#NiUnaMás

#NiUnaMenos hoy: el grito que más molesta

Publicada

hace 8 años

03/06/2018

El 3J es la fecha que parimos para denunciar la violencia machista. Coincide esta vez, además, con una semana clave para que el aborto sea legal y logremos, al fin, que el Estado deje de condenar a las mujeres a la muerte y a la cárcel. Estos dos ejes centrales para el movimiento más inesperado de los últimos años -que nació para desbordar aparatos, discursos y convertir las calles en un abrazo- son los que más perturban a las instituciones estatales, políticas y sociales que intentan disciplinarlo con discursos políticos y conceptualizaciones que corresponden a otras prácticas. Ni Una Menos es puro Basta, el resultado de una realidad que nos golpea todos los días. Esta nota resume nuestra experiencia concreta y también, nuestra exigencia para este día: Ni Una Menos: aborto legal ya!

El Estado es Responsable no es consigna: es diagnóstico. El movimiento social Ni Una Menos lo sabe y las organizaciones políticas, oenegés y burocracias de género lo olvidan cada vez que negocian la conversión de esta demanda social en paliativos que nada solucionan y fugan la bronca hacia aristas menos conflictivas. La realidad es la verdad y la verdad es indignante: a pesar de las movilizaciones, compromisos firmados, leyes vigentes y selfies, para las mujeres argentinas denunciar la violencia es una condena.
Las pruebas:
1.En tres días de una misma semana – la tercera de febrero- acompañamos la denuncia de tres situaciones de violencia machista sufrida por tres mujeres, madres de cinco niños menores de 4 años.
2. Cada una tuvo que soportar lo que representa hoy ingresar por la única puerta de entrada a la justicia que tiene la Capital Federal. Estamos hablando de una sola oficina, que tiene una sala de espera de menos de 50 metros cuadrados con cuatro bancos de metal, incómodos, para atender la potencial demanda de una población de 1 millón de mujeres, según el censo de 2014 y solo teniendo en cuenta a las mayores de 18 años que viven en la ciudad, ya que si son menores y sufrieron violencia, en esta oficina no las atienden. Entonces, ¿a dónde van las mujeres menores a denunciar? Primera de las muchas preguntas que van a quedar con respuesta incierta.
3. Es necesario repetirlo: esta es la única oficina que recibe las denuncias de hechos de violencia sufridos por mujeres que viven en la Capital Federal.
4. Esta única oficina se denomina a sí misma Oficina de Violencia Doméstica y muchas de las mujeres que están en esa sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta se refieren a ella por sus siglas: OVD. Fue creada en 2006, depende de la Corte Suprema y tiene el objetivo “de facilitar un acceso rápido de conflictos a las personas afectadas por violencia doméstica”. La intención es noble y el equipo interdisciplinario que allí atiende es amable, pero desde el nombre se queda corta para canalizar la demanda de justicia de una verdadera epidemia social, como lo es hoy la violencia machista. Con la palabra “doméstica” ya recorta el alcance de su función: sólo puede denunciarse allí casos de violencia que hayan sido ejercidos por miembros del grupo familiar. Quedan así fuera, por ejemplo y nada menos, las mujeres y travestis en situación de prostitución -si los golpes, violaciones o maltratos fueron perpetrados por sus fiolos o prostituyentes-; las mujeres golpeadas, violadas o maltratadas por desconocidos o vecinos, las abusadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, etc. “Doméstica” es la violencia de “género” definen las “especialistas” que atienden el primer paso de este trámite, que es el que filtra los casos según sean “urgentes” y “pertinentes”. Es decir, si son recientes y producidos en el entorno familiar. Segunda pregunta con respuesta incierta: ¿dónde denuncian las que quedan fuera de esta clasificación?
5. Presentar una denuncia ante la OVD tiene cuatro pasos, anuncia la pantalla que está en la sala de espera: admisión, espera, atención del equipo interdisciplinario y derivación al juzgado. La admisión implica que aquellas que quedan seleccionadas reciben un número y una explicación: cada entrevista con el equipo interdisciplinario dura tres horas. De acuerdo a la cantidad de denuncias a atender cada día, le informan qué espera las espera. En cada uno de los tres casos que acompañamos, calcularon que la espera implicaría entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de mujeres que desistan del trámite, desalentadas o imposibilitadas de esperar tantas horas en ese lugar, pero también de si deben interrumpir el llamado del “numerito” porque “estamos atendiendo a la señora con el golpecito en la cabeza”, tal como explica ahora la coordinadora del turno tarde. Es decir, si llegan casos notoriamente graves, la espera puede alargarse más.
