#NiUnaMás
#NiUnaMenos hoy: el grito que más molesta
El 3J es la fecha que parimos para denunciar la violencia machista. Coincide esta vez, además, con una semana clave para que el aborto sea legal y logremos, al fin, que el Estado deje de condenar a las mujeres a la muerte y a la cárcel. Estos dos ejes centrales para el movimiento más inesperado de los últimos años -que nació para desbordar aparatos, discursos y convertir las calles en un abrazo- son los que más perturban a las instituciones estatales, políticas y sociales que intentan disciplinarlo con discursos políticos y conceptualizaciones que corresponden a otras prácticas. Ni Una Menos es puro Basta, el resultado de una realidad que nos golpea todos los días. Esta nota resume nuestra experiencia concreta y también, nuestra exigencia para este día: Ni Una Menos: aborto legal ya!
El Estado es Responsable no es consigna: es diagnóstico. El movimiento social Ni Una Menos lo sabe y las organizaciones políticas, oenegés y burocracias de género lo olvidan cada vez que negocian la conversión de esta demanda social en paliativos que nada solucionan y fugan la bronca hacia aristas menos conflictivas. La realidad es la verdad y la verdad es indignante: a pesar de las movilizaciones, compromisos firmados, leyes vigentes y selfies, para las mujeres argentinas denunciar la violencia es una condena.
Las pruebas:
1.En tres días de una misma semana – la tercera de febrero- acompañamos la denuncia de tres situaciones de violencia machista sufrida por tres mujeres, madres de cinco niños menores de 4 años.
2. Cada una tuvo que soportar lo que representa hoy ingresar por la única puerta de entrada a la justicia que tiene la Capital Federal. Estamos hablando de una sola oficina, que tiene una sala de espera de menos de 50 metros cuadrados con cuatro bancos de metal, incómodos, para atender la potencial demanda de una población de 1 millón de mujeres, según el censo de 2014 y solo teniendo en cuenta a las mayores de 18 años que viven en la ciudad, ya que si son menores y sufrieron violencia, en esta oficina no las atienden. Entonces, ¿a dónde van las mujeres menores a denunciar? Primera de las muchas preguntas que van a quedar con respuesta incierta.
3. Es necesario repetirlo: esta es la única oficina que recibe las denuncias de hechos de violencia sufridos por mujeres que viven en la Capital Federal.
4. Esta única oficina se denomina a sí misma Oficina de Violencia Doméstica y muchas de las mujeres que están en esa sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta se refieren a ella por sus siglas: OVD. Fue creada en 2006, depende de la Corte Suprema y tiene el objetivo “de facilitar un acceso rápido de conflictos a las personas afectadas por violencia doméstica”. La intención es noble y el equipo interdisciplinario que allí atiende es amable, pero desde el nombre se queda corta para canalizar la demanda de justicia de una verdadera epidemia social, como lo es hoy la violencia machista. Con la palabra “doméstica” ya recorta el alcance de su función: sólo puede denunciarse allí casos de violencia que hayan sido ejercidos por miembros del grupo familiar. Quedan así fuera, por ejemplo y nada menos, las mujeres y travestis en situación de prostitución -si los golpes, violaciones o maltratos fueron perpetrados por sus fiolos o prostituyentes-; las mujeres golpeadas, violadas o maltratadas por desconocidos o vecinos, las abusadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, etc. “Doméstica” es la violencia de “género” definen las “especialistas” que atienden el primer paso de este trámite, que es el que filtra los casos según sean “urgentes” y “pertinentes”. Es decir, si son recientes y producidos en el entorno familiar. Segunda pregunta con respuesta incierta: ¿dónde denuncian las que quedan fuera de esta clasificación?
5. Presentar una denuncia ante la OVD tiene cuatro pasos, anuncia la pantalla que está en la sala de espera: admisión, espera, atención del equipo interdisciplinario y derivación al juzgado. La admisión implica que aquellas que quedan seleccionadas reciben un número y una explicación: cada entrevista con el equipo interdisciplinario dura tres horas. De acuerdo a la cantidad de denuncias a atender cada día, le informan qué espera las espera. En cada uno de los tres casos que acompañamos, calcularon que la espera implicaría entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de mujeres que desistan del trámite, desalentadas o imposibilitadas de esperar tantas horas en ese lugar, pero también de si deben interrumpir el llamado del “numerito” porque “estamos atendiendo a la señora con el golpecito en la cabeza”, tal como explica ahora la coordinadora del turno tarde. Es decir, si llegan casos notoriamente graves, la espera puede alargarse más.
