El 3J es la fecha que parimos para denunciar la violencia machista. Coincide esta vez, además, con una semana clave para que el aborto sea legal y logremos, al fin, que el Estado deje de condenar a las mujeres a la muerte y a la cárcel. Estos dos ejes centrales para el movimiento más inesperado de los últimos años -que nació para desbordar aparatos, discursos y convertir las calles en un abrazo- son los que más perturban a las instituciones estatales, políticas y sociales que intentan disciplinarlo con discursos políticos y conceptualizaciones que corresponden a otras prácticas. Ni Una Menos es puro Basta, el resultado de una realidad que nos golpea todos los días. Esta nota resume nuestra experiencia concreta y también, nuestra exigencia para este día: Ni Una Menos: aborto legal ya!

El Estado es Responsable no es consigna: es diagnóstico. El movimiento social Ni Una Menos lo sabe y las organizaciones políticas, oenegés y burocracias de género lo olvidan cada vez que negocian la conversión de esta demanda social en paliativos que nada solucionan y fugan la bronca hacia aristas menos conflictivas. La realidad es la verdad y la verdad es indignante: a pesar de las movilizaciones, compromisos firmados, leyes vigentes y selfies, para las mujeres argentinas denunciar la violencia es una condena.
Las pruebas:
1.En tres días de una misma semana – la tercera de febrero- acompañamos la denuncia de tres situaciones de violencia machista sufrida por tres mujeres, madres de cinco niños menores de 4 años.
2. Cada una tuvo que soportar lo que representa hoy ingresar por la única puerta de entrada a la justicia que tiene la Capital Federal. Estamos hablando de una sola oficina, que tiene una sala de espera de menos de 50 metros cuadrados con cuatro bancos de metal, incómodos, para atender la potencial demanda de una población de 1 millón de mujeres, según el censo de 2014 y solo teniendo en cuenta a las mayores de 18 años que viven en la ciudad, ya que si son menores y sufrieron violencia, en esta oficina no las atienden. Entonces, ¿a dónde van las mujeres menores a denunciar? Primera de las muchas preguntas que van a quedar con respuesta incierta.
3. Es necesario repetirlo: esta es la única oficina que recibe las denuncias de hechos de violencia sufridos por mujeres que viven en la Capital Federal.
4. Esta única oficina se denomina a sí misma Oficina de Violencia Doméstica y muchas de las mujeres que están en esa sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta se refieren a ella por sus siglas: OVD. Fue creada en 2006, depende de la Corte Suprema y tiene el objetivo “de facilitar un acceso rápido de conflictos a las personas afectadas por violencia doméstica”. La intención es noble y el equipo interdisciplinario que allí atiende es amable, pero desde el nombre se queda corta para canalizar la demanda de justicia de una verdadera epidemia social, como lo es hoy la violencia machista. Con la palabra “doméstica” ya recorta el alcance de su función: sólo puede denunciarse allí casos de violencia que hayan sido ejercidos por miembros del grupo familiar. Quedan así fuera, por ejemplo y nada menos, las mujeres y travestis en situación de prostitución -si los golpes, violaciones o maltratos fueron perpetrados por sus fiolos o prostituyentes-; las mujeres golpeadas, violadas o maltratadas por desconocidos o vecinos, las abusadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, etc. “Doméstica” es la violencia de “género” definen las “especialistas” que atienden el primer paso de este trámite, que es el que filtra los casos según sean “urgentes” y “pertinentes”. Es decir, si son recientes y producidos en el entorno familiar. Segunda pregunta con respuesta incierta: ¿dónde denuncian las que quedan fuera de esta clasificación?
5. Presentar una denuncia ante la OVD tiene cuatro pasos, anuncia la pantalla que está en la sala de espera: admisión, espera, atención del equipo interdisciplinario y derivación al juzgado. La admisión implica que aquellas que quedan seleccionadas reciben un número y una explicación: cada entrevista con el equipo interdisciplinario dura tres horas. De acuerdo a la cantidad de denuncias a atender cada día, le informan qué espera las espera. En cada uno de los tres casos que acompañamos, calcularon que la espera implicaría entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de mujeres que desistan del trámite, desalentadas o imposibilitadas de esperar tantas horas en ese lugar, pero también de si deben interrumpir el llamado del “numerito” porque “estamos atendiendo a la señora con el golpecito en la cabeza”, tal como explica ahora la coordinadora del turno tarde. Es decir, si llegan casos notoriamente graves, la espera puede alargarse más.
Así, las que completan  la entrevista de admisión sin salir disparadas a la calle -porque ya saben que no pueden tener lo que necesitan cuando lo necesitan-, regresan a la sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta aturdidas por preguntas que no saben cómo contestar: si dejaron a los hijos con alguien, ¿hasta qué hora los pueden cuidar?; si están ahí con ellas, ¿qué y cómo darles de comer?
Luego de llamadas urgentes y corridas al kiosco, las que pudieron quedarse porque encontraron respuestas en su red social, se sientan y murmuran, finalmente, la incógnita que las desespera: ¿qué solución van a encontrar después de esa larga espera?
Así comienza el intercambio de información y estrategias. También las advertencias – “esto no es fácil”- y el mutuo aliento: “es una forma de comenzar a terminar”.
6. Es necesario repetirlo: muchas se van sin denunciar.
¿Cuántas?