Así, las que completan la entrevista de admisión sin salir disparadas a la calle -porque ya saben que no pueden tener lo que necesitan cuando lo necesitan-, regresan a la sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta aturdidas por preguntas que no saben cómo contestar: si dejaron a los hijos con alguien, ¿hasta qué hora los pueden cuidar?; si están ahí con ellas, ¿qué y cómo darles de comer?
Luego de llamadas urgentes y corridas al kiosco, las que pudieron quedarse porque encontraron respuestas en su red social, se sientan y murmuran, finalmente, la incógnita que las desespera: ¿qué solución van a encontrar después de esa larga espera?
Así comienza el intercambio de información y estrategias. También las advertencias – “esto no es fácil”- y el mutuo aliento: “es una forma de comenzar a terminar”.
6. Es necesario repetirlo: muchas se van sin denunciar.
¿Cuántas?
Es fácil establecerlo: la diferencia que hay entre las que reciben el número para la admisión y las que finalmente están presentes cuando las convocan a la entrevista con el equipo. No es un dato que haga público la OVD. En su web sólo publican el número de denuncias que se completan, no las que quedan sin ser atendidas. Así, el dato de que por mes atienden un promedio de 900 denuncias sólo indica qué capacidad tiene esa oficina de atender denuncias. Pero de ningún modo registra la cantidad real de demanda que hasta allí llega y que esa oficina no tiene recursos suficientes para tramitar. No es este un detalle ni una incapacidad. Es un delito y es grave. Es el que comete el Estado cuando no garantiza a sus ciudadanas el acceso a la justicia. El que comete el Estado argentino cada día, a cada hora y cada vez que una mujer sale de la OVD sin ser debidamente atendida, como es su derecho.
7. En el primer caso que acompañamos, la mujer sacó número para la admisión a las 4 de la mañana y accedió a la entrevista a las 10 am. En el segundo, llegó a las 16 y tuvo que irse a las 3 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en su trabajo y si no se presentaba en horario, le descontaban el día. Regresó a la UVD a las 11 y accedió a la entrevista con el equipo interdisciplinario poco después de las 16. Si tenemos en cuenta todas las horas que le insumió el trámite, fueron 24. La tercera, 8 horas.
¿Qué nos gritan estos números? En principio, que los recursos humanos que dispone la OVD no son suficientes para atender la demanda que recibe.
8. A la entrevista con el equipo interdisciplinario cada mujer debe ingresar sola. Las que están con sus hijos pueden dejarlo – solo mientras dure la entrevista- en una sala especialmente dispuesta para los niños. Es una sala de juegos. Lejos de ser un gesto amoroso, esto implica algo muy grave: que las y los niños no son atendidos allí como víctimas de violencia. No son escuchados ni representados, aun cuando la mayoría sufrieron y convivieron las situaciones de violencia que está detallando su madre en la en la sala de al lado. Más grave aún: en los tres casos acompañados, los jueces dispusieron medidas para garantizar que el denunciado tenga acceso a las y los hijos, aunque en la misma resolución dictaron medidas de restricción perimetral para separar al denunciado de sus madres. Esta invisibilización judicial de las y los niños víctimas de violencia machista no es un detalle ni una muestra de incapacidad. Es un delito que comete el Estado argentino al vulnerar un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y la Convención que establece explícitamente que el Estado argentino está obligado a protegerlo “de toda forma de violencia física, maltrato, descuido o trato negligente”, y que “su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que los afecte”, según obliga la ley Nª 26. 061, sancionada en 2005.