Así, las que completan la entrevista de admisión sin salir disparadas a la calle -porque ya saben que no pueden tener lo que necesitan cuando lo necesitan-, regresan a la sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta aturdidas por preguntas que no saben cómo contestar: si dejaron a los hijos con alguien, ¿hasta qué hora los pueden cuidar?; si están ahí con ellas, ¿qué y cómo darles de comer?
Luego de llamadas urgentes y corridas al kiosco, las que pudieron quedarse porque encontraron respuestas en su red social, se sientan y murmuran, finalmente, la incógnita que las desespera: ¿qué solución van a encontrar después de esa larga espera?
Así comienza el intercambio de información y estrategias. También las advertencias – “esto no es fácil”- y el mutuo aliento: “es una forma de comenzar a terminar”.
6. Es necesario repetirlo: muchas se van sin denunciar.
¿Cuántas?
Es fácil establecerlo: la diferencia que hay entre las que reciben el número para la admisión y las que finalmente están presentes cuando las convocan a la entrevista con el equipo. No es un dato que haga público la OVD. En su web sólo publican el número de denuncias que se completan, no las que quedan sin ser atendidas. Así, el dato de que por mes atienden un promedio de 900 denuncias sólo indica qué capacidad tiene esa oficina de atender denuncias. Pero de ningún modo registra la cantidad real de demanda que hasta allí llega y que esa oficina no tiene recursos suficientes para tramitar. No es este un detalle ni una incapacidad. Es un delito y es grave. Es el que comete el Estado cuando no garantiza a sus ciudadanas el acceso a la justicia. El que comete el Estado argentino cada día, a cada hora y cada vez que una mujer sale de la OVD sin ser debidamente atendida, como es su derecho.
7. En el primer caso que acompañamos, la mujer sacó número para la admisión a las 4 de la mañana y accedió a la entrevista a las 10 am. En el segundo, llegó a las 16 y tuvo que irse a las 3 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en su trabajo y si no se presentaba en horario, le descontaban el día. Regresó a la UVD a las 11 y accedió a la entrevista con el equipo interdisciplinario poco después de las 16. Si tenemos en cuenta todas las horas que le insumió el trámite, fueron 24. La tercera, 8 horas.
¿Qué nos gritan estos números? En principio, que los recursos humanos que dispone la OVD no son suficientes para atender la demanda que recibe.
8. A la entrevista con el equipo interdisciplinario cada mujer debe ingresar sola. Las que están con sus hijos pueden dejarlo – solo mientras dure la entrevista- en una sala especialmente dispuesta para los niños. Es una sala de juegos. Lejos de ser un gesto amoroso, esto implica algo muy grave: que las y los niños no son atendidos allí como víctimas de violencia. No son escuchados ni representados, aun cuando la mayoría sufrieron y convivieron las situaciones de violencia que está detallando su madre en la en la sala de al lado. Más grave aún: en los tres casos acompañados, los jueces dispusieron medidas para garantizar que el denunciado tenga acceso a las y los hijos, aunque en la misma resolución dictaron medidas de restricción perimetral para separar al denunciado de sus madres. Esta invisibilización judicial de las y los niños víctimas de violencia machista no es un detalle ni una muestra de incapacidad. Es un delito que comete el Estado argentino al vulnerar un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y la Convención que establece explícitamente que el Estado argentino está obligado a protegerlo “de toda forma de violencia física, maltrato, descuido o trato negligente”, y que “su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que los afecte”, según obliga la ley Nª 26. 061, sancionada en 2005.
9. Terminada la entrevista interdisciplinaria, cada una de las mujeres debe regresar al día siguiente -si es fin de semana, el lunes- para presentarse ante el juzgado que se hará cargo de su denuncia. La OVD entrega allí su informe y “recomendaciones”, en base a las cuales cada juez dicta las medidas que le sugieren. Concretamente, esto representa que cada mujer recibe en el juzgado un papel que le comunica qué medidas dictó el juez sin verla ni escucharla. Los ojos y orejas de la justicia fueron los de la OVD y si las medidas dictadas no le parecen convenientes, para discutirlas, completarlas o impugnarlas deberá tener un abogado que presente por escrito esas demandas. Y eso lleva varios días.
