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#NiUnaMenos y el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres

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A partir de dos casos testigo y analizando el accionar de la justicia, la policía y los funcionarios que actuaron, esta nota denuncia el rol del Estado en la máquina de violencia contra las mujeres. Fue presentada por lavaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humans (CIDH) en junio de 2017.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por «sofocamiento» entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

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Melina Romero

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]
Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].
Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

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Araceli Fulles

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

  • La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
  • El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
  • Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

  • La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
  • Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
  • Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
  • Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
  • Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
  • Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
  • Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
  • Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
  • A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.
 
[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html
[2] https://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch
https://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html
[3] https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10
[4] https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen
[5] https://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml
[6] https://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html
https://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061
[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/
https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html
[8] https://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf
[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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