Es fácil establecerlo: la diferencia que hay entre las que reciben el número para la admisión y las que finalmente están presentes cuando las convocan a la entrevista con el equipo. No es un dato que haga público la OVD. En su web sólo publican el número de denuncias que se completan, no las que quedan sin ser atendidas. Así, el dato de que por mes atienden un promedio de 900 denuncias sólo indica qué capacidad tiene esa oficina de atender denuncias. Pero de ningún modo registra la cantidad real de demanda que hasta allí llega y que esa oficina no tiene recursos suficientes para tramitar. No es este un detalle ni una incapacidad. Es un delito y es grave. Es el que comete el Estado cuando no garantiza a sus ciudadanas el acceso a la justicia. El que comete el Estado argentino cada día, a cada hora y cada vez que una mujer sale de la OVD sin ser debidamente atendida, como es su derecho.
7. En el primer caso que acompañamos, la mujer sacó número para la admisión a las 4 de la mañana y accedió a la entrevista a las 10 am. En el segundo, llegó a las 16 y tuvo que irse a las 3 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en su trabajo y si no se presentaba en horario, le descontaban el día. Regresó a la UVD a las 11 y accedió a la entrevista con el equipo interdisciplinario poco después de las 16. Si tenemos en cuenta todas las horas que le insumió el trámite, fueron 24. La tercera, 8 horas.
¿Qué nos gritan estos números? En principio, que los recursos humanos que dispone la OVD no son suficientes para atender la demanda que recibe.
8. A la entrevista con el equipo interdisciplinario cada mujer debe ingresar sola. Las que están con sus hijos pueden dejarlo – solo mientras dure la entrevista- en una sala especialmente dispuesta para los niños. Es una sala de juegos. Lejos de ser un gesto amoroso, esto implica algo muy grave: que las y los niños no son atendidos allí como víctimas de violencia. No son escuchados ni representados, aun cuando la mayoría sufrieron y convivieron las situaciones de violencia que está detallando su madre en la en la sala de al lado. Más grave aún: en los tres casos acompañados, los jueces dispusieron medidas para garantizar que el denunciado tenga acceso a las y los hijos, aunque en la misma resolución dictaron medidas de restricción perimetral para separar al denunciado de sus madres. Esta invisibilización judicial de las y los niños víctimas de violencia machista no es un detalle ni una muestra de incapacidad. Es un delito que comete el Estado argentino al vulnerar un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y la Convención que establece explícitamente que el Estado argentino está obligado a protegerlo “de toda forma de violencia física, maltrato, descuido o trato negligente”, y que “su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que los afecte”, según obliga la ley Nª 26. 061, sancionada en 2005.
9. Terminada la entrevista interdisciplinaria, cada una de las mujeres debe regresar al día siguiente -si es fin de semana, el lunes- para presentarse ante el juzgado que se hará cargo de su denuncia. La OVD entrega allí su informe y “recomendaciones”, en base a las cuales cada juez dicta las medidas que le sugieren. Concretamente, esto representa que cada mujer recibe en el juzgado un papel que le comunica qué medidas dictó el juez sin verla ni escucharla. Los ojos y orejas de la justicia fueron los de la OVD y si las medidas dictadas no le parecen convenientes, para discutirlas, completarlas o impugnarlas deberá tener un abogado que presente por escrito esas demandas. Y eso lleva varios días.
10. En los tres casos que acompañamos, las medidas dictadas por el juez contemplaron el dictado de perimetrales. En un caso, impracticable: la perimetral sólo tenía vigencia en Capital Federal y la mujer, ante la violencia sufrida, había tenido que refugiarse en el conurbano bonaerense, desde donde viajaba todos los días hacia su trabajo, en el porteño barrio de Monserrat. Al señalarle la inoperancia de la medida, le indicaron que debía presentar esa resolución en la Comisaría de la Mujer correspondiente al nuevo domicilio bonaerense. Y así cada vez que se traslade a otra localidad. En el segundo caso, la perimetral también era impracticable: agresor y víctima trabajaban en el mismo edificio, dependiente de una universidad pública. En el tercero, parecía funcionar y el juez, por la violencia de la situación denunciada, dispuso una guardia policial permanente en el domicilio de la víctima. Al día siguiente, la mujer nos envió una foto del policía que cumplía la guardia sentado en el auto del agresor. Se los veía muy animados, compartiendo una pizza.
11. Durante los siguientes tres meses, nuestra abogada Cristina Monserrat trabajó en cada uno de estos casos hasta lograr lo que se necesitaba: a través de una mediación se acordaron regímenes de visitas, alimentos, trato y contención. En todos los casos colaboraron también las abogadas de los denunciados, comprometidas con encontrar una respuesta eficaz ante la indiferencia del aparato judicial.
12. Estamos hablando entonces desde la experiencia concreta y desde la impotencia, la bronca y el hartazgo. Estamos hablando desde el dolor que representa que en lo que va del año 2018 se hayan cometido ya 102 femicidios y que ya esas muertas no sean “tema de agenda”. Estamos hablando desde el aullido que nos desgarra saber que desde que salimos por primera vez a la calle a gritar Ni Una Menos han quedado huérfanos 908 niñxs, mientras vemos desfilar por la calle fetos. Estamos hablando, tal como sintetizó Flor de la V en su exposición en el plenario de Diputados, cuando contó que su madre murió desangrada en un aborto clandestino, de algo central: “”Busqué durante mucho tiempo al femicida de mi mamá y ahora sé quién es: el femicida de mi madre es el Estado”. Estamos hablando de lo que significa ese grito y esta fecha: salir a la calle a denunciar que la violencia machista sigue impune y que nosotras no vamos a callarnos más.
De ese eso se trata exigir hoy #AbortoLegalYa
De eso se trata gritar Ni Una Menos.
De abrazarnos.
Nos tenemos a nosotras.