10. En los tres casos que acompañamos, las medidas dictadas por el juez contemplaron el dictado de perimetrales. En un caso, impracticable: la perimetral sólo tenía vigencia en Capital Federal y la mujer, ante la violencia sufrida, había tenido que refugiarse en el conurbano bonaerense, desde donde viajaba todos los días hacia su trabajo, en el porteño barrio de Monserrat. Al señalarle la inoperancia de la medida, le indicaron que debía presentar esa resolución en la Comisaría de la Mujer correspondiente al nuevo domicilio bonaerense. Y así cada vez que se traslade a otra localidad. En el segundo caso, la perimetral también era impracticable: agresor y víctima trabajaban en el mismo edificio, dependiente de una universidad pública. En el tercero, parecía funcionar y el juez, por la violencia de la situación denunciada, dispuso una guardia policial permanente en el domicilio de la víctima. Al día siguiente, la mujer nos envió una foto del policía que cumplía la guardia sentado en el auto del agresor. Se los veía muy animados, compartiendo una pizza.
11. Durante los siguientes tres meses, nuestra abogada Cristina Monserrat trabajó en cada uno de estos casos hasta lograr lo que se necesitaba: a través de una mediación se acordaron regímenes de visitas, alimentos, trato y contención. En todos los casos colaboraron también las abogadas de los denunciados, comprometidas con encontrar una respuesta eficaz ante la indiferencia del aparato judicial.
12. Estamos hablando entonces desde la experiencia concreta y desde la impotencia, la bronca y el hartazgo. Estamos hablando desde el dolor que representa que en lo que va del año 2018 se hayan cometido ya 102 femicidios y que ya esas muertas no sean “tema de agenda”. Estamos hablando desde el aullido que nos desgarra saber que desde que salimos por primera vez a la calle a gritar Ni Una Menos han quedado huérfanos 908 niñxs, mientras vemos desfilar por la calle fetos. Estamos hablando, tal como sintetizó Flor de la V en su exposición en el plenario de Diputados, cuando contó que su madre murió desangrada en un aborto clandestino, de algo central: “”Busqué durante mucho tiempo al femicida de mi mamá y ahora sé quién es: el femicida de mi madre es el Estado”. Estamos hablando de lo que significa ese grito y esta fecha: salir a la calle a denunciar que la violencia machista sigue impune y que nosotras no vamos a callarnos más.
De ese eso se trata exigir hoy #AbortoLegalYa
De eso se trata gritar Ni Una Menos.
De abrazarnos.
Nos tenemos a nosotras.
#NiUnaMás
Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio
“El primer juicio fue una tortura” dijo Guillermo, el padre de Lucía Pérez, para graficar lo que vivió la familia en 2018 por parte de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a dos narcotraficantes por el abuso sexual y muerte de la menor, que tenía 16 años. Fue parte de lo ocurrido en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde ocurrió un hecho histórico: el enjuiciamiento a los jueces por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Por Anabella Arrascaeta / Fotos Juan Valeiro/lavaca.org.
El proceso fue impulsado en 2018 por diputados y diputadas nacionales tras analizar los argumentos del fallo firmado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale (este último logró eludir el jury al pedir la jubilación anticipada).
Antes de entrar a la audiencia, Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, junto al mural instalado en la pared del Senado, donde se desarrolla el jury, en el que se ven las imágenes de cientos de víctimas de femicidios. Foto Juan Valeiro para lavaca
Ese mismo fallo fue anulado en 2020 por la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que ordenó además celebrar un nuevo juicio. En esa nueva causa (2023) se encontró culpables por el femicidio a los dos acusados: Matías Farías fue condenado a cadena perpetua y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”, hasta entonces solo condenados a 8 años por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. En ese nuevo juicio los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez.
En el jury que comenzó este lunes 11 de noviembre, la Comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González
A sus espaldas, en el salón “Nunca Más”, una pared entera muestra junto a la inscripción “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fotos históricas del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. En la calle, decenas de mujeres habían instalado un gran mural con cientos de fotos de víctimas de femicidios, y escuchaban la audiencia a través de la transmisión oficial de la Corte Suprema bonaerense y tejían atrapasueños, tal como lo hacía Lucía.
