Nota
#NoAlSilencio: 600 firmas contra el genocidio de periodistas en México
Una delegación de periodistas, acompañados por la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, presentó el Manifiesto No Al Silencio en la cancillería, acompañado de una carta a la canciller Susana Malcorra para exigir un pronunciamiento claro y contundente respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas en México, reclamando la investigación de los asesinatos de las y los periodistas y garantías para el ejercicio de la profesión.
“En México hay mucho dolor. Es un país que está permanentemente en duelo, donde todo el territorio se ha convertido en un cementerio. El silencio es cómplice”. Las voces de Mónica Mexicano y Mariana Brito, integrantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, recorrieron con fuerza la carta que decenas de organizaciones, movimientos y profesionales de la comunicación firmaron en repudio al asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, masacrado a tiros el 15 de mayo, sexto reportero asesinado en 2017, que se suma a la trágica lista de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en México desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha dejado más de 100 mil muertes y 30 mil desapariciones. Las organizaciones leyeron el Manifiesto No al Silencio frente a la Cancillería argentina y, luego, la presentaron a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.
Minutos antes las organizaciones habían desplegado una bandera mexicana y, a su alrededor, pegaron sobre la esquina de la calle Esmeralda las fotos con los rostros y los nombres de algunos de los cientos de periodistas asesinadxs en México. También, repartieron carteles con las fotos de lxs 43 estudiantes desaparecidxs en Ayotzinapa el 27 de septiembre de 2014. La carta subrayó que, desde 2000, han sido asesinadxs 126 periodistas y, por lo menos, 23 están desaparecidoxs: “A ellos se suman decenas de periodistas amenazados, perseguidos y desplazados a la fuerza de su ciudad de origen. Ninguno de los casos se ha investigado. La impunidad es la norma”.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) fue el encargado de poner la voz a las más de 600 firmas que suscribieron el Manifiesto No al Silencio. En ese Manifiesto, además del asesinato de Valdez Cárdenas, se mencionan los otros cinco reporteros masacrados en 2017:
- “El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
- El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
- El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista MiroslavaBreach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
- El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
- El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto».
“Nosotros ponemos los muertos”
Luego del asesinato de Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce, el repudio fue mundial. Aministía Internacional, Article 19 y Reporteros sin Fronteras son algunas de las organizaciones que exigieron respuestas del Estado mexicano. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta al Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, en la que exige su compromiso “con la protección de los colegas”. En México, una movilización de cientos de profesionales de la comunicación tomó el auditorio del Palacio de Gobierno y pidió respuestas al gobernador Quirini Ordaz Coppel.
Valdez Cárdenas era un periodista que investigaba la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico. Su último libro se llama Narcoperiodismo y ponía el foco en el rol de la prensa en medio del cruce entre el crimen y la denuncia. “En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, dijo al recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en 2011. “Esta es una guerra, sí. Pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias”.
A Valdez Cárdenas lo mataron el 15 de mayo a metros del lugar donde trabajaba.
El Estado es responsable
“Estamos muy indignados por toda la situación que está sucediendo el México”, dijo Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina. “El asesinato de Valdez es una muestra más de cómo esta accionando el Estado mexicano y cómo está atacando a todos los periodistas, hombres y mujeres que ponen el cuerpo para poder documentar lo que está sucediendo en nuestro país”. Mexicano advirtió que el trabajo periodístico de Valdez Cárdenas era documentar no sólo las atrocidades del crimen organizado, sino también la complicidad del Estado en esos crímenes: “Sabemos que esta labor es el motivo por el cual lo asesinaron”.
Mexicano leyó junto a Mariana Brito la carta que presentaron a la ministra Susana Malcorra: está estructurada de acuerdo al escueto comunicado que emitió la Cancillería el 18 de mayo.
- El comunicado del Estado argentino repudió el asesinato de Valdez Cárdenas, “crítico de las actividades delictivas del cartel de Sinaloa”. La carta precisa: “Javier no sólo era crítico de las actividades delictivas del cártel de Sinaloa, sino de la inacción del Estado para proteger a las víctimas que ha dejado la guerra contra el narcotráfico; de la falta de respuestas del presidente Enrique Peña Nieto, de los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y de la connivencia del poder político con el crimen organizado”.
- En su comunicado, Cancillería repudió tanto la muerte de Valdez Cárdenas “así como los de otros hombres de prensa muertos en el curso de este año”. Mexicano y Brito recordaron que entre lxs seis profesionales de la comunicación muertxs este año está Miroslava Breach, ejecutada a tiros el 23 de marzo en Chihuahua, en la puerta de su casa y frente a su hijo. “Con ella, son 17 las periodistas asesinadas desde el 2010 en México. Omitir a las periodistas mujeres asesinadas es no solo invisibilizar el crimen cometido contra ellas, sino también su labor periodística”.
- Cancillería destacó la “valiente acción” de lxs periodistas que “ponen al descubierto a los responsables de los crímenes del narcotráfico”. La carta: “Los periodistas asesinados no denunciaban sólo los crímenes del narcotráfico, sino del Estado, por ejemplo las masacres en las que el Ejército ha manipulado escenas del crimen, las torturas cometidas por las fuerzas de Seguridad, así como la persecución y las amenazas de gobernadores y alcaldes y funcionarios en general”.
La dimensión del horror
Uno de los puntos más criticados del comunicado del Estado es el que expresa al Gobierno de México “su total apoyo a los esfuerzos que realiza para combatir estas actividades criminales”. La carta aclara que “el gobierno mexicano no está realizando ningún esfuerzo para combatir actividades criminales”. Y cita las cifras que permiten una dimensión del horror:
- Más de 100 mil personas asesinadas.
- Más de 30 mil personas desaparecidas.
- Más de 100 periodistas asesinadxs.
- Decenas de miles de feminicidios sin investigar.
- Por lo menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs.
- Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, de sus ciudades, por la violencia.
- Decenas de miles de niñxs huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres y/o madres.
- Se han descubierto 855 fosas comunes con más de 1500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las encuentras los familiares que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del Estado.
- Nos siguen faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Por esta razón, la carta remarca que el comunicado del Estado es “insuficiente” y exige al Presidente Mauricio Macri su pronunciamiento y que utilice todos los recursos para instar al Estado mexicano a permitir que los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH visiten México para documentar los casos de asesinatos y hostigamiento contra periodistas: “El gobierno argentino no puede mantener relaciones políticas, económicas ni sociales con un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”.





Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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