#NiUnaMás

#NiUnaMenos hoy: el grito que más molesta

Publicada

hace 7 años

03/06/2018

El 3J es la fecha que parimos para denunciar la violencia machista. Coincide esta vez, además, con una semana clave para que el aborto sea legal y logremos, al fin, que el Estado deje de condenar a las mujeres a la muerte y a la cárcel. Estos dos ejes centrales para el movimiento más inesperado de los últimos años -que nació para desbordar aparatos, discursos y convertir las calles en un abrazo- son los que más perturban a las instituciones estatales, políticas y sociales que intentan disciplinarlo con discursos políticos y conceptualizaciones que corresponden a otras prácticas. Ni Una Menos es puro Basta, el resultado de una realidad que nos golpea todos los días. Esta nota resume nuestra experiencia concreta y también, nuestra exigencia para este día: Ni Una Menos: aborto legal ya!

El Estado es Responsable no es consigna: es diagnóstico. El movimiento social Ni Una Menos lo sabe y las organizaciones políticas, oenegés y burocracias de género lo olvidan cada vez que negocian la conversión de esta demanda social en paliativos que nada solucionan y fugan la bronca hacia aristas menos conflictivas. La realidad es la verdad y la verdad es indignante: a pesar de las movilizaciones, compromisos firmados, leyes vigentes y selfies, para las mujeres argentinas denunciar la violencia es una condena.
Las pruebas:
1.En tres días de una misma semana – la tercera de febrero- acompañamos la denuncia de tres situaciones de violencia machista sufrida por tres mujeres, madres de cinco niños menores de 4 años.
2. Cada una tuvo que soportar lo que representa hoy ingresar por la única puerta de entrada a la justicia que tiene la Capital Federal. Estamos hablando de una sola oficina, que tiene una sala de espera de menos de 50 metros cuadrados con cuatro bancos de metal, incómodos, para atender la potencial demanda de una población de 1 millón de mujeres, según el censo de 2014 y solo teniendo en cuenta a las mayores de 18 años que viven en la ciudad, ya que si son menores y sufrieron violencia, en esta oficina no las atienden. Entonces, ¿a dónde van las mujeres menores a denunciar? Primera de las muchas preguntas que van a quedar con respuesta incierta.
3. Es necesario repetirlo: esta es la única oficina que recibe las denuncias de hechos de violencia sufridos por mujeres que viven en la Capital Federal.
4. Esta única oficina se denomina a sí misma Oficina de Violencia Doméstica y muchas de las mujeres que están en esa sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta se refieren a ella por sus siglas: OVD. Fue creada en 2006, depende de la Corte Suprema y tiene el objetivo “de facilitar un acceso rápido de conflictos a las personas afectadas por violencia doméstica”. La intención es noble y el equipo interdisciplinario que allí atiende es amable, pero desde el nombre se queda corta para canalizar la demanda de justicia de una verdadera epidemia social, como lo es hoy la violencia machista. Con la palabra “doméstica” ya recorta el alcance de su función: sólo puede denunciarse allí casos de violencia que hayan sido ejercidos por miembros del grupo familiar. Quedan así fuera, por ejemplo y nada menos, las mujeres y travestis en situación de prostitución -si los golpes, violaciones o maltratos fueron perpetrados por sus fiolos o prostituyentes-; las mujeres golpeadas, violadas o maltratadas por desconocidos o vecinos, las abusadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, etc. “Doméstica” es la violencia de “género” definen las “especialistas” que atienden el primer paso de este trámite, que es el que filtra los casos según sean “urgentes” y “pertinentes”. Es decir, si son recientes y producidos en el entorno familiar. Segunda pregunta con respuesta incierta: ¿dónde denuncian las que quedan fuera de esta clasificación?
5. Presentar una denuncia ante la OVD tiene cuatro pasos, anuncia la pantalla que está en la sala de espera: admisión, espera, atención del equipo interdisciplinario y derivación al juzgado. La admisión implica que aquellas que quedan seleccionadas reciben un número y una explicación: cada entrevista con el equipo interdisciplinario dura tres horas. De acuerdo a la cantidad de denuncias a atender cada día, le informan qué espera las espera. En cada uno de los tres casos que acompañamos, calcularon que la espera implicaría entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de mujeres que desistan del trámite, desalentadas o imposibilitadas de esperar tantas horas en ese lugar, pero también de si deben interrumpir el llamado del “numerito” porque “estamos atendiendo a la señora con el golpecito en la cabeza”, tal como explica ahora la coordinadora del turno tarde. Es decir, si llegan casos notoriamente graves, la espera puede alargarse más.
Así, las que completan la entrevista de admisión sin salir disparadas a la calle -porque ya saben que no pueden tener lo que necesitan cuando lo necesitan-, regresan a la sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta aturdidas por preguntas que no saben cómo contestar: si dejaron a los hijos con alguien, ¿hasta qué hora los pueden cuidar?; si están ahí con ellas, ¿qué y cómo darles de comer?
Luego de llamadas urgentes y corridas al kiosco, las que pudieron quedarse porque encontraron respuestas en su red social, se sientan y murmuran, finalmente, la incógnita que las desespera: ¿qué solución van a encontrar después de esa larga espera?
Así comienza el intercambio de información y estrategias. También las advertencias – “esto no es fácil”- y el mutuo aliento: “es una forma de comenzar a terminar”.
6. Es necesario repetirlo: muchas se van sin denunciar.
¿Cuántas?