Guillermo Pérez durante su declaración: contó lo que sentía al ver de qué modo se referían a su hija. Foto Juan Valeiro para lavaca
Perspectiva de género y discriminación
El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Lapargo, representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Lapargo avaló la acusación argumentando que los jueces Viñas y Gómez Urso violaron no solo la perspectiva de género sino toda una jurisprudencia en materia de discriminación, derechos humanos y protección de la niñez.
Dijo: “Se han desobedecido leyes, y buena conducta para un juez es cumplir con la ley”.
En aquel primer juicio de 2018 los magistrados hoy enjuiciados realizaron una interpretación tendenciosa de las supuestas costumbres de Lucía –se reitera: una menor, 16 años– victimizándola nuevamente.
El fiscal Lapargo detalló: “Nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedor o no de la tutela que los jueces le deben garantizar. Hubo inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. Recordemos: el imputado, un vendedor de droga en la puerta del colegio. Lucía: una niña de 16 años. Y punto. Nada de su vida merece análisis, charlas sobre su genitalidad, todo sobra: ella tenía la tutela que establece ‘no se puede violar a otro’. Basta. No había forma de no tener en cuenta este punto”.
Más tarde agregó: “Se juzgó en materia de estereotipo y eso se utilizó para fundamentar la quita de derechos”. Para el fiscal, este proceso no interfiere en la independencia judicial. “No hay modo de que el juzgamiento por buena conducta afecte a la independencia de poderes”.
Imagen durante la audiencia en el Salón Nunca Más, del Senado bonaerense. Foto Juan Valeiro para lavaca
Dijo Lapargo que la escucha de la familia por parte del Tribunal es parte “del proceso de reparación, y no es poco”. Durante las declaraciones Marta Montero, mamá de Lucía, profundizó sobre el mismo punto que había defendido el fiscal: “No se puede hablar de una víctima de esta manera. Es una criatura con 3 adultos que vendían droga; es una adolescente. Alguno de ustedes que haya tenido hijos adolescentes, me podrá entender. Que personas adultas, preparadas, jueces hablen desde ese lugar… lo que hicieron fue revictimizar a la víctima y culparla del delito que habían cometido otras personas: culparon a una niña de 16 años”.
Anatomía y victimización
Una de las principales tensiones del inicio del debate de hoy fue la composición de la lista de oradores, que por parte de la defensa de los jueces incluía a médicos peritos del primer juicio. “No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo el fiscal Lapargo. “Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda victimización” aclaró el abogado de la familia Pérez.
Breve deliberación de integrantes del jury. Detrás, las imágenes del Salón dedicado a la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Finalmente la defensa de los jueces desistió de los peritos pero solicitó que se pasara el video de la declaración del ateneo médico en el primer juicio.
El Tribunal se tomó un cuarto intermedio para decidir esto, y finalmente acordaron que solo ellos y ellas verían el video para no volver a exponer a la víctima.
En total son 15 los testigos previstos, nueve en esta primera jornada.
¿Qué espera una familia?
“El primer juicio fue una tortura” describió Guillermo Pérez a mencionar cómo Lucía estaba siendo juzgada por su supuesta forma de vida. “Ver cómo se referían a mi hija, y el Tribunal no ponía orden… Vuelvo a repetir: cuando nuestro abogado preguntaba algo, decían: agotado el punto”. Guillermo describió la actitud del tribunal frente a la familia: “Eran rígidos solo con nosotros. A un perito nuestro lo trataron muy mal, diferente”, y contó hasta qué punto la sentencia de la impunidad los afectó: “Éramos una familia muy unida. Había tanta esperanza en el juicio… Y ver después una familia destruida. Marta, que hizo la secundaria de grande y estudió de grande enfermería, ver que después no podía rendir un examen para la licenciatura, me dolió muchísimo. Matías, mi hijo, que estudiaba Derecho, también tuvo que abandonar, por ahí tenía de profesores a estos mismos jueces que tenemos en el jury. Yo después, al tiempito que pasó lo de la sentencia, hacía 28 años que trabajaba en el lugar, me echaron. Me echaron por la causa, porque yo necesitaba tiempo para la causa. Después de 28 años me echaron. Sin trabajo, con la familia destruida, hasta el día de hoy: es muy duro. Y sin Lucía”.
