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#NiUnaMenos y el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres

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A partir de dos casos testigo y analizando el accionar de la justicia, la policía y los funcionarios que actuaron, esta nota denuncia el rol del Estado en la máquina de violencia contra las mujeres. Fue presentada por lavaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humans (CIDH) en junio de 2017.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por «sofocamiento» entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

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Melina Romero

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]
Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].
Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

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Araceli Fulles

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

  • La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
  • El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
  • Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

  • La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
  • Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
  • Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
  • Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
  • Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
  • Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
  • Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
  • Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
  • A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.
 
[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html
[2] https://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch
https://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html
[3] https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10
[4] https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen
[5] https://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml
[6] https://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html
https://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061
[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/
https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html
[8] https://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf
[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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