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#NoAlSilencio: 600 firmas contra el genocidio de periodistas en México

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Una delegación de periodistas, acompañados por la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, presentó el Manifiesto No Al Silencio en la cancillería, acompañado de una carta a la canciller Susana Malcorra para exigir un pronunciamiento claro y contundente respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas en México, reclamando la investigación de los asesinatos de las y los periodistas y garantías para el ejercicio de la profesión.

Foto: Nacho Yuchark


“En México hay mucho dolor. Es un país que está permanentemente en duelo, donde todo el territorio se ha convertido en un cementerio. El silencio es cómplice”. Las voces de Mónica Mexicano y Mariana Brito, integrantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, recorrieron con fuerza la carta que decenas de organizaciones, movimientos y profesionales de la comunicación firmaron en repudio al asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, masacrado a tiros el 15 de mayo, sexto reportero asesinado en 2017, que se suma a la trágica lista de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en México desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha dejado más de 100 mil muertes y 30 mil desapariciones. Las organizaciones leyeron el Manifiesto No al Silencio frente a la Cancillería argentina y, luego, la presentaron a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.
Minutos antes las organizaciones habían desplegado una bandera mexicana y, a su alrededor, pegaron sobre la esquina de la calle Esmeralda las fotos con los rostros y los nombres de algunos de los cientos de periodistas asesinadxs en México. También, repartieron carteles con las fotos de lxs 43 estudiantes desaparecidxs en Ayotzinapa el 27 de septiembre de 2014. La carta subrayó que, desde 2000, han sido asesinadxs 126 periodistas y, por lo menos,  23 están desaparecidoxs: “A ellos se suman decenas de periodistas amenazados, perseguidos y desplazados a la fuerza de su ciudad de origen. Ninguno de los casos se ha investigado. La impunidad es la norma”.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) fue el encargado de poner la voz a las más de 600 firmas que suscribieron el Manifiesto No al Silencio. En ese Manifiesto, además del asesinato de Valdez Cárdenas, se mencionan los otros cinco reporteros masacrados en 2017:

  • “El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
  • El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
  • El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista MiroslavaBreach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
  • El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
  • El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto».

Foto: Nacho Yuchark

“Nosotros ponemos los muertos”

Luego del asesinato de Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce, el repudio fue mundial. Aministía Internacional, Article 19 y Reporteros sin Fronteras son algunas de las organizaciones que exigieron respuestas del Estado mexicano. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta al Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, en la que exige su compromiso “con la protección de los colegas”. En México, una movilización de cientos de profesionales de la comunicación tomó el auditorio del Palacio de Gobierno y pidió respuestas al gobernador Quirini Ordaz Coppel.
Valdez Cárdenas era un periodista que investigaba la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico. Su último libro se llama Narcoperiodismo y ponía el foco en el rol de la prensa en medio del cruce entre el crimen y la denuncia. “En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, dijo al recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en 2011. “Esta es una guerra, sí. Pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias”.
A Valdez Cárdenas lo mataron el 15 de mayo a metros del lugar donde trabajaba.

Foto: Nacho Yuchark

El Estado es responsable

“Estamos muy indignados por toda la situación que está sucediendo el México”, dijo Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina. “El asesinato de Valdez es una muestra más de cómo esta accionando el Estado mexicano y cómo está atacando a todos los periodistas, hombres y mujeres que ponen el cuerpo para poder documentar lo que está sucediendo en nuestro país”. Mexicano advirtió que el trabajo periodístico de Valdez Cárdenas era documentar no sólo las atrocidades del crimen organizado, sino también la complicidad del Estado en esos crímenes: “Sabemos que esta labor es el motivo por el cual lo asesinaron”.
Mexicano leyó junto a Mariana Brito la carta que presentaron a la ministra Susana Malcorra: está estructurada de acuerdo al escueto comunicado que emitió la Cancillería el 18 de mayo.

  • El comunicado del Estado argentino repudió el asesinato de Valdez Cárdenas, “crítico de las actividades delictivas del cartel de Sinaloa”. La carta precisa: “Javier no sólo era crítico de las actividades delictivas del cártel de Sinaloa, sino de la inacción del Estado para proteger a las víctimas que ha dejado la guerra contra el narcotráfico; de la falta de respuestas del presidente Enrique Peña Nieto, de los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y de la connivencia del poder político con el crimen organizado”.
  • En su comunicado, Cancillería repudió tanto la muerte de Valdez Cárdenas “así como los de otros hombres de prensa muertos en el curso de este año”. Mexicano y Brito recordaron que entre lxs seis profesionales de la comunicación muertxs este año está Miroslava Breach, ejecutada a tiros el 23 de marzo en Chihuahua, en la puerta de su casa y frente a su hijo. “Con ella, son 17 las periodistas asesinadas desde el 2010 en México. Omitir a las periodistas mujeres asesinadas es no solo invisibilizar el crimen cometido contra ellas, sino también su labor periodística”.
  • Cancillería destacó la “valiente acción” de lxs periodistas que “ponen al descubierto a los responsables de los crímenes del narcotráfico”. La carta: “Los periodistas asesinados no denunciaban sólo los crímenes del narcotráfico, sino del Estado, por ejemplo las masacres en las que el Ejército ha manipulado escenas del crimen, las torturas cometidas por las fuerzas de Seguridad, así como la persecución y las amenazas de gobernadores y alcaldes y funcionarios en general”.

Foto: Nacho Yuchark

La dimensión del horror

Uno de los puntos más criticados del comunicado del Estado es el que expresa al Gobierno de México “su total apoyo a los esfuerzos que realiza para combatir estas actividades criminales”. La carta aclara que “el gobierno mexicano no está realizando ningún esfuerzo para combatir actividades criminales”. Y cita las cifras que permiten una dimensión del horror:

  • Más de 100 mil personas asesinadas.
  • Más de 30 mil personas desaparecidas.
  • Más de 100 periodistas asesinadxs.
  • Decenas de miles de feminicidios sin investigar.
  • Por lo menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs.
  • Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, de sus ciudades, por la violencia.
  • Decenas de miles de niñxs huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres y/o madres.
  • Se han descubierto 855 fosas comunes con más de 1500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las encuentras los familiares que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del Estado.
  • Nos siguen faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por esta razón, la carta remarca que el comunicado del Estado es “insuficiente” y exige al Presidente Mauricio Macri su pronunciamiento y que utilice todos los recursos para instar al Estado mexicano a permitir que los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH visiten México para documentar los casos de asesinatos y hostigamiento contra periodistas: “El gobierno argentino no puede mantener relaciones políticas, económicas ni sociales con un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Foto: Nacho Yuchark


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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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