La declaración culminó con una pregunta muy sencilla del abogado de la familia, Martín Olari: “¿Qué esperás vos Guillermo de este proceso?”
La respuesta también fue sencilla: “Justicia”.
“No vamos contra la justicia”
Marta Montero durante su declaración. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Llegó el turno de escuchar a Marta Montero, mamá de la joven:
- “Nosotros llegamos acá a las 5.10 de la mañana, en un micro de línea. Cerré los ojos por dos horas y se me apareció Lucía, la vi a Lucía con su hermano. Y yo sé que Lucía ya no está”.
- “Hay cosas que no vuelven atrás, hay daños que se le hacen a una familia que son irreparables. Ese daño irreparable es también el que hicieron esos jueces. Tal vez muchos de ustedes son padres y madres y me podrían entender lo que me pasa por las entrañas cada vez que me levanto”.
- “Cuando hablamos de esas llagas que nos quedan en el cuerpo y en el alma, también hablamos de que en el juicio, esta mujer que ven acá, en un momento en el que estaban hablando de la autopsia de mi hija, se me caían las lágrimas. Y el doctor Viñas me dijo qué me pasaba, si necesitaba un vaso de agua o quería salir. Le dije que no, que le agradecía; que quería escuchar lo que dijeran de mi hija. Y me dijeron que me callara, que no era mi momento. Cuando a una persona que está escuchando esa pericia de su hija, lo único que merece es respeto. Respeto y piedad. Lo único que pedimos es respeto. Trátenos bien. Solamente yo, en ese momento, sabía lo que pasaba por mi cuerpo y por mi alma al ver eso. Entonces, no se puede decir “que se calle la boca o sino que se vaya afuera”. Yo tengo derechos como persona, como madre. Por lo menos se tenga piedad con las lágrimas de esa madre”
- “Todas las audiencias fueron del mismo tenor: había que hacer eso con la madre. No importaba. Tampoco importaba si los imputados puteaban a la familia, nunca se paraba la audiencia, la audiencia seguía. Yo creo que es una cuestión de sentido común, hablamos de sentido común: no se puede estar insultando a una familia. Alguien tiene que parar eso. Y estos jueces no lo hicieron. Entonces, todos los agravios que nosotros como familia sufrimos –los tres: mi hijo, mi esposo y yo– solamente en nuestra alma queda; nosotros solos sabemos lo que sufrimos y pusimos en cada una de esas 15 audiencias. Todos los días levantándome a la mañana para ir a escuchar todo eso y con esa falta de respeto”.
- “Nosotros no vamos contra la justicia ni vamos contra los jueces. Nosotros de hecho escuchamos a jueces, nos explican derecho… Pero acá a nosotros nos pasó esto. En esta causa, pasó todo esto. Y mucho más”.
La descripción de la actitud de los jueces, según Marta: “Mal, déspota, a uno de los testigos lo trataban de tonto. De hecho, hay una testigo, una oficial de policía, que quiso dar su testimonio, ella tenía una prueba fundamental, y fueron a un cuarto intermedio y deciden que no se presente esa prueba. Era una foto que se había sacado en el momento en que la llevan (a Lucía). Ellos deciden que esa foto no se sume. Esa foto era una prueba fundamental, y no se quiso sumar a la causa en ese momento. En cambio seis años después se sumó. Y ahí los enjuiciaron”.
Finalmente le habló al nuevo tribunal: “Ustedes son parte de las leyes que tenemos. Son parte de este proceso de justicia. Desde mi humildad, que sea lo que tenga que ser: que se haga justicia, por mi hija y por tantas hijas”.
“Se nos pasa la vida pidiendo justicia”
En la calle: los ojos de Lucía y un celular con la transmisión del jury. Foto: lavaca
Después declaró Matias Pérez, hermano de Lucía: “Hasta que no terminó todo no me di cuenta lo que pasaba. Hasta que no pasó, no me de cuenta que las cosas no éramos como pensábamos, no eran a nuestro favor: eran a favor de la otra parte”.
Así comenzó su declaración en el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio de su hermana. Su declaración fue breve, precisa y muy clara.
Sobre aquel juicio de 2018: “Básicamente se le echaba la culpa a Lucía, como si ella hubiese buscado lo que le pasó”.