Es fácil establecerlo: la diferencia que hay entre las que reciben el número para la admisión y las que finalmente están presentes cuando las convocan a la entrevista con el equipo. No es un dato que haga público la OVD. En su web sólo publican el número de denuncias que se completan, no las que quedan sin ser atendidas. Así, el dato de que por mes atienden un promedio de 900 denuncias sólo indica qué capacidad tiene esa oficina de atender denuncias. Pero de ningún modo registra la cantidad real de demanda que hasta allí llega y que esa oficina no tiene recursos suficientes para tramitar. No es este un detalle ni una incapacidad. Es un delito y es grave. Es el que comete el Estado cuando no garantiza a sus ciudadanas el acceso a la justicia. El que comete el Estado argentino cada día, a cada hora y cada vez que una mujer sale de la OVD sin ser debidamente atendida, como es su derecho.
7. En el primer caso que acompañamos, la mujer sacó número para la admisión a las 4 de la mañana y accedió a la entrevista a las 10 am. En el segundo, llegó a las 16 y tuvo que irse a las 3 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en su trabajo y si no se presentaba en horario, le descontaban el día. Regresó a la UVD a las 11 y accedió a la entrevista con el equipo interdisciplinario poco después de las 16. Si tenemos en cuenta todas las horas que le insumió el trámite, fueron 24. La tercera, 8 horas.
¿Qué nos gritan estos números? En principio, que los recursos humanos que dispone la OVD no son suficientes para atender la demanda que recibe.
8. A la entrevista con el equipo interdisciplinario cada mujer debe ingresar sola. Las que están con sus hijos pueden dejarlo – solo mientras dure la entrevista- en una sala especialmente dispuesta para los niños. Es una sala de juegos. Lejos de ser un gesto amoroso, esto implica algo muy grave: que las y los niños no son atendidos allí como víctimas de violencia. No son escuchados ni representados, aun cuando la mayoría sufrieron y convivieron las situaciones de violencia que está detallando su madre en la en la sala de al lado. Más grave aún: en los tres casos acompañados, los jueces dispusieron medidas para garantizar que el denunciado tenga acceso a las y los hijos, aunque en la misma resolución dictaron medidas de restricción perimetral para separar al denunciado de sus madres. Esta invisibilización judicial de las y los niños víctimas de violencia machista no es un detalle ni una muestra de incapacidad. Es un delito que comete el Estado argentino al vulnerar un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y la Convención que establece explícitamente que el Estado argentino está obligado a protegerlo “de toda forma de violencia física, maltrato, descuido o trato negligente”, y que “su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que los afecte”, según obliga la ley Nª 26. 061, sancionada en 2005.
9. Terminada la entrevista interdisciplinaria, cada una de las mujeres debe regresar al día siguiente -si es fin de semana, el lunes- para presentarse ante el juzgado que se hará cargo de su denuncia. La OVD entrega allí su informe y “recomendaciones”, en base a las cuales cada juez dicta las medidas que le sugieren. Concretamente, esto representa que cada mujer recibe en el juzgado un papel que le comunica qué medidas dictó el juez sin verla ni escucharla. Los ojos y orejas de la justicia fueron los de la OVD y si las medidas dictadas no le parecen convenientes, para discutirlas, completarlas o impugnarlas deberá tener un abogado que presente por escrito esas demandas. Y eso lleva varios días.
10. En los tres casos que acompañamos, las medidas dictadas por el juez contemplaron el dictado de perimetrales. En un caso, impracticable: la perimetral sólo tenía vigencia en Capital Federal y la mujer, ante la violencia sufrida, había tenido que refugiarse en el conurbano bonaerense, desde donde viajaba todos los días hacia su trabajo, en el porteño barrio de Monserrat. Al señalarle la inoperancia de la medida, le indicaron que debía presentar esa resolución en la Comisaría de la Mujer correspondiente al nuevo domicilio bonaerense. Y así cada vez que se traslade a otra localidad. En el segundo caso, la perimetral también era impracticable: agresor y víctima trabajaban en el mismo edificio, dependiente de una universidad pública. En el tercero, parecía funcionar y el juez, por la violencia de la situación denunciada, dispuso una guardia policial permanente en el domicilio de la víctima. Al día siguiente, la mujer nos envió una foto del policía que cumplía la guardia sentado en el auto del agresor. Se los veía muy animados, compartiendo una pizza.
11. Durante los siguientes tres meses, nuestra abogada Cristina Monserrat trabajó en cada uno de estos casos hasta lograr lo que se necesitaba: a través de una mediación se acordaron regímenes de visitas, alimentos, trato y contención. En todos los casos colaboraron también las abogadas de los denunciados, comprometidas con encontrar una respuesta eficaz ante la indiferencia del aparato judicial.
12. Estamos hablando entonces desde la experiencia concreta y desde la impotencia, la bronca y el hartazgo. Estamos hablando desde el dolor que representa que en lo que va del año 2018 se hayan cometido ya 102 femicidios y que ya esas muertas no sean “tema de agenda”. Estamos hablando desde el aullido que nos desgarra saber que desde que salimos por primera vez a la calle a gritar Ni Una Menos han quedado huérfanos 908 niñxs, mientras vemos desfilar por la calle fetos. Estamos hablando, tal como sintetizó Flor de la V en su exposición en el plenario de Diputados, cuando contó que su madre murió desangrada en un aborto clandestino, de algo central: “”Busqué durante mucho tiempo al femicida de mi mamá y ahora sé quién es: el femicida de mi madre es el Estado”. Estamos hablando de lo que significa ese grito y esta fecha: salir a la calle a denunciar que la violencia machista sigue impune y que nosotras no vamos a callarnos más.
De ese eso se trata exigir hoy #AbortoLegalYa
De eso se trata gritar Ni Una Menos.
De abrazarnos.
Nos tenemos a nosotras.

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Ni Una Menos, aborto legal ya: un grito colectivo

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Publicada

hace 2 días

18/10/2025

Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Publicada

hace 2 semanas

04/10/2025

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.