agradece la organización y las acciones del Movimiento, pero que por otra parte “de golpe sale gente que dice está todo bien pero no tenemos que ensuciar el espacio público porque hicimos unos esténciles en el piso”. Y subraya: “Es como si la gente no quisiera ver, y eso es lo peor que nos puede pasar”.
-¿Cómo hacen con esa negación de la sociedad que no quiere ver?
-Nos queda insistir y contestar que peor es que las calles estén manchadas de sangre. Es el mismo discurso de “tenía la pollera corta”, “por algo fue”, “con quien se juntaba” eso es parte de por qué ocurren los femicidios. En el fondo el pensamiento patriarcal siempre va a terminar en ese lugar, que la culpa en parte la tenía la víctima.
-¿Qué acciones tomar desde lo político para transformar lo social?
-Queremos avanzar en que el poder político nos escuche y los estamos haciendo cargo de un montón de cosas. Nos queda insistir y romper los ovarios y las pelotas de los que estén como funcionarios. Se derogaron ordenanzas que tenían que ver con las violencias contra las mujeres y pedimos que se restituyan. Les exigimos al Concejo y al Ejecutivo que trabaje con la comunidad, entre ellas con las escuelas donde no se está implementando la ley de Educación Sexual Integral. No se pueden meter en las escuelas pero sí pueden decir que nos están matando y están abusando de nuestras niñas, que hace falta la ESI. Es todo un entramado que lleva mucha energía.
Verdad y Justicia por Cecilia Gisela Basaldúa fue uno de los reclamos más fuertes en Córdoba de este Ni Una Menos 2020. La desaparición y femicidio de la joven viajera en abril, golpeó a toda la comunidad de Capilla del Monte. El único detenido es un joven de 23 años, pero la familia está convencida de que es un “perejil”. Además, el caso de Cecilia destapó una olla a presión: la violencia institucional de la Policía local y la inoperancia patriarcal del Poder Judicial, por la lentitud de la investigación y porque aún no están los resultados del ADN en el cuerpo de Cecilia. Además, el abogado de Lucas Bustos, Sergio Sánchez, declaró en una entrevista al medio local FM 91.7 Sierras de Córdoba que un presunto testigo incógnito sabría detalles del femicidio de Cecilia sobre cómo y quiénes la mataron, y que por esto se encuentra aterrorizado y duerme con una escopeta bajo el brazo por miedo a su integridad física.
Para la movilización en Capilla del Monte, Daniel Basaldúa, papá de la joven, mandó un audio desde Buenos Aires, en el que agradecía la vocación, el apoyo y el acompañamiento de la gente y en especial del Movimiento Plurinacional. Pero, además, enfatizó contra quienes fueron las últimas personas que vieron a Ceciliia, y apuntó contra la fiscalía de Cosquín a cargo de Josefina Gómez y las irregularidades en la investigación: “Nos hubiera gustado que la justicia se encuentre de nuestro lado, sintiéndonos desamparados por la ausencia del Estado. Nos encontramos con maltrato de la fiscalía, siendo mal recibidos y mal atendidos cuando fuimos en busca de respuestas, con nula empatía hacia nuestra persona que cargábamos con el dolor de una perdida tan significativa. Exigimos una investigación a la altura del caso y que se esclarezcan los procedimientos altamente viciados por parte del juzgado y de la policía, principal actor que se encargó de desviar nuestros reclamos”.
El grito en todo el país
A las cinco de la tarde en Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, la Multisectorial de Mujeres de la ciudad junto a familiares de Erica Vanesa Olguín se manifestaron en la Plaza de la Madre y exigieron el fin de la violencia machista. Al mediodía Erica fue rociada con alcohol y prendida fuego por su ex pareja. Fue su hija de 7 años quien pidió ayuda a una vecina que llamó a la policía. Erica está internada, con el 70 por ciento de cuerpo quemado, en el hospital Provincial de Rosario. En la capital santafesina también hubo movilización, fue en la Plaza San Martín, y reclamaron la emergencia nacional en violencia machista y mayor presupuesto para políticas públicas.
Las acciones se replicaron en puntos de todo el país. En Salta con bombos y banderas se marchó a la Plaza 9 de Julio. En Piedra Buena, Santa Cruz, donde el 15 de abril fue asesinada Jesica Natalia Magalí Minaglia, la colectiva Insurgentes realizó una acción con carteles con los femicidios y transfemicidios que ocurrieron del 2008 a 2020 en la provincia. Luego con las manos pintadas de violeta, intervinieron una glorieta de la ciudad. A su vez, en el centro cívico de Bariloche, organizaciones feministas exigieron políticas públicas que frenen la violencia, llevando pañuelos verdes por el aborto legal, seguro y gratuito y el nombre de mujeres víctimas de femicidios. A distancia estaban unidas por lazos rojos. En el sur, al igual que en Santa Cruz y Rio Negro, hubo movilizaciones en Chubut: en Puerto Madryn la marcha terminó en el palacio municipal bajo la consigna «nuestros derechos no están en cuarentena»; en Comodoro Rivadavia la movilización incluyó la lectura de un documento que denunció «la violencia machista en todas sus modalidades, así como la complicidad del Estado”.
En San Luis la marcha fue a la Plaza Pringles, y uno de los carteles resumió el grito que se escuchó en todo el país: “Para que no seamos invisibles nunca más”.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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