Sobre la sentencia: “De los acusados se decía básicamente que eran unos buenos tipos”.
Sobre el impacto en la familia, dijo Matías: “No volvimos a ser nunca más los que éramos antes. Seguimos juntos, todos con un mismo objetivo, pero siempre esperándola. Con esto que no se termina más, que no tiene un fin. Solemos juntarnos los domingos a comer y el tema de todos los domingos hace ocho años es el mismo: es Lucía, y el juicio. Y lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Daniel, papá de Cecilia Basaldúa con los ojos de Lucía. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Cómo sigue
Luego de que declarara el ex abogado de la familia Pérez Montero se hizo un cuarto intermedio. Durante la tarde se presentaron seis testigos más:
- Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años. Sobre el accionar de los jueces dijo: “Los jueces hablan con sus sentencias. Ahí hablaron. Saleron a condenar a Lucía”.
- María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: “La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia”.
- Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, explicó que en el juicio fue convocada para dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y que cuando expuso los jueces le preguntaron “si eran conceptos que ella había inventado”. Sobre la sentencia dijo: “Lo que dice una sentencia es un mensaje reparador para la familia y para la sociedad, o puede ser un mensaje legitimador de la violencia, en este caso fue legitimador de la violencia”
- Natalia Gauna, que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias, quien relató también la misma situación contada por Malacalza y los comentarios que los jueces hacían durante la audiencia de pericias del cuerpo de Lucía. Explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
- Además expusieron dos trabajadores judiciales: Fernando Fernandez y Alejandro Agote. En ambos casos brindaron un panorama sobre el accionar de los jueces ante trabajadoras y trabajadores, episodios de maltrato incluidos, y antecedentes sobre otras sentencias en las que tampoco aplicaron perspectiva de género alguna: “Ya teníamos un antecedente respecto a la conducta de este tribunal”.
Mañana en la segunda jornada habrá dos testigos. Luego, todas las partes harán sus alegatos. La sentencia se conocerá dentro de los cinco días hábiles posteriores.
En la calle se seguía la audiencia, entre abrazos y atrapasueños.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
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Comienza el jury a los jueces del caso Lucía Pérez
El lunes 11 de noviembre comienza el juicio por mal desempeño a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados que intentaron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. Serán dos días de testigos y alegatos. El fallo se conocería durante el mes de noviembre. Cómo se logró este jury, la acusación y cómo es lo que se viene.
Las claves de este jury:
- Las audiencias previstas son el lunes 11 y martes 12, desde las 10 de la mañana en el Senado bonaerense.
- Los jueces llegan acusados de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” tras el fallo que en su momento absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez, 16 años, y los condenó solamente por la venta de drogas en la puerta de la escuela marplatense a la que iba Lucía.
- En la primera audiencia declararán testigos de la querella, el martes durante la tarde los que corresponden a la defensa de los jueces acusados, la mayoría peritos. Luego, se realizarán los alegatos. Cinco días hábiles después se conocerá el veredicto.
- El jury podrá verse por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
¿Quienes integran el jurado de enjuiciamiento?
La comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por integrantes del Poder Legislativo. Sus nombres:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Cómo se llegó
El 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. En ese encuentro estuvieron presentes los diputados y diputadas de distintos partidos políticos –entre ellos Victoria Donda, Leonardo Grosso, Silvia Lospennato, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano– quienes impulsaron el juicio político.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”.
Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces. El pedido de juicio no alcanzó a Aldo Carnevale, ya que fue beneficiado por la jubilación anticipada concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Un año después, en 2022, la familia de Lucía Pérez entregó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas de puño y letra y más de 34 mil virtuales, más cartas de organizaciones que acompañaron el pedido urgente de este jury. Ese momento llegó unos días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de ese primer juicio que casi deja impune el femicidio.
Las imágenes de los jueces acusados por un fallo vergonzoso. Carnevale eludió el jury por jubilación anticipada otorgada por María Eugenia Vidal. Gómez Urso y Viñas serán juzgados a partir del lunes próximo.
La anulación de ese fallo
Para cuando la Bicameral resolvió acusar a los jueces, el fallo que habían dictado ya había sido anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires quien además resolvió la realización de un nuevo juicio que finalmente se llevó a cabo en el verano del 2023 y concluyó con la condena por el femicidio de Farías y Offidani.