9. Terminada la entrevista interdisciplinaria, cada una de las mujeres debe regresar al día siguiente -si es fin de semana, el lunes- para presentarse ante el juzgado que se hará cargo de su denuncia. La OVD entrega allí su informe y “recomendaciones”, en base a las cuales cada juez dicta las medidas que le sugieren. Concretamente, esto representa que cada mujer recibe en el juzgado un papel que le comunica qué medidas dictó el juez sin verla ni escucharla. Los ojos y orejas de la justicia fueron los de la OVD y si las medidas dictadas no le parecen convenientes, para discutirlas, completarlas o impugnarlas deberá tener un abogado que presente por escrito esas demandas. Y eso lleva varios días.
10. En los tres casos que acompañamos, las medidas dictadas por el juez contemplaron el dictado de perimetrales. En un caso, impracticable: la perimetral sólo tenía vigencia en Capital Federal y la mujer, ante la violencia sufrida, había tenido que refugiarse en el conurbano bonaerense, desde donde viajaba todos los días hacia su trabajo, en el porteño barrio de Monserrat. Al señalarle la inoperancia de la medida, le indicaron que debía presentar esa resolución en la Comisaría de la Mujer correspondiente al nuevo domicilio bonaerense. Y así cada vez que se traslade a otra localidad. En el segundo caso, la perimetral también era impracticable: agresor y víctima trabajaban en el mismo edificio, dependiente de una universidad pública. En el tercero, parecía funcionar y el juez, por la violencia de la situación denunciada, dispuso una guardia policial permanente en el domicilio de la víctima. Al día siguiente, la mujer nos envió una foto del policía que cumplía la guardia sentado en el auto del agresor. Se los veía muy animados, compartiendo una pizza.
11. Durante los siguientes tres meses, nuestra abogada Cristina Monserrat trabajó en cada uno de estos casos hasta lograr lo que se necesitaba: a través de una mediación se acordaron regímenes de visitas, alimentos, trato y contención. En todos los casos colaboraron también las abogadas de los denunciados, comprometidas con encontrar una respuesta eficaz ante la indiferencia del aparato judicial.
12. Estamos hablando entonces desde la experiencia concreta y desde la impotencia, la bronca y el hartazgo. Estamos hablando desde el dolor que representa que en lo que va del año 2018 se hayan cometido ya 102 femicidios y que ya esas muertas no sean “tema de agenda”. Estamos hablando desde el aullido que nos desgarra saber que desde que salimos por primera vez a la calle a gritar Ni Una Menos han quedado huérfanos 908 niñxs, mientras vemos desfilar por la calle fetos. Estamos hablando, tal como sintetizó Flor de la V en su exposición en el plenario de Diputados, cuando contó que su madre murió desangrada en un aborto clandestino, de algo central: “”Busqué durante mucho tiempo al femicida de mi mamá y ahora sé quién es: el femicida de mi madre es el Estado”. Estamos hablando de lo que significa ese grito y esta fecha: salir a la calle a denunciar que la violencia machista sigue impune y que nosotras no vamos a callarnos más.
De ese eso se trata exigir hoy #AbortoLegalYa
De eso se trata gritar Ni Una Menos.
De abrazarnos.
Nos tenemos a nosotras.

Temas:#NiUnaMás

Ni Una Menos, aborto legal ya: un grito colectivo

10 meses sin Santiago: un pedido de justicia por las calles de su barrio

#NiUnaMás

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Publicada

hace 2 días

25/04/2026

Por Bernardina Rosini para lavaca.org

Desde Córdoba

Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.

Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».

Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».

Un cuerpo desaparecido

La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.

La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.

Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?

Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.

Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:

Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.

La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.

Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”

Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.

La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 5 meses

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

(más…)

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Publicada

hace 6 meses

20/10/2025

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.

Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes.

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.

Seguir leyendo