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#NiUnaMenos y el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres

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A partir de dos casos testigo y analizando el accionar de la justicia, la policía y los funcionarios que actuaron, esta nota denuncia el rol del Estado en la máquina de violencia contra las mujeres. Fue presentada por lavaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humans (CIDH) en junio de 2017.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por «sofocamiento» entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

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Melina Romero

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]
Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].
Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

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Araceli Fulles

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

  • La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
  • El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
  • Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

  • La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
  • Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
  • Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
  • Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
  • Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
  • Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
  • Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
  • Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
  • A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.
 
[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html
[2] https://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch
https://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html
[3] https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10
[4] https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen
[5] https://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml
[6] https://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html
https://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061
[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/
https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html
[8] https://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf
[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

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Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

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Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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