Algunos de los argumentos con los que se anuló el fallo, el cual consideraron que fue fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, fueron:
- “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
- “Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aún después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”.
- “Para los Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir. De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable”.
- “Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
- “El razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”.
En su argumentación se resaltó, una vez más, lo fundamental y lo que es necesario recordar: el Estado argentino asumió el compromiso de prevenir y erradicar la violencia machista.
#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa cumpliría 41 años: marcha al mural el sábado, y el estado de la causa por un femicidio que sigue impune
Este sábado 9 de noviembre a las 17 se realizará una marcha en el barrio porteño de Núñez (Crisólogo Larralde y Grecia) hacia el mural que recuerda a Cecilia, que hoy cumpliría 41 años.
El 25 de abril de 2020 el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. Hacía veinte días que estaba desaparecida, a 800 kilómetros de su casa. Ese recorrido es el que ha tenido que hacer su familia decenas de veces en estos cuatro años y medio, y lo seguirá haciendo mientras no haya verdad y justicia frente a ese crimen. El papelón de un juicio con un falso acusado, y la voz de la familia. Por Anabella Arrascaeta.
“Estamos, como siempre, en la lucha”, dice Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. En el día del cumpleaños de su hija va a pasar la tarde junto a Susana Reyes, mamá de Cecilia y su compañera, en el mural que hicieron con la foto de su hija (que muetra la foto de portada). “Vamos a charlar un poco, van a ir algunos amigos. Estar ahí es recordarla, es estar de alguna manera con ella”.
El próximo sábado 9 de noviembre, a las 17 horas, van a marchar desde Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, en Núñez, hasta ese mural ubicado en las calles Larralde y Grecia.
“Es importante marchar por el barrio porque era su lugar”, explica Daniel, y cuenta: “Lo hacemos todos los años y siempre vienen sus amigos. Era su barrio, era donde ella andaba, aún con todos los viajes que hizo, con todos los lugares por los que anduvo, Cecilia siempre tenía a su barrio presente. Por ejemplo acá cerca, en Platense, enseñaba patín. Ahí también tenía un equipo de hockey. Sus amigos de toda la vida son del barrio, como los míos y los de Susana, que acompañan a la familia. Es una forma de que puedan participar. El tema es no bajonearse y seguir haciendo todo lo necesario para que se conozca la verdad y se haga justicia en serio”.
Historia del crimen
En 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, Cecilia estaba en Argentina después de cuatro años de viajar con su mochila y sus artesanías por toda América Latina. Los primeros días de abril se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. Le había contado a su familia que estaba parando en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El 4 de abril fue la última vez que habló con ellos. Su cuerpo apareció el 25 de ese mes, cerca de un basural de Capilla, luego de 20 días de intensa búsqueda y rastrillajes por toda la zona. Tenía signos de abuso sexual y de estrangulamiento.
Por el femicidio de Cecilia fue detenido e imputado Lucas Bustos, un joven de 24 años. La fiscal fue Paula Kelm llegó a juicio sin pruebas en su contra, y en julio del 2022 el tribunal lo absolvió reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen. Se trataba de lo que en la jerga se define como “perejil”: un inocente cuya acusación encubre a los verdaderos culpables. Después de que la familia tuviese que atravesar todo ese juicio, el femicidio de Cecilia continúa impune.
En aquel momento se ordenó también una nueva instrucción para dar con los responsables del crimen. La causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Finalmente recayó en Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, fiscal que entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.
Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre del año pasado el Fiscal General anunció la designación del fiscal Nelson Lingua.
Dice Daniel: “La causa está orientada nuevamente. Están haciendo cosas que no se hicieron antes. Lo que nunca hizo Paula Kelm lo hizo este fiscal, Nelson Lingua. Está trabajando. Nosotros estamos luchando para saber qué pasó, pero además hacemos estas cosas como marchar tanto en Córdoba y en nuestro barrio, para que a Cecilia no se la olvide, y esto es lo más importante”.
El mural hacia donde marchará el domingo la familia exige en letras negras “verdad y justicia”.
Al lado del rostro de Cecilia se lee: “Vivas nos queremos”.
Y hay una pregunta que a cuatro años de su femicidio la familia no va a dejar de formular, y que todavía está pendiente de respuesta: “¿Qué pasó en Capilla del Monte?”.
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